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El Ayuntamiento de Talavera de la Reina ha excluido a una unión temporal de empresas (UTE) participada por Telefónica de su contrato unificado de telefonía por no tener actualizado su plan de igualdad. El contrato tiene un presupuesto de 826.446,28 euros y se refiere a servicios de comunicaciones para el Ayuntamiento y sus organismos autónomos. La resolución indica que Telefónica IOT & Big Data Tech no ha acreditado la vigencia de su plan de igualdad, que expira el 31 de mayo de 2026. Telefónica afirma que su plan de igualdad está vigente hasta esa fecha y está registrado en el RegCon del Ministerio de Trabajo. Otras empresas como Orange Espagne y Vodafone España han sido admitidas en el concurso. El sector de las telecomunicaciones muestra su sorpresa por esta decisión, que consideran habitual en concursos públicos recientes. Un caso similar ocurrió con el contrato unificado de telecomunicaciones del Estado, Cora, donde MasOrange fue excluido por no tener un plan de igualdad vigente.
La Generalitat de Cataluña licita la venta de Fabricación de Alimentos SA (FADAIC), empresa dedicada a elaborar pasta para canelones y lasañas. Fundada en 1961 en Ripollet (Barcelona), FADAIC fue heredada por la Generalitat tras fallecer su propietaria, Manuela Marimon, sin herederos. La primera licitación fracasó, y en la segunda se fija un precio mínimo de 228.306 euros, un 22,9% menos que la anterior. La Generalitat heredó el 100% de FADAIC, un molino harinero en Huesca, una vivienda y plazas de aparcamiento en Ripollet. FADAIC facturó 390.498 euros en 2023 y 355.150 euros en 2024. La Generalitat recibe propiedades por herencias intestadas, incluyendo bienes inmuebles, terrenos, dinero y objetos de valor. En 2006, tramitaba 531 expedientes de herencias intestadas. En 2021, adjudicó 2,8 millones de euros a departamentos de Derechos Sociales y Cultura. La recaudación por Impuesto de Sucesiones en Cataluña se dobló en cinco años hasta 2023. La venta de viviendas procedentes de herencias generó 3,8 millones de euros. La Generalitat destina estos fondos a programas sociales y de vivienda.
El Estado español cubre 4.861 euros anuales de la pensión de cada jubilado catalán, representando el 27,12% de la pensión media de 17.923 euros. Cataluña tiene 1.810.601 jubilados y un déficit de 8.799,9 millones en la Seguridad Social. La comunidad autónoma aporta 23.852 millones en cotizaciones y recibe 32.441 millones en pensiones. La ratio de cotizantes por jubilado en Cataluña es de 2,1, igual que la media nacional. El déficit de la Seguridad Social en España asciende a 56.420 millones, con un 31,5% de diferencia entre ingresos y gastos. Cataluña es la segunda comunidad que más aporta a la Seguridad Social, con el 19,45% del total nacional. El desempleo en España se prevé que baje al 9% en 2028, pero sigue siendo casi el doble de la media de la UE, que es del 5,9%. La Seguridad Social tiene un ingreso de 122.651,5 millones y un gasto que supera los ingresos en 56.420 millones. El independentismo catalán no incluye el déficit de la Seguridad Social en sus cálculos de déficit fiscal. Solo Baleares tiene un superávit en pensiones, con 82,7 millones. La ratio de cotizantes por jubilado varía entre comunidades, siendo Madrid la más favorable con 2,8 trabajadores por jubilado, mientras que Asturias tiene la ratio más baja con 1,3 trabajadores por pensionista.
La presidenta de la AIReF, Cristina Herrero, expresó su hartazgo ante la Comisión del Pacto de Toledo el pasado martes. Su mandato termina a primeros de marzo. La AIReF es el único organismo que critica abiertamente al Gobierno. La reforma de pensiones de José Luis Escrivá en 2023 aumentó impuestos sin reducir gasto. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) sube cotizaciones anualmente a 21 millones de trabajadores y empresas. La AIReF emitió opiniones sobre la sostenibilidad del sistema. El Gobierno incluyó una 'cláusula de cierre' que requiere informe de la AIReF. La regla de gasto establece que el gasto en pensiones neto no puede superar el 13.3% del PIB entre 2022-2050. En 2025, el Gobierno manipuló el examen de la AIReF mediante real decreto, dictando qué considerar como ingresos del sistema. La AIReF dio un aprobado raspado al Gobierno en marzo. Cristina Herrero criticó la inclusión de transferencias del Estado como ingresos y la infravaloración del gasto en pensiones. La AIReF cuestionó la metodología impuesta por el Gobierno y la Comisión Europea. El Gobierno volvió a intervenir en julio, exigiendo un informe adicional antes del 1 de junio de 2026. Cristina Herrero rechazó volver a hacer una evaluación en los términos planteados por el Gobierno, exigiendo libertad para decidir la metodología y calendario.
