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En el tablero político, hay jugadas que parecen sacadas de un manual de magia barata. El Gobierno intentó hacer aparecer en el censo electoral a 382.930 personas mediante la 'Ley de Nietos', una maniobra de ingeniería demográfica que, vista con frialdad, es como intentar inflar el saldo de la cuenta corriente justo antes de que el banco revise los extractos. El Tribunal Supremo ha puesto el freno de mano, suspendiendo estas altas en el CERA tras los recursos de Vox e Iustitia Europa. La jugada era maestra: una instrucción firmada en octubre de 2022 por Sofía Puente —casualmente hermana del ministro de Transportes— permitía presumir que cualquiera que saliera de España entre 1936 y 1955 era un exiliado. No hacía falta probar la persecución, bastaba con haber cruzado la frontera. Un 'vale todo' administrativo que convirtió el censo en un coladero. Para que nos entendamos: el PSOE se quedó a 339.119 votos del PP en las generales del 23 de julio de 2023. Sumar esos 382.930 nuevos votantes habría sido como encontrar un billete de 50 euros en el bolsillo de un pantalón viejo justo cuando no tienes para el alquiler; un alivio matemático que habría alterado el tablero. Ahora, el Supremo exige papeles. Se acabó el 'porque yo lo digo'. Solo pasarán los que acrediten el exilio real, sin presunciones creativas. Mientras el CERA pasaba de 2.333.056 electores en 2023 a 2.715.986 en junio de 2026, la Abogacía del Estado decía que no sabía de dónde venían las altas. Curioso que el Estado sea incapaz de llevar la cuenta de quién entra en su casa, pero muy eficiente a la hora de abrir la puerta. El margen entre bloques fue de 424.084 papeletas; una diferencia que ahora vuelve a ser un muro infranqueable para quienes confiaban en la aritmética del exilio presumido.
Hay escenas que parecen sacadas de una comedia de enredo, pero que se pagan con el presupuesto del Estado. Este 8 de septiembre, el juzgado de Juan Carlos Peinado se convirtió en un patio de colegio donde el magistrado, harto de la pedagogía no solicitada, fulminó al abogado Chema de Pablo con un zarpazo lapidario: «No venga a darnos una clase de 1º de Informática». El letrado, que intentaba explicar el registro de dominios web como quien lee las instrucciones de un microondas, cometió el error táctico de insinuar que el juez, por su edad, estaba desfasado tecnológicamente. Un movimiento arriesgado cuando el que tiene el mazo es el que decide si el camino lleva a la libertad o a un agujero contable por malversación. Mientras el debate técnico sobre servidores y software consumía el tiempo, el banquillo lucía una limpieza envidiable. Begoña Gómez brilló por su ausencia, y Cristina Álvarez, la asesora pagada por Moncloa imputada por usar su horario laboral para asuntos privados, prefería el sol de Miami que el aire acondicionado de la sala. Es el contraste perfecto: mientras unos discuten si un dominio web es un delito, otros disfrutan de vacaciones en el Caribe tras recuperar el pasaporte. En el tablero de piezas, Jaime Campaner debuta como defensor de Gómez, aterrizando literalmente del aeropuerto con una hora de retraso, sustituyendo al perfil político de Antonio Camacho por uno más técnico. Por su parte, la acusación popular unificada en HazteOir (con Vox y Manos Limpias al mando) y la Universidad Complutense de Madrid ratificaron sus escritos en un abrir y cerrar de ojos. Al final, la vista dejó el sabor de boca de un proceso donde los protagonistas no aparecen, los abogados se pelean por conceptos básicos de IT y el juez tiene la paciencia tan agotada como el presupuesto de cualquier ciudadano medio al final del mes.
