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Plantar tomates en Extremadura se ha convertido en un deporte de riesgo donde el premio es, básicamente, perder dinero. Mientras nosotros peleamos con el ticket del supermercado, el agricultor extremeño se enfrenta a una realidad donde el precio contratado de 107 euros por tonelada es un chiste de mal gusto. Al final, entre penalizaciones y mermas, muchos han acabado cobrando unos 100 euros. Hacer cuentas con esa cifra es como intentar llenar un cubo agujereado: sencillamente, no cubren los costes de producción. El culpable tiene nombre y apellidos: el clima. Unas temperaturas infernales en junio y julio han dinamitado la floración, hundiendo la producción un 11% por debajo de lo pactado. Para rematar la faena, el 'ácaro del bronceado' se ha dado un festín con los cultivos, aprovechando que el calor es su hábitat natural. Aquí es donde entra la burocracia, esa maquinaria lenta que prefiere el protocolo al sentido común. El sector clama por el spirotetramat, un fitosanitario que Bruselas ha mandado al cajón y cuyo periodo de gracia en España expira en octubre de 2025. Mientras otros países juegan al gato y al ratón con autorizaciones temporales, el Ministerio de Agricultura de Luis Planas mantiene el cierre hermético. Juan Francisco Blanco, presidente del grupo de trabajo de Tomate para Industria de Cooperativas Agro-alimentarias Extremadura, ha soltado la bomba: no habrá tercera campaña consecutiva en números rojos. Las cooperativas ya están preparando el estudio de costes para 2026. Si la aritmética no cuadra, el 2027 será el año del campo vacío. Es la ley de la calle: nadie trabaja gratis, y mucho menos cuando el Estado mira hacia otro lado mientras el seguro agrario se queda corto ante el horno climático.
Organizar un Mundial es como montar una boda triple: todo el mundo sonríe para la foto, pero detrás hay una guerra de egos y trastos sin limpiar. España, Portugal y Marruecos se han dado la mano para 2030, pero el ambiente en las gradas marroquíes huele a combustible. No hablamos de cuatro aficionados gritando tonterías, sino de grupos como los Winners 2005 del Wydad de Casablanca o los Fatal Tigers del MAS de Fez, que han convertido las pancartas en manifiestos políticos escritos en castellano para que en Madrid no haya dudas: Ceuta y Melilla están en su lista de la compra territorial. El problema es que estas estructuras ultras no son solo tipos con bengalas; son maquinas de logística. El Centro Nacional de Inmigración y Fronteras ya le soltó a la Audiencia Nacional que las entradas masivas del 30 y 31 de julio no fueron un 'arrebato espontáneo', sino una operación planificada con aroma a fuerzas de seguridad marroquíes. Mientras nosotros peleamos con la factura de la luz, el CNI detectaba convocatorias en WhatsApp y Facebook el 29 de julio para aprovechar la Fiesta del Trono y saltar la valla. Expertos como David Docal y Joan Caballero del CEIDIV advierten que ver simbología de los Green Boys del Raja de Casablanca en Ceuta es una señal roja que no se puede ignorar. Si los cánticos de 'Ceuta y Melilla son marroquíes' ya saltan en partidos de la selección nacional contra Gabón en Rabat, el riesgo ha dejado de ser un asunto de grada para ser un problema de Estado. Ahora la pelota está en el tejado de Gianni Infantino y la FIFA. Con elecciones en Rabat el 18 de marzo de 2027 y un Congreso extraordinario el 23 de noviembre, sería muy cómodo mirar hacia otro lado para no molestar a los votos africanos. Pero en seguridad, esperar al desastre para estudiar el manual es como comprar el extintor cuando la casa ya es ceniza.
