Crítica:
El texto original es demasiado optimista con la capacidad de las Naciones Unidas para prohibir algo que ya se usa. Ignora que el 'bien común' en tecnología suele ser el que mejor pague la licencia.
El texto original es demasiado optimista con la capacidad de las Naciones Unidas para prohibir algo que ya se usa. Ignora que el 'bien común' en tecnología suele ser el que mejor pague la licencia.
Hay una forma muy elegante de decir 'te estoy espiando' y es llamarlo 'conciencia situacional'. Así es como la Guardia Costera de EE. UU. ha decidido decorar los cinco Grandes Lagos: soltando juguetes autónomos de la empresa Saildrone que, según el alcalde de Sarnia, Mike Bradley, parecen recién aterrizados de Marte. El despliegue, activo desde mayo, no es un experimento escolar, sino que viene blindado por un presupuesto de 15,5 millones de dólares rescatados de la 'One Big, Beautiful Bill Act' aprobada en julio de 2025. Un sablazo considerable para poner cámaras de 360 grados a vigilar el río St Claire y las aguas que separan a dos vecinos que, supuestamente, se llevan bien. La hipocresía es el plato fuerte. Mientras Washington insiste en que los drones están ahí para la 'conciencia' y no para la 'vigilancia', Bradley se pregunta si el gobierno canadiense siquiera sabía que el vecino del sur había decidido instalarle cámaras de seguridad en el jardín. Es el equivalente geopolítico a que tu vecino ponga un dron sobre tu piscina y te diga que solo está 'observando el clima'. El contraste es brutal: pasamos de una cooperación histórica entre guardacostas a un silencio sepulcral. En el río St Claire, el lago Huron y el lago Erie, miles de navegantes ahora son el casting involuntario de un reality show estadounidense. En un contexto de relaciones deterioradas, la confianza brilla por su ausencia. Al final, 15,5 millones de dólares han servido para comprar tecnología punta y, de paso, regalarle a Canadá una dosis generosa de paranoia tecnológica.
En el derecho, como en la vida, hay que tener cuidado con quién se hace el amigo, y más si es para pedir un favor al juez. Un grupo de nacionalizados decidió jugar al póker con el Tribunal Supremo para levantar las cautelares que les impedían votar, pero cometieron el error de novato: entregaron sus papeles en bandeja de plata. Ahora, Vox ha cogido esos expedientes y los ha usado como un manual de instrucciones para ampliar el bloqueo. Es el clásico caso de querer abrir la puerta de casa y acabar dándole la llave al vecino que te cae mal. La jugada es quirúrgica. Vox ha detectado que hay hijos que se pusieron el pasaporte antes que los padres. Por ejemplo, Martha Alexandra Cabrera Martínez firmó el 27 de agosto de 2024, pero su padre no fue inscrito hasta febrero de 2025. O el caso de Franco Nogueira Cabrera, que optó el 28 de agosto mientras su madre esperaba hasta octubre de 2025. Es como intentar cobrar un cheque antes de que el banco haya aprobado el préstamo del avalista. Una ingeniería administrativa que, según Vox, es fruto de las circulares de Sofía Puente. Para rematar el cuadro, los datos son un sablazo a la realidad: de 145.580 registros con el campo «Exilio_Acreditado», solo 901 tienen el 'sí'. El 99,38% está en el limbo, sin prueba del exilio. Iustitia Europa, por su parte, no se anda con rodeos y pide que los 189.678 inscritos del Anexo III pasen por el mismo escáner de seguridad que el primer eslabón. Mientras despachos como ILOCAD o Gowper Abogados intentaban salvar los muebles, han terminado de construir la valla que ahora los encierra. El ponente Antonio Narváez tiene ahora la pelota en su tejado: decidir si el bloqueo es general o si se hace un cribado selectivo antes del 20 de noviembre.
