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Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras te roban la cartera, pero lo de Moncloa ya es nivel maestro de la prestidigitación. Resulta que el Gobierno decidió jugar al escondite con la justicia, 'secuestrando' imágenes satelitales que son el equivalente a pillar al culpable con el botín en la mano. No eran cuatro coches perdidos en el desierto; eran convoyes de alquiler, alineaditos como si fueran el desfile de una boda, moviendo a 72.000 personas los pasados 30 y 31 de julio hacia Ceuta. Un despliegue así no se organiza con un grupo de WhatsApp y buena voluntad; requiere la logística de un Estado, concretamente la del Reino alauí, que según el CNIF, no solo 'fomentó' el flujo, sino que lo dirigió con precisión de relojero. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración por una cita previa, el Ejecutivo se tomó la libertad de romper la cadena de mando policial para que la juez María Tardón no viera lo que el satélite ya había gritado: que aquello era una 'guerra híbrida'. El ministro Marlaska, en lugar de dar explicaciones sobre por qué ocultar pruebas determinantes en Castillejos, prefirió lanzar invectivas y escribir al CGPJ, convirtiendo una investigación judicial en una pelea de patio de colegio. La juez Tardón, que no se deja torear, ya ha visto que esto no fue un 'suceso espontáneo' ni una movida de mafias, sino un intento de atentar contra la integridad territorial de España. Al final, el Gobierno intentó tapar el sol con un dedo, pero el satélite tiene una memoria que no entiende de razones de Estado ni de conveniencias partidistas.
Gestionar una crisis nacional parece que, para el Gobierno de Pedro Sánchez, es como intentar montar un mueble de IKEA sin instrucciones y con ganas de irse a dormir la siesta. Mientras el Ejecutivo se dedica a señalar al PP por 'poner palos en las ruedas', la realidad es que en Bruselas se miran las manos. Resulta fascinante que, habiendo una ayuda de 114 millones de euros sobre la mesa —una cifra que haría temblar cualquier cuenta corriente doméstica—, el Ministerio del Interior haya sido incapaz de rellenar los papeles a tiempo. Bruselas tuvo que bloquear el dinero por pura falta de concreción. Básicamente, es como si te ofrecieran pagar el alquiler y tú no supieras dar el número de cuenta. El ritmo ha sido, digamos, 'meditativo'. Tardaron un mes en pedir el apoyo de Frontex, cuando la UE estaba ya con el teléfono en la mano desde el primer día. Fernando Grande-Marlaska y el comisario Magnus Brunner hablan de 'importantes avances', ese lenguaje diplomático que en la calle significa 'estamos dando vueltas al asunto'. Un mes y medio después de la invasión, el dinero sigue en el limbo. Lo más surrealista es el juego de las sillas institucionales. Tenemos a Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión de von der Leyen, jugando al escondite mientras Ceuta arde. Y mientras José Manuel Albares contraprograma las visitas del presidente Juan Jesús Vivas para que el foco no se desvíe, el rey Felipe VI sigue esperando el 'visto bueno' del Ejecutivo para pisar la ciudad. En resumen: mucha pompa en los anuncios, pero a la hora de ejecutar, parece que el Gobierno prefiere que la ayuda europea llegue por correo ordinario y en días laborables.
Hay una regla no escrita en los pasillos del poder: la coherencia es un lujo que las instituciones no suelen permitirse. La Universidad de Granada (UGR) se encuentra ahora en ese incómodo precipicio. Mientras el campus de Ceuta se prepara para abrir el 22 de septiembre con un 'kit de supervivencia' —vigilancia, control de accesos y apoyo psicológico para 1.755 personas—, los profesores destinados allí han decidido que ya basta de hacer como que no pasa nada. No piden solo seguridad; piden que el rector Pedro Mercado limpie el armario de los trofeos y retire el Doctor Honoris Causa a Mohamed VI, concedido el 7 de septiembre de 2000. La jugada es maestra porque utiliza el espejo de la hipocresía institucional. En mayo de 2024, la UGR se puso la capa de valiente y suspendió por unanimidad la cooperación con Israel tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023. Aquella decisión, que terminó en un dolor de cabeza judicial con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, es ahora el arma de los docentes: si hubo 'cancelación' para unos, ¿por qué el silencio cómplice con el soberano alauí ante la crisis en Ceuta? El contraste es casi cómico si no fuera trágico. Mientras la UGR presume de que su impacto en el PIB ceutí es del 3,35 % —una cifra que suena a orgullo corporativo en un folleto de marketing—, los profesores exigen que la institución deje de jugar a la diplomacia de salón y diga, sin miedo a que se le caiga el café, que Ceuta y Melilla son España. Salvador del Barrio, el vicerrector, ha tenido que escuchar que el Honoris Causa de hace 26 años ya no es un puente cultural, sino un anacronismo que huele a naftalina y a conveniencia política.