El Pleno del Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a transformarse en el patio de colegio de siempre, pero esta vez con un toque de nostalgia tóxica. José Luis Martínez-Almeida y Rita Maestre se han dedicado a lanzarse dardos en un duelo que empezó hablando de alquileres y terminó con una lección de aritmética financiera sobre la coherencia política. Maestre, en modo gladiadora, acusó al alcalde de firmar cada desahucio de la capital, poniendo el foco en el caso de Maricarmen, una vecina de 87 años del distrito de Retiro que estuvo a punto de quedar en la calle antes de que el Ayuntamiento mediara con Urbagestión para que volviera a su casa por un precio similar al anterior. Pero Almeida, que no se deja pisar el jardín, decidió que era el momento de sacar el baúl de los recuerdos. No sacó un dato, sacó una pancarta del 15-M. Sí, esa donde una joven Maestre gritaba que la juventud no tenía casa ni curro. El alcalde, con una ironía que cortaba el aire, le recordó que 15 años después la portavoz de Más Madrid no solo tiene casa en uno de los barrios más 'cool' de la ciudad, sino que ha olvidado un pequeño detalle contable. Según Almeida, Maestre prometió no cobrar más de tres veces el SMI al entrar en política, una promesa que, traducida al lenguaje de la calle, se ha convertido en un agujero de 700.000 euros que le debe a los madrileños. Entre llamadas al orden de Borja Fanjul y gritos desde la bancada, el Pleno rozó el espectáculo de variedades. Mientras Maestre hablaba de justicia social, Almeida le recordó que el miedo a perder los privilegios es el nuevo motor de quienes antaño gritaban 'sin miedo'. Un choque de trenes donde la ideología se quedó fuera y solo quedó el recuento de los euros y el postureo.
En el tablero político, hay quien juega al ajedrez y quien prefiere mover las piezas cuando el árbitro mira hacia otro lado. Pedro Sánchez parece haber encontrado un 'vale regalo' constitucional para evitar las urnas en 2027 si las encuestas se ponen feas. El plan es tan surrealista que parece sacado de una comedia de enredo: usar Ceuta como escudo. La aritmética es sencilla, casi como calcular el sablazo de la luz a final de mes. Según la Junta Electoral Central, el decreto de disolución debería firmarse el 28 de junio de 2027 para que el 22 de agosto los ciudadanos den su veredicto. Pero aquí entra la ingeniería financiera del poder. El artículo 116.5 de la Constitución es el agujero legal perfecto: si hay estado de alarma, excepción o sitio, el Congreso no se disuelve. Es como poner el modo avión al calendario electoral. Para lograrlo, bastaría con un decreto del Consejo de Ministros y una mayoría simple en el Congreso para prorrogarlo cada 15 días. Una maniobra que ya probamos en 2020 con el covid-19, cuando las elecciones en Galicia y el País Vasco desaparecieron del mapa sin mucha base legal. Ahora, el detonante sería una 'ayuda' de Marruecos o una crisis en Ceuta, mientras María Tardón, en el Juzgado Central de Instrucción nº 3 de la Audiencia Nacional, intenta descifrar la invasión del 30 y 31 de julio. Al final, la última palabra la tendría el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido. El sistema, diseñado para tiempos de normalidad, se encuentra ahora frente a un Gobierno que trata la Constitución no como un manual de instrucciones, sino como un libro de sugerencias.
En el mercado laboral real, si te pillan inventándote un título universitario en el currículum, lo más probable es que termines revisando el saldo de tu cuenta mientras buscas trabajo en LinkedIn. Pero claro, hay un universo paralelo llamado 'gestión de partido' donde las mentiras tienen fecha de caducidad muy corta y el perdón llega con un sello oficial. Estela Goicoechea es la prueba viviente de que el camino más corto hacia el éxito no es estudiar la carrera, sino tener el contacto adecuado. Retrocedamos a marzo de 2017. Goicoechea, entonces directora del Observatorio de Salud Pública de Cantabria, tuvo que hacer las maletas y pedir disculpas públicas tras admitir que su licenciatura en Biotecnología era, en realidad, una obra de ficción. Dimitió, sí, pero parece que en el PSOE el concepto de 'castigo' es similar al de una multa de tráfico que se olvida en un cajón. Solo tuvo que esperar a que el polvo se asentara y a que la maquinaria de Susana Díaz hiciera su magia. Saltamos a septiembre de 2025 y el aterrizaje es suave: personal eventual en la Diputación de Sevilla. Un puesto a dedo, firmado por Francisco Javier Fernández de los Ríos Torres, quien no solo preside la institución sino que también lidera el PSOE sevillano. Para rematar el cuadro de la meritocracia invertida, Goicoechea ahora luce el cargo de secretaria de Dinamización y Medios Sociales en la Comisión Ejecutiva Provincial, bajo la coordinación de María Sonia Gaya Sánchez. Es fascinante. Pasamos de falsear títulos de salud pública a gestionar la 'movilización y acción electoral'. Básicamente, le han dado las llaves de la comunicación a alguien que empezó su carrera pública editando su propia biografía. En la calle lo llamaríamos un 'segundo aire'; en política, es simplemente el reciclaje estándar de los mimados del sistema.
