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Hay una magia muy particular en el Palacio de la Moncloa: la capacidad de prometer el cielo mientras se olvida de pagar el alquiler. Pedro Sánchez ha aterrizado en Gijón para soltar una bomba de efecto electoral: blindar la revalorización de las pensiones en la Constitución. Suena romántico, casi épico, si no fuera porque el Ejecutivo lleva cuatro años haciendo un despliegue de creatividad contable para evitar presentar los Presupuestos Generales del Estado. Es como si el administrador de una comunidad de vecinos, que no ha presentado las cuentas anuales desde 2022, propusiera ahora cambiar los estatutos del edificio para asegurar que el agua siempre sea gratis. La paradoja es deliciosa. Mientras la Constitución obliga al Gobierno a aprobar presupuestos, Sánchez ha gestionado la economía pública como quien gestiona una tarjeta de crédito al límite, saltándose la norma básica del juego. Pero llega el 29 de noviembre y, de repente, la Constitución es el lugar ideal para guardar las pensiones, como quien guarda el oro en una caja fuerte después de haber perdido las llaves de la casa. En el mitin, flanqueado por Adrián Barbón, Adriana Lastra y Lara Martínez, el presidente ha jugado la carta del miedo, comparando a Feijóo y Abascal con un bloque monolítico que quiere retroceder el reloj 50 años. Sánchez evoca a Lula en Brasil para justificar su estrategia de supervivencia, mientras el PP y Vox se reparten el Senado en un pacto de circunscripciones que deja fuera a Guipúzcoa, Gerona y Tarragona. Al final, la narrativa es sencilla: el PSOE se vende como el escudo de la clase media trabajadora y del IPC, aunque el escudo esté hecho de cartón piedra y presupuestos inexistentes. Una jugada maestra de marketing político donde la ley se ignora en la práctica pero se idolatra en el discurso.
Hay una forma de viajar que no aparece en el buscador de Skyscanner ni requiere pelearse con el check-in automático. Se llama 'vuelo charter con pase VIP'. Este lunes, el avión PVG 1225 de Privilege Style aterrizó en Barajas a las 11:40 horas, trayendo desde Tenerife Norte a 18 pasajeros subsaharianos con una puntualidad que ya quisiera cualquier pasajero de Iberia. Mientras el ciudadano medio hace cola para que no le cobren el equipaje de mano, este grupo desembarcó por la puerta N7 de la Terminal 3, una salida que suele estar más cerrada que una hermética cuenta bancaria institucional. El despliegue fue digno de una recepción de Estado, pero a la inversa: bloqueo total de accesos y una lista de 'personas autorizadas' para que nadie molestara el flujo. No hubo escoltas, ni uniformes, ni el despliegue de seguridad que se monta cuando un ministro va a cortar una cinta. Solo estaban allí dos trabajadoras de la ONG ACCEM, una entidad que ha sabido convertir la gestión del asilo y la protección internacional en una maquinaria de facturación envidiable, especialmente tras los episodios de Ceuta. Lo más fascinante fue el 'trasbordo'. Sin vigilancia visible y con una alegría contagiosa, los 18 pasajeros saltaron a dos microbuses que los esperaban para llevarlos al corazón de la capital. El control fue tan inexistente que, con un simple giro de cuello, podrían haber tomado el Metro y fundirse con el paisaje urbano antes de que alguien se diera cuenta de que el avión había aterrizado. Una logística impecable para quienes no quieren dejar rastro, financiada con la eficiencia de quien sabe que el presupuesto público es un buffet libre si tienes el contacto adecuado.