El sistema educativo español ha pasado de estar en la cuerda floja a caerse al vacío con un ruido ensordecedor. El último informe PISA de la OCDE no es una estadística más; es una autopsia en vivo. Nuestros chavales de quince años han firmado el peor resultado de la serie histórica en lectura, matemáticas y ciencias. Para que nos entendamos: en lectura hemos bajado a 451 puntos, perdiendo 23 puntos desde 2022. En el lenguaje de la calle, es como si el alumno hubiera borrado un curso entero de su cerebro en un abrir y cerrar de ojos. Si miramos la última década, el sablazo es aún más brutal: una caída de 45 puntos entre 2015 y 2025. Básicamente, hemos retrocedido dos cursos escolares mientras los políticos se felicitaban el currículo de la LOMLOE, aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez a finales de 2020. En matemáticas, la sangría no para. Tras el desastre de 2022 con 473 puntos, hemos vuelto a tropezar cayendo hasta los 457. Estamos seis puntos por debajo de la media de la UE y la OCDE (463), confirmando que sumar y restar se ha vuelto un deporte de riesgo. En ciencias, la historia es la misma: 477 puntos, una caída que equivale a casi dos cursos desde 2015. Lo único que parece salvar el orgullo nacional es la resolución computacional de problemas (499 puntos), donde al menos no somos el último de la clase. En el mapa interno, la Comunidad de Madrid, bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso, juega en otra liga con 477 en matemáticas y 495 en ciencias, dejando claro que el código postal importa más que la ley nacional. Mientras Asturias resiste en lectura con 471 puntos, regiones como Ceuta (397) y Melilla (379) están en una zona de peligro absoluto. Lo más surrealista es que, según la OCDE, los hijos de familias acomodadas también están cayendo, rompiendo la regla de oro de que el dinero compra notas. El barco se hunde, pero parece que el agua llega a todas las cubiertas.
En el tablero del Consejo de Ministros, las prioridades se gestionan con una gimnasia mental digna de circo. Mientras el ciudadano medio mira el alquiler como quien mira una película de terror, el Gobierno ha decidido soltar 40,41 millones de euros para vivienda y suelo mediante subvenciones directas. Parece mucho, hasta que haces la cuenta de la vieja y recuerdas que hace unas semanas se volatilizaron más de 270 millones en cooperación internacional. Es como intentar tapar una inundación en el salón con un trapo húmedo mientras regamos el jardín del vecino con una manguera industrial. Pero el verdadero espectáculo ocurre en Ceuta. Allí, la gestión se mide en colchones y carpas, como si estuviéramos montando un festival de música mediocre. El 'plan de choque' se ha tragado 309 millones de euros, una cifra que hace que cualquier presupuesto doméstico implosione. El despliegue es casi militar: 5.200 patrullas de vigilancia, 2.000 literas y 45.000 vacunas de procedencia misteriosa. Todo esto mientras el Ministerio de Juventud admite que las ayudas para los 2.004 niños atendidos son, básicamente, una promesa electoral: 'están previstas'. Para rematar la faena, la ingeniería financiera se extiende al ocio cultural con 1,2 millones de euros repartidos entre el Teatro Cervantes de Málaga, el Festival de Cine de San Sebastián y la Spain Film Commission. Es la clásica receta: 우선idad al postureo internacional y al cine de autor, mientras en Alcobendas se queman 309.209 euros solo en seguridad para el Centro de Acogida de Protección Internacional. Al final, el balance es sencillo: 4.516 retornos voluntarios y 278 expulsiones, pero una factura pública que no deja de crecer mientras el acceso a un techo propio sigue siendo un deporte de riesgo para los de casa.
En la televisión pública, el 'servicio público' se ha convertido en un concepto elástico, casi un chiste de mal gusto. La última genialidad consiste en sentar a Pedro Sánchez en el plató de 'Mañaneros 360', un programa que, para evitar las molestias de los controles deontológicos, se disfraza de 'infoentretenimiento'. Es el truco del almendruco: si lo llamas magacín, te ahorras el rigor periodístico y puedes externalizar la producción a La Cometa, mientras los profesionales de casa miran desde la barrera cómo se saltan el artículo 35 del Mandato Marco, que exige un 100% de producción interna para lo institucional. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la hipoteca, RTVE se gasta millones en productoras externas para programas como 'Malas Lenguas' o 'Directo al grano'. El resultado es un currículum envidiable de condenas judiciales por bulos y noticias falsas. Es como contratar a un fontanero externo que te rompe la tubería y luego cobrarle la reparación al vecino. El Consejo de Informativos (CdI) y el sindicato USO ya han soltado el látigo, calificando la entrevista al presidente como un hecho de 'gravedad extrema'. No es una cuestión de quién pregunta, sino de quién firma el cheque y quién controla la verdad. La indignación es tan real que el 93,5% de los trabajadores consultados creen que este modelo está dinamitando la credibilidad de la corporación. La respuesta no ha sido un correo electrónico educado, sino la convocatoria de paros generales por parte de la CGT para el próximo lunes 14 de septiembre. En Torrespaña y Prado del Rey ya se huele el incendio; la asamblea de este miércoles es solo el fósforo que falta para que la externalización pase de ser un 'modelo de gestión' a un problema de orden público.
