Crítica:
La noticia es un despliegue de datos técnicos que oculta la verdadera indignación: el traslado de costes públicos al bolsillo privado. Le falta profundizar en quiénes son los contratistas que se benefician de este 'estirón' de precios.
El Gobierno plantea construir un cable eléctrico a Marruecos a cargo del consumidor español
Tu factura paga el cable a Marruecos
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Hay un clásico en el teatro del poder: el empresario que, tras darse un paseo por el terreno, vuelve a casa asustadísimo porque alguien más le está pisando los talones. Esta vez, el Círculo de Empresarios, bajo el mando de Juan María Nin, ha soltado una Declaración Institucional que suena a urgencia. El motivo es simple: mientras nosotros seguimos discutiendo el menú, Estados Unidos ha llegado a Marruecos con el talonario abierto y una sonrisa americana, aprovechando que Rabat ha montado un escaparate industrial que envidiaría cualquier provincia española. Para que nos entendamos, Marruecos no está jugando a las casitas. Han multiplicado por 20 su red de autopistas y ya tienen más de 2.000 kilómetros de vías férreas, incluyendo el Al Boraq, que es el AVE africano. En energía, han sumado 30 gigavatios desde el cambio de siglo, apostando por el sol y el viento mientras nosotros seguimos peleándonos con la burocracia. Es como si el vecino hubiera reformado toda la casa con materiales de primera y nosotros seguéramos pensando que, como somos los que más hemos comprado en su tienda (con un intercambio de 22.500 millones de euros anuales), ya tenemos el sitio reservado en el sofá. El Círculo de Empresarios sabe que tener 300 empresas operando allí y un 'stock' de inversión de 2.000 millones de euros es un buen colchón, pero no es suficiente. Con 30.000 trabajadores españoles en sectores como el textil o la banca, el miedo es que la 'ambición' de Washington termine por dejarnos como el socio sentimental que ya no seduce. La petición a los políticos es clara: menos ruido en Twitter y más respaldo diplomático permanente, antes de que el sueño marroquí se convierta en una exclusiva estadounidense.
Baja laboral: ¿Vacaciones o despido fulminante?
Parece un chiste de mal gusto, pero el Estatuto de los Trabajadores tiene un sentido del humor muy negro. La historia es sencilla: te pones el pijama de la baja, cobras el 100% de tu sueldo —un lujo que hoy en día es casi un deporte de riesgo— y decides que el Caribe suena mejor que el sofá. Aquí es donde entra el 'artículo 54', ese pequeño párrafo que es el terror de los optimistas, permitiendo el despido disciplinario sin un solo euro de indemnización si el jefe decide que tu viaje es una traición a la 'buena fe contractual'. La justicia no es un libro de reglas blanco y negro, sino más bien un juego de interpretación. No es que esté prohibido salir a caminar o viajar; el problema es si tu actividad parece un anuncio de Nike mientras pretendes que no puedes levantar un clip. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha dejado claro que si tienes una lesión lumbar pero te dedicas a hacer rutas de montaña y gimnasio como si fueras un atleta olímpico, el despido es más que válido. Es como intentar convencer al cajero del súper de que el jamón ibérico es un alimento básico para la dieta del hambre. Sin embargo, hay grietas en el muro. En Murcia, un empleado con depresión y ansiedad se fue doce días al extranjero y el tribunal dijo: 'Vale, adelante'. ¿La diferencia? Que no hubo pruebas de que el viaje saboteara su recuperación. Al final, todo se reduce a un papel: el informe médico. Si el doctor dice que el pádel moderado es medicina, puedes jugar. Si el médico dice 'reposo absoluto' y te pillan en un torneo de Aragón, prepárate para actualizar el currículum. La moraleja es que, en el juego de la baja laboral, la documentación médica es el único escudo real contra la ingeniería financiera de los despidos.