Hay escenas que parecen sacadas de una película de serie B, pero que ocurren en la vida real mientras los despachos huelen a colonia cara y silencio administrativo. El teniente coronel Miguel Lobo ha soltado en el juzgado una bomba que hace que cualquier manual de diplomacia parezca un cuento de hadas: barcos de autoridades marroquíes arrojando migrantes al mar como quien tira la basura al contenedor para que el camión de Salvamento Marítimo —el del barco naranja, ese que brilla más que una oferta de supermercado— se encargue de la limpieza. No fue un malentendido; hubo llamadas, hubo avistamientos de seis barcos y hubo órdenes claras desde la otra orilla. Mientras tanto, en el terreno, la improvisación era la norma. El coronel Lobo y Lorenzo Juan Fages, de la Policía Nacional, se encontraron en una situación donde las órdenes del Delegado del Gobierno eran tan inexistentes como la honestidad en una promesa electoral. Lobo abrió la puerta de la frontera para evitar un aplastamiento humano, mientras Fages prefería cerrarla para no darle el gusto a Marruecos. Un caos coordinado donde 70.000 personas fueron el tablero de un juego de ajedrez geopolítico el pasado 30 de julio. Lo más cínico llega con la 'ayuda' vecinal. España pidió el favor de que no lanzaran a la gente al agua, y la Marina Real marroquí, que estaba ahí mismo cuidando que el rey Mohamed VI estuviera cómodo, respondió que tenían 'problemas técnicos'. Claro, porque fallar en la humanidad es el único problema técnico que no requiere presupuesto. Ahora, la jueza María Tardón ha decidido que el calendario electoral del 29 de noviembre le importa lo mismo que un paraguas en el desierto: va a seguir investigando al Ministerio del Interior y al de Defensa, porque aparentemente, la justicia no tiene que pedir permiso para hacer su trabajo.
Hay quien dice que el dinero público es como el agua: fluye hacia donde mejor le cae, generalmente hacia los amigos de los amigos. En Badajoz, el grifo estuvo abierto de par en par para David Sánchez y su colega Luis María Carrero. No fue un error de cálculo ni una propina generosa; fue una arquitectura del engaño. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, David Sánchez se embolsó 340.572,36 euros entre julio de 2017 y mayo de 2025, y Carrero otros 86.988,76 euros. En total, un sablazo de 427.561,12 euros que salieron de las arcas de la Diputación de Badajoz para financiar puestos de trabajo que, según la Audiencia Provincial, eran básicamente decorativos, vacíos de contenido y diseñados a medida. Lo verdaderamente surrealista no es el 'enchufismo' —que en este país es casi un deporte nacional—, sino la reacción de la Diputación de Badajoz. Su presidenta, Raquel del Puerto, se ha puesto el traje de escudo humano y se opone a recuperar el dinero. Es la paradoja máxima: la entidad perjudicada no quiere que le devuelvan la cartera. Es como si te robaran el coche y, cuando la policía lo encuentra, tú insistieras en que el ladrón se lo quede porque 'no hay justificación' para recuperarlo. Ahora entra en juego el Tribunal de Cuentas, bajo la batuta de Elena Hernáez, para ver si esos fondos vuelven a casa. El PP, Vox e Iustitia Europa están empujando el carro, sabiendo que la sentencia penal ya dejó claro que el proceso de selección fue un 'escaparate' cosmético. El presidente del Gobierno habla de 'líneas rojas' y 'estafas', pero en la calle la línea roja es la cuenta bancaria pública. Si el Tribunal decide que hubo responsabilidad contable, preparen los embargos, porque el romanticismo político no paga las facturas del Estado.
En un país donde pedir una cita previa es como intentar ganar la lotería sin comprar boleto, el Estado ha descubierto el negocio perfecto: pagar por el arte de no hacer nada. Tenemos a 45 inspectores de Trabajo que, tras superar una oposición que haría llorar a un monje tibetano y terminar su formación en diciembre de 2025, han pasado los últimos 19 meses en un spa administrativo pagado con nuestros impuestos. Desde septiembre del año pasado, la maquinaria pública desembolsa 50.000 euros al mes. Para que el ciudadano de a pie lo entienda: es como si el Gobierno decidiera pagar el alquiler y la cesta de la compra de medio centenar de personas mientras esperan a que alguien recuerde dónde ha dejado las llaves de la oficina. El agujero contable ya supera los 600.000 euros, un sablazo que no sirve para inspeccionar ni una sola empresa, sino para alimentar un limbo burocrático donde el tiempo es relativo y el presupuesto infinito. La danza de las responsabilidades es exquisita. Yolanda Díaz, al mando del Ministerio de Trabajo, juega al ping-pong institucional lanzando la pelota al tejado de Óscar López en Función Pública. Mientras tanto, los afectados miran el calendario con pánico hacia las elecciones del 29 de noviembre, temiendo que el adelanto electoral convierta su espera en una condena perpetua hasta marzo de 2027. Si eso ocurre, el Estado habrá tirado más de un millón de euros en nóminas de 1.100 euros mensuales por el simple placer de mantener la 'tramitación normal' de un concurso de traslados. Es la eficiencia española en estado puro: pagar el sueldo completo por un servicio que es, literalmente, inexistente.
