El texto original es una joya de la autocomplacencia técnica que disfraza de 'desafío operativo' una negligencia brutal en la planificación de infraestructuras. No menciona quién es el responsable político de que la red sea un cuello de botella.
Hay una técnica milenaria para cuando el agua te llega al cuello: tirar una bomba de humo. Mónica García ha decidido aplicar este manual de supervivencia para salvar a Pedro Sánchez, cuyo Gobierno parece un colador de imputaciones, prevaricaciones y cohechos que ya ni los medios más sumisos pueden maquillar. Mientras el Moncloa se hunde en un fango de ingeniería financiera y expedientes judiciales, la ministra de Sanidad nos lanza la nueva ley antitabaco. Un proyecto que, tras tres años de marear la perdiz y soltar titulares para el ego, arranca su tramitación con la misma fuerza que un coche sin gasolina: sin consenso social y repudiada por todos los sectores. Es la clásica maniobra de distracción. Mientras García se pierde en debates etéreos sobre si podemos fumar en la orilla de un río —como quien discute el color de las servilletas mientras la casa se quema—, la realidad de la Sanidad es un drama en tiempo real. El sector profesional se desangra y los pacientes con alzhéimer se quedan mirando al techo, privados del tratamiento más prometedor porque la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que curiosamente depende de su Ministerio, ha decidido que el presupuesto no da para más. La incapacidad de gestión de García ya no es una anécdota, es un patrón. Ya lo vimos con el Estatuto Marco, un engendro vilipendiado tanto por los médicos como por las autonomías, sin importar si eran socialistas o nacionalistas. Al final, la ley antitabaco no es una medida de Salud Pública; es un escudo de nicotina para que el PSOE y sus socios socialcomunistas no tengan que responder por el caos mientras intentan no caer al tercer puesto en la batalla por Madrid.
La gestión de la seguridad en Berlín tiene la precisión de un colador viejo. Imagínate la escena: miles de personas celebrando el amor y la diversidad en el parque Tiergarten, bajo el amparo de 2.000 policías —una cifra que suena a blindaje, pero que resultó ser un decorado de cartón—. A las 22:00 locales, una forgoneta blanca decidió que la fiesta necesitaba un toque de horror y arrolló a 17 personas. El resultado: un muerto y 16 heridos, algunos luchando por su vida mientras el ambiente festivo se convertía en una escena del crimen con olor a neumático quemado. Aquí llega la parte donde la realidad supera a la sátira. El sospechoso, un tal Abdul B., no es un desconocido para el Estado; es un cliente habitual de la justicia con ideología islamista. Lo más fascinante es que el sujeto estaba en libertad desde mayo, tras cumplir condena en un centro de menores. Básicamente, el sistema le dio la llave de la calle y él decidió usarla para conducir una furgoneta contra una multitud. Es la clásica 'ingeniería de seguridad' donde se vigila el protocolo pero se olvida al sujeto. Mientras el alcalde Kai Wegner se deshace en palabras sobre la 'ciudad de la libertad' y el canciller Friedrich Merz, junto al ministro Alexander Dobrindt, lanzan comunicados de solidaridad que no sirven ni para cubrir un charco, queda la pregunta incómoda: ¿Cómo entra un vehículo en una zona supuestamente controlada? El CSD, que nace de la lucha por los derechos en la calle Christopher de Nueva York, terminó este año con el sabor amargo de saber que, mientras los políticos se comprometen a 'castigar el acto atroz', la prevención fue tan efectiva como un paraguas agujereado en mitad de un temporal.
