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Gestionar el traslado de miles de personas con un puñado de agentes es como intentar frenar un tsunami con un paraguas roto. Así empezó la jornada en Ceuta a las 6:30 horas, cuando la Guardia Civil intentó agrupar a los migrantes del Trampolín. El resultado fue una carrera desenfrenada hacia la playa de Benítez y luego hacia la zona industrial, una marea humana que dejó en evidencia la aritmética creativa del Ministerio del Interior. Mientras el ciudadano medio se pelea por un hueco en el parking del súper un sábado por la mañana, aquí el caos era estructural. El Ministerio, bajo el mando de Fernando Grande-Marlaska, juega al bingo con los efectivos. Las fuentes sobre el terreno hablan de 70 policías de las Unidades de Intervención Policial intentando contener el desbordamiento. Pero claro, en el despacho oficial la cifra sube mágicamente a 170, porque el Gobierno ha decidido que un dron cuenta como un agente. Es una ingeniería contable fascinante: sumar aparatos voladores para maquillar la falta de botas en el suelo. La tensión escaló con cargas policiales antes de que el acceso al Muelle de Poniente se ordenara a las 9:30 horas, donde la bienvenida consistió en una pulsera azul, agua y zumos, mientras los operarios seguían montando las literas en tiempo real. Una improvisación de manual. El sindicato Jupol no se ha callado, denunciando que los agentes han tenido que 'poner el cuerpo' para parchear la falta de planificación. Al final, el guion es siempre el mismo: el Gobierno decide el 'qué' y el 'cuándo', pero el 'cómo' se lo dejan a la suerte y a la integridad física de unos policías que se sienten carne de cañón en un operativo diseñado sobre una servilleta.
Hay peleas familiares que se heredan y rencores políticos que envejecen peor que la leche abierta en agosto. Lo que empezó como un análisis sobre la gestión de la crisis migratoria en Ceuta ha terminado convirtiéndose en un patio de colegio con ministros de por medio. Eduardo Madina, que ahora hace de tertuliano profesional, soltó en 'Hora 25' que la actuación del Gobierno es un 'brutal hundimiento' y que no hay ni un solo paso que se entienda. Básicamente, dice que el Ejecutivo ha gestionado la crisis como quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua y mucha confusión. Pero claro, en el manual de respuestas del PSOE actual, cuando no tienes argumentos para defender la gestión, sacas la artillería del ego. Óscar Puente, ministro de Transportes, decidió que era el momento ideal para recordar que en las primarias de 2014 Pedro Sánchez le dio a Madina un 'baño' monumental. En lugar de explicar por qué Ceuta es un caos, Puente se fue a X (la red social que ahora es el confesionario de los políticos) para soltar que el rencor es un veneno y que Madina está 'para lo que ha quedado'. Es fascinante. Tenemos una crisis humanitaria y administrativa en una ciudad autónoma, pero el ministro prefiere hacer un balance de daños de hace diez años. Mientras Madina intenta salvar los muebles desvinculando sus críticas del PSOE y apuntando al Gobierno de coalición, Puente prefiere el camino corto: el ataque personal. Es la clásica maniobra de quien, al verse acorralado por los datos, decide que es más rentable hablar de quién ganó una elección interna que de cuánta gente está cruzando la frontera sin un plan coherente. Una gestión de Estado convertida en un ajuste de cuentas de bar.
Marruecos ha decidido montar un espectáculo de luces, sirenas y botas lustradas en la frontera con Ceuta. Este jueves, el reino alauita activó un despliegue de fuerzas que parece más una coreografía ensayada para Instagram que una respuesta a una amenaza real. Hubo cierres temporales en Bab Sebta —apenas media hora, lo que tarda uno en hacer una cola decente en el supermercado— y ejercicios coordinados que los medios locales se encargaron de grabar en alta definición. ¿El motivo? Unos rumores en redes sociales que apuntaban al 20 de septiembre como la fecha para un nuevo intento de entrada en masa. Lo curioso es que, mientras los drones y helicópteros de la Guardia Civil sobrevolaban la zona sin ver ni un alma sospechosa, Marruecos decidió que era el momento perfecto para demostrar que saben cerrar una puerta. Es la clásica maniobra de quien quiere lucirse antes de que lleguen las elecciones marroquíes el día 23: un despliegue de músculo preventivo para decir que tienen el control, aunque en los montes no hubiera ni un gato. Este teatro ocurre mientras, por la puerta del Tarajal, se registran más retornos voluntarios de aquellos que cruzaron en la avalancha de finales de julio. Es un ciclo fascinante: primero se permite la presión, luego se presume de control y finalmente se gestiona la vuelta a casa. El dispositivo recuerda al del 15 de agosto, pero con una diferencia fundamental: esta vez el objetivo no era detener a nadie, sino enviar un mensaje político envuelto en uniforme. Al final, la valla sigue ahí, los rumores flotan en el aire y el tablero geopolítico sigue jugando al gato y al ratón con la desesperación ajena.
