El texto original es una mina de oro de incompetencia administrativa, pero falla al no cuestionar por qué se compró armamento cuya munición dependía de un único proveedor extranjero. Es la definición de manual de un riesgo operativo ignorado por pura negligencia.
En el manual de supervivencia del funcionario moderno, hay una regla de oro: si el barco se hunde, que sea en una empresa pública. Así opera la ingeniería del nepotismo actual. Mientras el ciudadano medio se pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, el Gobierno ha convertido a Tragsa en una suerte de refugio climatizado para los suyos. El caso estrella es el de Rocío López Cid, concejala y teniente de alcalde en Albaida del Aljarafe, que ha pasado de gestionar el voto por correo con métodos de película de espías de bajo presupuesto a gestionar subvenciones del 0,7% del IRPF. La trama es tan delirante que parece un chiste de mal gusto. López Cid no se limitó a 'ayudar' en la campaña; según el Juzgado de Instrucción número 3 de Sanlúcar la Mayor, la mujer prefería que los votos aterrizaran en su mesilla de noche antes que en las urnas. Hablamos de al menos 32 votos por correo sospechosos, donde la caligrafía de la edil coincide sospechosamente con la de los formularios. El nivel de descaro alcanzó su cenit cuando una solicitud de voto de un tal F.M.P. llegó directamente a su domicilio particular. Pero aquí viene la joya de la corona: lejos de darle un correctivo, el PSOE la ascendió a la Secretaría de Infancia en la dirección provincial de María Jesús Montero y, como premio al esfuerzo, la colocaron como asistente técnica en Tragsa, empresa dependiente del Ministerio de Agricultura y la SEPI. Es el ciclo perfecto: fraude electoral, ascenso político y un sueldo público para justificar que otros reciban ayudas. Solo cuando la Fiscalía pidió su imputación formal en febrero, la señora decidió que el aire en Tragsa ya no era tan puro y abandonó el puesto dos meses después. Un patrón de 'regeneración' que, según la Policía Judicial, se repite con precisión matemática desde Sevilla hasta Melilla, pasando por Tenerife y Murcia.
Hay que tenerlo todo planeado, menos el abogado de patentes. El Gobierno de Pedro Sánchez decidió celebrar los 50 años de España en libertad montando una pasarela en el Congreso de los Diputados, con Marina Rivers como musa y una estética de firma de lujo. El resultado fue 'Dmocracia', una marca de ropa que suena a startup de Silicon Valley pero que tiene el respaldo del erario público. Lo cómico es que, mientras se gastaban 386.000 euros en el despliegue —un sablazo que haría llorar a cualquier autónomo—, se olvidaron de lo más básico: registrar el nombre. Para que nos entendamos, es como comprarse un coche de alta gama, dejarlo aparcado en la calle sin llave y sorprenderse cuando alguien se lo lleva. El desglose del gasto es una joya de la gestión institucional: 112.783 euros en confeccionar las prendas, 59.680 euros en sesiones de fotos para que todo quedara 'estético', 10.000 euros en asesoría de diseño y unos modestos 2.752 euros en logística y tarjetas. Casi 400.000 euros invertidos en una marca que, según la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, no era para vender, sino para 'posicionarse'. Pero en el tablero político no hay espacio para los despistes. El pasado 9 de julio de 2026, Vox decidió que el vacío legal era una invitación formal y solicitó el registro de 'Dmocracia' ante la Oficina Española de Patentes y Marcas. Mientras el Ejecutivo presume de libertad y vanguardia, la oposición se ha quedado con el 'estuche' de la marca. Una jugada maestra de troleo administrativo que deja al Gobierno haciendo el ridículo con ropa cara y sin nombre propio.