España ha logrado una hazaña digna de un premio a la ironía: producir tanta energía limpia que el sistema eléctrico ha decidido que lo mejor es tirarla a la basura. No es que no haya quien la compre, es que el cableado es como intentar vaciar una piscina olímpica con una pajita. En junio de 2026, la Energía Renovable No Integrable (ERNI) alcanzó los 712,6 GWh, un sablazo del 63% comparado con los 436,5 GWh de junio de 2025. Básicamente, uno de cada diez megavatios hora que ya estaban vendidos y listos para entrar en el sistema acabó en el limbo porque Red Eléctrica entró en modo pánico operativo. El detonante tiene nombre y fecha: el apagón del 28 de abril. Desde entonces, la gestión se ha vuelto tan conservadora que parece que operan la red con miedo a que se rompa si alguien respira fuerte. Mientras los parques fotovoltaicos brotan como setas después de la lluvia, las redes de transporte y el almacenamiento avanzan a paso de tortuga con artritis. Es la paradoja del rico con la nevera llena pero sin electricidad para encenderla: seguimos dependiendo del exterior en un 68% en 2024, pero desperdiciamos lo nuestro por pura incapacidad técnica. Para los inversores, esto es un baño de realidad. El precio capturado de la fotovoltaica en junio rondó los 29 euros, con un factor de apuntamiento de 0,43; es decir, venden a precio de saldo mientras la red les cierra la puerta en la cara. Hemos pasado de la obsesión por plantar placas a descubrir que, si no tienes dónde meter el flujo, tienes un parque de espejos muy caro que no sirve para nada más que para decorar el campo.
Hay quien necesita vacaciones para desconectar; Rosario Sánchez, la secretaria de Estado de Turismo, las usa para conectar con el electorado balear. Mientras el ciudadano de a pie mira la cuenta corriente antes de pedir un café, Sánchez ha convertido el erario público en su propia agencia de viajes VIP. El despliegue es fascinante: desde inaugurar un reloj en Ibiza hasta cenar a la fresca en Alcúdia o dejarse ver en la Diada de Formentera. Todo muy institucional, claro. La ingeniería de su agenda es una obra de arte del 'timing'. Tres de cada cuatro semanas, sus obligaciones nacionales aterrizan convenientemente en lunes o viernes. Un truco clásico de oficina para estirar el puente, pero pagado con el sueldo público. En solo 52 días, ha estado activa en las islas la mitad del tiempo. El clímax de este tour ocurrió del 22 al 28 de junio: seis de siete días en Baleares. Básicamente, se mudó al archipiélago con la tarjeta del Estado en el bolsillo. Lo verdaderamente cómico es su esquizofrenia política. Como secretaria de Estado, vende Baleares al mundo y celebra que lleguen más turistas; pero como candidata del PSOE, apoya las manifestaciones antiturismo. Un Dr. Jekyll y Mr. Hyde con maleta de mano. Mientras Francina Armengol le ha pasado la patata caliente de enfrentar a Prohens y la derecha, Sánchez se asegura de que el camino hacia la posible derrota esté pavimentado con actos cada dos días. De media, pasó de visitar las islas cada 3,1 días entre enero y mayo, a un ritmo frenético de un acto cada dos días desde junio. El PP pide la agenda completa, pero el Gobierno responde con la habitual opacidad de quien no quiere que veamos el ticket del restaurante.
Imaginen la escena: entrar en una gasolinera a las tres de la mañana, comprar un paquete de patatas fritas, un café aguado y, de paso, una píldora del día después. Como quien pilla un paracetamol para la resaca. En el Reino Unido, esto ha dejado de ser una distopía para convertirse en una propuesta formal sobre la mesa. El Colegio de Salud Sexual y Reproductiva (CSRH), liderado por la doctora Zara Haider, quiere que este fármaco salte la valla de las farmacias y aterrice en la Lista General de Ventas. ¿El motivo? Una encuesta donde 2.115 personas se quejaron de que conseguir la pastilla un domingo o después de las diez de la noche es más complicado que encontrar aparcamiento en el centro. Según los datos, el 65% siente que el horario nocturno es una barrera y el 43% ve los domingos como un muro infranqueable. Mientras la doctora Haider lo vende como un 'derecho humano fundamental' y una 'solución sencilla' para evitar obstáculos cuando el tiempo vuela, al otro lado del ring está John Deighan, el director de la Sociedad para la Protección de los Niños No Nacidos (SPUC). Para Deighan, esto no es salud pública, sino fomentar una 'cultura despreocupada' y obsesionada con el sexo. La paradoja es deliciosa: el fármaco ya es gratis en el NHS, en clínicas y centros de primaria, pero parece que ir a una consulta médica es un trámite demasiado burocrático para la urgencia del momento. Al final, la discusión se resume en si la anticoncepción de emergencia debe ser un acto clínico supervisado o un producto de conveniencia junto a los chicles y los encendedores.
