Crítica:
La noticia es un despliegue de datos impecable, pero el título original es demasiado largo y poco agresivo para la magnitud del agravio. Le falta subrayar más la burla que supone el aplazamiento de la deuda justo antes de la venta.
La noticia es un despliegue de datos impecable, pero el título original es demasiado largo y poco agresivo para la magnitud del agravio. Le falta subrayar más la burla que supone el aplazamiento de la deuda justo antes de la venta.
Hay gente que gestiona su cartera como quien organiza el cajón de los calcetines: con un caos deliberado. José Bono, el eterno camaleón de la política española, ha decidido que el detalle es el enemigo de la elegancia financiera. Su sociedad, Joasa 2012, ha registrado en 2025 una entrada de 186.284 euros en inmovilizado material. Para el ciudadano medio, eso es un sablazo que requeriría tres vidas de hipotecas; para Bono, es simplemente añadir un pincelazo más a un lienzo que ya suma 1,392 millones de euros en saldo bruto. Lo verdaderamente fascinante no es cuánto gana, sino qué deja de contar. En 2024, la memoria de la empresa era un catálogo turístico: detallaba cinco inmuebles en Tánger (desde el Ben Charki 28 hasta el 38-40) valorados en 259.901 euros. Pero en las cuentas de 2025, ese apartado de 'Bienes en el extranjero' ha sufrido una evaporación selectiva. No es que los ladrillos hayan volado, es que ahora prefieren jugar al escondite. Mientras tanto, el balance total de Joasa roza los dos millones de euros (1,999 millones exactamente), multiplicando por 2,7 su valor desde 2020, cuando apenas llegaba a los 738.839 euros. Un crecimiento envidiable que contrasta con la realidad de quien cuenta los céntimos en el súper. Y aunque su facturación bajó a 727.000 euros, el beneficio se duplicó hasta los 173.362 euros gracias a una partida mágica de 'Otros resultados' por 342.236 euros. Todo esto ocurre mientras el exministro disfruta de su nacionalidad dominicana y de un imperio inmobiliario en el Caribe valorado en 1,4 millones de euros. Al final, la política es un buen currículum, pero la ingeniería financiera es el verdadero premio de consolación.
España ha decidido que la mejor forma de salvar el planeta es metiéndonos la mano en el bolsillo cada vez que pidamos una caña o un refresco. Desde el 12 de agosto, el Reglamento europeo de envases y residuos de envases ha aterrizado en nuestras barras con el Sistema de Depósito, Devolución y Retorno (SDDR). Traducido al idioma de la calle: te van a cobrar un 'sobrecoste' de unos 10 céntimos por botella o lata. No es un impuesto, dicen, sino un depósito. Es como cuando dejabas la fianza por un alquiler en los 90; si devuelves el envase, recuperas tu moneda. La jugada es desesperada. Mientras en Alemania o Dinamarca esto es pan cotidiano, aquí hemos gestionado el reciclaje con la misma eficacia con la que algunos gestionan sus cuentas corrientes. En 2023, la recogida de botellas de plástico de un solo uso fue de un patético 41,3%, cuando Bruselas nos exige un 70%. Básicamente, el contenedor amarillo ha sido un experimento fallido y ahora el Gobierno, para evitar que la UE nos meta un sablazo en sanciones, decide que el ciudadano sea el gestor de residuos oficial. El plan es ambicioso: botellas de plástico, latas y briks de hasta 3 litros entrarán en este baile. Podrás devolver el envase en el bar donde lo compraste o en cualquier otro establecimiento autorizado, incluso mediante máquinas que escanean el código de barras. El Ministerio para la Transición Ecológica ha pasado de las súplicas de fabricantes y distribuidores que pedían más tiempo para adaptarse. No hay prórroga. Ahora, el pequeño hostelero, que ya lucha contra la inflación y la luz, tendrá que hacer de cajero de envases vacíos para que España deje de ser el alumno suspenso de la economía circular europea.