A veces, el ego político no cabe en la Tierra y necesita subir a la órbita baja para sentirse importante. Entre el 15 y el 19 de octubre, el satélite ruso Kosmos 2612 decidió jugar al 'pegamento' con el ICEYE-X36, una nave comercial estadounidense que, básicamente, es el ojo que no parpadea de Ucrania. No fue un encuentro casual ni un saludo cordial; fue un acercamiento no consensuado que, según Marco Langbroek, llegó a reducirse a unos pocos metros. Imagínense el despliegue: gastar combustible —que en el espacio es como gastar oro líquido— solo para respirarle en la nuca a un satélite privado. Para los que no hablen 'espacial', el ICEYE-X36 usa radar de apertura sintética (SAR), lo que significa que ve a través de las nubes y en plena noche, ideal para que el Ministerio de Defensa de Ucrania sepa dónde están las tropas rusas sin tener que esperar a que salga el sol. Rusia, que ya tiene el hábito de acosar hardware ajeno (como hizo el Kosmos 2543 con el USA 245 en enero de 2020, o el Kosmos 2558 con el USA 326 en agosto de 2022), ha decidido que ahora también quiere molestar a las empresas privadas. Victoria Samson, de la Secure World Foundation, lo traduce al lenguaje humano: los rusos están frustrados. En tierra, los drones ucranianos les están dando una lección de humildad, así que han subido al espacio para recordar que, en el tablero de los satélites, ellos siguen teniendo el mando. Es la versión orbital de 'en mi casa mando yo', una demostración de fuerza para compensar el estancamiento militar de los últimos seis meses. Mientras tanto, la Space Force se queda callada y nos enteramos de estas 'travesuras' por civiles que miran datos públicos. Una transparencia que da risa.
Hay un momento exacto en que el público se da cuenta de que el televisor no es una ventana, sino un escaparate. Fox News acaba de descubrirlo a la mala. En un giro digno de una comedia de errores, la cadena decidió jugar a ser el departamento de marketing de los centros de datos, disparando su cobertura positiva en un ridículo 420% en solo dos meses. Todo empezó el 18 de agosto, cuando el Comité Nacional Republicano Senatorial soltó un memo interno advirtiendo que el odio popular hacia estas moles de cemento y servidores podía dinamitar las elecciones de mitad de término. Fox, siempre diligente con el poder, se puso la camiseta corporativa. Entre el 19 de agosto y el 2 de septiembre, soltaron 203 argumentos a favor de los centros de datos, comparados con los humildes 39 de las dos semanas previas. El guion era el de siempre: culpar a 'activistas de extrema izquierda' o a propaganda china. Una receta que suele funcionar, pero que esta vez supo a ceniza. El espectador medio, que ya lucha contra la inflación en el supermercado, no compró la idea de que unos servidores gigantes son el camino a la salvación. El resultado es un sablazo en la audiencia que haría temblar a cualquier CEO. Según Nielsen, la audiencia de octubre se desplomó un 27%, dejando un promedio de 1,1 millones de espectadores. Pero el verdadero golpe está en el segmento de 24 a 54 años, que cayó un 24%. En lenguaje llano: la gente está apagando la tele porque se cansaron de que les vendan intereses corporativos disfrazados de valores conservadores. Mientras la red intentaba salvar la narrativa de la IA, se olvidaron de que su audiencia no es un algoritmo, sino gente que huele la hipocresía a kilómetros.
Cuando el AVE y un convoy de Iryo se dieron un beso fatal en Urda (Toledo) el pasado 28 de octubre, dejando un saldo desgarrador de 69 víctimas mortales, la realidad no fue lo suficientemente rápida para algunos. Antes de que Adif terminara de digerir el 'alcance entre dos trenes', en X ya se había cocinado un menú de conspiraciones con sabor a geopolítica. Mientras las familias esperaban respuestas, un ejército de cuentas anónimas decidió que el culpable no era un fallo técnico, sino un sabotaje israelí. Una jugada maestra de manual: cuando el barco se hunde, busca un villano extranjero para que nadie mire el timón. La ingeniería del rumor fue quirúrgica. Cuentas con 800 seguidores lograban 3.000 retuits, una eficiencia que haría palidecer a cualquier campaña de marketing. El relato saltó incluso a TVE, donde José Miguel Villarroya y Marc Biarnés soltaron sus dudas sobre los sistemas de seguridad y los beneficios ocultos. Para Carlos Elías, catedrático de la Carlos III, esto es simple: poner un villano es como escribir una novela barata; vuelas. Se agarraron a la caída del sistema LZB como quien se agarra a un ticket del súper para demostrar que le han timado en la caja. Los datos de Miguel del Fresno son el frío baño de realidad: 214.000 publicaciones y 100.000 autores en 48 horas, con X como el sistema nervioso de esta histeria. Lo más curioso es el rastro de 'semibots' defendiendo al Gobierno, una táctica ya vista con Mazón y la Dana. Al final, la tragedia se convirtió en una pelea de barro donde la derecha sacaba el recuerdo de Adamuz y la izquierda el de la Dana. Óscar Puente se convirtió en el blanco predilecto de unos, mientras otros preferían culpar a Netanyahu. En España, hasta el duelo se disputa en un hilo de X.
