Crítica:
El artículo se centra demasiado en el documental y poco en el contexto más amplio de la regulación (o falta de ella) de las criptomonedas. El título es un poco sensacionalista, pero necesario para captar la atención.
Everyone is Lying to You for Money is a must-watch exposé of crypto
Cripto: La Estafa del Siglo XXI
Otros artículos
IMV: Más gente cobrando, menos currelos dignos
El brindis al sol del Gobierno con la bajada del paro sabe a rancio. Mientras Pedro Sánchez se pone la camiseta del 22 (¿del 22 a la calle, o del 22 a la cola del paro?), el Ingreso Mínimo Vital (IMV) ha inflado sus cifras como un globo sonda. En junio de 2020, el IMV era un experimento con 86.000 titulares. En mayo de 2026, ¡862.859! Un 903,32% más. ¿Y los beneficiarios? De 280.000 a 2,63 millones. Un 839,84% de aumento. O sea, que mientras el paro caía de 3,72 millones (mediados de 2020) a 2,7 millones (primer trimestre de 2026), el IMV se disparaba. ¿Dónde está la lógica? Quizás en el empleo precario, en esos trabajos que saben a poco y obligan a “trabajadores pobres” a tirar de subsidios. La factura del IMV ya ha ascendido a 20.831 millones de euros, con una nómina de mayo de 2026 de 500,1 millones, un récord que presagia más de lo mismo. La paradoja es que la izquierda, antes de gobernar, diagnosticaba con lupa este problema del empleo de baja calidad. Ahora, la lupa parece empañada. ¿Será que el IMV es un parche, una solución a medias que enmascara un problema estructural? Y mientras tanto, el ciudadano de a pie, con la lista de la compra cada vez más corta, se pregunta si la recuperación es para todos o solo para las estadísticas.
Sánchez: El Mundial No Paga Deudas
Mientras el fútbol se prepara para la fiesta del 2026, España se enfrenta a una resaca mucho más amarga. Pedro Sánchez ha dicho 'no' a un salvavidas lanzado por los acreedores internacionales de las renovables, un 'no' que suena a 'vamos a verlas venir' en plena vorágine de embargos. La cosa va seria: 700 millones de euros en sentencias firmes en Estados Unidos, más un rosario de laudos pendientes que convierten a España en el moroso VIP de la inversión internacional. El despacho King & Spalding, representando a inversores con más paciencia que un monje trapense, ofreció una tregua: suspender los embargos durante el Mundial a cambio de una fianza, un seguro de que el Estado no saldría corriendo con el balón. Pero Moncloa, con la testarudez de quien se niega a reconocer que se ha pasado de presupuesto, prefirió el pulso. El precedente belga, donde España tuvo que poner 250 millones en una cuenta bloqueada para calmar las aguas, quedó en anécdota. Ahora, los acreedores, en lugar de esperar un milagro, están ampliando el registro de sentencias en las ciudades que acogerán el Mundial, como quien prepara la lista de la compra antes de ir al supermercado. La estrategia es clara: facilitar la localización de activos, como buscar las llaves justo antes de salir de casa. Y no se trata de una amenaza vacía. El programa de notificaciones judiciales y rastreo de activos se ha puesto en modo turbo. Los recortes retroactivos a las renovables, la raíz del problema, han convertido a España en un caso de estudio de cómo no hacer las cosas. Un agujero contable de 700 millones y contando, mientras se alaban las virtudes de la transición ecológica. La ironía, en este caso, es tan fina como el hielo.