España: Más ayudas, menos inventos
En España hemos perfeccionado el arte de la 'ingeniería del subsidio'. Mientras que en otros países innovar es un negocio, aquí parece un deporte de gestión de formularios. Los datos de OCDE Innotax son demoledores: por cada euro invertido en I+D, el Estado nos regala un «subsidio impositivo implícito» de 33 céntimos. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno te pagara un tercio de la cena solo por sentarte a la mesa, mientras que en Italia solo te dan 9 céntimos y en Alemania 22. Un festín público envidiable, ¿verdad? El problema es que comer gratis no llena la despensa de patentes. Italia, con una fracción de nuestras ayudas, nos mete un baile digno de carnaval: patentan el doble que nosotros cada año. En 2025, la Oficina Europea de Patentes registró 4.767 solicitudes italianas frente a las 2.255 españolas. Estamos en el noveno puesto de la UE, lejos del brillo de Alemania, que con 24.476 patentes nos mira desde el Olimpo. ¿Dónde está el agujero contable? En la inversión privada. Las empresas españolas pusieron 10.500 millones de euros en 2025, una cifra que suena a mucho hasta que ves que Alemania invierte 18 veces más. Las firmas italianas ponen un 62% más de capital propio que las nuestras. Hemos creado un ecosistema donde el sector público es la manta que nos adormece; el FMI ya avisó en junio que la carga burocrática es un muro infranqueable. Al final, nos quedan consuelos estadísticos: un crecimiento del 43% en peticiones en una década y la esperanza puesta en el sector biotecnológico, con 185 solicitudes. Pero mientras el CSIC, Telefónica o Amadeus mantienen el barco a flote, la realidad es que España es el país donde es más barato pedir ayuda que inventar el futuro.
Bruselas convierte tu coche en un cubo
Bruselas ha decidido jugar al Monopoly con la industria automotriz europea, pero usando billetes que no son suyos. Mientras el sector sostiene casi un 10 % del PIB europeo y da de comer a 20 millones de personas —prácticamente una de cada diez manos que trabajan en el continente—, los burócratas de la capital comunitaria parecen haber confundido una fábrica de coches con un centro de gestión de residuos. La última genialidad es una ley de reciclaje que convierte al vehículo en un contenedor de plástico reutilizado. Exigen que en seis años el 15 % de los plásticos sean reciclados, subiendo al 25 % en una década. Suena muy verde en un folleto de marketing, pero en la calle esto se traduce en una sola cosa: el sablazo en la factura final. Porque el fabricante no es una ONG ecológica; es una empresa con accionistas que no regalan el coste del achatarramiento. Si Bruselas pide que la marca pague el entierro del coche, la marca te cobrará el funeral antes siquiera de encender el motor. François Provost, el jefe de Renault, ya ha soltado la bomba: tienen a cientos de ingenieros haciendo malabares con papeles y normativas en lugar de diseñar coches que emocionen. Es el triunfo de la burocracia sobre la mecánica. Mientras tanto, los fabricantes chinos miran el espectáculo con una sonrisa y una billetera infinita, esperando a que el castillo de naipes europeo termine de desplomarse para comprar las fábricas a precio de saldo. La transición eléctrica, que empezó hace diez años, se ha convertido en una piedra al cuello que amenaza con hundir la industria mientras los comisarios europeos siguen redactando manuales de instrucciones para un mundo que ya no existe.
Vivienda en España: El gran sablazo inmobiliario
El mercado inmobiliario español es hoy un campo de minas donde la lógica ha ido a descansar. En los Cursos de Verano CEU María Cristina, el consenso fue unánime: estamos al borde del colapso. Roberto Media, consejero de Fomento de Cantabria, soltó una anécdota que parece un sketch de comedia negra: echaron a una okupa que llevaba dos años sin pagar para darle el piso a una familia necesitada, y la señora regresó al día siguiente, cambió la cerradura y, para rematar la jugada, instaló una alarma anti-okupación. Es la ironía máxima; el colmo del cinismo convertido en manual de supervivencia urbana. Mientras tanto, la Ley de Vivienda ha operado como un repelente industrial: en Cantabria, el 37,2 % de los alquileres desaparecieron del mapa de la noche a la mañana. Es como intentar llenar un cubo agujereado; mientras el Gobierno regional promete triplicar la vivienda pública tras 12 años de sequía absoluta, la realidad es que el 19 % de las casas cántabras están en manos de 'profesionales' del allanamiento. David Martínez, de Merlin Properties, lo resume con la frialdad de quien mira un balance: la demanda es gravedad pura. Con un saldo neto de 500.000 inmigrantes en el año 25 y la creación de 250.000 hogares, la industria solo logra escupir 100.000 casas anuales. Un déficit de 150.000 viviendas que se suma a una burocracia con tiempos 'geológicos'. Para que nos entendamos: la Operación Chamartín (ahora Madrid Nuevo Norte) se lleva gestionando desde 1993. Básicamente, tardan más en aprobar un suelo que en evolucionar una especie. Blanca Hernández, de tuTECHÔ, pone el toque humano y trágico: niños viviendo en garajes y familias hacinadas en habitaciones sin cocina, mientras la transformación de la Sareb en Casa47 cierra la puerta a la compra de viviendas asequibles. Un festín de ineficiencia donde el ciudadano es el único que paga la cuenta.