Hay una diferencia abismal entre gestionar la nacionalidad de un país y organizar una verbena de pueblo sin presupuesto. El caso es que, en el Ministerio de Justicia, parece que la segunda opción fue la elegida. María del Mar López Álvarez, ex subdirectora general de Nacionalidad y Estado Civil, se ha presentado ante la Audiencia Nacional el pasado miércoles para intentar explicar lo inexplicable. El escenario: el caso de las 'cloacas del PSOE' y la nacionalidad 'express' concedida a Nervis Villalobos, ex viceministro de Venezuela. La trama es digna de una comedia de enredos burocráticos. Resulta que el juez Santiago Pedraz ya ha imputado a Villalobos por sospechas de haber falseado papeles. Mientras el ciudadano medio pelea tres meses para renovar el DNI, Villalobos surfeó una instrucción firmada por Sofía Puente, ex directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, que convirtió la 'ley de nietos' en un buffet libre de nacionalidades para no exiliados. Lo más delirante llegó en el interrogatorio de la Fiscalía Anticorrupción. A López Álvarez le preguntaron si el pasaporte del abuelo era obligatorio. Primero dijo que sí, luego dudó si en algún consulado se pasaría por alto y terminó admitiendo que lo que realmente hacía falta era el certificado de nacimiento. Es el equivalente administrativo a pedirte el carnet de conducir para comprar el pan y, cuando te quejas, decirte que en realidad bastaba con una foto de tu perro. Esta improvisación, que huele a presión política según los apuntes de Leire Díez, ha dejado un rastro de irregularidades tan evidente que el Tribunal Supremo ha tenido que suspender cautelarmente el voto de quienes aprovecharon este 'agujero legal'. Al final, la ley de nietos terminó siendo una ley de 'quien tenga el contacto adecuado'.
En el tablero político, hay jugadas que huelen a cerrado. Xavier García Albiol, el alcalde de Badalona y cabeza de lista del PP por Barcelona, ha decidido plantar a TVE con una contundencia que ya quisieran algunos para pagar las hipotecas. El motivo es un debate electoral, programado para el lunes 2 de noviembre, que la cadena pública ha decidido mover de sitio como quien mueve un mueble para tapar una mancha en la pared. La excusa oficial es el luto por el accidente ferroviario de Urda, ocurrido el pasado miércoles y que ha dejado decenas de víctimas. Pero aquí es donde la cosa se pone surrealista. El luto oficial terminó el sábado a las 23:59 horas. Es decir, que el lunes el calendario estaba limpio. Sin embargo, según Albiol, la representante del Partido Socialista soltó una perla digna de manual de autoayuda: que, aunque el luto oficial había expirado, persistía un 'luto psicológico'. Traducido al lenguaje de la calle: nos están vendiendo un 'estamos tristes' para evitar que el PSOE se enfrente al fuego cruzado en un momento donde la gestión de la tragedia ferroviaria quema. Es la clásica maniobra de ganar tiempo, como cuando el niño dice que no ha terminado los deberes porque 'estaba reflexionando sobre la materia'. Mientras laSexta movió su encuentro del 2 al 10 de noviembre con transparencia, Albiol ve en TVE el departamento de comunicación del PSC-PSOE. Con las elecciones generales del 29 de noviembre pisando los talones, Albiol ha puesto el límite. No piensa legitimar que la televisión pública actúe al dictado electoral. Si cambian la fecha, él no va. Sencillo. No quiere ser el actor secundario de un guion escrito en Moncloa para evitar que la sociedad catalana y española pregunte lo que tiene que preguntar mientras la herida de Urda sigue abierta.
Comentarios