Sánchez: La Selección, al Embargo Voluntario
El Gobierno, con la vista puesta en el Mundial 2026, ha dicho 'no, gracias' a una oferta que podría haber evitado el desastre. O sea, 80 millones de euros para que la Selección no acabe con un embargo en cada ciudad que pise en EEUU. ¿El motivo? Que no quiere pagar una deuda de 700 millones a fondos de inversión por un recorte de primas a las renovables que empezó con Zapatero y continuó con Rajoy. Parece que preferían gastar en fuegos artificiales antes que asumir las consecuencias de decisiones pasadas. La cosa viene de lejos, de 2007, cuando Zapatero prometió el oro y el moro a las energías renovables con un 25% de primas. Luego llegó la crisis, y como quien corta el bacalao, las primas se esfumaron. Los inversores, lógicamente, no se lo tomaron bien y acudieron al Ciadi (un tribunal un tanto esotérico) y a los juzgados de medio mundo. Y casi siempre ganaron. Ahora, con Sánchez al mando, la estrategia es la de la ‘resistencia’. Argumentan que Bruselas no les deja pagar, pero los fondos no se tragan el cuento y han empezado a embargar bienes españoles. Y no cualquier bien, sino la participación de la Selección en el Mundial, que es como intentar vender un coche con la ITV caducada. La Abogacía del Estado, mientras tanto, parece jugar a las escondidas, sin dar una respuesta clara. Y mientras tanto, el avión del Rey está en el punto de mira… ¡el avión del Rey! ¿Será que hasta la Casa Real va a tener que tirar de tarjeta de crédito? La fianza propuesta, de 80 millones, es solo una pequeña parte de la deuda total, pero podría haber evitado un circo mediático monumental. Y la ironía es que España ya tuvo que constituir una fianza similar en Bélgica, demostrando que, al final, pagar algo siempre es mejor que enfrentarse a un embargo. El caso Watkins, uno de los siete juicios perdidos, es la punta del iceberg de una deuda que parece no tener fin. La Selección, mientras, entrena ajena a todo, pensando en levantar la copa… y no un embargo.
Carreteras: 4 años más de sufrimiento
La noticia, disfrazada de plan a largo plazo, es un parche más grande que el agujero. Mientras el ciudadano de a pie esquiva cráteres dignos de la luna, el Gobierno pospone la reparación integral de las carreteras hasta 2027. Sí, has leído bien. Cuatro años más de ‘bailes’ sobre el asfalto roto. Y no nos vengamos arriba, que no es solo culpa de este gobierno. La crisis de 2007, esa que nos prometieron que era “puntual”, abrió la veda a un desmantelamiento silencioso. Las partidas de mantenimiento se recortaron hasta la extenuación, dejando la red nacional a su suerte. Hoy, con un déficit de más de 13.000 millones de euros, las carreteras se desmoronan literalmente. La Asociación Española de la Carretera ya gritó al mundo que nunca habían estado peor, pero parece que el aviso cayó en oídos sordos. Y mientras tanto, ¿qué hace el Ministerio de Transportes, liderado por Óscar Puente? Un plan de choque de 1.630 millones de euros, que suena a rescate, pero que se diluirá entre 2027 y 2031. Es decir, más de lo mismo: parches, microinversiones y promesas vacías. El 60% del tráfico rodado español soporta el peso de esos 25.000 kilómetros que dependen directamente del Estado, y la realidad es que están en estado crítico. El asfalto se hunde, los camiones crean roderas y los conductores circulan por el carril izquierdo para evitar el desastre. ¿La justificación oficial? “Priorizar y actuar donde el deterioro es mayor”. Traducido: poner tiritas a un paciente en coma. Y todo esto, mientras la seguridad vial se tambalea, dependiendo de coches en buen estado y conductores atentos… una ecuación imposible sobre un campo minado de baches.
Bruselas le da un meneo al IRPF
Bruselas tose. Y cuando la Comisión Europea tose, el Gobierno español se pone pálido. La historia es siempre la misma: mientras la cesta de la compra se dispara (más de un 20% de subida, señores), los umbrales del IRPF se quedan anclados en el tiempo, como un mueble de Ikea que nunca montas del todo. El resultado: un sablazo fiscal histórico. El Registro de Asesores Fiscales (Reaf) estima que las rentas bajas y medias han perdido entre 250 y 770 euros este año, y la cosa no mejora. No es solo una cuestión de euros, es de principios. La Comisión Europea señala que España depende demasiado de los impuestos sobre el trabajo (51,8% del total), un porcentaje superior a la media europea. Traducido: el trabajador es la vaca lechera. Y el Gobierno, en lugar de aliviar la presión, la aumenta. Con la excusa de engordar las arcas públicas, claro. Una operación que, según los cálculos oficiales, inyectará 1.600 millones de euros adicionales hasta 2030. Un 'negocio' para el Estado, un atraco a mano armada para el ciudadano de a pie. El Congreso ya ha dado su brazo a torcer, exigiendo la deflactación del IRPF con los votos de PP, Vox, Junts y otros. Incluso Sumar, el socio de gobierno, empieza a ver la luz. Pero el Gobierno se mantiene firme, aferrado a su estrategia de 'progresividad en frío'. Una estrategia que, según el divulgador Jon González, ha erosionado el poder adquisitivo de las rentas bajas desde 2018. Asociaciones como Aedaf y Fettaf claman al cielo, exigiendo la actualización de los mínimos personales y familiares, estancados desde hace una década. La presión es total. Pero, ¿importa el ciudadano al final de la ecuación? La respuesta, como siempre, está en el bolsillo.
