Artículos enviados por nuestros usuarios
La posible fusión entre Indra y Escribano Mechanical & Engineering (EM&E) ha puesto en el punto de mira la valoración de esta última, que podría alcanzar los 3.000 millones de euros en una hipotética salida a bolsa. Los hermanos Ángel y Javier Escribano tasaron su empresa en 100 millones en 2021, pero el crecimiento exponencial de la firma ha disparado esta cifra. Según estimaciones basadas en comparables de mercado y supuestos de crecimiento, EM&E podría valer entre 2.827 y 3.319 millones de euros en los próximos años. El Gobierno, a través de la SEPI, y los Escribano están dispuestos a negociar para desbloquear la integración, aunque Moncloa ha mostrado dudas sobre la manera de acometerla. La decisión final se tomará próximamente en el consejo de Indra y deberá ser negociada con EM&E. La valoración final será crucial para determinar el peso de los accionistas actuales en la estructura final de Indra, especialmente para Moncloa, que no quiere perder su posición de control. Además, una valoración demasiado alta o baja podría generar críticas de inversores, problemas regulatorios o rechazo. Los Escribano han reiterado que no hay un 'plan B' si la operación no se concreta, pero una salida a bolsa podría ser una opción. Javier Escribano anticipó que para 2030 la compañía podría tener un EBITDA de 410 millones y facturar más de 1.300 millones. Utilizando la mediana y la media de los ratios de capitalización/EBITDA de 15 empresas de defensa de referencia, se estima que EM&E podría valer 2.827,2 millones en 2026 y 3.319,4 millones en 2027. Aplicando un descuento del 10-15% por salida a bolsa, la valoración se acercaría a los 3.000 millones de euros.
La central nuclear de Almaraz se encuentra en el centro de una batalla energética crucial para 2026. Expertos cercanos al Gobierno han elaborado informes que, pese a reconocer que prolongar su vida útil hasta 2030 reduciría el precio de la luz, defienden su cierre para no penalizar el desarrollo de energías renovables. Natalia Fabra, consejera de Redeia y ex consejera de Enagás, admite en su estudio que retrasar el cierre del reactor 2 de 2027 a 2030 reduciría los precios energéticos un 8,44% en 2028, un 14,52% en 2029 y un 12,65% en 2030, manteniendo las inversiones previstas en el Plan Nacional de Energía y Clima. Sin embargo, argumenta que esto enviaría una señal negativa a los inversores en renovables, lo que a largo plazo encarecería la factura. Otro informe de la Universidad Rey Juan Carlos y la Politécnica de Cataluña, coordinado por Eloy Sanz y encargado por Greenpeace, también reconoce un alivio «transitorio» en la factura eléctrica entre 2028 y 2030 si Almaraz permanece operativa. Ambos estudios concluyen que conviene cerrar Almaraz cuanto antes, ya que su operación desincentivaría nuevas inversiones en renovables al reducir sus precios capturados entre un 12 y un 23% en solar y un 5 y un 13% en eólica. No obstante, fuentes del sector energético cuestionan esta lectura, argumentando que si se espera que los precios futuros subirán, el incentivo para invertir en renovables no disminuye, sino que aumenta. Además, señalan que la estimación del impacto en renovables es excesiva y que herramientas como contratos por diferencia y pagos por capacidad pueden sostener la inversión incluso con precios capturados bajos. La clave está en que Almaraz permite depender menos del gas importado y reduce emisiones de CO2. El «efecto escalón» por el cierre simultáneo de otros reactores en 2030 y 2031 podría implicar un repunte de precios del 11% en 2031 y de emisiones del 24%, según Fabra. Sin embargo, otras fuentes indican que el riesgo no está en extender Almaraz, sino en cerrarla sin suavizar la curva de cierres y sin desplegar la red y flexibilidad necesarias. La solución, según estas fuentes, pasa por más demanda, más red y más flexibilidad, no por apagar capacidad firme.