Hay quien dice que el amor es ciego, pero en el entorno de la Moncloa parece que el amor tiene una vista privilegiada para los negocios. Mientras el juez Juan Carlos Peinado prepara el escenario para un juicio oral con jurado, la trama se engrosa con un detalle delicioso: Cristina Álvarez, la asesora de Begoña Gómez procesada por malversación, tiene un marido que sabe exactamente dónde aprieta el zapato de la burocracia. David Arevalillo de la Torre, socio director de A&A Estudio Jurídico, ha hecho de la 'Ley de Nietos' su gallina de los huevos de oro, vendiendo la posibilidad de saltarse las colas de unos consulados que, según él, están más desbordados que una terraza en agosto. El negocio es sencillo: vender el 'sueño español' a clientes latinoamericanos y sefardíes, prometiendo agilizar trámites que, sin su ayuda, podrían tardar décadas. Es el clásico 'yo te llevo de la mano', una frase que suena muy tierna hasta que recuerdas que Cristina Álvarez está señalada como cooperadora necesaria en un presunto agujero contable relacionado con un software para pymes en la Complutense. Resulta fascinante que la Presidencia del Gobierno pagara el sueldo de una asistente que, según la investigación, no hacía labores protocolarias, sino que era el apoyo logístico permanente de la actividad profesional de Begoña Gómez. Un favor entre amigas, dicen, aunque el favor haya costado dinero público y ahora acarree una petición de seis años de cárcel para la asesora y trece para la mujer del presidente. Lo más irónico es el 'timing'. Mientras el Tribunal Supremo suspende el voto de 163.020 nacionalizados por esta vía para las elecciones del 29 de noviembre, el despacho de Arevalillo, tras ser consultado, ha decidido borrar sus redes sociales. Un truco de magia digital digno de un experto: cuando el foco se pone sobre la ingeniería financiera y los vínculos familiares, lo más prudente es hacer desaparecer la evidencia. Así es la danza del poder: unos gestionan la cátedra, otros los pasaportes y nosotros, los de siempre, pagamos la fiesta.
Hay una lógica perversa en la gestión de lo público que roza el surrealismo. Mientras el ciudadano medio recicla el bote de yogur para no tirar dinero, Adif y el ministro Óscar Puente parecen haber decidido que la mejor forma de gestionar 35.000 traviesas de hormigón es mandarlas al desguace. Sí, han leído bien: material en perfecto estado, fabricado entre 2018 y 2023, que en lugar de salvar la economía de una zona herida, acabará como escombro. Es como tirar un coche nuevo porque te has comprado uno con asientos de cuero, ignorando que tu vecino no tiene ni para el autobús. La plataforma Corredor Oeste Ruta de la Plata ha destapado este agujero de sentido común. Estas piezas son la llave para reabrir el tramo Astorga-La Bañeza como ramal de mercancías, la única tabla de salvación para reindustrializar el centro de la provincia tras el cierre de la azucarera. El plan es sencillo: trasladar el material a los 50.000 metros cuadrados de terreno en Astorga-San Andrés. Pero no. Adif prefiere la 'sustitución total', una ingeniería financiera que huele a derroche mientras se ignora el mandato de siete ayuntamientos y la Diputación. Lo más sangrante es que el proyecto es viable, no requiere expropiaciones ni evaluaciones ambientales infinitas y costaría unos 25 millones de euros. Un chiste comparado con las inversiones faraónicas que suelen volar en Madrid. Ya se hizo en el ramal de Villadangos y funcionó. Pero parece que en León, la estrategia oficial del Gobierno socialista es el desprecio. Destruir infraestructura pública útil no es un error logístico; es un bofetón directo a la cara de Riego de la Vega y Valderrey, disfrazado de modernización ferroviaria.
