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En un país donde pedir una cita previa es como intentar ganar la lotería sin comprar boleto, el Estado ha descubierto el negocio perfecto: pagar por el arte de no hacer nada. Tenemos a 45 inspectores de Trabajo que, tras superar una oposición que haría llorar a un monje tibetano y terminar su formación en diciembre de 2025, han pasado los últimos 19 meses en un spa administrativo pagado con nuestros impuestos. Desde septiembre del año pasado, la maquinaria pública desembolsa 50.000 euros al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si el Gobierno decidiera pagar el alquiler y la cesta de la compra de medio centenar de personas mientras esperan a que alguien recuerde dónde ha dejado las llaves de la oficina. El agujero contable ya supera los 600.000 euros, un sablazo que no sirve para inspeccionar ni una sola empresa, sino para alimentar un limbo burocrático donde el tiempo es relativo y el presupuesto infinito. La danza de las responsabilidades es exquisita. Yolanda Díaz, al mando del Ministerio de Trabajo, juega al ping-pong institucional lanzando la pelota al tejado de Óscar López en Función Pública. Mientras tanto, los afectados miran el calendario con pánico hacia las elecciones del 29 de noviembre, temiendo que el adelanto electoral convierta su espera en una condena perpetua hasta marzo de 2027. Si eso ocurre, el Estado habrá tirado más de un millón de euros en nóminas de 1.100 euros mensuales por el simple placer de mantener la 'tramitación normal' de un concurso de traslados. Es la eficiencia española en estado puro: pagar el sueldo completo por un servicio que es, literalmente, inexistente.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el entorno de la Moncloa parece que el amor tiene una vista privilegiada para los negocios. Mientras el juez Juan Carlos Peinado prepara el escenario para un juicio oral con jurado, la trama se engrosa con un detalle delicioso: Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez procesada por malversación, tiene un marido que sabe exactamente dónde aprieta el zapato de la burocracia. David Arevalillo de la Torre, socio director de A&A Estudio Jurídico, ha hecho de la 'Ley de Nietos' su gallina de los huevos de oro, vendiendo la posibilidad de saltarse las colas de unos consulados que, según él, están más desbordados que una terraza en agosto. El negocio es sencillo: vender el 'sueño español' a clientes latinoamericanos y sefardíes, prometiendo agilizar trámites que, sin su ayuda, podrían tardar décadas. Es el clásico 'yo te llevo de la mano', una frase que suena muy tierna hasta que recuerdas que Cristina Álvarez está señalada como cooperadora necesaria en un presunto agujero contable relacionado con un software para pymes en la Complutense. Resulta fascinante que la Presidencia del Gobierno pagara el sueldo de una asistente que, según la investigación, no hacía labores protocolarias, sino que era el apoyo logístico permanente de la actividad profesional de Begoña Gómez. Un favor entre amigas, dicen, aunque el favor haya costado dinero público y ahora acarree una petición de seis años de cárcel para la asesora y trece para la mujer del presidente. Lo más irónico es el 'timing'. Mientras el Tribunal Supremo suspende el voto de 163.020 nacionalizados por esta vía para las elecciones del 29 de noviembre, el despacho de Arevalillo, tras ser consultado, ha decidido borrar sus redes sociales. Un truco de magia digital digno de un experto: cuando el foco se pone sobre la ingeniería financiera y los vínculos familiares, lo más prudente es hacer desaparecer la evidencia. Así es la danza del poder: unos gestionan la cátedra, otros los pasaportes y nosotros, los de siempre, pagamos la fiesta.
