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España es el sexto productor mundial de pimiento, con una cosecha de 1.518,61 millones de kilos que debería hacernos sentir orgullosos. Pero aquí viene el chiste: mientras el agricultor local se rompe la espalda, el mercado decide que es más sexy comprar fuera. En el primer semestre de 2026, importamos 83,34 millones de kilos, y el 94,81% (79,01 millones de kilos) aterrizaron desde Marruecos. Es como tener la despensa llena de jamón y decidir pedir una pizza a domicilio cada noche porque el repartidor es más amable. La ingeniería financiera es fascinante. El sablazo a Marruecos alcanzó los 116,33 millones de euros, con un precio medio de 1,47 euros por kilo. Si miramos el retrovisor, la cosa es delirante: en el primer semestre de 2017 comprábamos 33,74 millones de kilos; para 2026, la cifra saltó a 79,01 millones. Un incremento del 134,15% que deja al sector nacional mirando las musarañas. Pero el verdadero atraco no ocurre en la frontera, sino en el ticket del súper. Según el IPOD de COAG, en agosto de 2026 el pimiento rojo vivió una metamorfosis económica: el agricultor cobró 0,84 euros por kilo, mientras que el consumidor pagó 2,91 euros. Un margen del 246% que se queda en el camino, probablemente en los despachos de quienes deciden que es mejor traer 373.958 toneladas de hortalizas marroquíes que apoyar el campo propio. Entre enero y julio de 2026, Marruecos se llevó 982 millones de euros de nuestro bolsillo, consolidándose como el rey del suministro extracomunitario, mientras FEPEX lanza alertas que parecen gritos en el desierto sobre la pérdida de producciones estratégicas.
Bruselas ha decidido que salvar el planeta es prioritario, aunque eso implique que el pescador del Mediterráneo pase más tiempo mirando el techo que tirando de la red. La aritmética es cruel: en 2019, la flota de arrastre podía faenar 230 días al año; para este 2026, la media se ha desplomado a 143 jornadas. Hablamos de 87 días robados, casi tres meses de sueldo que se evaporan en un despacho climatizado de Bélgica mientras el armador ve cómo su cuenta corriente se convierte en un desierto. Es como si te dijeran que puedes trabajar, pero solo los martes y los jueves alternos, mientras te felicitan por tu 'contribución ecológica'. La Visión 2040 para la Pesca y la Acuicultura, publicada el 20 de octubre, es el equivalente burocrático a darte una palmadita en la espalda mientras te quitan la cartera. Javier Garat, de CEPESCA, lo tiene claro: reconocer que el sector envejece y que las flotas desaparecen es muy noble, pero no paga las hipotecas. La hipocresía alcanza niveles estratosféricos cuando la propia Comisión admite que los peces han vuelto, pero mantiene el grifo cerrado basándose en la especie más débil, un 'cientifismo' que rozó el delirio en diciembre de 2025, cuando propusieron reducir la faena a ridículos nueve días anuales. Luis Planas tuvo que intervenir para recordar que vivimos en este planeta y no en Marte. Mientras la flota española se encoge —de 9.871 buques en 2013 a 8.324 hoy— y las naves envejecen con una media de 37 años, la UE solo produce el 38% del pescado que consume. Básicamente, estamos importando la cena mientras asfixiamos a los nuestros con una Política Pesquera Común de 2013 que ha caducado hace lustros. El Parlamento Europeo pidió el 12 de octubre suavizar las reglas, pero en Bruselas, el dogma verde suele pesar más que la realidad del puerto.
El karma ferroviario ha llegado a Europa y tiene acento italiano. Resulta que la SNCF, la gigante francesa que se dedicó a ponerle zancadillas burocráticas a Renfe para que no pisara suelo galo, ahora está probando su propia medicina. Italia ha decidido jugar al mismo juego: papeleo infinito, 'interpretaciones normativas' creativas y un muro de hormigón administrativo que retrasa la entrada de los franceses en las líneas Turín-Roma y Turín-Milán-Venecia hasta bien entrado 2028. Es la ley de la calle: el que escupe al cielo, acaba mojado. Mientras tanto, en España, el panorama es el de un anfitrión demasiado generoso que invita a cenar a todo el mundo y termina pagando la cuenta y limpiando la cocina. Mientras Francia y Italia cierran sus puertas con llave, Óscar Puente y la CNMC han decidido que aquí todo sea 'open bar'. No solo hemos abierto las líneas más rentables, como el Madrid-Barcelona, sino que la CNMC ha tenido la brillante idea de obligar a Renfe a compartir hasta los cepillos de dientes en sus talleres de mantenimiento. Básicamente, le pedimos a Renfe que le preste el garaje y las herramientas a Ouigo e Iryo para que estas puedan arreglar sus trenes cómodamente. El resultado es una paradoja fascinante. Tenemos una saturación de vías que recuerda a la M-30 en hora punta y una inversión pública que no para de sangrar. Y aunque nos vendieron que la competencia bajaría los precios, la realidad es que Ouigo e Iryo ya acumulan pérdidas superiores a los 250 millones de euros. Ahora, como cualquier negocio que se respeta cuando se da cuenta de que el banquete gratis se acaba, han empezado a subir las tarifas. Al final, el pasajero paga la factura de una liberalización que en el resto de Europa es más un mito que una realidad.