Bruselas quiere 'reformar' el cerdo español
Bruselas ha decidido que es momento de jugar a los arquitectos con el lomo del cerdo español. El pasado martes, la Comisión Europea lanzó su Estrategia Europea para la Ganadería, un documento que, aunque ahora mismo es tan vago como una promesa electoral, tiene una fecha de caducidad muy concreta: 2027. Ese año caerá el mazo de una propuesta específica para revisar el bienestar animal, y el sector porcino ya ha empezado a sudar frío. Para el ciudadano de a pie, esto suena a 'querer que el cerdo sea feliz', pero para el ganadero es un sablazo en la cuenta corriente. Hablamos de España, el primer productor de porcino de la Unión Europea y un titán de la exportación mundial, que se encuentra ahora mismo en el punto de mira. La Comisión quiere dinamitar las jaulas de maternidad y poner freno al raboteo —ese corte de cola que, aunque la ley dice que es 'excepcional', en la práctica es el pan nuestro de cada día en las granjas—. Imaginen la escena: obligar a miles de explotaciones a meter paja y ampliar espacios para que el animal 'se exprese'. En el lenguaje de la calle, esto significa que el ganadero tendrá que tirar de tarjeta y hacer inversiones faraónicas para no quedar fuera del juego. Bruselas, con una ironía exquisita, promete 'mecanismos de apoyo financiero' y periodos transitorios. Traducción: te pido que cambies todo el mobiliario de tu negocio, pero no te preocupes, que quizá te preste un dinero que luego tendrás que devolver con intereses mientras esperas a que el papeleo llegue desde Bélgica.
Sánchez y el IMV: 21.000 millones al sofá
Vender el coche, la casa y hasta los botones de la camisa. Eso es lo que parece necesitar el Estado para sostener el relato de la bonanza económica mientras el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se convierte en el agujero negro del presupuesto. El Gobierno de Pedro Sánchez presume de cifras como quien presume de una fiebre alta: el Ministerio de Seguridad Social, bajo el mando de Elma Saiz, celebra que en junio de 2026 el subsidio alcanzó a 860.458 hogares y 2.627.344 personas. Un récord histórico que, en cualquier mundo donde las cuentas no sean ficción, sería motivo de pánico, no de brindis. Desde que José Luis Escrivá diseñara este artefacto en 2020, el erario público ha soltado la friolera de 21.296 millones de euros. Para que nos entendamos: es como si el Estado decidiera pagar la compra del mes de millones de familias, pero sin que nadie quiera volver al supermercado del empleo. Solo en junio, la factura mensual fue de 466 millones de euros, con una media de 507 euros por hogar. Una cantidad que suena a alivio, pero que según la Airef actúa como un ancla laboral. La paradoja es deliciosa: mientras el Ejecutivo nos cuenta que España es la locomotora de Europa, el IMV ha crecido un 16,8% en prestaciones activas respecto al año anterior. El dato más demoledor es que cobrar este subsidio reduce la probabilidad de trabajar un 12%, llegando al 20% en jóvenes. Básicamente, el sistema ha creado una zona de confort donde el 60% de los beneficiarios se queda instalado más de tres años. No es un puente de emergencia; es un sofá muy cómodo del que nadie quiere levantarse.
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