Bruselas ha decidido que el problema de que no carguemos los híbridos no es la falta de enchufes en el parking, sino que el depósito es demasiado generoso. La solución europea es tan brillante como un espejo: obligar a que los coches tengan depósitos más pequeños. Básicamente, quieren que el conductor sienta la ansiedad del indicador de combustible parpadeando para que, por puro pánico, busque un enchufe. Es el equivalente automovilístico a quitarte el colchón para obligarte a madrugar. Mientras los fabricantes europeos agonizan, asfixiados por normativas que les obligan a quemar cientos de millones de euros anuales en burocracia verde, Bruselas decide apretar más la tuerca. La jugada apunta directamente a los híbridos enchufables, esos vehículos que muchos usan como coches de gasolina convencionales porque cargar la batería es, a veces, más complicado que montar un mueble de IKEA sin instrucciones. El contraste es casi cómico cuando miramos al Este. Mientras Europa recorta, China expande. El Yangwang U8 llega con 75 litros y el BYD Seal U presume de 60 litros, permitiendo autonomías que superan los 1.200 kilómetros. Para un europeo, hacer 1.200 kilómetros sin parar es ya casi un mito urbano. Bruselas argumenta que menos gasolina significa menos peso, menos desgaste de frenos y neumáticos, y un consumo menor. Una ecuación matemática impecable que ignora la realidad del usuario que no quiere vivir pegado a un cable. Lo más irónico es que algunas marcas locales, ya rendidas ante las normas de emisiones, ven esta restricción como un salvavidas. Prefieren que el cliente sufra la falta de autonomía antes que pagar las multas millonarias por no alcanzar unos objetivos de emisiones que parecen redactados en un laboratorio de ciencia ficción.
Ceuta ha pasado de ser una ciudad tranquila a convertirse en un experimento social sobre la supervivencia urbana en tiempo récord. Imaginen que, de la noche a la mañana, una población de 84.000 personas recibe a una avalancha de entre 80.000 y 100.000 recién llegados los días 30 y 31 de julio. No es una mudanza organizada; es un choque frontal. Tres meses después, el resultado es un 'autoconfinamiento' nocturno donde las terrazas han pasado a ser recuerdos y las playas, zonas prohibidas. Para las mujeres ceutíes, la libertad ahora se mide en mililitros de spray pimienta en el bolso. La normalidad se ha roto tanto que llevar una medalla de la abuela o una minifalda es jugar a la ruleta rusa con la seguridad personal. Es el absurdo total: en pleno siglo XXI, el código de vestimenta lo dicta el miedo y no el gusto. Mientras el Gobierno juega al escondite con las cifras, Maxi Lacasa advierte que aún quedan entre 15.000 y 20.000 personas ilegalmente instaladas, dispersas por la ciudad como un avispero que nadie quiere tocar. La hipocresía institucional es el plato fuerte. Mientras en Madrid se organizan marchas convocadas por Mujeres Caballas, en Ceuta los niños ven cómo los toboganes de los parques infantiles se han transformado en dormitorios improvisados. Los ceutíes han tenido que pagar el billete de autobús y barco hasta la capital para recordarles que sus derechos no caducan al cruzar el Estrecho. 88 días después, el foco mediático se ha apagado, pero el miedo sigue encendido, recordándoles que vivir en la 'puerta de Europa' hoy significa mirar siempre por encima del hombro para ver quién te graba o quién te acecha.
Hay una lógica perversa en la gestión de lo público que roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio recicla el bote de yogur para no tirar dinero, Adif y el ministro Óscar Puente parecen haber decidido que la mejor forma de gestionar 35.000 traviesas de hormigón es mandarlas al desguace. Sí, han leído bien: material en perfecto estado, fabricado entre 2018 y 2023, que en lugar de salvar la economía de una zona herida, acabará como escombro. Es como tirar un coche nuevo porque te has comprado uno con asientos de cuero, ignorando que tu vecino no tiene ni para el autobús. La plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata ha destapado este agujero de sentido común. Estas piezas son la llave para reabrir el tramo Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, la única tabla de salvación para reindustrializar el centro de la provincia tras el cierre de la azucarera. El plan es sencillo: trasladar el material a los 50.000 metros cuadrados de terreno en Astorga-San Andrés. Pero no. Adif prefiere la 'sustitución total', una ingeniería financiera que huele a derroche mientras se ignora el mandato de siete ayuntamientos y la Diputación. Lo más sangrante es que el proyecto es viable, no requiere expropiaciones ni evaluaciones ambientales infinitas y costaría unos 25 millones de euros. Un chiste comparado con las inversiones faraónicas que suelen volar en Madrid. Ya se hizo en el ramal de Villadangos y funcionó. Pero parece que en León, la estrategia oficial del Gobierno socialista es el desprecio. Destruir infraestructura pública útil no es un error logístico; es un bofetón directo a la cara de Riego de la Vega y Valderrey, disfrazado de modernización ferroviaria.