Hay quien dice que la memoria es un refugio, pero en los pasillos del poder parece que la memoria es, sobre todo, una herramienta de ingeniería electoral. Hazte Oír ha decidido llevar el ruido hasta Bruselas, registrando una petición en el Parlamento Europeo para que alguien, en algún despacho comunitario, analice si la 'ley de nietos' es una reparación histórica o un truco de magia para inflar el censo. Para el ciudadano de a pie, que lucha con la declaración de la renta, la aritmética es sencilla: la Ley de Memoria Democrática de 2022 abrió el grifo. El plazo cerró el 22 de octubre de 2025 con un volumen de solicitudes que parece la cola de un concierto de Taylor Swift: 2,45 millones de personas, con un 90% concentradas en Latinoamérica y un Buenos Aires que, con 645.000 peticiones, parece el verdadero ayuntamiento de España. De momento, el Gobierno ha aprobado unas 545.000. La joya de la corona es la instrucción de octubre de 2022 de Sofia Puente —hermana del ministro de Transportes—, quien decidió que probar la persecución política era un trámite aburrido. Basta con haber salido del país entre 1936 y 1955 para ser 'exiliado' por decreto. Es el equivalente administrativo a decir que cualquiera que haya salido a comprar pan en esos años era un refugiado. El problema no es el pasaporte, sino el voto. El CERA es el comodín donde unos pocos miles de votos desde el extranjero pueden decidir el último escaño de una provincia, permitiendo que el interesado elija dónde registrarse aunque no haya pisado esa tierra en su vida. Entre esto y la regularización masiva de más de 750.000 personas, Hazte Oír advierte que se está alterando la estructura electoral española, poniendo en duda los valores del artículo 2 del Tratado de la Unión Europea. Bruselas ha respondido con la burocracia habitual: que hay mucha cola y que ya mirarán la petición cuando puedan.
Hay que tener una agilidad mental envidiable para convertir un viaje de emigración de 1923 en un exilio político de 1936. Juan Manuel de Hoz, el portavoz del Centro de Descendientes de Españoles Unidos (CeDEU), ha ejecutado una maniobra de ingeniería administrativa que dejaría pequeño cualquier truco de magia. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar el DNI, De Hoz se deslizó por la Ley de Memoria Democrática con la velocidad de un Fórmula 1: tres semanas bastaron para obtener la nacionalidad española. Lo fascinante no es la rapidez, sino la gimnasia temporal. Sus abuelos paternos se fueron de España en 1921 y se instalaron definitivamente en Buenos Aires en 1923, huyendo de la pobreza y el golpe de Primo de Rivera. Es decir, se fueron 13 años antes de que estallara la Guerra Civil. Pero en el universo paralelo de la Ley de Nietos, eso parece ser un detalle insignificante. El 21 de octubre de 2022 la norma entró en vigor según el BOE, y para el 1 de diciembre de 2022, el PSOE de Argentina ya presumía en redes sociales de su nuevo afiliado. Cuarenta días. Eso es lo que tardó el ciclo completo: nacionalidad y carné del partido. Un 'pack bienvenida' que hace que cualquier oferta de cuenta bancaria parezca lenta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto la veda a un flujo de pasaportes que ya no distingue entre exiliados y quienes emigraron en el siglo XIX, incluyendo casos de 1882 o 1898. El objetivo es claro: importar votos. El PSOE presume de que Argentina tendrá más nacionalizados con derecho a voto que el 95% de las ciudades españolas. Básicamente, están haciendo una compra de electorado transatlántica usando la memoria histórica como moneda de cambio.
En el Ministerio de Hacienda se ha instalado un clima de 'Black Friday' perpetuo, pero sin descuentos y con el dinero de todos. Mientras el ciudadano medio pelea con la aplicación de la banca para que no le claven una comisión por respirar, los ministerios han decidido montar una rave de subvenciones directas. El truco es sencillo: como no hay Presupuestos aprobados, se saltan la cola del Congreso y el Senado invocando la mística 'urgencia'. Es la ingeniería del 'cascoporro'. Los técnicos de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos están al borde del colapso nervioso. Se encuentran con una avalancha de expedientes que parecen redactados en un frenesí electoral, intentando blindar la caja antes de que alguien diga 'elecciones anticipadas'. No hay concurrencia competitiva; aquí no gana el mejor proyecto, sino el que tiene la llamada correcta. Es, básicamente, repartir el pastel a dedo mientras Hacienda intenta poner una excusa técnica que no parezca un chiste de mal gusto. Lo más delirante es el sesgo geográfico. Mientras algunos pueblos luchan contra la despoblación, el Ministerio de Cultura ha decidido que 12.225.000 euros destinados al patrimonio histórico de ciertos rincones de Cataluña son una prioridad absoluta y urgente. Un detalle curioso para quien cree en la equidad territorial. Todo este ruido ocurre mientras la Agencia Tributaria es un campo de minas tras la salida de Soledad Fernández y otros mandos que no pasaron el filtro de las 'cesiones fiscales' que Pedro Sánchez tiene preparadas para Cataluña. Al final, la moraleja es clara: si quieres dinero público, no montes una empresa innovadora; busca un ministerio que tenga prisa por vaciar la cuenta antes de que cierren el chiringuito legislativo.
