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Imagínate comprarte un coche deportivo de lujo y descubrir que solo funciona con un combustible exótico que el gobierno acaba de prohibir. Pues bien, la Guardia Civil ha hecho exactamente eso, pero con 9.000 pistolas Ramon. Entre 2021 y 2023, el Estado soltó dos millones de euros a la empresa israelí EMTAM por unos juguetes que ahora sirven, básicamente, para sujetar papeles en un almacén. ¿El motivo? El Gobierno, en un alarde de coherencia geopolítica, vetó la compra de 15 millones de balas a IMI Systems por la guerra en Gaza. El problema es que, según los tests del Servicio de Armamento y Equipamiento Policial, las balas de Fiocchi Munizioni, Omena Technologies y Sellier & Bellot son básicamente petardos que se encasquillan. Solo las israelíes funcionaban. Pero esperen, que la ingeniería financiera es un arte. De esas 9.000 pistolas, unas 4.000 llegaron defectuosas; un agente terminó herido de gravedad porque el sistema de extracción era una broma. La solución de María Gámez fue enviar un 'kit de extracción', una especie de parche casero que no sirvió para nada. Como el contrato tenía una cláusula que impedía la devolución sin pagar una millonada, el Estado decidió quedarse con la chatarra. Para rematar la jugada, Fernando Grande-Marlaska ha lanzado una nueva licitación con Guardian Homeland Security. El resultado: 7.500 pistolas nuevas que cuestan 600 euros la unidad, frente a los 269 euros de las anteriores. Un recargo del 120% por el placer de empezar de cero. Mientras tanto, el Ministerio del Interior ha tenido que hacer malabarismos con contratos de 9,8 millones de euros para balas, jugando al gato y al ratón con los socios de coalición y las promesas de Pedro Sánchez. Un despliegue de gestión donde la seguridad ciudadana es la variable de ajuste.
Hay que tenerlo todo planeado, menos el abogado de patentes. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió celebrar los 50 años de España en libertad montando una pasarela en el Congreso de los Diputados, con Marina Rivers como musa y una estética de firma de lujo. El resultado fue 'Dmocracia', una marca de ropa que suena a startup de Silicon Valley pero que tiene el respaldo del erario público. Lo cómico es que, mientras se gastaban 386.000 euros en el despliegue —un sablazo que haría llorar a cualquier autónomo—, se olvidaron de lo más básico: registrar el nombre. Para que nos entendamos, es como comprarse un coche de alta gama, dejarlo aparcado en la calle sin llave y sorprenderse cuando alguien se lo lleva. El desglose del gasto es una joya de la gestión institucional: 112.783 euros en confeccionar las prendas, 59.680 euros en sesiones de fotos para que todo quedara 'estético', 10.000 euros en asesoría de diseño y unos modestos 2.752 euros en logística y tarjetas. Casi 400.000 euros invertidos en una marca que, según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no era para vender, sino para 'posicionarse'. Pero en el tablero político no hay espacio para los despistes. El pasado 9 de julio de 2026, Vox decidió que el vacío legal era una invitación formal y solicitó el registro de 'Dmocracia' ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mientras el Ejecutivo presume de libertad y vanguardia, la oposición se ha quedado con el 'estuche' de la marca. Una jugada maestra de troleo administrativo que deja al Gobierno haciendo el ridículo con ropa cara y sin nombre propio.
Hay un clásico en el teatro del poder: el empresario que, tras darse un paseo por el terreno, vuelve a casa asustadísimo porque alguien más le está pisando los talones. Esta vez, el Círculo de Empresarios, bajo el mando de Juan María Nin, ha soltado una Declaración Institucional que suena a urgencia. El motivo es simple: mientras nosotros seguimos discutiendo el menú, Estados Unidos ha llegado a Marruecos con el talonario abierto y una sonrisa americana, aprovechando que Rabat ha montado un escaparate industrial que envidiaría cualquier provincia española. Para que nos entendamos, Marruecos no está jugando a las casitas. Han multiplicado por 20 su red de autopistas y ya tienen más de 2.000 kilómetros de vías férreas, incluyendo el Al Boraq, que es el AVE africano. En energía, han sumado 30 gigavatios desde el cambio de siglo, apostando por el sol y el viento mientras nosotros seguimos peleándonos con la burocracia. Es como si el vecino hubiera reformado toda la casa con materiales de primera y nosotros seguéramos pensando que, como somos los que más hemos comprado en su tienda (con un intercambio de 22.500 millones de euros anuales), ya tenemos el sitio reservado en el sofá. El Círculo de Empresarios sabe que tener 300 empresas operando allí y un 'stock' de inversión de 2.000 millones de euros es un buen colchón, pero no es suficiente. Con 30.000 trabajadores españoles en sectores como el textil o la banca, el miedo es que la 'ambición' de Washington termine por dejarnos como el socio sentimental que ya no seduce. La petición a los políticos es clara: menos ruido en Twitter y más respaldo diplomático permanente, antes de que el sueño marroquí se convierta en una exclusiva estadounidense.
