Unos padres llevan a los tribunales la decisión de que su hijo repitiera 3º de ESO pese a que había suspendido seis asignaturas y acumulado 34 días de expulsión: la sentencia confirmó la decisión del instituto

Demandan al instituto por repetir tercero ESO

social Una ilustración conceptual y satírica. Un mazo de juez gigante golpeando un libro de texto escolar desgastado sobre un escritorio de madera oscura. Alrededor del libro, hay hojas de examen con notas rojas y un reloj de arena que representa los días de expulsión. Estilo editorial de periódico, colores sobrios con contrastes en rojo.

Hay una tendencia moderna muy curiosa: tratar el boletín de notas como si fuera una factura de la luz mal cobrada que se puede impugnar en el juzgado. En Asturias, una familia decidió que el camino más corto para que su hijo saltara el muro de tercero de ESO no eran los libros, sino el Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

El balance del alumno era, digamos, creativo: seis asignaturas suspendidas (incluyendo una deuda histórica de Lengua Castellana y Literatura de segundo) y un récord de 34 días de expulsión. Básicamente, el chico pasó más tiempo en el sofá que en el aula, pero para los padres, el problema no era la conducta, sino que el instituto no le había dado un 'servicio premium' de tutoría personalizada mientras estaba castigado. La familia intentó vender la idea de que el centro operaba con un 'funcionamiento anormal', alegando que el material enviado por correo electrónico no era suficiente para compensar el vacío académico.

Es la eterna lucha entre la realidad del aula y la fantasía del derecho administrativo. Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo, en la sentencia 719/2026 del 3 de septiembre, puso los puntos sobre las íes. Los magistrados no se pusieron a corregir exámenes, sino que miraron los papeles: el equipo docente había sido unánime y la Inspección Educativa respaldaba el sablazo académico.

Al final, la ingeniería jurídica de los padres terminó en un callejón sin salida. El tribunal decidió que repetir curso no es un castigo, sino una medida de supervivencia escolar. El resultado final es una lección de humildad financiera: no solo el hijo repite tercero de ESO, sino que la familia se lleva un 'recargo' de 500 euros en costas judiciales.

Un precio bastante caro por intentar borrar seis suspensos con un sello judicial.

Crítica:

La noticia es un ejemplo perfecto de la judicialización de la educación. El texto original es aséptico, pero omite reflexionar sobre el absurdo de pedir una indemnización por suspender seis materias.

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