Hay una coreografía muy precisa en la política actual: primero ignoras el incendio mientras te bronceas en La Mareta y luego apareces con el despliegue de un desembarco militar para decir que sientes el 'dolor'. Pedro Sánchez aterrizó en Huelva el 17 de septiembre, un mes después de que el fuego de Niebla, declarado el 6 de agosto, dejara un agujero de 33.000 hectáreas calcinadas en 11 municipios. Para el presidente, el clima es una 'emergencia'; para el vecino de Bonares, la emergencia fue no poder comerse un plato de carne a la brasa en el Bar Adelin. El montaje fue de manual. Mientras el mandatario se sentaba a mesa cerrada con la cúpula del PSOE local, la seguridad de Moncloa blindó el local como si estuvieran custodiando el Santo Grial. Diez vehículos oficiales y un muro de escoltas convirtieron la avenida Nuestra Señora del Rocío en una zona restringida. Lo más cínico es que el bloqueo empezó antes de que el coche presidencial arrancara: quien intentaba reservar mesa entre las 13:45 y las 14:30 recibía un 'no' rotundo, sin explicaciones, como si el establecimiento hubiera decidido cerrar por duelo nacional o fuera lunes. Sánchez, que ya estuvo en la zona el 6 de marzo por la tragedia de Adamuz (donde murieron 46 personas), decidió que la mejor forma de conectar con el 'sufrimiento' era comer a puerta cerrada antes de ir a Niebla. Acompañado por Sara Aagesen y Pedro Fernández, el presidente saltó del fuego a la inversión, vinculando las cenizas con la planta de hidrógeno verde de Onuba. Una transición narrativa brillante: pasar del dolor de los desalojados a la 'esperanza' del empleo industrial en un solo párrafo, mientras el ciudadano de a pie se quedaba fuera del bar mirando cómo pasaba la comitiva.
Hay una forma muy elegante de decir 'me da igual lo que pase en la frontera' y es seguir soltando billetes para un proyecto que parece sacado de una novela de ciencia ficción optimista. Mientras la Audiencia Nacional intenta descifrar el caos de las entradas masivas en Ceuta los días 30 y 31 de julio, en Moncloa el calendario marca una prioridad distinta: analizar piedras. Sí, piedras. El pasado 3 de septiembre, SECEGSA —esa joya adscrita al ministerio de Óscar Puente— aprobó un contrato de 132.200 euros (que con el IVA sube a 159.962 euros) para que la Universidad de Salamanca juegue a ser geóloga durante ocho meses. El objetivo es estudiar si las 'esmectitas' (unas arcillas que se hinchan como el ego de un político en campaña) pondrán problemas a la tuneladora. Lo fascinante no es el gasto puntual, sino la escala del 'sablazo' presupuestario. Hemos pasado de unos modestos 50.000 euros anuales a una lluvia de más de 9,61 millones desde 2022, justo cuando Pedro Sánchez decidió que el Sáhara Occidental era un tema secundario frente a la amistad con Rabat. Solo en 2026, el general José Luis Goberna Caride ha gestionado otros 1,73 millones para mantener la maquinaria aceitada. Todo esto mientras el coste final de la parte española se estima en unos delirantes 8.500 millones de euros. La hoja de ruta es un ejercicio de fe: una galería de reconocimiento, trenes de alta velocidad que conecten África con Europa y una terminal en Vejer de la Frontera para el año 2035 o 2040. Es el clásico movimiento de magia gubernamental: mientras el ciudadano se pregunta cómo se gestiona una crisis migratoria en tiempo real, el Estado prefiere invertir en un sueño de hormigón y acero que, si todo sale bien, nos permitirá llegar a Marruecos en tren antes de que termine la década de los 30.
