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La Comisión Europea ha abierto un expediente sancionador a España por no trasponer a tiempo la directiva 2020/285, que permite eximir del IVA a pequeños autónomos con un límite de facturación anual de hasta 85.000 euros. Entre 1,5 y 2 millones de profesionales se ven afectados por esta decisión. El Gobierno español teme un impacto recaudatorio de entre 3.000 y 5.000 millones de euros, mientras que expertos como Juan Ignacio Navas, socio-director de Navas & Cusí, argumentan que la simplificación burocrática podría hacer aflorar economía sumergida y apoyar al tejido productivo más vulnerable. Otros países como Alemania, Francia e Italia ya aplican esta exención, lo que pone a los autónomos españoles en desventaja competitiva. La situación podría acabar ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea si España no rectifica.
La ministra Yolanda Díaz ha anunciado el Estatuto de las Personas en Formación Práctica No Laboral, que incluye multas de hasta 250.000 euros para empresas que incumplan las normas sobre becarios. La norma busca proteger a los jóvenes en prácticas, pero ha generado críticas por parte de empresarios y expertos, que la ven como un obstáculo para la contratación de becarios y un freno a la innovación. Díaz defiende que la medida fomentará la contratación indefinida de los becarios después de sus prácticas. Sin embargo, muchos dudan de que esta legislación sea efectiva en un contexto de creciente automatización y uso de la inteligencia artificial en el mercado laboral. La medida se produce en un momento en que la prensa económica internacional alerta sobre el impacto de la IA en el empleo de los jóvenes, especialmente en puestos de entrada.
En 2025, el Gobierno adjudicó un récord de 23.116 millones de euros mediante contratos a dedo, un procedimiento que permite formalizar contratos sin licitación abierta. Este volumen convierte a 2025 en el ejercicio con mayor importe adjudicado por esta vía dentro de la serie histórica. El aumento del último ejercicio eleva el total acumulado desde 2021 a 36.727 millones de euros adjudicados mediante el proceso negociado sin publicidad. La Administración General del Estado ha formalizado 15.721 contratos o lotes a dedo entre 2021 y 2025, con un volumen total superior a 36.700 millones de euros. Las compras de armamento por parte de Defensa han tenido especial incidencia en este espectacular aumento. La Comisión Europea y el Tribunal de Cuentas Europeo han advertido que la falta de competencia en contratación pública puede afectar a la eficiencia del gasto. El procedimiento negociado sin publicidad está regulado como un procedimiento excepcional dentro del sistema de contratación pública en España.
La tasa de paro en España cerró 2025 en el 9,9%, según la Encuesta de Población Activa (EPA), pero esta cifra oculta una realidad más cruda. La reforma laboral impulsada por Yolanda Díaz alteró la forma de computar el paro, excluyendo a los fijos discontinuos inactivos. En 2025, alrededor de 850.000 personas con contrato fijo discontinuo estaban inscritas en las oficinas de empleo sin trabajar, pero no computaban como parados. Si se incluyeran, el paro real ascendería a 3,37 millones, elevando la tasa al 13,5%. Entre 2022 y 2025, el paro oficial se redujo en más de 700.000 personas, pero la caída real fue de apenas 130.000. El Gobierno maquilla las cifras, ya que más del 94% de la supuesta mejora se debe a cambios estadísticos, no a un aumento real del empleo. El número de fijos discontinuos ha crecido de 300.000 en 2019 a más de 900.000 en 2025, sustituyendo al contrato temporal como mecanismo de ajuste, pero con el efecto de 'desaparecer' el paro de las estadísticas.
En un contexto de máxima incertidumbre energética debido a la ofensiva contra Irán, que ha disparado un 100 % el precio del gas, la industria nuclear española defiende su papel crucial en la estabilidad del sistema eléctrico y la reducción de emisiones. Las centrales nucleares españolas aportaron el 19,7 % de la electricidad en 2025 con solo el 5 % de la potencia instalada, operando más horas a plena potencia que cualquier otra fuente energética. El presidente de la Sociedad Nuclear Española, Paulo Domingues, destacó que la nuclear contribuye de manera decisiva a la seguridad del suministro y no depende de mercados spot o diarios, lo que la hace menos vulnerable a variaciones inmediatas de precios. El sector advierte que prescindir de la nuclear en el contexto actual es 'jugar con fuego'. El director de la Agencia Internacional de la Energía, Fatih Birol, también recomendó a la UE apostar por la energía nuclear junto con las renovables como pilares del sistema eléctrico europeo. Mientras tanto, varias centrales nucleares españolas están paradas debido a la baja demanda y la alta fiscalidad, lo que genera ineficiencias en el sistema eléctrico.
