Crítica:
La noticia es un manual de instrucciones disfrazado de aviso. Le falta analizar si la señalización actual es suficiente para que el conductor medio no acabe chocando por intentar hacer el 'pasillo'.
Ya en vigor: España cambia las normas y prohíbe a los conductores quedarse en el carril central si hay mucho atasco
Atascos: el carril central ahora cuesta 200€
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Atascos: el carril central ahora cuesta 200€
España ha decidido, finalmente, que el carril central de las autopistas no es el salón privado de nadie, especialmente cuando el tráfico se convierte en un parking gigante. Desde el 1 de octubre, la DGT ha pasado a la acción con el Real Decreto 518/2026, imponiendo la creación del 'carril de emergencia'. La lógica es aplastante: si hay un atasco y los coches circulan a paso de peatón, hay que abrir un hueco para que las ambulancias, bomberos o la policía no se queden mirando el paisaje mientras alguien se juega la vida. La coreografía es sencilla, aunque para el conductor medio sea como aprender álgebra. En vías de dos carriles, el pasillo se abre justo en el centro, como si estuviéramos separando el trigo de la paja. Si la autopista tiene tres o más carriles, el hueco debe quedar entre el carril de la izquierda y el siguiente. Básicamente, los de la izquierda se pegan al borde y los demás huyen hacia la derecha. Una maniobra que en Alemania, con su Rettungsgass, es religión desde los años 70, pero que nosotros hemos tardado décadas en importar. El Artículo 32 del Reglamento de Circulación ya no deja espacio a la interpretación ni a la 'buena voluntad'. Si te quedas plantado en medio del camino bloqueando a un vehículo prioritario, la factura llegará rápido. Estamos hablando de una infracción grave según el Artículo 76 de la Ley de Tráfico. El sablazo es de 200 euros, aunque si tienes el reflejo de pagar rápido, te lo dejan en 100 euros. Es un precio prohibitivo por el simple hecho de no moverse un metro a la derecha, una cifra que duele más que el propio atasco, pero que busca evitar que una emergencia se convierta en tragedia por pura terquedad al volante.
DANA: La grabación 'invisible' de Sánchez
Hay una magia muy particular en los juzgados: la capacidad de convertir una prueba evidente en humo con solo dos palabras. 'No pertinente'. Así, con la elegancia de quien cierra la persiana un viernes a las dos, la juez Nuria Ruiz Tobarra ha blindado el silencio sobre una grabación que, curiosamente, ya había sido ofrecida en el mercado público. Resulta que Lorena Silvent, la alcaldesa de Catarroja, se dejó llevar por el entusiasmo el 19 de diciembre de 2024. En pleno pleno municipal, frente a un vecino que probablemente esperaba una respuesta sobre el alumbrado o los baches, la edil soltó la bomba: 'Yo te puedo enseñar la grabación'. Sí, la grabación de su charla con Pedro Sánchez. Una conversación donde, según la propia Silvent, le soltó al presidente que 'estamos solos y necesitamos más medios'. Básicamente, el equivalente político a decir que el barco se hundía mientras en Moncloa seguían puliendo el mármol. El letrado Rubén Gisbert, haciendo un trabajo de detective de barrio, intentó que ese audio pasara de ser una anécdota de ayuntamiento a una prueba judicial. Pero la instructora del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja ha decidido que ese archivo es, básicamente, ruido blanco. No importa que la alcaldesa lo ofreciera a un ciudadano cualquiera; para la justicia, ese audio tiene la misma relevancia que el ticket del súper en un juicio por malversación. Lo más cínico del calendario es que este 'borrado' judicial ocurre mientras el litoral de Valencia y Alicante, concretamente La Safor y la Marina Alta, vuelven a luchar contra el barro de otra DANA. Mientras la gente intenta rescatar sus vidas, en los despachos se decide que saber qué se dijo exactamente entre la alcaldesa y el presidente es un detalle irrelevante. Un detalle que, sospechosamente, conviene que se quede en el cajón.
