El texto es una radiografía brillante de la cleptocracia disfrazada de monarquía, aunque brilla más por lo que calla la administración marroquí que por los datos aportados. La opacidad de Al Mada desde 2018 hace que cualquier cifra sea, en el mejor de los casos, una estimación optimista.
El arte de hacer negocios mientras el barrio arde. Así es como Junts ha decidido jugar sus cartas en la crisis de Ceuta. Mientras el ciudadano medio intenta que la factura de la luz no parezca un atraco a mano armada, en los despachos de Madrid y Barcelona se reparten el mapa como si fuera una pizza. Miriam Nogueras, la voz de Puigdemont en el Congreso, ha desempolvado una promesa verbal de Pedro Sánchez: el traspaso de la política de inmigración y el control de fronteras a la Generalitat. Un regalo envuelto en papel de seda que Sánchez ya había aceptado, pero que se quedó en el limbo porque Podemos, en un arranque de pureza moral, lo tachó de racista. La hipocresía es el combustible de esta maquinaria. Junts, que históricamente ha mirado con buenos ojos que Marruecos se quede con Ceuta y Melilla, ahora se pone el traje de 'vigilante de la frontera' para no perder votos frente a Silvia Orriols y su Aliança Catalana. Es el clásico movimiento de quien quiere comer el pastel y quedarse con la receta: piden el control migratorio para decir que no quieren recibir a ningún menor de Ceuta, aunque Salvador Illa, desde la Generalitat, pase de ellos y siga abriendo las puertas. El contraste es sangrante. Mientras Canarias soporta el peso real con 5.800 menores no acompañados, Andalucía con 2.600, Madrid con 2.400 y Cataluña con 2.200, los políticos discuten si el preámbulo de una ley es lo suficientemente 'progresista' para que Belarra y Podemos den el visto bueno. Al final, la seguridad es el tabú que Junts intenta colar en el BOE, mientras el Gobierno de Sánchez hace malabares mediáticos para que nadie llame racista a sus socios, reservando ese adjetivo exclusivamente para el PP o Vox. Una ingeniería financiera de votos donde la moneda de cambio es la frontera.
Gestionar la seguridad nacional en Ceuta se ha convertido en un ejercicio de optimismo ciego que roza la negligencia. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de cinco euros, el Gobierno ha decidido que dejar a miles de personas acampadas junto a las arterias vitales de la ciudad es un 'riesgo asumible'. Estamos hablando de un espacio de apenas 20 kilómetros cuadrados donde la desalinizadora de Playa Benítez y los embalses del Infierno y el Renegado —el grifo que da de beber a 83.000 ceutíes— conviven en un abrazo incómodo con asentamientos improvisados. La teoría del 'no pasará nada' dinamitó su credibilidad el jueves pasado. En Benzú, entre 30 y 40 personas organizaron una emboscada a un vehículo del Ejército; piedras grandes, cuatro militares heridos y un resultado judicial rápido: doce detenidos, once de ellos condenados a dos años de prisión (canjeados por la expulsión y prohibición de entrada por cinco años). Al día siguiente, otro ataque contra una patrulla militar dejó a un sargento herido. Dieciséis detenidos en dos días. No es una coincidencia, es una señal de humo que el Ministerio de Defensa parece ignorar. Lo verdaderamente surrealista es que el mapa de riesgos parece dibujado por alguien que no sabe leer un plano. Tenemos depósitos de combustible de ATLAS S.A.-CEPSA y el Polvorín El Renegado justo ahí, en el epicentro del caos. La ministra Mónica García confesó el sábado que es 'imposible filiar a la gente' en la playa. Traducción: no sabemos quién está ahí ni qué quiere. Si el Estado no puede ponerle nombre y apellidos a quienes duermen junto a la infraestructura crítica, ¿cómo puede decir que el perímetro está seguro? Margarita Robles presumía de los datos del CNI sobre la movilización previa, pero parece que el Centro de Seguridad Nacional olvidó que un polvorín y una crisis migratoria no son buenos vecinos.