En la Moncloa han descubierto un truco de magia jurídica que es una auténtica joya: el 'escudo del cargo'. Resulta que, según el Gobierno de Pedro Sánchez, equivocarse no es delito, es simplemente una 'decisión discrecional'. Mientras el ciudadano medio se juega el tipo por un error en la declaración de la renta, los despachos del Ejecutivo estudian la jurisprudencia del Tribunal Supremo para blindarse ante la investigación de la Audiencia Nacional por la crisis en Ceuta. La lógica es sencilla: si no tomas la 'mejor decisión', no pasa nada; es como quemar la tortilla en el desayuno y decir que estabas experimentando con nuevas texturas culinarias. Para dormir tranquilos, los asesores han rescatado el historial de Fernando Grande-Marlaska, quien se ha convertido en el Santo Patrón de la inmunidad administrativa. Primero, el caso de Barbate, donde la Asociación Libertad y Justicia intentó imputarle prevaricación y obstrucción a la justicia tras la muerte de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha. El Supremo, con una frialdad quirúrgica, inadmitió la querella sentenciando que en España no existe la responsabilidad penal por el cargo que se ocupa. Luego tenemos el episodio del coronel Diego Pérez de los Cobos en 2023. Marlaska fue obligado a rectificar el cese del jefe de la Comandancia de Madrid por una sentencia de la Sala Tercera, pero cuando Vox intentó llevarlo al banquillo penal por prevaricación y obstrucción, la Sala Segunda cerró la puerta. En resumen: puedes perder el juicio administrativo (el 'tirón de orejas' oficial), pero mientras no haya un delito flagrante, el cargo actúa como un chaleco antibalas legal. Una ingeniería financiera de la justicia donde el riesgo lo asume el funcionario de a pie y la 'discrecionalidad' se reserva para los que firman los decretos.
Parece que en Madrid el concepto de 'adolescencia' se ha vuelto elástico, casi como un chicle. Según la Memoria de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid de 2025, el sistema de filtros tiene más agujeros que un colador suizo: de los 786 supuestos menas sometidos a pruebas radiológicas el año pasado, 346 resultaron ser adultos. Sí, han leído bien. Casi la mitad de los que decían ser niños eran, en realidad, señores con barba o, al menos, con el carpo de un adulto. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la lista de la compra no supere los 100 euros, el Estado ha estado financiando la estancia de adultos en centros de protección, mezclándolos con menores reales en un cóctel de riesgo que la propia Fiscalía califica de 'peligroso'. La ingeniería del engaño ha sido tan efectiva que los procedimientos de determinación de edad subieron un 67,2% respecto a 2024, cuando fueron 470. Pero el problema no es solo quién entra, sino cómo se gestiona el caos. La Fiscalía admite que conseguir traductores de lenguas africanas como el bambara, wolof, poular o mandinga es casi como buscar un unicornio; doce comparecencias tuvieron que suspenderse por no encontrar a alguien que hablara el idioma. Para rematar la crónica, el informe destapa una realidad cruda: 2.856 niños menores de 14 años ya están inmersos en 'conductas disociales'. No hablamos de travesuras, sino de una banalización de la violencia que incluye 23 intentos de homicidio y la irrupción de bandas como los Dominican Don’t Play (DDP) y Trinitarios, que han descubierto que estafar por internet es mucho más rentable y cómodo que el crimen callejero. Todo esto mientras el Aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas ve caer el flujo de entradas ilegales gracias a la exigencia de visados de tránsito. En resumen: filtros rotos, adultos jugando a ser niños y una juventud que confunde la calle con un videojuego de disparos.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en la aritmética del poder. Mientras Maricarmen, una señora de 87 años, veía cómo Urbagestión le cerraba la puerta de su casa en el Retiro, los salvadores del pueblo, Reyes Maroto y Óscar López, hacían el recuento de sus llaves. Resulta que la pareja del PSOE en Madrid ostenta un imperio de diez inmuebles. Sí, diez. Nueve más que la propia empresa que desahució a la anciana, que jura y perjura que aquel piso de la calle Alcalde Sáinz de Baranda es su único activo. Es el clásico cuento de la 'lucha contra el fondo buitre' contado por quienes saben perfectamente lo que es que el ladrillo sume en el balance. Óscar López, el ministro que tilda de 'intolerable' el drama de Maricarmen, maneja un portfolio variado: una casa al 100% en Madrid comprada en 2006, el 50% de otra en Segovia del 2020 y un 25% de dos herencias de 2022. Todo ello adornado con dos hipotecas de 515.000 y 150.000 euros, porque claro, el crédito es el combustible del sueño inmobiliario. Por su parte, Reyes Maroto no se queda atrás con seis inmuebles urbanos al 50%, cinco de ellos en Alcorcón, además de unos depósitos bancarios que suman 239.397 euros. Dinero que, comparado con el beneficio de 2.990 euros que Urbagestión sacó en 2025 facturando 586.450 euros, parece una propina. López y Maroto disparan contra Ayuso y Almeida, hablando de 'alfombras rojas' para los fondos buitre. Pero mientras prometen el derecho de tanteo y retracto para el futuro, la realidad presente es que tienen más casas que la 'pyme' villana de la historia. Es la eterna danza política: defender la vivienda como derecho humano mientras el patrimonio personal se gestiona como una cartera de inversión.