Gestionar la seguridad en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo surrealista. Mientras el ciudadano de a pie lucha por cerrar el balance mensual sin entrar en números rojos, el Ministerio del Interior parece jugar al escondite con 15.000 ilegales que han convertido la ciudad en su patio de recreo. La cifra es lapidaria: el 90% de los citados para el triaje —ese trámite básico de huellas y fotos para poder devolverlos a Marruecos— simplemente pasan de la policía. De cada 100 citas, solo diez se presentan. Es como si el Gobierno hubiera enviado invitaciones a una fiesta a la que nadie quiere ir, pero donde todos quieren quedarse a vivir gratis. Lo más delirante no es la ausencia, sino la consigna. Los agentes denuncian que desde arriba les piden 'suavidad'. Básicamente, que inviten a los invasores a acompañarlos y que, si deciden hacer un sprint en dirección contraria, no se use la fuerza. Un 'cachondeo' administrativo que deja a la Policía Nacional en una posición ridícula mientras el SUP advierte que quitar efectivos para mandarlos a la Península es como intentar apagar un incendio quitando mangueras. El balance oficial intenta maquillar el desastre: 13.101 retornos desde el 10 de agosto, 5.400 triajes de adultos y 310 de menores. Pero la realidad de la calle es otra. Los asentamientos del Trampolín y El Tarajal han desaparecido, sí, pero los invasores no se han evaporado; ahora juegan al juego de las sillas en montes y 'pisos patera'. Mientras Juan Jesús Vivas amenaza con ir al Supremo porque el Gobierno ha dejado en el cajón el decreto para agilizar devoluciones, las mujeres de Ceuta viajan a Madrid para gritar que han perdido la libertad. Al final, parece que la prioridad no es solucionar la crisis, sino dejar una 'herencia envenenada' para el siguiente turno.
Parece que en el Ministerio de Justicia han confundido el exilio político con un crucero de placer por el Caribe. La historia es tan surrealista que roza la comedia: para regalar la nacionalidad española bajo la Ley de Nietos, bastaba con presentar un ticket de barco. Sí, un listado de pasajeros de los años 50 con destino a Venezuela servía como 'prueba' de que el abuelo huía de la represión. Una gestión tan relajada que haría palidecer a cualquier portero de discoteca un sábado noche. Sofía Puente, entonces directora general de Fe Pública y Seguridad Jurídica, diseñó una instrucción tan permisiva que convirtió el exilio en un trámite de ventanilla. El resultado es un agujero administrativo del tamaño del Atlántico. De 31.390 expedientes revisados, solo 91 personas han acreditado el exilio de verdad. Noventa y uno. El resto es ruido, nostalgia o simple ingeniería burocrática. En el consulado de Buenos Aires, tras revisar 10.500 papeles, la conclusión es lapidaria: no hay pruebas de exilio, solo gente que se fue de España. Ahora el Tribunal Supremo ha despertado del letargo y ha soltado el sablazo: el derecho al voto para el 29-N queda suspendido para quienes no demuestren que su ancestro fue realmente un perseguido y no alguien que simplemente buscaba mejores horizontes. Félix Bolaños y José Manuel Albares tienen ahora cinco días para entregar la lista de los 'impostores' o se enfrentarán a multas y responsabilidades penales. Mientras tanto, 600.000 personas ya tienen el pasaporte en el bolsillo gracias a una interpretación tan libre que permitió nacionalizar incluso a bisnietos de emigrantes del siglo XIX, mucho antes de que existiera el conflicto que justifica la ley. Un despliegue de generosidad con el patrimonio nacional que deja a cualquiera boquiabierto.