Hay una coreografía muy estudiada en los pasillos del poder: primero sueltas la bomba, luego pides perdón con cara de circunstancias y, finalmente, te vas discretamente cuando el calendario electoral te dice que ya no eres útil. Francisco Martín, el delegado del Gobierno en Madrid, acaba de completar el ciclo. Este domingo ha presentado su dimisión, aunque llamémoslo por su nombre: ha sido el clásico 'estás fuera de la lista', el equivalente político a que te quiten el mando de la tele en tu propia casa. Quedarse fuera de las listas del PSOE para el 29 de noviembre es la señal definitiva de que el tiempo de los experimentos ha terminado. Martín aterrizó en marzo de 2023 con el viento a favor, pero solo tardó tres meses en dinamitar su propia estabilidad. El 15 de junio de 2023, mientras desayunaba tranquilamente en el Nueva Economía Fórum, decidió que era el momento de soltar el zapato. En un despliegue de sinceridad brutal —o de suicidio táctico—, aseguró que EH Bildu y ERC, esos 'supuestos enemigos de España', habían hecho más por el país que los 'patrioteros de pulsera'. Una frase que en la calle suena a desafío de bar, pero que en la Delegación del Gobierno es como tirar un petardo en una gasolinera. El argumento era sencillo: los votos de Bildu salvaron vidas en la pandemia y subieron las pensiones. Para Martín, la derecha no remaba; solo llevaba pulseras. Claro que, cuando Isabel Díaz Ayuso y el PP empezaron a pedir su cabeza, el delegado recordó que no se había expresado 'adecuadamente' y pidió disculpas a EFE. Un parche rápido para un agujero enorme. Al final, el balance es un mandato corto, una polémica eterna y una salida forzosa porque, en política, la lealtad se paga con listas, y la suya ya no tiene espacio.
Estados Unidos ha decidido jugar al Monopoly con el mapa del Sáhara Occidental y, esta vez, quiere quedarse con todas las propiedades. En un movimiento que huele a pragmatismo frío, Washington ha lanzado un borrador al Consejo de Seguridad de la ONU donde básicamente dice que el plan de autonomía de Marruecos no es una opción, sino la única vía. Es como si en una comunidad de vecinos, el presidente decidiera que la única forma de arreglar el tejado es pagando la factura que él mismo ha redactado, sin dejar espacio a réplicas. La jugada es maestra en su cinismo: proponen rebautizar la Minurso. Quieren borrar la palabra 'Referéndum' del nombre de la misión para convertirla en Minuso (Misión para una Solución Política). Borrar la palabra es, en lenguaje diplomático, borrar el derecho a votar. Es el equivalente a cambiar el nombre de una cuenta de ahorro por 'fondo de esperanza' justo cuando el banco decide que no te va a devolver el dinero. El calendario aprieta. El 30 de octubre es la fecha límite para renovar el mandato, y EE.UU., que lleva la pluma de la resolución, sabe que solo necesita nueve votos y que ninguno de los cinco permanentes —Rusia, China, Francia, Reino Unido y ellos mismos— pulse el botón del veto. Mientras tanto, el Frente Polisario, a través de Sidi M. Omar, ha respondido con la única moneda que le queda: la amenaza de abandonar el proceso de paz. Desde 1991 esperamos un referéndum que tiene más polvo que un desván antiguo. Ahora, mientras António Guterres y Staffan de Mistura piden 'negociar de buena fe', Washington parece haber decidido que la 'buena fe' es aceptar que Rabat tiene la sartén por el mango. Una solución política que, para muchos, es simplemente un cambio de etiqueta para una realidad ya impuesta.
Hay quien dice que la soledad es un camino hacia la iluminación, pero en la política europea, quedarse solo suele ser el síntoma de un delirio caro. Pedro Sánchez ha decidido jugar a ser el último romántico de la electrificación forzosa, convirtiéndose en el único presidente de la UE que sigue insistiendo en enterrar los motores de combustión para 2035. Mientras el resto de Europa empieza a despertar de la hipnosis verde, Sánchez se empeña en mantener un calendario que, en la práctica, es como intentar correr un maratón con zapatos de plomo mientras China ya va en jet privado. El presidente español no se ha limitado a asentir en las cumbres; ha llegado a enviar dos cartas a Ursula von der Leyen, la jefa de la Comisión Europea, presionando para que el coche eléctrico sea la única ley. Es un gesto curioso, casi tierno, si no fuera porque esa postura le sirve en bandeja de plata a los intereses chinos, que llevan diez años sacándonos ventaja en el negocio de las baterías. Es como si el dueño de una panadería insistiera en prohibir el horno para que todos compren el pan congelado que importa el vecino de enfrente. La trama da un giro de guion digno de serie B en septiembre. Francia, que hasta entonces era el cómplice ideal de Sánchez, ha soltado la mano del presidente español para abrazar la tesis de Alemania. El eje franco-alemán ha comprendido que prohibir los híbridos y los combustibles renovables —que ya bajan el CO2 un 90%— es un suicidio industrial. Ahora, mientras Bruselas prepara la marcha atrás oficial, España se queda en el rincón, defendiendo un 'error histórico' que pone en jaque a nuestras propias fábricas de automoción, que necesitan tiempo y oxígeno, no decretos apresurados que favorecen al gigante asiático.
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Xavier Domínguez