La Agencia Tributaria interviene en los regalos que hacen los bancos a los ciudadanos, ya sea en forma de dinero u otros productos como televisiones. Los ciudadanos que reciban estos premios por abrirse una nueva cuenta tendrán que liquidar el impuesto correspondiente a través de la declaración de la renta. En 2026, se considerará rendimiento del capital mobiliario y tributará entre el 19% y el 30%. Por ejemplo, si un banco regala 200 euros netos, realmente se están obteniendo 246,91 euros brutos, de los cuales 46,91 irán a parar a Hacienda. En caso de regalos en especie, como una televisión o un teléfono móvil, el banco emitirá un certificado de retenciones donde aclara el precio asignado al regalo y el impuesto retenido. El banco posteriormente restará esos intereses del dinero que el cliente tiene en la cuenta bancaria. Portales especializados como Help My Cash y TaxDown han informado sobre esta práctica y han dado consejos a los beneficiarios de estos regalos.
Acciona utilizó el mismo método en 2007 y 2014 para obtener contratos de Acuamed. En 2007, Acciona Agua pagó 297 millones por la desaladora de Torrevieja a Grupo Inversor G2 sin recibir servicios. El dinero acabó en empresas vinculadas a Alberto Herreras, ex socio de Adrián Baltanás, y Noemí Hernáez, esposa de Fernando Troyano, directivo de Acuamed. En 2014, Acciona Agua pagó 685.000 euros a Grupo Inversor G2, que luego transfirió 615.000 euros a Prhido. La Agencia Tributaria detectó falta de estructura e inactividad en las sociedades intervinientes y denegó deducciones por IVA. El caso permaneció sin investigar pese a las evidencias presentadas al juez Eloy Velasco en 2016. Carlos Massa, director general de Acuamed nombrado por el PSOE, mantuvo su cargo hasta enero de 2016. Dos directivos de Acciona fueron desimputados en el caso Acuamed. El presidente de Acciona, José Manuel Entrecanales, dirige la empresa desde 2004.
El Ministerio de Derechos Sociales propone una multa de 3.6M€ a Alquiler Seguro por supuestas infracciones. La empresa gestiona 30.000 viviendas y opera desde hace 18 años. Tres sentencias avalan su legalidad según la compañía. La multa se produce tras una investigación iniciada en marzo por Pablo Bustinduy. La empresa niega las acusaciones y afirma que sus servicios son voluntarios y cumplen con la legislación vigente. Alquiler Seguro ha presentado 250 hojas de alegaciones. La empresa critica las medidas del Gobierno y defiende la profesionalización del sector. La situación ha generado una disminución abismal de clientes debido a la contracción del mercado y las medidas gubernamentales. La empresa sugiere derogar la Ley de Vivienda y apostar por la profesionalización del sector.
El Financial Times cuestiona los datos de crecimiento de España, destacando la disparidad entre la macroeconomía y la microeconomía. La productividad y los sueldos permanecen estancados mientras la cesta de la compra aumenta. El diario británico critica la 'tóxica política interna' y la polarización que obstaculizan el progreso. España es la economía avanzada de mayor crecimiento por segundo año consecutivo, pero enfrenta debilidades estructurales. El gobierno de Pedro Sánchez no ha aprobado un presupuesto desde finales de 2022. Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, pierde votos frente a Vox y no ofrece un plan alternativo claro. La productividad ha aumentado ligeramente pero sigue siendo baja. Expertos como Miquel Roca y Miriam González Durántez abogan por dejar de lado la ideología para abordar problemas como la vivienda y la inteligencia artificial. El artículo del Financial Times destaca que la polarización política y la falta de debate sobre políticas públicas son problemas graves. La economía española se ha beneficiado de la llegada de inmigrantes que han ocupado empleos poco cualificados.
La fábrica de CATL en Zaragoza invertirá 4.100 millones de euros y generará 3.000 empleos directos. 2.000 trabajadores serán chinos debido a la necesidad de técnicos experimentados. La planta producirá baterías LFP y comenzará a operar en 2026. La Comisión Europea ha expresado su preocupación por la práctica de algunos fabricantes chinos que montan coches en Europa usando kits 'de quita y pon' para evadir aranceles. Stéphane Séjourné, Vicepresidente de Prosperidad y Estrategia Industrial de la Comisión Europea, criticó esta práctica. Meng Xiangfeng, vicepresidente de CATL, justificó la contratación de personal chino asegurando que será capacitado para transferir conocimiento a trabajadores locales. Josep María Recasens, presidente de Renault España, criticó que los fabricantes chinos solo hacen 'cuatro chapas con ruedas'. La planta de CATL en Zaragoza forma parte de una joint venture con Stellantis. La UE busca que las empresas generen riqueza local y transfieran tecnología.
El sector olivarero español alerta sobre la importación de 'aceite fantasma' desde Túnez, que entra en la UE sin aranceles y con requisitos menos estrictos que los productores comunitarios. La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) denuncia que de las 200.000 toneladas de aceite tunecino que entran en la UE, casi 100.000 toneladas llegan a España. El sector exige controles más estrictos y la suspensión del contingente preferencial de aceite tunecino hasta que se garantice una trazabilidad equivalente a la exigida en la UE. La situación genera preocupación por competencia desleal, distorsión de precios y falta de transparencia para el consumidor. Además, se alerta sobre la presión de terceros países como Marruecos, donde las condiciones de producción son más favorables. La cooperativa Dcoop advierte que la deficiente gestión del agua en España podría trasladar la producción a otros países.
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Julián Serrano