Hay una poesía cruel en el urbanismo político. Milagros Tolón, la actual ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, maneja el arte de la habitabilidad con una destreza envidiable. Mientras el discurso oficial del PSOE se llena de palabras nobles sobre el acceso a la vivienda para los vulnerables, la ministra guarda en su bolsillo un piso de protección oficial (VPO) en Toledo. Un inmueble de 101 metros construidos que adquirió el 27 de enero de 1998, cuando el mundo era más sencillo y ella tenía 30 años. Lo fascinante no es solo que haya usado un mecanismo diseñado para quienes no tienen dónde caerse muertos, sino la ubicación: la llamada 'Milla de Oro' de Toledo, allí donde la renta per cápita no es un problema, sino un orgullo. Para comprarlo, recurrió a una hipoteca con el Banco Hipotecario de España de 40.868,82 euros a 276 meses. Un sablazo hoy sería impensable, pero para ella fue el ticket de entrada al patrimonio. Pero claro, el lujo es relativo. Mientras mantiene esa joya protegida —que según su declaración de bienes vale 113.925 euros (valor catastral, que es como decir que un Ferrari es 'un coche usado')—, Tolón no duerme en el ladrillo naranja de Toledo. No, señora. La ministra reside en una vivienda oficial en Madrid de 320 metros cuadrados y 14 estancias. Es decir, vive en un palacio público mientras retiene una vivienda social que podría estar aliviando la angustia de alguna familia real. La ironía alcanza su cénit al recordar que, como alcaldesa de Toledo y presidenta de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda, Tolón fue la gran arquitecta de la vivienda asequible. Promovió el Residencial El Greco III y alquileres con opción a compra. Predicaba el pan y los peces mientras se aseguraba de que su propia red estuviera bien lanzada. Todo esto, mientras percibe un sueldo de 84.650 euros anuales. Una gestión impecable: vivienda pública para vivir y vivienda protegida para el currículum patrimonial.
Hay una gimnasia mental admirable en la Moncloa. Por un lado, el discurso oficial nos vende que la especulación es el monstruo que habita en los áticos y que los 'fondos buitre' son los villanos de esta película. Por otro, el presidente Pedro Sánchez lleva practicando el deporte del arrendamiento con una puntualidad suiza desde que pisó el Congreso en septiembre de 2009. Mientras el país se pelea por un zulo en la capital, el líder socialista ha visto cómo su cuenta corriente se engrosaba en unos 240.000 euros gracias a sus inmuebles. No hablamos de una fortuna obscena, pero sí de un goteo constante y cómodo. Dos viviendas y dos plazas de garaje —algunas al 100% desde 1992 y otras al 50% desde 2008— que han funcionado como una hucha automática. Sus declaraciones de bienes son un poema a la estabilidad: rentas anuales que oscilan entre los 12.000 y los 15.000 euros. En 2013 declaraba 14.011,20 euros; en 2016, ya como secretario general, eran 13.711,20 euros. Para cuando llegó a la Moncloa, la cifra seguía ahí, rondando los 13.871,11 euros, y bajando ligeramente hasta los 12.845 euros en 2023. La ironía alcanza niveles estratosféricos cuando recordamos que Sánchez usó la crisis habitacional para adelantar las elecciones al 29 de noviembre. Es el clásico caso de 'haz lo que yo digo, pero no mires mi declaración de la renta'. El contraste es tan fuerte que casi se puede oír el crujido de la hipocresía: demonizar la explotación de viviendas mientras se cobra el alquiler puntualmente cada mes. Al final, resulta que el 'problema de arriba' también tiene una llave en el bolsillo del presidente.
Barcelona volvió a jugar al juego de las llamas este sábado 24 de octubre de 2026, transformando la plaza de Cataluña en un escenario de guerra urbana que haría palidecer a cualquier coreógrafo del caos. Mientras el ciudadano medio intenta que la cuenta del súper no parezca una hipoteca, un grupo de encapuchados decidió que la mejor forma de expresar su malestar era montar barricadas con motos y papeleras en el cruce de la calle Vergara. El resultado: un espectáculo de fuegos artificiales no solicitados, escaparates hechos añicos y una tienda de informática que sufrió una 'auditoría exprés' mediante el saqueo. Los Mossos d'Esquadra, haciendo malabares para despejar la zona, tuvieron que rescatar a clientes y empleados que se habían encerrado en las tiendas como quien se esconde de un acreedor. Todo esto bajo el paraguas de los 'Instituts Indignats', una copia barata del movimiento francés Lycéés Indignés, que demuestra que la rebeldía ahora se importa con catálogo. Mientras tanto, la acampada por la vivienda resistía en el círculo central, mirando de reojo cómo el mobiliario urbano se convertía en leña. Como es costumbre en este teatro, llegaron los aplausos políticos. Salvador Illa lanzó una condena 'rotunda' vía X, asegurando que quien rompe paga, aunque el recibo suele llegar siempre al contribuyente. Desde Vox, el guion fue el de siempre: culpar a Pedro Sánchez de importar el caos francés e italiano, vendiendo el eslogan 'O VOX o caos' como si fuera la única vacuna disponible. Alberto Núñez Feijóo, desde Vigo, añadió su pincelada sobre la convivencia y las urnas, preguntándose si queremos los disturbios de Francia mientras en París 70.000 agentes intentaban que la ciudad no desapareciera bajo los adoquines. En fin, una tarde normal en la capital catalana: fuego, política y el eterno retorno del vandalismo con nombre de derecho.