Hay silencios que pesan más que un impuesto al lujo y otros que, cuando se rompen, suenan a cristales rotos en plena madrugada. Mehdi Hijaouy, el antiguo número dos de la DGED (la inteligencia marroquí), ha decidido que ya es hora de soltar el lastre. En una charla con 'Le Canard Enchaîné', Hijaouy ha dejado caer una bomba: Rabat no es que estuviera mirando el paisaje, es que tenía el mapa de la invasión migratoria de finales de julio subrayado con fluorescente. Para el exespía, esto no fue un 'descuido' de seguridad, sino una coreografía coordinada. Pone el dedo en la llaga señalando a Ali el Himma, el consejero del rey Mohamed VI, y a Abdellatif Hammouchi, el jefe de la policía marroquí. Lo irónico es que Hammouchi no es un desconocido para nosotros; es un hombre condecorado por Marlaska, un detalle que hoy suena a chiste de mal gusto mientras la jueza María Tardón intenta descifrar el rompecabezas en el juzgado. Claro, la respuesta de Rabat es la de siempre: el 'manual del traidor'. Dicen que Hijaouy es un estafador expulsado en 2010, una etiqueta cómoda para invalidar a quien sabe dónde están enterrados los secretos. Pero la pregunta de Hijaouy es tan simple que duele: ¿cómo se mueve una marea humana hacia la frontera sin que el virrey y el jefe policial se enteren? Es como decir que no viste que se inundaba el salón mientras tenías el grifo abierto y el pie en el pedal. Para rematar la faena, Hijaouy menciona el software Pegasus con una ironía fina, asegurando que en Rabat intervendrían hasta el teléfono del diablo si les conviene. Mientras tanto, en Francia, el juez Calama une los puntos entre el espionaje a Pedro Sánchez y sus ministros de Interior y Defensa, sugiriendo que el autor de todas estas 'travesuras' digitales es el mismo. Un círculo de lealtad reverencial que, visto desde fuera, parece más bien un club de lectura de secretos ajenos.
España ha logrado lo que parecía imposible: alcanzar el fondo del barril educativo. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite en el súper, la OCDE nos ha soltado el informe PISA y el resultado es un auténtico agujero negro. Bajo el mandato de Pedro Sánchez, el rendimiento estudiantil no ha bajado, se ha desplomado, marcando el peor resultado de toda la serie histórica. Es como si hubiéramos decidido que saber leer y sumar es un lujo opcional. Gregorio Luri, pedagogo que no se anda con chiquitas, ha puesto el dedo en la llaga. Para él, no es culpa de que los chavales estén pegados al móvil —porque en Estonia o Singapur usan pantallas y no se vuelven analfabetos—, sino de una 'desertización cognitiva'. Hemos cambiado el rigor por una 'pedagogía blanda' y matemáticas emocionales. Básicamente, hemos sustituido el esfuerzo por palmaditas en la espalda, produciendo más deficiencia que excelencia. Es la gestión del 'todo bien' mientras el edificio se cae a trozos. Pero el espectáculo tiene un giro digno de thriller contable. Jorge Sainz ha destapado que en Cataluña la tasa de exclusión de alumnos pasó del 5,6 % en 2022 al 23,2 % en 2025. Cuadruplicar la exclusión en tres años no es un error de cálculo, es un truco de magia para que la media nacional (477 en ciencias y 451 en lectura) no parezca tan catastrófica. Mientras tanto, el País Vasco ha sufrido un desplome de 47 puntos en lectura, bajando a 419. Al final, nos venden una media nacional que no describe a nadie, ocultando un sistema fragmentado donde el absentismo y la falta de profesores son la verdadera asignatura pendiente.