Hacer malabares con el presupuesto público es un arte, pero lo de la Moncloa en Ceuta ya es una obra de surrealismo puro. El Ministerio de Sanidad nos vendió un paquete 'Premium' de 100 profesionales para paliar una crisis sanitaria que ya cumple 40 días. Pero, al abrir la caja, la sorpresa es mayúscula: en el servicio de Urgencias, donde la presión es tan alta que los médicos terminan llorando, solo ha aterrizado un único facultativo. Un solo médico. Es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua mientras el secretario de Estado, Javier Padilla, presume en 'Al Rojo Vivo' de que la plantilla se ha ampliado 'en uno o dos médicos por turno'. La ingeniería contable es fascinante. Nos hablan de 100 contratos, pero en la calle saben que eso es maquillaje: son contratos encadenados para la misma gente, principalmente personal de limpieza, enfermeros y TCAE. Mientras tanto, el músculo financiero del Ministerio, esos 122 millones de euros que Padilla mencionó en sus reuniones, parece haberse evaporado en el camino o haberse quedado atrapado en algún despacho de Madrid. Con esa cantidad, que haría palidecer a cualquier familia media al mirar la hipoteca, solo han sido capaces de poner una firma más en el libro de Urgencias. La hipocresía alcanza su cénit con Mónica García, quien insiste en que no hay colapso, solo una situación 'tensionada'. Llamar 'crisis humanitaria' a un colapso sanitario es un juego de palabras digno de un diccionario de eufemismos políticos. El resultado es una desmoralización total: tres bajas médicas por estrés y un servicio que sobrevive con cinco profesionales por turno, lidiando no solo con neumonías y sarampión, sino con un repunte de intoxicaciones por cocaína y metanfetaminas entre menores. Mientras el Gobierno juega al Monopoly con la salud pública, Médicos Unidos por sus Derechos (MUD) ha conseguido 27 voluntarios en 48 horas. El mensaje es claro: la voluntad no cuesta 122 millones, pero la inacción política sale muy cara.
Hay gente que gestiona su cartera como quien organiza el cajón de los calcetines: con un caos deliberado. José Bono, el eterno camaleón de la política española, ha decidido que el detalle es el enemigo de la elegancia financiera. Su sociedad, Joasa 2012, ha registrado en 2025 una entrada de 186.284 euros en inmovilizado material. Para el ciudadano medio, eso es un sablazo que requeriría tres vidas de hipotecas; para Bono, es simplemente añadir un pincelazo más a un lienzo que ya suma 1,392 millones de euros en saldo bruto. Lo verdaderamente fascinante no es cuánto gana, sino qué deja de contar. En 2024, la memoria de la empresa era un catálogo turístico: detallaba cinco inmuebles en Tánger (desde el Ben Charki 28 hasta el 38-40) valorados en 259.901 euros. Pero en las cuentas de 2025, ese apartado de 'Bienes en el extranjero' ha sufrido una evaporación selectiva. No es que los ladrillos hayan volado, es que ahora prefieren jugar al escondite. Mientras tanto, el balance total de Joasa roza los dos millones de euros (1,999 millones exactamente), multiplicando por 2,7 su valor desde 2020, cuando apenas llegaba a los 738.839 euros. Un crecimiento envidiable que contrasta con la realidad de quien cuenta los céntimos en el súper. Y aunque su facturación bajó a 727.000 euros, el beneficio se duplicó hasta los 173.362 euros gracias a una partida mágica de 'Otros resultados' por 342.236 euros. Todo esto ocurre mientras el exministro disfruta de su nacionalidad dominicana y de un imperio inmobiliario en el Caribe valorado en 1,4 millones de euros. Al final, la política es un buen currículum, pero la ingeniería financiera es el verdadero premio de consolación.