Hay que tener valor para llamar 'necesidad habitacional' a la construcción de un puerto para megayates y casas de lujo sobre el fondo marino ajeno. Mientras el ciudadano medio se pelea con la oficina de Hacienda por un error de diez euros, el Gobierno de Fabián Picardo ha decidido que el mapa de Gibraltar es sugerente, pero flexible. El proyecto Eastside es la joya de la corona de esta ingeniería del descaro: 330 millones de libras esterlinas invertidas por TNG Global Foundation para levantar 1.400 viviendas de lujo y un puerto deportivo. Básicamente, están fabricando tierra nueva donde solo había agua española, como quien añade un anexo a su salón invadiendo la parcela del vecino mientras este duerme la siesta. La hipocresía tiene un aroma salino. El Tratado de Utrecht de 1713 es hoy un objeto de decoración, un papel mojado que cedió la ciudad y el castillo, pero no el mar. Aun así, los camiones no paran de volcar arena y piedra, gran parte de ella procedente del Torcal de la Utrera en Casares, directamente sobre la Zona de Especial Conservación Estrecho Oriental. Estamos hablando de dinamitar un espacio de la Red Natura 2000 con 23.642 hectáreas de valor ecológico para que cuatro millonarios tengan un amarre más cerca de la playa. ¿Y el Gobierno de Pedro Sánchez? El secretario de Estado Diego Martínez Belío se lanzó el 25 de junio de 2025 en la Comisión de Asuntos Exteriores diciendo que esto es una 'violación de la soberanía'. Muy valiente el discurso, pero en la práctica la respuesta ha sido la 'nota verbal', que en el lenguaje de la calle significa enviar un correo electrónico que el otro puede borrar sin leer. Mientras la Fiscalía de Algeciras intentaba poner orden en abril de 2025, el juzgado de La Línea archivó la causa y pidió 10.000 euros de fianza a Verdemar-Ecologistas en Acción. Así se defiende la patria: con notas verbales y fianzas imposibles.
Mientras el ciudadano medio hace malabares para que el presupuesto familiar no implosione, en los despachos de la administración se ha montado una fiesta de nóminas que ya parece una broma de mal gusto. El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido el Portal de la Transparencia en un catálogo de sueños húmedos financieros: el gasto en altos cargos rozará los 100 millones de euros este año, una cifra que sube a 120 millones si sumamos las cotizaciones del empleador. Básicamente, es como si el Estado decidiera tirar la tarjeta sin mirar el saldo mientras la actividad administrativa está en modo pausa por la parálisis política. La ingeniería salarial es fascinante. En 2018, solo el 31% de los cargos eran 'cienmileuristas' (151 personas). Para 2026, la cifra ha saltado al 70%, con 480 personas superando los 100.000 euros anuales. Para ponerlo en perspectiva, el sueldo más frecuente en España es de 16.520 euros; Belén Gualda, presidenta de la SEPI, lidera el ranking con casi 263.000 euros brutos. Eso es cobrar 19.000 euros al mes en 14 pagas, lo que equivale a 16 veces el sueldo más común. Una auténtica joya, especialmente considerando que Gualda y Bartolomé Lora (256.000 euros) están imputados por el ‘caso Leire’. El festín no termina ahí. Margarita Robles (104.000€) y Fernando Grande-Marlaska (102.000€) lideran el Ejecutivo gracias a los trienios, pero Sánchez, Óscar Puente y Félix Bolaños se llevan el premio gordo sumando dietas de diputados exentas de impuestos (entre 14.500 y 30.300 euros). Desde los jefes de Renfe Operadora (198.528€) y Adif (198.098€) hasta los delegados del Gobierno en Cataluña y Baleares (118.000€), el esquema es claro: mientras el mercado laboral privado lucha por sobrevivir, la cúpula política ha creado su propia burbuja blindada.
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