Hay una coreografía muy estudiada en los pasillos del poder: primero sueltas la bomba, luego pides perdón con cara de circunstancias y, finalmente, te vas discretamente cuando el calendario electoral te dice que ya no eres útil. Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, acaba de completar el ciclo. Este domingo ha presentado su dimisión, aunque llamémoslo por su nombre: ha sido el clásico 'estás fuera de la lista', el equivalente político a que te quiten el mando de la tele en tu propia casa. Quedarse fuera de las listas del PSOE para el 29 de noviembre es la señal definitiva de que el tiempo de los experimentos ha terminado. Martín aterrizó en marzo de 2023 con el viento a favor, pero solo tardó tres meses en dinamitar su propia estabilidad. El 15 de junio de 2023, mientras desayunaba tranquilamente en el Nueva Economía Fórum, decidió que era el momento de soltar el zapato. En un despliegue de sinceridad brutal —o de suicidio táctico—, aseguró que EH Bildu y ERC, esos 'supuestos enemigos de España', habían hecho más por el país que los 'patrioteros de pulsera'. Una frase que en la calle suena a desafío de bar, pero que en la Delegación del Gobierno es como tirar un petardo en una gasolinera. El argumento era sencillo: los votos de Bildu salvaron vidas en la pandemia y subieron las pensiones. Para Martín, la derecha no remaba; solo llevaba pulseras. Claro que, cuando Isabel Díaz Ayuso y el PP empezaron a pedir su cabeza, el delegado recordó que no se había expresado 'adecuadamente' y pidió disculpas a EFE. Un parche rápido para un agujero enorme. Al final, el balance es un mandato corto, una polémica eterna y una salida forzosa porque, en política, la lealtad se paga con listas, y la suya ya no tiene espacio.
Estados Unidos ha decidido jugar al Monopoly con el mapa del Sáhara Occidental y, esta vez, quiere quedarse con todas las propiedades. En un movimiento que huele a pragmatismo frío, Washington ha lanzado un borrador al Consejo de Seguridad de la ONU donde básicamente dice que el plan de autonomía de Marruecos no es una opción, sino la única vía. Es como si en una comunidad de vecinos, el presidente decidiera que la única forma de arreglar el tejado es pagando la factura que él mismo ha redactado, sin dejar espacio a réplicas. La jugada es maestra en su cinismo: proponen rebautizar la Minurso. Quieren borrar la palabra 'Referéndum' del nombre de la misión para convertirla en Minuso (Misión para una Solución Política). Borrar la palabra es, en lenguaje diplomático, borrar el derecho a votar. Es el equivalente a cambiar el nombre de una cuenta de ahorro por 'fondo de esperanza' justo cuando el banco decide que no te va a devolver el dinero. El calendario aprieta. El 30 de octubre es la fecha límite para renovar el mandato, y EE.UU., que lleva la pluma de la resolución, sabe que solo necesita nueve votos y que ninguno de los cinco permanentes —Rusia, China, Francia, Reino Unido y ellos mismos— pulse el botón del veto. Mientras tanto, el Frente Polisario, a través de Sidi M. Omar, ha respondido con la única moneda que le queda: la amenaza de abandonar el proceso de paz. Desde 1991 esperamos un referéndum que tiene más polvo que un desván antiguo. Ahora, mientras António Guterres y Staffan de Mistura piden 'negociar de buena fe', Washington parece haber decidido que la 'buena fe' es aceptar que Rabat tiene la sartén por el mango. Una solución política que, para muchos, es simplemente un cambio de etiqueta para una realidad ya impuesta.
