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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, orquestó una reforma de los estatutos del PSOE para permitir la candidatura de Miguel Ángel Gallardo, imputado en un caso judicial. La reforma elimina la suspensión automática de afiliación para personas incursas en procesos penales. Gallardo comenzará su campaña electoral el 19 de noviembre en Mérida pese a estar imputado. El cambio en los estatutos se produjo después de que la jueza Beatriz Biedma citara a declarar a Gallardo y al hermano de Sánchez, David, en julio. La nueva normativa establece que la resolución se tomará mediante la decisión de los órganos competentes, con medidas que podrán llegar hasta la expulsión, pero no obliga a la persona a dimitir. El 41º Congreso Federal del PSOE se celebró en Sevilla entre noviembre y diciembre. La reforma afecta al artículo 5.9 del Código Ético, que regula la apertura de un juicio oral. Gallardo sigue afiliado al PSOE y cuenta con el apoyo de Sánchez.
El Tribunal Supremo ha fallado a favor de Hazte Oír en su campaña contra Pedro Sánchez y Begoña Gómez, considerando que está amparada en la libertad de expresión. El PSOE intentó frenar la campaña sin éxito. El Tribunal Supremo impuso hasta 4.000 euros a los socialistas. La campaña comenzó el 15 de noviembre de 2023 y se centró en denunciar casos de corrupción política relacionados con Pedro Sánchez y su esposa, imputada en un proceso penal. Los magistrados consideraron que las acciones de Hazte Oír eran legítimas y no constituían una campaña electoral encubierta. El Tribunal destacó que no había pruebas de que las expresiones utilizadas fueran injuriosas o calumniosas. La sentencia se produjo tras agotar las vías administrativas ante la Junta Electoral Provincial de Madrid y la Junta Electoral Central. El caso está relacionado con otros asuntos como el 'caso Koldo' y 'el hermano del presidente'.
La fiscal jefa provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, declaró ante el Tribunal Supremo el 30 de enero que 571 personas tuvieron acceso al expediente de Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, investigado por fraude fiscal. Rodríguez negó haber filtrado el expediente y destacó que 60 personas también tuvieron acceso al correo de su abogado. Fiscalistas están alarmados por la falta de control en el acceso a datos sensibles. La Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) no se ha pronunciado. El fiscal delegado de protección de datos, Agustín Hidalgo, respaldó el borrado de mensajes y correos. La filtración ocurrió después de que el expediente llegara a la Fiscalía. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue querellada por revelar información sobre González Amador en el Senado, pero la querella fue desestimada el 22 de octubre de 2024.
El Gobierno de Pedro Sánchez rechaza aplicar la enmienda aprobada en el Congreso que obliga a Renfe a indemnizar a viajeros por retrasos superiores a 15 minutos. Desde julio, Renfe solo compensa retrasos superiores a 60 minutos. El Ministerio de Transportes, dirigido por Óscar Puente, busca fórmulas para evitar el cumplimiento de la enmienda. Renfe ha ahorrado más de 70 millones de euros en los últimos meses gracias a la norma actual. El Partido Popular ha criticado duramente la decisión del Gobierno, prometiendo que los viajeros cobrarán indemnizaciones. La enmienda contradice la ley aprobada antes del verano, lo que podría generar un nuevo enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo. El PP logró también aprobar una enmienda para mantener las paradas de autobús en zonas rurales.
La Guardia Civil denuncia la impunidad de los traficantes de droga en el Campo de Gibraltar tras aparecer una narcolancha varada en la playa de la Victoria en Cádiz. La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) atribuye esta situación a 'la parálisis del Gobierno y la indefensión de los agentes'. La AUGC critica la falta de acción del Gobierno y la parálisis en la reforma del Código Penal que busca tipificar y castigar la logística del narcotráfico. También denuncia el voto en contra del PSOE en el Parlamento Europeo a una propuesta para reforzar la protección de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La AUGC exige la catalogación de la provincia como Zona de Especial Singularidad (ZES) para reforzar los medios y la protección de los agentes. La asociación subraya que la falta de reconocimiento del riesgo inherente al servicio en la Guardia Civil y la Policía Nacional se traduce en mayores carencias en materia de prevención y apoyo psicológico. La AUGC espera que otras formaciones políticas fuercen al Gobierno a reconocer la profesión de riesgo y establecer un marco regulatorio adecuado. El suceso ocurre en un contexto de incremento de agresiones a agentes en los últimos años.