Hay quienes ven la seguridad nacional como un servicio y quienes la ven como un catálogo de Wallapop. Un colaborador de la Policía Nacional, de esos que deberían dormir tranquilos sabiendo que protegen el Estado, decidió que la ubicación de un espía valía más que su honor. En marzo, en el hotel Eurobuilding de Madrid, mientras otros pedían un café, este personaje se sentó con emisarios de Marruecos para cerrar un trato: el paradero de Mehdi Hijaouy a cambio de un 'pequeño' incentivo de entre dos y tres millones de euros. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska intentó hacer el negocio de su vida vendiendo a un prófugo como quien vende un coche de segunda mano. Hijaouy no es un cualquiera; era la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. Es el hombre que guarda las llaves del reino: las pruebas del spyware Pegasus y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez. El colaborador policial no solo sabía que Hijaouy respiraba, sino que le dio el mapa detallado: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. Datos que, en un mundo sin hipocresías, habrían terminado en un atestado y no en una negociación hotelera. El espía, que ya había pasado por la Audiencia Nacional tras ser detenido en septiembre de 2024, terminó convirtiéndose en la moneda de cambio de un sistema donde la lealtad tiene precio. Mientras el grupo Jaboroot amenaza con soltar la lista de 70.000 agentes y los secretos de la crisis de Ceuta, nosotros descubrimos que en el corazón del aparato policial hay quien prefiere el billete extranjero al deber público. Un despliegue de cinismo que deja el concepto de 'seguridad nacional' como un chiste de mal gusto.
Hay quien lleva la agenda de contactos en el móvil y hay quien, desde el Ministerio del Interior, prefiere montar un catálogo de periodistas clasificados por ideología. Fernando Grande-Marlaska ha tenido que hacer malabares este miércoles para explicar que ese inventario, que Miguel Tellado del PP exhibió en el Congreso como quien enseña una prueba incriminatoria en un juicio, no es más que un 'documento de trabajo'. Claro, porque en el diccionario del poder, etiquetar a profesionales como Carlos Cuesta según su tendencia política es simplemente 'organizar la oficina'. Es la gimnasia mental de quien pide excusas si alguien se siente mal, pero se niega a soltar la silla del mando. Mientras el ministro intenta convencernos de que no hay perfiles ideológicos donde el texto dice precisamente eso, Ceuta sigue siendo el elefante en la habitación. Para Marlaska, el miedo de los vecinos es una 'inseguridad subjetiva'. Traducido al lenguaje de la calle: 'estáis asustados, pero es cosa vuestra, no es para tanto'. Una respuesta que suena a broma de mal gusto mientras Ana Belén Vázquez le recuerda que lo de Ceuta no es una crisis humanitaria, sino una invasión con agresiones y violaciones que no encajan en el PowerPoint del Gobierno. La ironía es deliciosa: el Ministerio es quirúrgico y eficiente para hacer el triaje de periodistas incómodos, pero se vuelve torpe y ciego cuando toca gestionar la frontera. Entre los gritos de 'ministro indigno' y las acusaciones de gestionar el Estado como una 'dictadura bananera', Marlaska se refugia en el mantra de los 'bulos'. Al final, el listado es solo un papel, la inseguridad es solo un sentimiento y la dimisión es solo una sugerencia que el ministro ha decidido ignorar con una calma envidiable.
Hacer números con el dinero público es, a veces, entrar en una dimensión paralela donde la aritmética se vuelve creativa. Tomemos el caso de Casa 47, la joya de la corona de la Vivienda del Gobierno. La cuenta es sencilla, casi infantil: 112 empleados para gestionar 645 pisos. Si hacemos la división, tenemos casi un funcionario por cada cinco viviendas. En cualquier inmobiliaria de barrio, el dueño echaría a todo el mundo antes del café de las nueve, pero aquí estamos hablando de ingeniería estatal. El despliegue financiero es sencillamente obsceno. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Ejecutivo ha soltado 4,5 millones de euros en salarios. De ese pastel, una tarta muy selecta de 9 altos cargos del Comité de Dirección se queda con unos 800.000 euros anuales. Es el lujo de gestionar la escasez desde la abundancia. Pero no se detengan ahí, que el gasto es un deporte de riesgo. Han soltado 1,5 millones de euros en un call center y otros 1,4 millones a EY para que la página web luzca bonita. Para rematar el cuadro, los miembros del Consejo Rector cobran 800 euros por cada reunión, básicamente por sentarse a discutir cómo solucionar un problema que no solucionan. Lo más surrealista es el concepto de 'vivienda asequible'. En Vidreres, Gerona, piden 1.012 euros al mes por un piso. En un pueblo devastado por la Dana, con menos de 160 habitantes, el alquiler 'social' ronda los 956 euros. Es una genialidad: combatir la crisis de vivienda cobrando precios de hotel boutique en la España vaciada. Ni Ione Belarra ni Verónica Martínez Barbero han podido evitar llamar a esto una 'tomadura de pelo', aunque el chiste, lamentablemente, lo pagamos todos.