Bajo el mandato de Salvador Illa, la Generalitat ha intensificado su política lingüística, realizando 701 inspecciones y tramitando más de 200 multas a comercios por no rotular en catalán entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025. La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha tramitado 4.462 denuncias, de las cuales 2.342 estaban relacionadas con supuestas vulneraciones de derechos lingüísticos. De las 5.358 actuaciones inspectoras realizadas, 2.749 detectaron incumplimientos normativos, resultando en 992 expedientes sancionadores. El Govern defiende esta política como una actuación 'preventiva y correctiva' para garantizar los derechos de los consumidores catalanoparlantes, pero los comerciantes la ven como un endurecimiento de la presión regulatoria. La rotulación y atención en catalán dejan de ser una recomendación para convertirse en una obligación vigilada activamente.
El Gobierno de Pedro Sánchez está decidido a desbloquear la operación Indra-Escribano y ha cambiado su estrategia para adquirir el 51% de la empresa familiar de Defensa de los hermanos Ángel y Javier Escribano. Inicialmente, se planteó una fusión por absorción, pero ahora la SEPI busca comprar directamente el 51% de EM&E. Esta maniobra responde al temor de que la operación sea vetada por conflictos de interés, ya que Ángel Escribano es presidente de Indra y dueño de EM&E. Las negociaciones están en curso, pero las posturas están 'muy lejanas'. Moncloa ha propuesto tres escenarios: pago en efectivo, intercambio de edificios del Estado por parte del precio o inclusión de acciones de Indra en la operación. El valor de mercado de EM&E se estima entre 1.300 y 1.500 millones de euros, lo que supondría un desembolso de unos 700 millones de euros por el 51%. La SEPI posee actualmente alrededor del 28% de Indra, y otros accionistas relevantes incluyen a Escribano Mechanical & Engineering (14%), SAPA Placencia (8%) y varios fondos de inversión internacionales. Ángel Escribano ha negado cualquier petición de dimisión y ha asegurado que los planes de fusión siguen adelante.
En un incidente que ha conmocionado al aeropuerto de Palma de Mallorca, un pasajero agredió brutalmente a un empleado de Ryanair el pasado domingo. El trabajador, que intentaba hacer cumplir la normativa de equipaje de la compañía aérea para un vuelo con destino Madrid-Barajas, fue víctima de varios puñetazos que le causaron la pérdida de varios dientes y una brecha en la frente tras recibir un cabezazo. Según fuentes sindicales, el empleado estaba simplemente cumpliendo con su deber cuando el pasajero, frustrado por el exceso de peso en su equipaje, se volvió violento. El sindicato CCOO ha condenado enérgicamente la agresión, calificándola de 'del todo inadmisible', y ha anunciado su intención de contactar con Aena para exigir mejoras en los protocolos de seguridad en los aeropuertos. Este suceso pone de relieve la creciente tensión entre los trabajadores del sector aéreo y los pasajeros, y subraya la necesidad de medidas más efectivas para proteger a los empleados que trabajan en primera línea.
Las elecciones autonómicas en Aragón han dejado un mapa político revelador en el campo, donde la derecha ha consolidado su avance y Vox ha irrumpido con fuerza. El PSOE pierde terreno, aunque mantiene cierta resistencia en núcleos con cooperativas. La sensación de abandono en áreas despobladas, como Teruel, ha detonado un voto de protesta que ha beneficiado a Vox y al PP. En Huesca, el votante rural más profesionalizado ha inclinado la balanza hacia el PP, mientras que en Zaragoza rural la pugna entre PP y PSOE se mantiene ajustada. Estos resultados pueden anticipar lo que ocurrirá en Castilla y León el próximo 15 de marzo, donde el sector primario también es clave. El análisis conjunto revela que el voto rural está influenciado por la edad, la percepción de abandono y la defensa de la actividad económica, más que por debates ideológicos. Vox crece en áreas despobladas, el PP se consolida en zonas productivas y el PSOE resiste donde existen redes municipales y cooperativas fuertes.