El sistema eléctrico español sufrió un nuevo apagón parcial el 28 de enero, afectando a la gran industria durante dos horas. Este incidente pone de relieve la vulnerabilidad del sistema en un contexto de creciente dependencia del gas natural procedente de EEUU, que representa el 44% del consumo nacional. El ingeniero Juan Franco ha analizado la situación y concluye que el sistema no está adaptado a la realidad energética actual, siendo vulnerable debido a la regulación europea y las exigencias adicionales del Gobierno de Pedro Sánchez. La transición hacia un modelo 100% renovable está erosionando la seguridad del suministro debido a la sustitución de generación síncrona convencional por fuentes renovables no gestionables. Para abordar estos desafíos, se necesitan tecnologías de almacenamiento y estabilización de red, como volantes de inercia y centrales de bombeo hidráulico reversible. El estudio de Franco destaca la urgencia de acelerar los trámites administrativos para nuevas centrales de bombeo, la necesidad de inercia explícita y la hibridación tecnológica para garantizar la estabilidad del sistema.
Forestalia, el gigante energético aragonés liderado por Fernando Samper, ha estado contratando a una docena de políticos y exaltos cargos para impulsar sus proyectos. Entre ellos figuran el exministro de Industria José Manuel Soria, los exconsejeros catalanes Felip Puig y Josep Grau, y el exconsejero de Medio Ambiente de Aragón Alfredo Boné. La Guardia Civil investiga presuntos sobornos relacionados con la adquisición de empresas vinculadas a estos políticos, como Viadós, que facturó un millón de euros en 2018 y fue adquirida por una filial de Forestalia por más de cuatro millones. Los investigadores sospechan que el pago incluía un sobreprecio por servicios prestados anteriormente por los exdirigentes. Forestalia también ha fichado a otros políticos y exfuncionarios, como Carlos Ontañón, Pere Palacín y Mercè Rius, para allanar el camino a sus proyectos energéticos.
Una trabajadora asturiana que llevaba casi diez años en una empresa como auxiliar administrativa fue despedida en febrero de 2025 por ineptitud sobrevenida tras una larga baja por problemas de espalda y una denegación de incapacidad permanente por parte del INSS. La empresa le envió un burofax comunicando el despido el mismo día, pero este figuraba solo como 'a disposición del destinatario', sin confirmación de entrega. La trabajadora impugnó el despido al descubrir que había sido dada de baja en la Seguridad Social. Un mes después, la empresa envió un segundo burofax que sí fue recogido. El Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) declaró el despido improcedente porque la empresa no acreditó la correcta entrega del primer burofax. Ahora, la empresa deberá elegir entre readmitir a la trabajadora o pagar una indemnización adicional de 15.618 euros, sumada a los 16.704 euros ya abonados y 2.225 euros de finiquito. El caso podría llegar al Tribunal Supremo. La decisión judicial subraya que no basta con enviar el burofax, sino que es necesario probar su recepción.
El Gobierno ha aprobado una prestación universal de 200 euros mensuales por hijo, enmarcada en la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con el objetivo de apoyar a las familias y estimular la natalidad. El analista económico Marc Vidal ha criticado esta medida, argumentando que supone una transferencia directa de renta financiada por los contribuyentes y que no aborda los problemas de fondo como la carestía de la vivienda, el ahorro y la presión fiscal. Según Vidal, una deducción en el IRPF sería más efectiva que una transferencia directa, ya que no genera dependencia y no construye un electorado agradecido. El debate sobre la medida se centra en si las ayudas son la solución a la pobreza infantil o si se necesitan salarios y trabajos dignos. El coste de la prestación se estima en 9.000 millones de euros anuales, y se propone financiarlo con un gravamen del 2% a patrimonios superiores a 100 millones de euros.
La OCDE ha lanzado un jarro de agua fría a la política económica del Gobierno de España, destacando que es uno de los países desarrollados que más gasta en intereses de deuda. Según el último informe de la OCDE sobre la deuda mundial 2026, España acumulaba una deuda total de 1,699 billones de euros a cierre de 2025, después de que el presidente Pedro Sánchez disparara la deuda pública en casi 80.000 millones en ese mismo año. Este dato coloca a España en el noveno puesto entre los países de la OCDE que más gastan en el pago de intereses de deuda. El informe de la OCDE también revela que el endeudamiento bruto de los países desarrollados alcanzó un récord de 17 billones de dólares en 2025, y se proyecta que aumente a alrededor de 18 billones de dólares en 2026. Los gastos por intereses se mantienen elevados, situándose en el 3,3% del PIB para el conjunto de la OCDE, cerca del máximo de los diez años anteriores (3,4%). La OCDE advierte que los pagos de intereses aumentarán la relación en 2,5 puntos porcentuales en 2026, mientras que la inflación la reducirá en 2,4 puntos porcentuales. De los 32 países de la OCDE para los que hay datos disponibles en 2025, 22 experimentaron un aumento en los pagos de intereses en relación con el PIB. La deuda soberana en circulación en los países de la OCDE alcanzó un máximo histórico de 61 billones de dólares en 2025, impulsada en parte por la depreciación del dólar estadounidense.
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Cristian Sanz