Dario Amodei, el cerebro detrás de Anthropic, ha descubierto que el karma no acepta pagos con créditos de computación. Sony Music y Warner, esos titanes que gestionan los derechos de todo lo que suena en el ascensor y en la radio, han soltado un zarpazo legal el pasado viernes noche. La acusación es sencilla y brutal: un 'robo descarado' de propiedad intelectual. Básicamente, Anthropic decidió que pagar licencias era un gasto superfluo y prefirió aspirar decenas de miles de composiciones protegidas para alimentar a su IA, Claude. Aquí es donde la cosa se pone fea. No estamos hablando de un error de cálculo en la factura de la luz. Los demandantes piden hasta 150.000 dólares por obra y una multa de 25.000 dólares cada vez que Anthropic borró los datos de copyright. Si echamos cuentas, el agujero contable podría alcanzar varios miles de millones de dólares. Para que nos entendamos: es pasar de pedir un préstamo para el coche a deber el PIB de un país pequeño. Lo más irónico es que el dataset pirata es el mismo que Benjamin Mann, cofundador y ahora demandado, ya había descargado ilegalmente, lo que terminó en aquel acuerdo millonario de 1.500 millones de dólares en septiembre de 2025. Resulta que entre los millones de libros 'torrented' se colaron joyas como 'Livin’ on a Prayer' de Bon Jovi, 'September' de Earth, Wind & Fire y la eterna 'Hallelujah' de Leonard Cohen. Anthropic ahora intenta vender la moto del 'fair use', ese comodín legal que dice que usar el trabajo ajeno es justo si es para 'aprender'. Pero después de haber soltado ya más de mil millones para callar bocas, intentar convencer al juez de que esta vez fue un malentendido es como intentar explicar que te has colado en el cine porque pensabas que era un museo gratuito.
Hubo una época en la que los magnates estadounidenses, esos tiburones con el alma oxidada, practicaban la filantropía como quien compra un seguro contra incendios: para evitar que la plebe les quemara la mansión. Rockefeller y Carnegie levantaban bibliotecas y erradicaban parásitos no por amor al prójimo, sino para limpiar el rastro de sangre y sudor de sus fortunas. Pero los nuevos barones del código y el algoritmo han decidido que la modestia es un gasto superfluo. Brian Armstrong, el CEO de Coinbase, ha decidido subir el tono. Con una fortuna estimada en 8.700 millones de dólares —una cifra que haría palidecer a cualquier presupuesto municipal mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz—, Armstrong soltó en el Katie Miller Podcast que la caridad es, básicamente, un 'efecto neto negativo' para el mundo. Según su lógica, donar dinero es una pérdida de tiempo porque las fundaciones acaban 'capturadas por la ideología'. Es fascinante el giro mental: para Armstrong, Bill Gates no es un filántropo, sino alguien que intentó rehabilitar su imagen tras el lío con el Departamento de Justicia (DoJ). El jefe de Coinbase prefiere mantener sus miles de millones bajo llave, convencido de que su abstinencia generosa es una postura 'contraria' y valiente. Mientras tanto, la tendencia en Silicon Valley es clara: menos hospitales y más yates. El altruismo ha pasado de ser una herramienta de relaciones públicas a ser visto como un error de cálculo financiero. Armstrong no solo cierra el grifo; presume de haberlo hecho, transformando la tacañería a escala global en una declaración de principios.
Hacer malabares con el presupuesto doméstico es un arte, pero el Gobierno ha decidido convertirlo en deporte olímpico. Mientras Yolanda Díaz nos vende que perder 162.840 cotizantes es, básicamente, un éxito porque 'podría haber sido peor', la realidad nos escupe un dato que huele a naftalina: el gasto en prestaciones por desempleo ha vuelto a niveles de 2013. Sí, regresamos a la época del rescate bancario y las colas del hambre, pero con un envoltorio de marketing moderno. En julio de este año, el Estado soltó 2.115 millones de euros para cubrir el paro. Para que el ciudadano medio lo entienda: es un sablazo del 5,53% respecto a los 2.004 millones de julio del año pasado. Es como si tu factura de la luz subiera sin que hayas encendido un solo aire acondicionado. Si quitamos el paréntesis surrealista de 2020, donde la pandemia infló el gasto a 3.237 millones, no veíamos una sangría así desde aquel julio de 2013, cuando el país agonizaba con 2.439 millones en prestaciones. La aritmética del optimismo oficial ignora que hay 2,35 millones de personas buscando curro. Además, el número de beneficiarios ha escalado a 1.857.263 personas, la cifra más alta desde 2021 (cuando tuvimos 1.977.597). Para rematar la jugada, la cuantía media que recibe cada desempleado ha subido a 999,9 euros, frente a los 976 euros del año anterior. En resumen: más gente cobrando, más dinero por persona y un agujero contable que crece mientras en Moncloa nos dicen que el cielo es verde. El empleo no se crea, se maquilla con regularizaciones migratorias para que la caída no sea tan estrepitosa.
