Crítica:
La fuente es una declaración en un pódcast, lo que la convierte en un relato unilateral sin espacio para la réplica. Es más un ejercicio de ventilación personal que una pieza periodística contrastada.
La fuente es una declaración en un pódcast, lo que la convierte en un relato unilateral sin espacio para la réplica. Es más un ejercicio de ventilación personal que una pieza periodística contrastada.
Hay algo que no encaja en el cuartel. Mientras el ciudadano medio intenta que no le suban el alquiler, la Guardia Civil parece haber descubierto el arte de la ausencia programada. Los datos son claros, aunque la Dirección General los entregue con la generosidad de quien da propina en un restaurante caro: la media mensual de días de baja en 2025 ha escalado hasta los 18,09 días. Para que nos entendamos, es como si cada agente se tomara un 'descanso forzoso' casi tres semanas al mes, superando los 17,13 de 2024 y los 16,68 de 2023. Estamos ante el pico más alto desde que empezaron a contar en 2018. La tendencia es un ascensor que solo sube. Desde el suelo de 2022, con 15,57 días, la cifra ha pegado un salto del 16,2% en tres años. Es un crecimiento sostenido que hace que cualquier analista de bolsa llore de alegría, pero que en seguridad pública huele a quemado. Marzo de 2025 fue el clímax del surrealismo: 20,58 días de media, la primera vez que se rompe la barrera de los 20 días en toda la serie histórica. Agosto no se quedó atrás con 19,80. Lo más fascinante es el juego del gato y el ratón con el Consejo de Transparencia. El solicitante quería saber cuántos días se perdieron por salud mental, pero la institución ha respondido con una gimnasia mental digna de Cirque du Soleil: dan medias mensuales para evitar dar totales. Nos dicen que hubo 31.467 procesos de incapacidad temporal en 2025, y que el 4,2% (1.331 casos) fueron por salud mental. El resto es un misterio guardado bajo llave, porque desglosar las bajas por provincias podría 'perjudicar la seguridad pública'. Traducción: no queremos que sepáis dónde hay más agujeros en la red.
Hubo un tiempo en que compartir piso significaba sobrevivir a base de pasta con atún, soportar el ruido de un compañero que no sabe limpiar la cocina y soñar con el día en que tendrías tu propia llave. Era la etapa de transición, el rito de paso de los veinteañeros. Pero el mercado inmobiliario ha decidido que el 'estilo vida comunitaria' es ahora una imposición para todos, sin importar que ya tengas canas o una jubilación que se desvanece entre el supermercado y la farmacia. Los datos de pisos.com y pisocompartido.com son un bofetón de realidad: los mayores de 60 años son el grupo que más crece en la demanda de habitaciones, saltando del 2,08% en 2021 al 2,29% actual. Un incremento del 10% que, aunque parezca una cifra modesta, es el síntoma de una patología social grave. Mientras tanto, el precio de alquilar un cuarto ha pasado de unos razonables 267,79 euros en 2021 a unos surrealistas 498,20 euros en 2026. Un sablazo del 86% que convierte una habitación en un lujo y el alquiler completo en una utopía. La hipocresía es deliciosa: España es el país donde los mayores son los dueños de los ladrillos, pero ahora vemos a personas de entre 55 y 75 años representando el 12% de quienes comparten vivienda, según Fotocasa Research. Desde separaciones traumáticas hasta sueldos que no dan para más, la clase media se está desintegrando en habitaciones compartidas. En Vizcaya, el fenómeno es crónico, con un 27,99% de demandantes mayores de 35 años, mientras que Granada sigue siendo el refugio universitario con un 71,05% de jóvenes. Ferran Font lo resume sin anestesia: somos demandantes cautivos. Ya no se comparte piso por espíritu joven, sino porque no queda ninguna otra puerta abierta.