Hay una coreografía muy ensayada en la política actual: el discurso del feminismo institucional, ese que se vende en packs de conveniencia y se luce en los congresos. Pero cuando el telón cae y llegamos al Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, la puesta en escena se vuelve surrealista. Manuel Ángel Garrido, concejal del PSOE, decidió que la mejor forma de fiscalizar la gestión de Saray González no era analizando presupuestos o planes urbanísticos, sino auditando su útero y su vida sentimental. Garrido, en un despliegue de audacia que haría palidecer a cualquier inquisidor, sugirió que la maternidad de González es incompatible con el cargo público. Según su lógica, quien tiene un recién nacido tiene la cabeza 'en el niño, no en el Ayuntamiento'. Es el típico razonamiento de quien cree que ser madre es como pedir una baja indefinida de la inteligencia. Para rematar el cuadro, soltó que existe una 'erótica del poder', insinuando que ampliar la familia es un capricho vinculado a la posición política, mientras mencionaba a su pareja, Borja Pérez Sicilia, alcalde de Breña Baja. Es como si, para criticar una carretera mal asfaltada, decidieras analizar la marca de los pañales del concejal. Lo más delirante es el contraste. Mientras el PSOE predica la conciliación como si fuera el Santo Grial, Garrido invita a la concejala a dejar su puesto si quiere ser madre. Una invitación que choca con la realidad: Saray González no ha faltado a un solo pleno municipal durante su baja por maternidad. El dato es un bofetón de realidad frente a la suposición machista. Y mientras ocurría este linchamiento verbal, las risas cómplices de otras concejalas de la izquierda confirmaban que la sororidad tiene un precio: el color del carné del partido. Si eres de los nuestros, eres empoderada; si eres del PP, eres una madre que estorba.
Hay una diferencia abismal entre que te avisen de que alguien quiere saltarse la valla y que te digan que preparen los fusiles porque viene un asalto masivo. Pedro Sánchez ha jugado al juego del 'tintero', tachando párrafos enteros de una nota militar del 27 de julio como quien borra un error en la libreta de gastos para que no se note el agujero. El Gobierno desclasificó el documento, sí, pero solo la parte donde se habla de 'migración irregular', esa palabra tan cómoda que suena a trámite administrativo y no a crisis de seguridad. La realidad, la que estaba tapada con el corrector blanco, es mucho más cruda. La nota era tajante: había llamadas generalizadas para una entrada masiva en Ceuta coincidiendo con la festividad del día del Trono el 30 de julio. No era una sugerencia; era una alerta de asalto. El Ejército fue tan claro que ordenó que nadie abandonase su puesto, ni siquiera los que terminaban el servicio. Estaban en modo 'trinchera', esperando la señal. Aquí es donde la ingeniería política de Moncloa se vuelve surrealista. Mientras el Ejército ya tenía los zapatos lustrados y la guardia alta el día 27, Sánchez, junto a Fernando Grande-Marlaska y el delegado Miguel Ángel Pérez, decidieron que no hacía falta activar el Estado de emergencia. Es como si el detector de incendios gritara que la casa arde y el dueño decidiera que no es momento de llamar a los bomberos para no asustar a los vecinos. El documento llegó al CNI y se envió a Marruecos el 29 de julio, fecha en la que el Gobierno lo clasificó. Para ponerle el sello de 'secreto', primero hay que leerlo. Sabían que el asalto era probable y, aun así, prefirieron el silencio administrativo al respaldo constitucional. Una gestión de la seguridad nacional que parece más una partida de póker con cartas marcadas que un ejercicio de Estado.
En la gestión pública existe una regla no escrita: el que mucho habla, mucho camina... generalmente hacia el despacho de Recursos Humanos. En Ceuta, parece que han llevado el 'silencio administrativo' a un nivel casi quirúrgico. Mientras el ciudadano espera una cita médica con la paciencia de un santo, en las oficinas del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) se dedicaban, presuntamente, a gestionar el miedo. No es que falten gasas o personal —que según los médicos, faltan—, es que parece que lo que más abunda es la creatividad para callar bocas. La magistrada María Victoria Rodríguez Caro, titular de la Plaza número 2 de la Sección Civil y de Instrucción, ha decidido que esto ya no es un simple 'malentendido de oficina' y ha abierto una investigación por coacciones el pasado 16 de septiembre. El detonante: una denuncia de Miguel Bernad, secretario general de Manos Limpias, que describe un ecosistema donde criticar la falta de recursos no te lleva a una solución, sino a la amenaza de un expediente disciplinario. Es la clásica técnica del 'tú callas y yo no te sanciono', una especie de chantaje institucional que hace que el código deontológico parezca una sugerencia opcional. En el centro del tablero están Jesús Lopera Flores, director territorial del INGESA, y Mohamedi Abdelkader Maanan, director médico de Atención Especializada. Ambos bajo el paraguas del Ministerio de Sanidad de Mónica García. Es fascinante el contraste: mientras en los despachos de Madrid se habla de modernización, en la calle ceutí se investiga si se ha usado el poder jerárquico como un bozal. Al final, intentar que los médicos callen las carencias del sistema es como intentar tapar el sol con un dedo: el agujero en la sanidad sigue ahí, pero ahora, además, tiene un auto judicial encima.