EEUU quiere cerrar el 'club vacacional' ONU
Hay quien dice que el tiempo es oro, pero en la sede de la ONU en Nueva York parece que el tiempo es, sobre todo, un buffet libre con vistas al mar. El pasado 15 de octubre, la representante de Estados Unidos decidió que ya era hora de cerrar el chiringuito: ha pedido la disolución del Comité Especial sobre Descolonización. ¿El motivo? Según Washington, el organismo ha 'sobrepasado su propósito original'. Traducción para los que bajamos a la calle: el comité se ha convertido en un club de lectura infinito donde se repiten los mismos textos cada año mientras los presupuestos vuelan. Es fascinante el contraste. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta del supermercado no parezca una hipoteca, el Comité se dedica a organizar 'viajes pagados cada año a resorts del Caribe y el sur del Pacífico'. Una ingeniería financiera del placer disfrazada de diplomacia. Washington ha soltado el zasca definitivo recordando que más de 80 antiguas colonias ya son miembros de la ONU, pero que el comité opera como si viviéramos en 1945. El ejemplo más surrealista es el de Puerto Rico. La Asamblea General lo sacó de la lista de Territorios No Autónomos allá por 1953, pero el Comité sigue celebrando reuniones sobre el tema cada año. Es como pagar la suscripción de un gimnasio al que dejaste de ir hace siete décadas solo por mantener el carné. Al final, EE. UU. sostiene que territorios como el Sáhara Occidental, las Malvinas, Gibraltar, Nueva Caledonia o la Polinesia Francesa no merecen ser 'instrumentalizados' en campañas políticas. En resumen: menos hoteles de lujo en el Pacífico y más realismo, que la fiesta de la descolonización se ha alargado demasiado.
Nucleares: el plan para no cerrar
Hay quien dice que el calendario de cierre de las nucleares en España es sagrado, pero en el Foro Nuclear ya están midiendo el viento. Marta Ugalde, presidenta de la entidad, ha soltado el anzuelo en un curso con la Asociación de la Prensa de Madrid: quieren 'sosegadamente' repensar el cierre de aquí a 2030. Traducción para mortales: están esperando a ver quién gana las elecciones para intentar que el reloj se detenga o, al menos, que camine más despacio. El argumento es el de siempre, envuelto en papel de regalo tecnológico. Hablan de 'neutralidad tecnológica' e 'inversiones continuas' para renovar equipos. Básicamente, piden que el Estado no les cierre la persiana mientras ellos siguen invirtiendo en el negocio. Para justificarlo, miran hacia Estados Unidos, donde la central North Anna —la gemela de nuestras Ascó y Almaraz— presume de licencias de hasta 80 años. Es como decir que, porque el vecino tiene un coche clásico que aún arranca, nosotros deberíamos mantener el nuestro en el garaje aunque el motor tosa. Sobre Almaraz, la jugada es más cínica. Una orden ministerial ya ha alargado su vida útil tres años, alegando que reduce el consumo de gas en un 7 %. Un porcentaje que suena a gloria en los despachos, pero que en la calle es el típico 'ajuste de cuentas' para no quedar expuestos a los mercados internacionales. Ugalde jura que esto no cambia la política energética del PNIEC, pero luego admite que ven una 'oportunidad' para modificar el calendario. Es la clásica maniobra de quien dice que no quiere cambiar de planes mientras ya tiene el mapa nuevo desplegado sobre la mesa y el teléfono listo para llamar a los partidos políticos.
Millones para ratas y basureras inteligentes
Bruselas ha decidido abrir el grifo y soltar 74,3 millones de euros para 27 proyectos medioambientales en España. Suena a gloria, pero cuando desglosas la factura, la realidad tiene un tinte surrealista. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el alquiler no se coma su sueldo, la Unión Europea ha decidido que la prioridad absoluta es el desmán ibérico. Sí, la famosa 'rata trompetera' se lleva 13,2 millones de euros para no desaparecer, una cifra que haría palidecer a cualquier pyme local en plena crisis. El reparto sigue una lógica casi poética. La alondra ricotí se lleva 10,8 millones y el tritón del Montseny —del que quedan menos de 3.500 ejemplares en Cataluña— absorbe 6,5 millones. Mientras tanto, en Canarias y Baleares, se gastarán 4,9 millones en una guerra contra serpientes invasoras, como si estuviéramos en una película de serie B. Pero no todo es fauna exótica. Hay un toque de ciencia ficción en Cáceres, donde 2,7 millones de euros servirán para que 982 contenedores tengan inteligencia artificial. Básicamente, el cubo de la basura ahora será más listo que el gestor que aprobó la partida. En Murcia, se lanzan 2,2 millones para limpiar aguas residuales en la cuenca del Segura, intentando que el agua no sea un recuerdo lejano, y en Sevilla, 4,5 millones convertirán las podas de los olivares en gas, evitando que el campo parezca una barbacoa gigante. Para rematar el cuadro, en Cataluña intentarán que 378 inmuebles en Olot y Sant Joan de les Abadesses vuelvan al alquiler asequible asesorando a 640 propietarios. Todo esto es parte de un pastel europeo de 579 millones de euros, donde Bruselas pone 390 millones y el resto lo ponen los locales. Un despliegue de generosidad que nos recuerda que, en Europa, salvar a una rata es, a veces, más rentable que salvar el bolsillo del vecino.