Hay placeres sencillos en la vida, como pagar un billete de Alvia esperando llegar a casa en cuatro horas y terminar descubriendo que el concepto de 'alta velocidad' es, en realidad, una sugerencia optimista. El lunes pasado, cerca de 300 pasajeros —principalmente navarros— se embarcaron a las 15:00 en el tren 00606 con Pamplona como origen y Madrid como destino. Lo que debía ser un paseo terminó siendo un experimento de supervivencia humana de casi 11 horas. El detonante fue un incendio de un AVE entre Ricla y Plasencia de Jalón. Mientras el fuego devoraba la catenaria, los pasajeros del Alvia empezaron a experimentar la quietud absoluta en la estación de Luceni poco después de las 17:00. La gestión de la crisis tuvo ese aroma a 'estamos en ello' que tanto nos gusta: silencio institucional mientras en Twitter el tren ardía en tiempo real. Para compensar la agonía, Renfe aplicó la técnica del 'kit de supervivencia': a las 20:00 repartieron un botellín de agua, un bocadillo, unas patatas y una cerveza. Básicamente, el menú de un picnic improvisado para calmar la ansiedad de quien lleva horas encerrado en un tubo de metal. La ironía alcanzó su pico cuando el convoy arrancó a las 20:57 solo para volver a frenar en seco; resultaba que los AVE tenían prioridad de paso, como si los pasajeros del Alvia fueran ciudadanos de segunda clase en la jerarquía ferroviaria. El desembarco en Puerta de Atocha ocurrió a la 01:40 de la madrugada. Pero el premio final fue la gestión de los transbordos: colas infinitas y un alojamiento gestionado a las 04:00 AM, para volver a subir a un autobús a las 08:00. Un ciclo de sueño interrumpido que hace que cualquier factura de luz parezca un regalo comparado con el sablazo emocional de este viaje.
Imaginen que alguien entra en su casa, se lleva hasta el último calcetín y, cuando usted decide que ya es hora de avisar a la ley, el Estado le responde con la misma cortesía que un centro de salud saturado: 'Tome cita para el martes'. Bienvenido a la vanguardia de la seguridad ciudadana en Baleares, donde denunciar un robo en los cuarteles de la Guardia Civil de Inca o Marratxí se ha convertido en un ejercicio de paciencia digno de una cola del INEM. La paradoja es deliciosa si no fueras la víctima. En Inca, una vecina sufrió la intrusión en su domicilio y, al llamar al 062, la respuesta fue un 'estamos completos'. Al final, tuvo que salvarle los muebles la Policía Local, porque la Benemérita no tenía unidades disponibles. Pero el verdadero giro cómico llegó al intentar formalizar el papeleo: cita previa y espera de casi cuatro días. Es una gestión del tiempo fascinante; el ladrón corre, pero la administración camina despacio, casi en modo ahorro de energía. En Festival Park, Marratxí, la experiencia fue similar para una joven robada: o pedía cita o se pegaba el viaje hasta la Policía Nacional en Palma para que luego hicieran el trámite de enviarlo a la Guardia Civil. Un juego de sillas musicales burocrático mientras el móvil robado probablemente ya estaba en un mercado de segunda mano. Detrás de este surrealismo hay un dato crudo que un agente veterano suelta sin anestesia: hay noches donde solo dos o tres patrullas deben cubrir el territorio desde Lluc hasta Sineu. Si cae un caso de Viogen o hay que llevar a un detenido al médico, la zona queda básicamente en manos de la buena voluntad y de las policías locales. Estamos ante una ingeniería de la escasez donde la seguridad pública se gestiona con la misma precariedad que quien intenta pagar la hipoteca con monedas de un euro.
Celebrar la Fiesta Nacional con desfiles y medallas es muy sencillo; lo difícil es explicarle a un ciudadano de Menorca por qué hay una sola patrulla para toda la isla durante la noche. Mientras el Ministerio del Interior se regocija en la pompa, la Guardia Civil en Baleares está operando en modo supervivencia. No es un bache, es un agujero estructural: el déficit de plantilla ronda el 22% y el panorama es desolador. En el último movimiento de vacantes se perdieron entre 70 y 100 agentes, y la sangría no para; se prevé que otros 400 tiren la toalla antes de que acabe el año. ¿El motivo? No es falta de vocación, es que el sueldo no da para el alquiler. En Ibiza, hay agentes que han tenido que dormir en sus coches porque el mercado inmobiliario los ha escupido. El Gobierno ha lanzado un 'parche' económico con subidas de entre 105 y 697 euros mensuales, pero en la calle eso no es un plus, es calderilla frente al sablazo de los alquileres insulares. Es, literalmente, un destino de castigo. La salud mental también ha pasado factura. Entre 2018 y 2025, se han registrado unas 2.400 bajas médicas anuales para una plantilla que ni siquiera llega a los 2.000 efectivos. Es decir, hay más bajas que agentes. A esto súmale que en Cabrera han llegado a operar con solo dos agentes mientras las pateras no dejan de llegar (7.321 llegadas por mar en 2025 y 6.408 migrantes hasta septiembre de este año). Poner refuerzos en verano es como poner una tirita en una fractura expuesta: los agentes que vienen solo cubren las vacaciones de los que ya están quemados. Menos desfiles y más casas dignas, que la seguridad no se mantiene con aplausos.