Hay gente que juega al Monopoly para pasar la tarde; Mohamed VI juega con el tablero real de Marruecos. No es solo que sea el jefe político y religioso, es que es el dueño del chiringuito. A través de Al Mada —el holding que hasta 2018 se llamaba SNI y que es básicamente la hucha de la familia—, el monarca controla el 60% de un entramado que gestiona 17.500 millones de dólares en empresas cotizadas. Mientras el ciudadano medio cuenta los céntimos para llegar a fin de mes, la casa real se pasea por sectores que van desde la banca con Attijariwafa hasta el cemento con Holcim Maroc. La herencia del padre, Hassán II, no fueron solo coronas, sino un instinto depredador que empezó en los 80 y se consolidó en 1994 con los supermercados Marjane. Recientemente, el imperio ha decidido que el chocolate es un buen negocio, soltando 450 millones de euros en 2024 para que Teralys se compre la italiana Nutkao. Pero lo más curioso es la 'tasa real' sobre la fruta: gracias a la CVVP, el monarca saca entre 7 y 45 euros por cada árbol de mandarinas Nadorcott plantado en España. Literalmente, cada vez que compras una mandarina, puede que estés pagando el mantenimiento de alguno de sus 17 palacios, cuyos lujos financian los Presupuestos marroquíes aunque la propiedad sea privada. Todo esto ocurre bajo el manto del Majzén, esa oligarquía donde, si quieres hacer negocios grandes, tienes que dejar una silla vacía para la familia real. Con una fortuna que Forbes situaba en 5.700 millones en 2015 y que hoy roza los 7.000 millones, Mohamed VI no es un rey con negocios; es un CEO con corona que ha convertido el estado en su propia sociedad limitada.
En el teatro del absurdo que llamamos justicia, hay quien confunde la toga con una licencia para el desprecio. El Tribunal Supremo acaba de darle un toque de atención al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por intentar barrer bajo la alfombra un episodio que huele a prepotencia de despacho. La historia es sencilla: un ciudadano acude el 29 de mayo de 2024 a una exploración judicial en Majadahonda, en un proceso de apoyo a personas con discapacidad promovido por su hija. En lugar de garantías, se encontró con un 'anormal' lanzado a la cara. Un sablazo al honor que, en cualquier otro contexto, terminaría en comisaría, pero que aquí se gestionó con la delicadeza de un elefante en una cristalería. Lo verdaderamente cómico —si es que alguien se ríe en este juzgado— es que la magistrada decidió que la grabación de la sesión era un accesorio opcional, como el cilantro en los tacos. Sin video y sin la presencia del Ministerio Fiscal, el CGPJ decidió archivar la queja en febrero de 2025. La lógica era brillante: 'Si no hay grabación, no podemos probar que te llamó anormal, así que no pasó nada'. Es como si te roban el coche y la policía archiva el caso porque el ladrón tuvo la precaución de apagar las cámaras de seguridad. El Supremo, sin embargo, no ha comprado este truco de magia. Ha recordado que la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Enjuiciamiento Civil no son sugerencias de lectura, sino obligaciones. Que las salas de vistas estuvieran ocupadas no es una excusa válida para improvisar un interrogatorio en el despacho del Letrado de la Administración de Justicia sin dejar rastro audiovisual. Ahora, el órgano de gobierno de los jueces tendrá que explicar por qué permitieron que el silencio y la falta de actas sirvieran de escudo para una magistrada que parece haber olvidado que el respeto es la base del cargo.
España ha batido un récord que nadie quiere presumir: 17,35 millones de personas han decidido, o se han visto obligadas a, tirar la toalla del mercado laboral en el segundo trimestre de 2026. Es el pico más alto desde que el INE empezó a contar estas ausencias en 2002, cuando la cifra era de 15,77 millones. Para que nos entendamos, es como si una ciudad entera y media hubiera decidido que el despertador es el enemigo y que buscar curro es un deporte de riesgo que ya no quieren practicar. La aritmética del Gobierno de Pedro Sánchez es fascinante. Bajo su mandato, la población inactiva ha crecido un 7,26%, lo que se traduce en 1,17 millones de personas más que han pasado al 'lado oscuro' de la economía. Claro, el relato oficial es el de siempre: la culpa es de la biología. El país envejece y las jubilaciones se disparan. Es la lógica del flujo: mientras unos intentan entrar en un mercado laboral que parece un club privado, otros salen por la puerta de atrás con la pensión bajo el brazo. Los datos de la Seguridad Social son el clavo final. Si en 2019 las jubilaciones eran de 303.055, en 2025 ya rozaban las 375.277, y solo en la primera mitad de 2026 hemos sumado 184.171 bajas. En total, hay 2.486.916 jubilaciones más que hace siete años. Es una ingeniería financiera natural: más abuelos, menos manos trabajando y una factura pública que crece más rápido que la cola de la panadería un domingo. Al final, la 'inactividad' es el eufemismo perfecto para describir un país que se jubila en masa mientras el sistema intenta hacer malabares para que la cuenta salga a cuenta.