Bruselas esquiva la ley con tomates marroquíes
En Bruselas han descubierto que la mejor forma de gestionar un problema es hacer como que no existe, o mejor aún, aplicarlo 'provisionalmente' mientras el Parlamento Europeo duerme la siesta. Ursula von der Leyen y su equipo han montado un tinglado comercial con la dinastía alauí que es una auténtica obra de ingeniería financiera y diplomática, diseñada para esquivar una sentencia del TJUE del 4 de octubre de 2024. El tribunal luxemburgués fue claro: nada de aranceles cero ni etiquetas marroquíes para productos del Sáhara Occidental sin preguntar al pueblo saharaui. Pero claro, en la política de alto nivel, las sentencias judiciales son como las sugerencias en una caja de quejas: se leen, pero no siempre se hacen caso. Para evitar que Rabat abra las válvulas de la presión migratoria —un chantaje que ya vimos en Ceuta—, la Comisión Europea se ha inventado un 'apaño' en octubre de 2025. En lugar de respetar la ley, han decidido jugar al juego de las palabras. Ahora, los tomates no vienen del Sáhara, sino de 'Dakhla Oued Ed-Dahab' o 'El Aaiún-Sakia El Hamra'. Es como si para evitar una multa de tráfico, cambiaras el nombre de tu coche por 'carruaje vintage'; el coche sigue siendo el mismo, pero el papel dice otra cosa. Mientras tanto, el agricultor español de tomate está pagando el pato. Sus ventas al continente han caído un 37% en una década y su producción un 20%. Mientras nosotros contamos los céntimos, Bruselas envía fondos para regadíos y energía al desierto, intentando colar que el consentimiento saharaui es 'implícito' porque hay dinero de por medio. Un razonamiento que en la calle llamaríamos 'comprar el silencio'. El acuerdo sigue en el limbo porque von der Leyen sabe que llevarlo al Parlamento es jugar a la ruleta rusa: una moción del PP ya casi tumba el etiquetado el pasado 26 de noviembre, fallando por un solo voto debido al veto socialista. Así que, mientras tanto, el acuerdo sigue funcionando en la sombra, como ese contrato de alquiler que nadie firma pero que todos pagan.
Menores bajo la lluvia: el 'papelito' manda
Hay una coreografía muy depurada en la gestión de la miseria: primero se desalojan los asentamientos con la eficiencia de quien limpia un trastero y luego se deja que los protagonistas duerman bajo la lluvia. El domingo, la Policía Nacional decidió que era el momento de 'limpiar' Los Rosales, el Poblado de Regulares y las naves del Tarajal. El resultado fue un operativo que sacó a 500 personas de la calle, de las cuales casi la mitad eran niños. Unos 200 menores fueron retirados del Tarajal, pero el destino final no fue una cama, sino el Paseo de Colón. Imaginen la escena: más de 50 chavales pasando la noche frente a la Jefatura Superior de Policía, como quien espera la apertura de una tienda en rebajas, pero con carteles que rezan «Soy menor» y el frío calando los huesos. A las 10:00 del lunes, los agentes empezaron a dejarlos entrar en grupos de diez, como si estuvieran gestionando la cola de un banco, para filiarlos antes de mandarlos a alguno de los once centros de acogida de la ciudad. Lo absurdo es que, mientras el delegado del Gobierno, David De la Encina, presume de cifras, el presidente de la ciudad, Juan Jesús Vivas, soltó la bomba: esos niños podrían haber dormido en un centro porque había sitio. O sea, que la burocracia del 'papelito' pesó más que el sentido común y la lluvia. Mientras tanto, el ping-pong político entre Vivas y Fernando Grande-Marlaska sigue su curso. Marlaska dice que Ceuta no hace los deberes; Vivas responde que el Gobierno central es el que no sabe negociar con Marruecos, lanzando un dato que dinamita cualquier narrativa de eficiencia: solo 160 expedientes de repatriación iniciados de un universo de entre 3.500 y 4.000 menores. En resumen, los niños son el balón en un partido donde los jugadores se pelean por quién tiene la culpa mientras los menores esperan en la acera.
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