La inflación en España es ese invitado pesado que no se va de casa y, de paso, se come todo lo que hay en la nevera. En agosto, el IPC marcó un 4,3% interanual, una cifra que para el ciudadano medio es un sablazo directo al presupuesto mensual, mientras que para el Estado es una herramienta de ingeniería financiera fascinante. Desde 2021, el bolsillo del español ha sufrido una erosión del 24%. Básicamente, el dinero ha perdido valor más rápido de lo que tarda un político en prometer que todo está bajo control. Aquí entra el juego de espejos del Gobierno: indexar las pensiones al IPC. Suena a justicia social, pero miremos la letra pequeña. Con una inflación media proyectada del 3,6%, el gasto en pensiones contributivas y no contributivas —que ya alcanzó los 195.000 millones de euros el año pasado— se disparará. Según Funcas, el recargo para 2027 será de 7.000 millones de euros, a los que hay que sumar otros 1.000 millones por las clases pasivas. Es una cifra astronómica, como si el Estado decidiera comprarse un yate nuevo cada mañana. Pero el verdadero giro de guion ocurre en el despacho de Hacienda. Mientras el jubilado celebra que su pensión sube para poder comprar el mismo kilo de tomates que el año pasado, el IRPF espera al acecho en la esquina. Una parte considerable de esa revalorización volverá directamente a las arcas públicas. Es el círculo perfecto: el Estado sube la pensión con una mano para que el jubilado no se asfixie, y con la otra, Hacienda recupera la tajada vía impuestos. A esto súmale el 'efecto sustitución', donde los nuevos jubilados cobran más que los que se van, y tenemos una receta perfecta para que el sistema engorde mientras el ciudadano sigue haciendo malabares con la lista de la compra.
Durante décadas, España jugó al señorito en el comercio con Marruecos, disfrutando de un superávit que parecía eterno. Pero el tablero ha girado. En 2025, por primera vez, hemos pasado a un déficit comercial que deja un agujero de unos 3.000 millones de euros, según los datos de UN Comtrade. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si durante años hubieras sido el que invita a las cañas y, de repente, te despiertas descubriendo que no solo estás pagando la ronda, sino que el otro te ha dejado el carrito de la compra lleno de cables y aceite de argán mientras tú solo puedes ofrecerle gas licuado. La jugada es maestra. Mientras España se ha quedado estancada en una zona de confort exportadora, Marruecos ha decidido dejar de ser la periferia para convertirse en el proveedor. Han pasado de comprar nuestra tecnología agrícola a vendernos sus propios productos, aprovechando que las normas europeas ya no son el muro infranqueable de antes. Las cifras no mienten y son un bofetón de realidad: en 2024 aún nos salvábamos con exportaciones de 18.000 millones frente a importaciones de 16.000 millones, pero en 2025 la tortilla se dio la vuelta. Marruecos exportó 19.600 millones e importó solo 16.500 millones. María Ángeles Ruiz Ezpeleta, de EAE Business School, lo resume con una elegancia casi cruel: Marruecos crece mientras España crece 'poquito'. La hipocresía reside en que, aunque Rabat sigue dependiendo de nosotros para respirar económicamente, España ha perdido la capacidad de marcar el ritmo. Seguimos comprando gas a Rusia y vendiendo gas a Marruecos, pero el reino alauita ha doblado sus exportaciones globales en tres años. Básicamente, nos han adelantado en el carril rápido mientras nosotros seguíamos convencidos de que el camino era el de siempre.
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