En el patio de recreo de la televisión española, las peleas por un juguete no terminan nunca. Mediaset y la productora MC&F han decidido que es hora de volver a pasar factura a Atresmedia. El motivo es el 'AlaZ', ese intento de Atresmedia por disfrazar el famoso 'Rosco' de Pasapalabra para que no pareciera el mismo perro con distinto collar. Mientras nosotros nos peleamos por el precio del aceite, estas corporaciones se lanzan dardos legales por el derecho a preguntar palabras con la letra 'A'. La historia es un círculo vicioso. El Tribunal Supremo ya dejó claro en 2022 que 'El Rosco' es un formato sagrado propiedad de MC&F y que Atresmedia e ITV Studios se lo habían estado comiendo gratis durante años. Para evitar la multa, Antena 3 se inventó el 'AlaZ', alegando que copiaban el formato de la televisión suiza RSI (el tal DallAZetA). Pero hay un problema de tamaño: mientras que en Suiza el concursante está solo en una cabina, en España tenemos el mismo duelo frenético de siempre. Mediaset, que ahora tiene los derechos y se siente el dueño del parque, dice que el 'AlaZ' es simplemente 'El Rosco' con un lavado de cara cutre. Cierto es que han añadido chucherías: ahora el tiempo base sube a 110 segundos, pueden pedir pistas diciendo 'letra' a cambio de 5 segundos y el concursante elige si empieza por la A o la Z. Pero para MC&F, esto es como cambiarle el color a un coche robado; sigue siendo el mismo motor. La productora neerlandesa ya pide medidas cautelares para que Antena 3 deje de emitir el juego. Mientras tanto, Mediaset ya está cocinando un nuevo concurso para Telecinco donde 'El Rosco' será la joya de la corona, demostrando que en este negocio la venganza es un plato que se sirve con definiciones y letras del abecedario.
Hay quien dice que la memoria es un refugio, pero en los pasillos del poder parece que la memoria es, sobre todo, una herramienta de ingeniería electoral. Hazte Oír ha decidido llevar el ruido hasta Bruselas, registrando una petición en el Parlamento Europeo para que alguien, en algún despacho comunitario, analice si la 'ley de nietos' es una reparación histórica o un truco de magia para inflar el censo. Para el ciudadano de a pie, que lucha con la declaración de la renta, la aritmética es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió el grifo. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025 con un volumen de solicitudes que parece la cola de un concierto de Taylor Swift: 2,45 millones de personas, con un 90% concentradas en Latinoamérica y un Buenos Aires que, con 645.000 peticiones, parece el verdadero ayuntamiento de España. De momento, el Gobierno ha aprobado unas 545.000. La joya de la corona es la instrucción de octubre de 2022 de Sofia Puente —hermana del ministro de Transportes—, quien decidió que probar la persecución política era un trámite aburrido. Basta con haber salido del país entre 1936 y 1955 para ser 'exiliado' por decreto. Es el equivalente administrativo a decir que cualquiera que haya salido a comprar pan en esos años era un refugiado. El problema no es el pasaporte, sino el voto. El CERA es el comodín donde unos pocos miles de votos desde el extranjero pueden decidir el último escaño de una provincia, permitiendo que el interesado elija dónde registrarse aunque no haya pisado esa tierra en su vida. Entre esto y la regularización masiva de más de 750.000 personas, Hazte Oír advierte que se está alterando la estructura electoral española, poniendo en duda los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Bruselas ha respondido con la burocracia habitual: que hay mucha cola y que ya mirarán la petición cuando puedan.