El Gobierno ha decidido que el contrato laboral ya no sea solo un papel donde firmas tu destino, sino un billete de vuelta garantizado. Yolanda Díaz, en una rueda de prensa en La Moncloa este martes, ha anunciado la transposición de una directiva europea sobre condiciones laborales transparentes y previsibles. La jugada es sencilla: ahora las empresas deberán incluir cláusulas de repatriación. Básicamente, hay que dejar por escrito quién paga el viaje de vuelta al país de origen cuando se acabe la relación laboral. El Ministerio de Trabajo juega al gato y al ratón con la semántica. Dicen que la ley solo exige 'especificar' quién sufraga el gasto, pero acto seguido sueltan la bomba: «lo normal» es que lo pague el empresario. Es como cuando te dicen que el menú es flexible, pero el precio es innegociable. Para el empresario, esto no es un detalle administrativo; es un sablazo extra en la factura operativa. Imaginen a quien contrata personal para la recogida de la fresa en un país africano: ahora, además de la gestión del trabajador, debe provisionar el billete de avión de regreso como si fuera un seguro de coche obligatorio. Pero la generosidad burocrática no acaba ahí. El Gobierno también obliga a traducir los contratos al idioma de origen del inmigrante. Porque claro, no queremos que haya malentendidos, aunque el malentendido real sea el coste de contratar traductores jurados para cada contrato estacional. Esta norma, que también protege al español que trabaja fuera, se presenta como una garantía de transparencia. En realidad, es trasladar la responsabilidad social al balance de resultados de la empresa, asegurando que nadie se quede 'tirado' en el país ajeno mientras el Estado se lava las manos con una directiva europea.
En el tablero político, hay jugadas que parecen sacadas de un manual de magia barata. El Gobierno intentó hacer aparecer en el censo electoral a 382.930 personas mediante la 'Ley de Nietos', una maniobra de ingeniería demográfica que, vista con frialdad, es como intentar inflar el saldo de la cuenta corriente justo antes de que el banco revise los extractos. El Tribunal Supremo ha puesto el freno de mano, suspendiendo estas altas en el CERA tras los recursos de Vox e Iustitia Europa. La jugada era maestra: una instrucción firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente —casualmente hermana del ministro de Transportes— permitía presumir que cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955 era un exiliado. No hacía falta probar la persecución, bastaba con haber cruzado la frontera. Un 'vale todo' administrativo que convirtió el censo en un coladero. Para que nos entendamos: el PSOE se quedó a 339.119 votos del PP en las generales del 23 de julio de 2023. Sumar esos 382.930 nuevos votantes habría sido como encontrar un billete de 50 euros en el bolsillo de un pantalón viejo justo cuando no tienes para el alquiler; un alivio matemático que habría alterado el tablero. Ahora, el Supremo exige papeles. Se acabó el 'porque yo lo digo'. Solo pasarán los que acrediten el exilio real, sin presunciones creativas. Mientras el CERA pasaba de 2.333.056 electores en 2023 a 2.715.986 en junio de 2026, la Abogacía del Estado decía que no sabía de dónde venían las altas. Curioso que el Estado sea incapaz de llevar la cuenta de quién entra en su casa, pero muy eficiente a la hora de abrir la puerta. El margen entre bloques fue de 424.084 papeletas; una diferencia que ahora vuelve a ser un muro infranqueable para quienes confiaban en la aritmética del exilio presumido.
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Margarita Caballero