El sistema penitenciario en Ceuta se ha convertido en una puerta giratoria con un mecanismo de seguridad que parece diseñado por un optimista ingenuo. La trama es sencilla: si te pillan cometiendo un delito con una pena de entre uno y cinco años, el juez te ofrece un trato que es, básicamente, un 'vale por una salida gratis'. Firmas que no volverás a España en cinco años y, ¡zas!, pasas de la celda al autobús hacia Marruecos. El problema es que, para muchos, esa prohibición tiene la misma validez que un ticket de parking caducado. Según Juan Iglesias, portavoz de CSIF, la técnica es tan rudimentaria como efectiva: se cambian el nombre, aprovechan el caos de los pasos migratorios y vuelven a entrar como si fueran turistas en primera visita. Lo vimos recientemente con la emboscada a militares en Benzú. De doce condenados a dos años por atentado contra la autoridad, once se libraron de la cárcel mediante la expulsión. Una ingeniería jurídica que, en la práctica, es un chiste. Mientras el ciudadano medio se juega la vida por un error en la declaración de la renta, aquí basta con un alias nuevo para resetear el contador de la ley. Mientras tanto, el Centro Penitenciario de Ceuta agoniza. La masificación es tal que la reeducación y reinserción social son conceptos utópicos, casi mitológicos. El sindicato CSIF ha tenido que escribir a la SGIP porque la plantilla está al borde del colapso físico y mental. Piden un límite de 280 internos para no acabar en un caos absoluto, sugiriendo traslados a la península. En resumen: prisiones llenas, fronteras colador y un ordenamiento jurídico que permite que el delincuente juegue al 'cambio de piel' mientras el Estado paga la factura del desorden.
En el mundo real, cuando te pillan con el carrito del helado, pides perdón. En el mundo de Renfe, cuando se filtran las preguntas de un examen, te escondes detrás de un manual de derecho administrativo. Resulta que en la convocatoria para 600 plazas de operador comercial, donde se peleaban 5.716 aspirantes, alguien decidió que el examen psicotécnico fuera un 'copia y pega' del material de la academia Eticop. De hecho, 35 de las 36 preguntas eran calcos. Un éxito rotundo de eficiencia, si lo que buscabas era que el examen fuera un trámite para quien pagó la academia correcta. La respuesta de la compañía pública ante la solicitud de transparencia de THE OBJECTIVE es una joya del cinismo corporativo: dicen que dar explicaciones les obligaría a hacer una 'notable labor previa de búsqueda'. Traducido al cristiano: 'estamos demasiado ocupados ignorando el problema como para redactar un informe'. Es la misma lógica que usarías para no lavar los platos alegando que organizar la esponja y el jabón requiere un análisis de impacto logístico. El resultado es un caos ferroviario sin raíles. Tras consultar a la Abogacía del Estado, decidieron repetir la prueba el 25 de julio, mandando al juzgado a casi 400 candidatos que ya creían que tenían la plaza en el bolsillo. Mientras el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo piden auditorías urgentes, la empresa People Experts, la encargada del diseño, se cierra en banda alegando que dar detalles pondría en riesgo sus 'métodos'. Claro, porque el método de 'copiar a la academia' es un secreto industrial que hay que proteger a toda costa. Entre el silencio de Renfe y la opacidad de la consultora, los opositores se quedan con la sensación de que el tren de la meritocracia ha descarrilado antes de salir de la estación.
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