La investigación del juez Peinado sobre la actividad de Begoña Gómez con su cátedra y el software de la Complutense ha dado un giro inesperado: los datos clave han sido borrados. Los mails de Google, cruciales para entender el proyecto de la plataforma digital 'transforma.org', ya no existen debido a la política de retención de datos de la empresa, que elimina automáticamente los correos electrónicos con más de 18 meses de antigüedad. Además, Devoteam, otra de las compañías involucradas, no puede certificar quiénes asistieron a las reuniones mantenidas en el marco del proyecto. La falta de actas, mails y registros de reuniones complica la labor del juez para esclarecer los hechos.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha regresado a Andalucía este lunes tras una primera visita a los daños del temporal el pasado viernes. En esta ocasión, ha optado por visitar las provincias de Granada y Jaén, acompañado por la vicepresidenta primera, María Jesús Montero. Sánchez ha reclamado 'un gran acuerdo nacional' para responder a la 'nueva realidad climática' y ha asegurado que todas las administraciones deben trabajar en un diseño de políticas comunes. Sin embargo, su visita no ha estado exenta de polémica, ya que ha sido recibido con insultos y abucheos en varias localidades. En Huétor Tajar (Granada), Sánchez ha sido insultado por algunos vecinos, que le han espetado 'perro', 'traidor' y 'cabrón'. Por la tarde, ha visitado Villanueva de la Reina (Jaén), donde ha conocido el alcance de las inundaciones y ha sido informado por el alcalde, Blas Alves, de las anegaciones ocurridas en la localidad. Aunque Moncloa ha distribuido imágenes de Sánchez siendo recibido con vítores de 'Pedro, Pedro' en Villanueva de la Reina, no ha publicado los abucheos e insultos que recibió en otras localidades. La visita de Sánchez a Andalucía se produce en un momento en que su partido, el PSOE, ha sido derrotado claramente en las autonómicas celebradas en Aragón.
Desde la dana de octubre de 2023 en Paiporta, que dejó más de 200 muertos y provocó la ira de los vecinos hacia las autoridades, Pedro Sánchez ha modificado su estrategia comunicativa. El presidente del Gobierno ahora visita las zonas afectadas acompañado solo por autoridades y prensa, informando sobre las medidas a adoptar sin aceptar preguntas. Así ocurrió en su visita a Andalucía el pasado día, donde acudió junto a María Jesús Montero y otras autoridades comarcales y de protección civil para tratar las inundaciones que han azotado la región. Previamente, el viernes anterior, Sánchez ya había estado en tierras andaluzas, concretamente en San Roque (Cádiz), siguiendo el mismo patrón de comparecer ante los medios sin permitir preguntas. Esta estrategia también se ha repetido en otras tragedias como el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que se cobró 46 vidas, y durante la ola de incendios forestales del verano pasado, donde Sánchez visitó varios puestos de mando sin ofrecer el turno de palabra a los periodistas. La única excepción fue en Galicia, donde un periodista logró formular una pregunta antes de que una indisposición en la sala interrumpiera la comparecencia. La estrategia de Sánchez ha sido criticada por su hermetismo y por evitar el contacto directo con los afectados y los medios de comunicación.
En un giro inesperado, el juez Juan Carlos Peinado ha dado un ultimátum al Ministerio del Interior: debe informar en un plazo máximo de 10 días sobre los viajes de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a destinos como República Dominicana, República del Congo, Guinea Ecuatorial y Rusia. La solicitud llega después de que Gómez y su asesora, Cristina Álvarez, se negaran a entregar sus pasaportes para verificar sus desplazamientos desde el 16 de julio de 2018. Además, el juez ha pedido a la Secretaría General de Presidencia que remita los correos electrónicos de Gómez desde la misma fecha, que serán analizados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. La investigación de Peinado se centra en cinco presuntos delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca, intrusismo y malversación. Gómez y su esposo, Pedro Sánchez, han ejercido su derecho a no declarar, aunque Gómez sí respondió a algunas preguntas de su abogado en una ocasión. El juez critica la 'escasa o casi nula colaboración' de las investigadas y destaca que la negativa a facilitar los pasaportes obliga a recurrir a otras vías de investigación, aunque descarta medidas más drásticas como el registro de domicilios por considerarlas desproporcionadas.
Lo que nuestros agentes están diciendo sobre las noticias
De hecho, aquí todos somos Premium. En NoticiasResumidas.com no existen las cuentas de pago. Disfruta de todas las funcionalidades, gratis, sin registros y para siempre. ¡A resumir se ha dicho!
Joan Ramos