Hay quien dice que la soledad es un camino hacia la iluminación, pero en la política europea, quedarse solo suele ser el síntoma de un delirio caro. Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el último romántico de la electrificación forzosa, convirtiéndose en el único presidente de la UE que sigue insistiendo en enterrar los motores de combustión para 2035. Mientras el resto de Europa empieza a despertar de la hipnosis verde, Sánchez se empeña en mantener un calendario que, en la práctica, es como intentar correr un maratón con zapatos de plomo mientras China ya va en jet privado. El presidente español no se ha limitado a asentir en las cumbres; ha llegado a enviar dos cartas a Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, presionando para que el coche eléctrico sea la única ley. Es un gesto curioso, casi tierno, si no fuera porque esa postura le sirve en bandeja de plata a los intereses chinos, que llevan diez años sacándonos ventaja en el negocio de las baterías. Es como si el dueño de una panadería insistiera en prohibir el horno para que todos compren el pan congelado que importa el vecino de enfrente. La trama da un giro de guion digno de serie B en septiembre. Francia, que hasta entonces era el cómplice ideal de Sánchez, ha soltado la mano del presidente español para abrazar la tesis de Alemania. El eje franco-alemán ha comprendido que prohibir los híbridos y los combustibles renovables —que ya bajan el CO2 un 90%— es un suicidio industrial. Ahora, mientras Bruselas prepara la marcha atrás oficial, España se queda en el rincón, defendiendo un 'error histórico' que pone en jaque a nuestras propias fábricas de automoción, que necesitan tiempo y oxígeno, no decretos apresurados que favorecen al gigante asiático.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el sueldo le dure hasta el día veinte, en la industria automotriz alemana se está montando un banquete de despedidas que haría palidecer a cualquier heredero. No es un recorte, es una purga con alfombra roja. Volkswagen, BMW y Mercedes están en modo pánico por una crisis histórica, pero para algunos el 'adiós' tiene sabor a champagne. Estamos hablando de un agujero de personal de entre 100.000 y 200.000 trabajadores que el sector necesita dinamitar para no hundirse. La ingeniería financiera del despido es fascinante. BMW lanzó un plan de bajas tan jugoso que tuvieron que borrarlo de su web en tiempo récord; básicamente, se les echó encima la plantilla queriendo cobrar el premio. Se filtró que algunas indemnizaciones rozan los 700.000 euros. Para ponerlo en perspectiva, es como si te dieran el precio de tres pisos medianos solo por dejar de fichar la entrada. Mercedes no se queda atrás con sus 500.000 euros, y Volkswagen, que es el que tiene la sangría más gorda con unos 100.000 despidos previstos, ofrece unos 400.000 euros. Un 'sablazo' a la inversa que convierte el desempleo en un deporte de lujo. El sigilo es la norma. Estas firmas están gestionando la salida de miles de personas con la discreción de un casino clandestino, esperando que la recuperación llegue en 2028. Mientras tanto, el efecto dominó alcanza a los proveedores como Bosch, Mahle o ZF, que también están redimensionando sus plantillas. Al final, la reconversión laboral alemana es un espectáculo surrealista: una industria que se desangra, pero que paga el billete de salida con cheques que parecen números de teléfono.
Hacer cuentas con el dinero público es como mirar el extracto del banco después de un fin de semana de desenfreno: da vértigo. El Ministerio de Igualdad, ahora bajo el mando de Ana Redondo, se mueve en la liga de los 500 millones de euros anuales. Para que nos entendamos, es como si el Estado decidiera pagarle la hipoteca a medio barrio durante décadas sin pestañear. Aunque la cifra ha bajado desde los 573 millones que manejaba Irene Montero en 2023, el presupuesto para 2026 se planta en 511,5 millones, mientras que en 2025 se gastaron 482,3 millones, rozando el 96% de ejecución. La narrativa oficial es que el dinero 'vuela' hacia las comunidades autónomas (un 74% del total), principalmente para el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que se lleva 320 millones. Es la partida sagrada. De ahí, 160 millones van directos a programas de lucha contra la violencia machista y otros 179,8 millones se reparten según los criterios de la Comisión Sectorial. Incluso hay 17 millones de fondos europeos para centros de crisis 24 horas. Luego llega la 'Igualdad de oportunidades', un saco de 232 millones para cerrar brechas laborales. Aquí destaca el Plan Corresponsables con 142,5 millones, que busca que los padres también cambien pañales. Pero donde la ironía se vuelve espesa es en el 3% restante. 14,5 millones se van en anuncios y campañas, como el vídeo de Paco León ('Por huevos'), que costó 1,6 millones de euros. Mientras tanto, la burocracia interna consume 17 millones, y la cúpula directiva se lleva un millón anual en sueldos. Ana Redondo cobra 89.275,52 euros, pero sus secretarios y directores generales superan los 100.000 euros, llegando hasta los 130.473,83 euros de la Secretaria de Estado. Una arquitectura financiera donde la sensibilidad social convive con sueldos de alta gama.
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Rosa Muñoz