Parece un chiste de mal gusto, pero el Estatuto de los Trabajadores tiene un sentido del humor muy negro. La historia es sencilla: te pones el pijama de la baja, cobras el 100% de tu sueldo —un lujo que hoy en día es casi un deporte de riesgo— y decides que el Caribe suena mejor que el sofá. Aquí es donde entra el 'artículo 54', ese pequeño párrafo que es el terror de los optimistas, permitiendo el despido disciplinario sin un solo euro de indemnización si el jefe decide que tu viaje es una traición a la 'buena fe contractual'. La justicia no es un libro de reglas blanco y negro, sino más bien un juego de interpretación. No es que esté prohibido salir a caminar o viajar; el problema es si tu actividad parece un anuncio de Nike mientras pretendes que no puedes levantar un clip. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ya ha dejado claro que si tienes una lesión lumbar pero te dedicas a hacer rutas de montaña y gimnasio como si fueras un atleta olímpico, el despido es más que válido. Es como intentar convencer al cajero del súper de que el jamón ibérico es un alimento básico para la dieta del hambre. Sin embargo, hay grietas en el muro. En Murcia, un empleado con depresión y ansiedad se fue doce días al extranjero y el tribunal dijo: 'Vale, adelante'. ¿La diferencia? Que no hubo pruebas de que el viaje saboteara su recuperación. Al final, todo se reduce a un papel: el informe médico. Si el doctor dice que el pádel moderado es medicina, puedes jugar. Si el médico dice 'reposo absoluto' y te pillan en un torneo de Aragón, prepárate para actualizar el currículum. La moraleja es que, en el juego de la baja laboral, la documentación médica es el único escudo real contra la ingeniería financiera de los despidos.
Hay que tener una agilidad mental envidiable para convertir un viaje de emigración de 1923 en un exilio político de 1936. Juan Manuel de Hoz, el portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ha ejecutado una maniobra de ingeniería administrativa que dejaría pequeño cualquier truco de magia. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, De Hoz se deslizó por la Ley de Memoria Democrática con la velocidad de un Fórmula 1: tres semanas bastaron para obtener la nacionalidad española. Lo fascinante no es la rapidez, sino la gimnasia temporal. Sus abuelos paternos se fueron de España en 1921 y se instalaron definitivamente en Buenos Aires en 1923, huyendo de la pobreza y el golpe de Primo de Rivera. Es decir, se fueron 13 años antes de que estallara la Guerra Civil. Pero en el universo paralelo de la Ley de Nietos, eso parece ser un detalle insignificante. El 21 de octubre de 2022 la norma entró en vigor según el BOE, y para el 1 de diciembre de 2022, el PSOE de Argentina ya presumía en redes sociales de su nuevo afiliado. Cuarenta días. Eso es lo que tardó el ciclo completo: nacionalidad y carné del partido. Un 'pack bienvenida' que hace que cualquier oferta de cuenta bancaria parezca lenta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la veda a un flujo de pasaportes que ya no distingue entre exiliados y quienes emigraron en el siglo XIX, incluyendo casos de 1882 o 1898. El objetivo es claro: importar votos. El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto que el 95% de las ciudades españolas. Básicamente, están haciendo una compra de electorado transatlántica usando la memoria histórica como moneda de cambio.
En España hemos perfeccionado el arte de la 'ingeniería del subsidio'. Mientras que en otros países innovar es un negocio, aquí parece un deporte de gestión de formularios. Los datos de OCDE Innotax son demoledores: por cada euro invertido en I+D, el Estado nos regala un «subsidio impositivo implícito» de 33 céntimos. Para que nos entendamos, es como si el Gobierno te pagara un tercio de la cena solo por sentarte a la mesa, mientras que en Italia solo te dan 9 céntimos y en Alemania 22. Un festín público envidiable, ¿verdad? El problema es que comer gratis no llena la despensa de patentes. Italia, con una fracción de nuestras ayudas, nos mete un baile digno de carnaval: patentan el doble que nosotros cada año. En 2025, la Oficina Europea de Patentes registró 4.767 solicitudes italianas frente a las 2.255 españolas. Estamos en el noveno puesto de la UE, lejos del brillo de Alemania, que con 24.476 patentes nos mira desde el Olimpo. ¿Dónde está el agujero contable? En la inversión privada. Las empresas españolas pusieron 10.500 millones de euros en 2025, una cifra que suena a mucho hasta que ves que Alemania invierte 18 veces más. Las firmas italianas ponen un 62% más de capital propio que las nuestras. Hemos creado un ecosistema donde el sector público es la manta que nos adormece; el FMI ya avisó en junio que la carga burocrática es un muro infranqueable. Al final, nos quedan consuelos estadísticos: un crecimiento del 43% en peticiones en una década y la esperanza puesta en el sector biotecnológico, con 185 solicitudes. Pero mientras el CSIC, Telefónica o Amadeus mantienen el barco a flote, la realidad es que España es el país donde es más barato pedir ayuda que inventar el futuro.