España, Embargada Hasta en el Mundial
El Gobierno, con la soga al cuello y el Mundial 2026 como telón de fondo, se enfrenta a una ofensiva legal internacional que parece sacada de una película de gánsteres. Mientras los preparativos para el campeonato se disparan, los acreedores, esos que no perdonan una, han registrado sentencias por valor de 2.316 millones de euros –sí, lo has leído bien, más de dos mil millones– en tribunales federales de Estados Unidos. Desde Nueva York hasta California, pasando por Texas, los abogados están rastreando bienes del Estado español como si buscaran setas en el bosque. Y no es una cacería de fantasmas: ya han bloqueado 250 millones de euros en Bélgica y han puesto el precinto al Instituto Cervantes en Holanda. La factura, según los acreedores, se ha inflado hasta los 2.316 millones, donde 552 millones son solo intereses, costes y honorarios de abogados. Es decir, mientras tú luchas por llegar a fin de mes, la deuda pública se engorda con recargos por no pagar la cuenta a tiempo. Todo este embrollo viene de los recortes a las energías renovables, una decisión que ahora sale carísima. La cosa va tan en serio que el Tribunal Federal de Columbia dio luz verde para registrar la sentencia en cualquier juzgado estadounidense el 10 de abril de 2026. Blasket Renewable Investments y el bufete King & Spalding, los ejecutores de esta operación, no se andan con chiquitas. Están peinando el territorio en busca de activos españoles para embargar. La situación es tan delicada que España lidera el ranking mundial de impagos en arbitrajes de inversión en renovables. Un bochornoso récord que, además de poner en peligro las arcas públicas, da una imagen pésima del país. Y todo esto, mientras nos venden la moto de que vamos a ser una potencia mundial del fútbol.
Barcelona: 462 llamadas por piso.
Barcelona, la ciudad condal, se ha convertido en un ring de gladiadores inmobiliarios. Mientras en Madrid uno busca piso con la calma de quien elige el aguacate en el súper, en Barcelona cada anuncio recibe 462 llamadas, como si sortearan un billete de lotería. Fedea, el think tank que ha destapado el pastel, confirma lo que ya sospechábamos: controlar los precios no soluciona el problema, lo agrava. De hecho, entre 2024 y 2025, la oferta de alquiler en Barcelona se desplomó un 22,2%, mientras que en Madrid subía un 3,9%. Es decir, mientras unos tiran la casa por la ventana (o intentan controlarla), otros añaden habitaciones. La teoría económica, esa que a veces parece hablar en klingon, se ha confirmado: si pones un precio por debajo del mercado, la gente quiere más, pero nadie quiere vender. El resultado es una escasez digna de película post-apocalíptica. En Cataluña, en general, la caída de oferta fue del 20,5%, una cifra que duplica el descenso de regiones comparables como Andalucía o Valencia, donde no se han metido en líos de control de rentas. Ojo, que no es que la gente se esté yendo de Barcelona en masa. Es que, sencillamente, los propietarios prefieren dejar los pisos vacíos o destinarlos a otros usos antes que alquilarlos a precio de saldo. Y así, la búsqueda de vivienda se transforma en una competición despiadada, donde el currículum vitae del inquilino potencial importa más que la solvencia económica. En resumen, Barcelona ha convertido el alquiler en un deporte de contacto. Y Madrid, mientras tanto, observa con palomitas.
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