Hay quien lleva la contabilidad en una app de última generación y hay quien, en el corazón del PSOE, prefiere el romanticismo del sobre y el Excel clandestino. La Fiscalía Anticorrupción ha puesto la lupa sobre una tabla de movimientos de caja que parece más la lista de la compra de un magnate que la gestión de un partido moderno. Hablamos de dinero en efectivo, sacado directamente de las cuentas del BBVA, que fluía hacia la Secretaría de Organización de Ferraz entre 2017 y 2025 con una soltura envidiable. El ritmo era frenético: los primeros años superaban los 100.000 euros anuales. Hubo un pequeño bajón durante la pandemia —quizás por el miedo a tocar billetes con virus— pero en 2023 el grifo se abrió con ganas, superando los 200.000 euros. El Tribunal de Cuentas les pidió que dejaran de jugar al Monopoly con dinero real para tener un control financiero serio, pero en Ferraz decidieron que las advertencias eran sugerencias opcionales. En este baile de sobres, nombres como José Luis Ábalos y Santos Cerdán aparecen como los gestores de turno, mientras que Koldo García recibía sus 'regalitos' en metálico. Incluso Pedro Sánchez no descarta haber participado en este reparto de caramelos para la Comisión Ejecutiva Federal. Mientras la UCO de la Guardia Civil desentraña el caos de unas hojas de gasto que las secretarias rellenaban y nadie revisaba, el Juzgado Central número 2 de la Audiencia Nacional prepara el terreno. La imputación por financiación irregular parece inevitable, aunque el calendario judicial juegue a hacerle el juego al partido para no dinamitar las elecciones del 29 de noviembre. Mientras tanto, el juez Santiago Pedraz sigue rastreando la 'cloaca' de Cerdán para perseguir jueces, demostrando que, en Ferraz, el efectivo no solo servía para pagar, sino para silenciar.
Hacer cuentas en España se ha vuelto un ejercicio de surrealismo financiero. Mientras el trabajador medio mira su nómina y se pregunta si el aumento ha sido un error de redondeo o una broma pesada, las pensiones han pegado un salto acrobático. Desde que Pedro Sánchez aterrizó en Moncloa en el segundo semestre de 2018, la prestación media ha crecido un 43%, pasando de unos modestos 955,21 euros a los 1.365,65 euros registrados entre enero y marzo de 2026. Un crecimiento que deja al salario ordinario medio —que subió de 1.669,55 a 2.098,61 euros (un 25,7%)— mirando desde la barrera con cara de póker. La aritmética es cruel: las pensiones han crecido un 67% más que los sueldos. Es como si en una cena familiar, mientras los que trabajan pagan la cuenta con cupones de descuento, los jubilados pidieran el menú degustación con vino caro. El fenómeno no es magia, es demografía pura y dura: el 'baby boom' ha llegado a la meta. En 2024, el sistema absorbió 368.065 nuevas jubilaciones frente a 273.346 bajas. Básicamente, entran más personas de las que salen y, para colmo, entran con el bolsillo más lleno: los nuevos jubilados cobran una media de 1.566 euros, mientras que los que se van dejaban una vacante de 1.289 euros. Para sostener este castillo de naipes, el Gobierno ha sacado la cartera de los activos. Entre el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI), con ese recargo del 0,9% en 2026, y la cuota de solidaridad desde 2025, la estrategia es clara: exprimir la naranja del trabajador para que el jubilado tenga zumo. Mientras tanto, la Airef lanza avisos que parecen guiones de película de terror: transferencias que subirán al 3% del PIB y una deuda pública que podría rozar el 123% del PIB en 2050. Una fiesta hoy, con una factura que pagarán los que aún no saben ni qué es una cotización.
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Alex Carmona