Mallorca tiene un modelo de negocio fascinante: en verano, el paraíso del lujo; en invierno, un buffet libre de inmuebles vacíos para quien tenga la llave maestra o el valor de saltar una valla. El hotel Elegance, en la calle Gerona de s’Arenal, ha pasado de recibir turistas a albergar a un grupo de magrebíes y rumanos que han decidido que el concepto de 'estancia gratuita' es la mejor oferta de la temporada. Mientras el vecino de Llucmajor intenta dormir, el hotel se ha convertido en un club de debate nocturno a base de gritos y peleas, transformando la tranquilidad de una calle estrecha paralela a la avenida de Europa en una zona de guerra doméstica. La Guardia Civil y la Policía Local de Llucmajor juegan al gato y al ratón, desplazándose al inmueble en repetidas ocasiones, pero con la eficacia de quien intenta apagar un incendio con un vaso de agua. Es el eterno retorno mallorquín. Ya lo vimos en enero de 2025 con el aparthotel Sol y Mar de Cala Bona, donde Jaume Bauzá tuvo que ir a hacer acto de presencia para que los okupas, mágicamente, decidieran marchar el 18 de enero. O el Bellevue en Puerto de Alcudia, concretamente en el edificio Neptuno II, que en febrero de 2025 sirvió de ejemplo de lo que pasa cuando un hotel cierra y el Estado mira hacia otro lado. Incluso en s’Arenal ya tenían el antecedente del antiguo horno Joan Tomàs en la calle Marineta, donde un grupo de argelinos se instaló en junio de 2024 hasta que el Ayuntamiento decidió que la mejor solución arquitectónica era tapiar los accesos. Al final, el hotel Elegance es solo el último eslabón de una cadena de inmuebles que, al cerrar la persiana, se convierten en hoteles sociales autogestionados, donde el único check-out es cuando la presión vecinal se vuelve insoportable.
La DGT cumple 67 años y, en lugar de celebrar el pastel, se encuentra con que el invitado de honor —el conductor— ha dejado de saludarla. Desde su nacimiento el 30 de julio de 1959 como Jefatura Central de Tráfico, el organismo ha pasado por 14 directores generales. Entre ellos, Pere Navarro se llevó la medalla al más veterano con 16 años al mando, aunque probablemente también el trofeo al más odiado por quienes pagan las multas. La estrategia ha sido clara: gestionar el asfalto a base de sablazos y represión. Pero el problema de basar tu autoridad solo en la cartera ajena es que, llega un punto, la gente simplemente deja de tener miedo. El resultado es una insumisión silenciosa que hace que las nuevas normas parezcan sugerencias opcionales. Tomemos la baliza V16: un fiasco monumental donde menos del 50% de los conductores se han molestado en comprarla. La ingeniería financiera del pánico no funcionó tan bien que una de las empresas fabricantes acabó en preconcurso de acreedores. Es el mismo cuento con los patinetes; desde principios de año obligan al registro y seguro, pero ni el 10% cumple. Los ayuntamientos ahora tienen los almacenes llenos de chatarra confiscada porque nadie quiere jugar según las reglas. Mientras tanto, el móvil sigue pegado a la oreja hasta que el coche ve el uniforme. Y es que el uniforme escasea. La Agrupación de Tráfico sobrevive con menos de 9.000 agentes cuando hacen falta 11.000 para que España no sea un mapa de zonas liberadas. Hay demarcaciones que son auténticos desiertos de patrullas. Incluso los ayuntamientos, que suelen ser los primeros en obedecer por miedo al presupuesto, ya ningunean la norma de eliminar la posición ámbar y el verde peatón simultáneos. Dinero y tiempo, dicen. Traducción: 'haz lo que quieras, que ya no te creemos'.
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