El Tribunal Supremo acaba de darle un zarpazo monumental a la ingeniería electoral del Gobierno. Resulta que Sofía Puente decidió que la 'Ley de Memoria Democrática' no era solo para reparar el daño a los exiliados, sino que cualquier descendiente de alguien que hubiera hecho las maletas entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 podía collinear para el pasaporte y el voto. Básicamente, convirtieron una medida de reparación histórica en un buffet libre de nacionalidades. El resultado fue un inflado del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) que parece una cuenta bancaria en paraíso fiscal: pasamos de 2.328.260 electores en 2023 a unos delirantes 2.736.522 el 1 de julio de 2026. Estamos hablando de 408.262 nuevos votantes que aparecieron por arte de magia, la mayor subida de la historia. Para que nos entendamos, es como si en una comunidad de vecinos de repente aparecieran cuatrocientos mil inquilinos nuevos que no pagan comunidad pero quieren decidir el color de la fachada. La anomalía es tan bestia que en 162 municipios el CERA ya pesa más que el censo residente (75.182 contra 56.171), y en 558 pueblos el voto exterior ya es el 50% del total. Iustitia Europa y Vox, que no se quisieron perder la fiesta, llevaron el asunto al Supremo, que ha decidido suspender los efectos de esta 'argucia'. Ahora, salvo que el consulado certifique un exilio real y documentado —algo que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior admite que ocurre en 'muy poca gente'—, esos cientos de miles de nuevos españoles se quedan fuera de las urnas. Mientras Félix Bolaños se pone la mano en el pecho hablando de 'enorme trascendencia' y derechos vulnerados, el Tribunal aplica el 'periculum in mora'. En cristiano: que si no actúan ya, el daño es irreparable. El Gobierno quería jugar al Monopoly con el censo, pero el Supremo les ha recogido el tablero.
Hay que tener el valor, o la cara dura, de convertir la seguridad nacional en un mercadillo de barrio. Mientras el ciudadano medio se pelea con la letra pequeña de la hipoteca, un colaborador de la Policía Nacional decidió que el paradero de un espía era el activo perfecto para hacer un 'golpe de suerte'. No hubo banderas, ni ideales, ni patriotismo de manual; solo la fría calculadora de quien ve una oportunidad de negocio donde otros ven un delito. La escena parece sacada de una serie de bajo presupuesto: marzo, el hotel Eurobuilding de Madrid,lejos del ruido pero cerca del poder. Allí, este confidente del Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska se sentó a negociar la cabeza de Mehdi Hijaouy. ¿El precio del soplo? Entre dos y tres millones de euros. Un sablazo considerable que convierte la información clasificada en una simple transacción comercial, como quien vende un coche usado en una web de anuncios. Hijaouy no es un cualquiera; fue la mano derecha de Yassine Mansouri y jefe del «Service Action» de la DGED. El hombre que guarda los secretos sucios de Mohamed VI y, según se dice, el material sustraído del teléfono de Pedro Sánchez mediante el spyware Pegasus. El colaborador policial no solo sabía que existía, sino que le dio a los marroquíes el mapa exacto: un piso en Mejorada del Campo y una finca en Cáceres. La ironía es deliciosa y amarga: el tipo que debería haber avisado a sus superiores prefirió intentar cobrar la comisión. Al final, Hijaouy, que ya había pasado por la Audiencia Nacional en septiembre de 2024 antes de saltar el teléfono y convertirse en prófugo, resultó ser la moneda de cambio en un juego de espejos donde la lealtad tiene un precio fijo y el espionaje es el deporte nacional.
Hay una danza muy curiosa en la Diputación de Badajoz. Resulta que David Sánchez, el hermano del presidente, disfrutó de una silla de alta dirección durante ocho años, cobrando una suma que haría temblar a cualquier currante medio: 340.572 euros. Para que nos entendamos, es como si alguien se comprara un piso en efectivo con el dinero de la caja de caudales del pueblo mientras el resto seguimos contando los céntimos para el café. El músico coordinó conservatorios y dirigió la Oficina de Artes Escénicas en una plaza que, según las acusaciones, era un espejismo, un invento creativo para justificar la nómina entre julio de 2017 y mayo de 2025. Lo fascinante no es el sueldo, sino la amnesia colectiva de la institución. La Diputación, que es la que soltó la pasta, decidió convenientemente no presentarse como perjudicada en el juicio. Una jugada maestra de 'no veo, no oigo', dejando que la Audiencia Provincial de Badajoz condenara a David a nueve años de inhabilitación por prevaricación, pero pasando olímpicamente de pedir el dinero de vuelta. Es la versión administrativa de 'te quiero mucho, quédate con el cambio'. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas ha decidido despertar a la Diputación de su siesta. A presión de Iustitia Europa, Hazte Oír y Vox, el letrado del Departamento 2º ha dado un plazo de cinco días para que la entidad socialista decida si quiere recuperar sus fondos o si prefiere seguir fingiendo que ese agujero contable es un error de cálculo. El contraste es brutal: mientras la Fiscalía pidió la absolución y la Diputación guardaba silencio, el Tribunal de Cuentas ahora les obliga a mirar el espejo. Si no responden, la Fiscalía y las acusaciones populares tomarán el mando. Al final, la pregunta es simple: ¿estaba el puesto vacío o el bolsillo demasiado lleno?
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Alex Carmona