El hombre que destruyó documentos en el Ayuntamiento de Camas es hermano de Rocío Míguez, ex asesora del alcalde socialista Víctor Manuel Ávila, y simpatizante confeso del PSOE. El vídeo muestra a varias personas destruyendo documentos municipales mientras bromeaban sobre 'no dejar nada' cuando el PP llegara a gobernar. El Ayuntamiento de Camas, gobernado por el PSOE, despidió a Rocío Míguez inmediatamente después de la publicación del vídeo. El alcalde, Víctor Manuel Ávila, intentó desviar la atención sugiriendo que el hombre podría ser del PP, lo cual fue desmentido por fuentes municipales. El PP y Vox han denunciado la gravedad del hecho y exigido explicaciones. La localidad de Camas tiene 28.000 habitantes. El vídeo fue grabado en dependencias del Consistorio y muestra a los implicados introduciendo papeles en una trituradora. La oposición considera insuficiente la versión oficial de que Rocío Míguez fue despedida por permitir el acceso de personas ajenas a las dependencias municipales. El caso ha generado un terremoto político en el Ayuntamiento de Camas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está registrando las sedes de Acciona en Madrid y Bilbao por su presunta implicación en el caso Koldo. La investigación se centra en el papel de Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en el presunto cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones públicas. Acciona aparece en 200 ocasiones en el informe de la UCO que provocó la dimisión de Cerdán. La constructora habría pagado más de seis millones de euros a Servinabar, empresa vinculada a Joseba Antxón Alonso, y este habría transferido dinero a las cooperativas Noran y Erkolan, presuntamente utilizadas por Cerdán para diluir el rastro de los sobornos. Noran recibió al menos 732.000 euros y Erkolan 258.000 euros. La UCO considera que Cerdán habría utilizado estas cooperativas para recibir pagos de Acciona a cambio de adjudicaciones públicas. El registro también incluye un requerimiento de información a la sede de Sevilla. La investigación apunta a una posible relación entre Acciona y el 'cupo vasco' de Santos Cerdán, relacionado con el contrato del túnel de Belate.
Una asesora del alcalde de Camas (Sevilla) del PSOE fue destituida tras aparecer en un vídeo destruyendo documentos municipales junto a otras tres personas. El alcalde, Víctor Ávila, justificó el cese por permitir la entrada de personas ajenas al edificio municipal. El vídeo muestra a los presentes riendo y comentando: 'Cuando entre el PP no se va a encontrar nada'. El alcalde calificó la frase de 'inaceptable' y defendió la 'contundente reacción' de cesar a la asesora. Los documentos destruidos eran 'simples carpetas de apoyo para bodas civiles, ya digitalizadas y ya remitidas al juzgado de paz'. La oposición, liderada por el PP, cuestionó esta versión, acusando de 'manipulación de documentos internos'. La portavoz del PP, Manuela Reina, calificó el episodio de 'situación de extrema gravedad e inconcebible'. El pleno extraordinario celebrado aprobó por unanimidad la creación de una comisión especial de investigación. El alcalde Víctor Ávila es del PSOE y el ayuntamiento de Camas está en Sevilla. El hecho ocurrió el 13 de noviembre de 2025.
Cruz Roja recibe 208 euros por cada inmigrante inscrito en su registro a través del Programa de Asistencia Humanitaria del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Los traslados y kits de aseo se cobran aparte, con un coste de 800.000 euros para estos últimos. La gestión de menores tutelados se delega en Fundaciones y ONG, con costes diarios que varían entre 90 euros en Canarias y 178 euros en Madrid. La falta de transparencia en los contratos de emergencia genera preocupación. Organizaciones como ACCEM y Cruz Roja tienen contratos otorgados por emergencia sin concurso público ni control. Casos de corrupción y malas prácticas han sido denunciados en varias comunidades autónomas, como Cataluña, Baleares y Canarias. En Cataluña, la DGAIA gestionó más de 300 millones de euros a través de 10 fundaciones operadas por solo 12 personas. En Canarias, la Asociación Quorum Social 77 ha recibido más de 150.000 euros en subvenciones desde 2023 y ha sido denunciada por dar tabaco a menores y hacer pasar a adultos por menores. La falta de control y transparencia en la gestión de estos centros genera graves problemas sociales y de seguridad.
José Luis Ansón, expresidente de la comarca aragonesa de Campo de Cariñena y expulsado del PSOE, declaró en juicio que Pilar Alegría le ofreció 60.000 € para retirar una denuncia contra Félix Bolaños en 2021. Ansón afirmó que Alegría le propuso dejar el partido, retirar las denuncias de compañeros socialistas y le ofreció un trabajo en Navarra. El PSOE abrió un expediente para expulsar a Ansón en 2021, resolución certificada por Bolaños dos meses después. Ansón denunció a Bolaños por presunta falsedad documental al certificar su expulsión sin considerar su recurso. El presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, criticó que el PP insista en el caso de Lucio Cucalón, pese a que el PP incluyó en sus listas a personas con antecedentes como José Luis Ansón, condenado por coacción, y José Gracia, alcalde de Monterde, acusado de inmatricular propiedades de vecinos. El caso evidencia posibles irregularidades en la gestión interna del PSOE y su trato a expartidarios.
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Margarita Caballero