Hay días en los que la realidad supera a la ficción, y luego está el caso de Castro de Rei. Imaginen la escena: madrugada del 29 de junio de 2025, un silencio rural absoluto y, de repente, un feriante llega en patinete eléctrico. Pero no venía a buscar el camino más corto al hotel, sino que traía un kit de 'supervivencia' bastante perturbador: un taburete y cuerdas. El sujeto decidió que una vaca preñada era el objetivo ideal para sus impulsos, atándola de cuello y rabo para que el animal no pudiera defenderse. Un despliegue de logística digno de un manual de perversiones. Lo surrealista no es solo el acto, sino la confesión. El dueño de la explotación, en un momento de incredulidad digno de un sketch, le preguntó directamente si estaba violando a la vaca, a lo que el individuo respondió con una naturalidad pasmosa: «sí». Hasta la madre del ganadero fue testigo, escuchando al sujeto susurrar un «quietiña» al animal mientras consumaba la agresión. Un detalle que hiela la sangre. Pero aquí llega la joya de la corona: la justicia. La Audiencia Provincial de Lugo ha confirmado la sentencia del Juzgado de Instrucción número 1. ¿El precio de semejante aberración? 270 euros. Sí, han leído bien. Una multa que no llega ni a cubrir el coste de un electrodoméstico mediano por un delito leve de maltrato animal. Para colmo, el 'artista' del patinete recibe una inhabilitación de cuatro meses para trabajar con animales. Básicamente, el Estado le ha dicho que se tome unas vacaciones cortas antes de volver a su rutina. Mientras el ganadero pedía que este hombre no se acercara a los niños, la ley ha decidido que con un sablazo menor a tres cientos de euros y un descanso trimestral es suficiente para resarcir el 'menoscabo y humillación' de la vaca.
En el Ministerio de Hacienda se ha instalado un clima de 'Black Friday' perpetuo, pero sin descuentos y con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio pelea con la aplicación de la banca para que no le claven una comisión por respirar, los ministerios han decidido montar una rave de subvenciones directas. El truco es sencillo: como no hay Presupuestos aprobados, se saltan la cola del Congreso y el Senado invocando la mística 'urgencia'. Es la ingeniería del 'cascoporro'. Los técnicos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos están al borde del colapso nervioso. Se encuentran con una avalancha de expedientes que parecen redactados en un frenesí electoral, intentando blindar la caja antes de que alguien diga 'elecciones anticipadas'. No hay concurrencia competitiva; aquí no gana el mejor proyecto, sino el que tiene la llamada correcta. Es, básicamente, repartir el pastel a dedo mientras Hacienda intenta poner una excusa técnica que no parezca un chiste de mal gusto. Lo más delirante es el sesgo geográfico. Mientras algunos pueblos luchan contra la despoblación, el Ministerio de Cultura ha decidido que 12.225.000 euros destinados al patrimonio histórico de ciertos rincones de Cataluña son una prioridad absoluta y urgente. Un detalle curioso para quien cree en la equidad territorial. Todo este ruido ocurre mientras la Agencia Tributaria es un campo de minas tras la salida de Soledad Fernández y otros mandos que no pasaron el filtro de las 'cesiones fiscales' que Pedro Sánchez tiene preparadas para Cataluña. Al final, la moraleja es clara: si quieres dinero público, no montes una empresa innovadora; busca un ministerio que tenga prisa por vaciar la cuenta antes de que cierren el chiringuito legislativo.
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Adolfo Sáez