Hay que tener un despliegue de gimnasia mental digno de los Juegos Olímpicos para liderar un sindicato de inquilinos mientras el árbol genealógico te escupe billetes de quinientos. Fernando de los Santos Menéndez, el abanderado del Sindicato de Inquilinas que se vende como la voz de los desahuciados, ha resultado ser el ejemplo perfecto de 'turismo social' desde la comodidad de un palacio. El profesor de Filosofía del Derecho, que presume de estancias en Oxford y Warwick mientras critica la meritocracia, dice haber sufrido el acceso a la vivienda. Claro, probablemente se refiera a que el aire acondicionado del salón no enfriaba lo suficiente. La realidad es que el señor De los Santos no es un inquilino con angustias, sino el nieto de Aurelio Menéndez, ministro de Educación de Suárez y primer marqués de Ibias. Mientras la gente común hace malabares con el alquiler y la lista de la compra, la red empresarial de su entorno más cercano maneja un patrimonio que hace parecer el presupuesto de un ayuntamiento pequeño como calderilla: más de 220 millones de euros. Su hermano, Luis de los Santos Menéndez, pilota ROWHILL HOLDCO S.L., una entidad que en 2025 presumía de 220,4 millones de euros, bajando ligeramente desde los 240 millones de 2024. No es una gestión modesta; es ingeniería financiera de alta costura. Lo más delirante es que el portavoz arremete contra las 'empresas buitre' mientras su familia opera ROWHILL BIDCO SL y la ahora extinta BALUARTE CAPITAL SL., esta última con un patrimonio de más de 80 millones de euros dedicado a la inversión inmobiliaria. Es el colmo del cinismo: luchar contra el monstruo mientras se cena en su mesa y se hereda su piel. El despacho Uría Menéndez, fundado por su abuelo, facturó más de 243,6 millones de euros en España, dejando claro que para los De los Santos, la vivienda no es un derecho, sino un activo financiero muy rentable.
Para el Gobierno, el concepto de 'propiedad privada' parece haberse convertido en una sugerencia opcional, casi como las instrucciones de montaje de un mueble de IKEA. El borrador del nuevo Real Decreto-ley de vivienda, con fecha del 28 de septiembre de 2026, no es una simple prórroga; es un búnker legal. La joya de la corona es el artículo 2, que permite congelar desahucios hasta el 31 de diciembre de 2030. Pero atención al detalle: no solo protege a los que están en el limbo, sino que permite suspender lanzamientos incluso cuando ya hay una sentencia firme. Es como si, tras ganar un partido por goleada, el árbitro decidiera que el resultado no cuenta porque el perdedor tiene los zapatos rotos. La ingeniería es brillante. Si el ocupante es 'vulnerable' y no tiene alternativa, el tribunal le pide ayuda a la administración local. Si la administración —que suele tener la misma capacidad de respuesta que un caracol con asma— no contesta o admite que no tiene casas, el proceso se suspende. Así de sencillo. Podemos estar hablando de tres años de alquiler gratis mientras el propietario mira cómo su patrimonio se convierte en un hotel social no remunerado. Claro que hay 'salvaguardas'. Si eres un pequeño propietario con dos viviendas o menos, tu vulnerabilidad económica podría prevalecer. Pero para el resto, la solución es un cheque de la Administración que promete cubrir impagos y suministros. Un sistema donde el dueño paga la entrada, el okupa disfruta la estancia y el Estado promete pagar la cuenta cuando encuentre la cartera, probablemente en 2030. El mensaje es claro: la sentencia es un papel, pero la permanencia es un derecho.
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Alex Carmona