En la política, como en las rebajas de enero, todo el mundo espera el momento exacto para soltar el lastre. Esta vez el lastre tiene nombre y apellidos: David Sánchez. Tras la aclaración de la Audiencia Provincial sobre su condena, el PSOE de Badajoz ha decidido hacer limpieza de armario. Ricardo Cabezas, exlíder provincial y actual diputado de la Diputación de Badajoz, ha decidido que ya es hora de colgar las botas. Junto a él, Francisco Martos, alcalde de Castuera, también ha hecho las maletas. Lo más fascinante no es la dimisión, sino la coreografía. Álvaro Sánchez Cotrina, secretario general del PSOE en la comunidad, ha salido al paso este jueves para decir que estas renuncias ya estaban notificadas. Según Cotrina, no hay drama porque Cabezas ya había prometido dimitir «en cuestión de horas» en cuanto llegara la aclaración de la sentencia. Una eficiencia envidiable; casi parece que tenían el botón de 'expulsar' programado con temporizador. Mientras tanto, la narrativa oficial se refugia en el mantra del derecho a la defensa. Confían en que en instancias superiores todo «quedará en nada», una frase que suena a esperanza desesperada cuando el agua ya llega al cuello. Pero el detalle que realmente pica es el silencio administrativo de la Diputación de Badajoz. La institución ha decidido no reclamar los sueldos a David Sánchez y a Luis Carrero, blindándose tras unos «informes jurídicos de la propia casa». Es la magia de la ingeniería institucional: mientras unos dimiten para salvar la imagen, otros mantienen el bolsillo lleno gracias a un papel firmado por el compañero de despacho. Así se gestiona el honor en los pasillos del poder: con una dimisión oportuna y un sueldo que nadie se atreve a pedir de vuelta.
Imaginen que trabajan en una empresa donde, si el jefe se despierta de mal humor y decide que tu informe es 'insuficiente', no te da un toque en el oído, sino que te lanza a los leones. Pues eso es el Centro Nacional de Inteligencia ahora mismo. Los más de 3.000 agentes del CNI han descubierto que firmar un documento es, básicamente, redactar su propia sentencia de despido o represalia. En el mundo del espionaje, donde el secreto es la moneda de cambio, hemos pasado a la era del 'me lo contó un colega en la máquina de café'. El ambiente es, cito textualmente, 'terrible'. Mientras Pedro Sánchez lanza dardos contra el trabajo de sus propios espías, los agentes han optado por la estrategia del silencio administrativo. ¿Para qué avisar de que Marruecos, Rusia o China están moviendo las fichas si luego la Moncloa decide que el problema es del mensajero y no del mensaje? Es como avisar de que la casa se quema y que el dueño te regañe por el tono de voz con el que diste la alarma. Lo de Ceuta ha sido el clavo final. Hubo alertas, hubo gente infiltrada en los campamentos y hubo datos claros sobre la avalancha de 80.000 inmigrantes, pero el Gobierno prefirió jugar al Monopoly con la seguridad nacional. Para colmo, desclasificaron 40 documentos a la carta, haciendo una selección quirúrgica para quedar bien, exponiendo antenas y dispositivos que costaron años montar. Es el equivalente a publicar la contraseña del Wi-Fi y la ubicación de la caja fuerte para demostrar que 'estamos siendo transparentes'. La desmoralización ha saltado la valla hasta el Cifas. Allí, el teniente general Antonio Romero Losada, protegido de Margarita Robles, gestiona el centro con el pánico calvo de quien tiene más miedo a equivocarse que ganas de avanzar. En resumen: tenemos un servicio de inteligencia que sabe todo, pero que prefiere no decir nada para que no le corten el sueldo.
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Xavier Domínguez