En política, como en el amor, lo que importa no es lo que haces, sino lo que logras que parezca que no haces. El PSOE ha intentado vendernos una coreografía de distanciamiento social digna de un protocolo sanitario estricto, pero una fotografía ha dinamitado el montaje. Óscar López, ministro para la Transformación Digital y secretario general del PSOE de Madrid, ha sido pillado en un momento de 'estirón de orejas' mediático: posando sonriente y muy relajado junto a Antonia Alcázar, la alcaldesa de Velilla de San Antonio. El problema no es la foto, sino el árbol genealógico. Antonia es la hermana de Gertrudis Alcázar, la mítica 'Gertru', esa secretaria que conoce hasta el color de los calcetines de José Luis Rodríguez Zapatero y que ahora baila al son de diligencias judiciales y registros. Mientras el partido intentaba proyectar una frialdad glacial durante el Orgullo LGTBI para evitar que el 'efecto Gertru' salpicara al ministro, la realidad es que López y Alcázar estaban más cómodos que en su propio sofá. En la imagen también aparece Cristina Cerquera, concejala de Hacienda e Igualdad en Velilla, completando un cuadro de complicidad que deja en ridículo el manual de instrucciones de la comunicación oficial. Antonia, que pasó de las tinturas de peluquería a los despachos públicos y que ya sobrevivió a un juicio por el restaurante El Casón de la Quinta de San Antonio con una absolución en el bolsillo, es el puente directo hacia el círculo íntimo del expresidente. Zapatero no se ahorró esfuerzos en 2019 para impulsarla en las municipales, demostrando que los apellidos pesan más que los programas electorales. Al final, el PSOE ha intentado hacer un malabarismo de imagen que ha terminado con la nariz pegada al cristal: la cercanía sigue ahí, aunque el departamento de marketing diga que hay kilómetros de distancia.
Hay una coreografía muy precisa en la gestión de los fondos públicos que ya debería dar clases de danza clásica. El Gobierno de Fuenlabrada, bajo el mando de Javier Ayala, ejecutó en junio de 2020 una maniobra de precisión quirúrgica: adjudicaron un contrato a Kreab por 17.545 euros. El truco está en la base imponible de 14.500 euros. ¿Por qué esa cifra? Porque quedarse un céntimo por debajo de los 15.000 euros es el 'pase mágico' para evitar la licitación pública y contratar a dedo, como quien elige al primo para pintar la casa para no dar explicaciones al vecino. Lo fascinante es el destinatario. Kreab no es precisamente una agencia de barrio especializada en folletos de hostelería; es la maquinaria que, entre 2015 y 2025, le soltó 1,5 millones de euros a José Luis Rodríguez Zapatero por ser su 'asesor senior'. La UDEF ya ha contado los billetes: 62 transferencias que suman 956.180 euros solo entre 2020 y 2025. Es decir, mientras el pequeño comercio de Fuenlabrada intentaba sobrevivir a la desescalada del primer estado de alarma, el Ayuntamiento le pasaba la tarjeta a la consultora del ex presidente. ¿Y el resultado de esa 'campaña de promoción'? El vacío absoluto. No hay rastro de Kreab en los comunicados ni en las apps de códigos QR de la época. Es el contrato fantasma perfecto: se paga el servicio, se evita la burocracia y el trabajo es invisible, casi como la ética en ciertos despachos. Para colmo, el municipio ya figuraba en la libreta de Leire Díez junto a notas sobre 'jardines y limpieza', sugiriendo que en Fuenlabrada el ecosistema de los contratos a dedo está más abonado que los propios parques. Ante el ruido en el pleno, el alcalde Ayala optó por el silencio administrativo, la respuesta favorita de quien no quiere que el hilo lleve hasta el ovillo.
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