Crítica:
La noticia es un catálogo de evasivas institucionales. El titular original es tibio para la magnitud del despropósito: 35 de 36 preguntas filtradas no es una 'irregularidad', es un chiste.
Renfe rechaza dar explicaciones sobre las irregularidades detectadas en sus oposiciones
Renfe: el examen que fue un 'copia-pega'
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DGT: Arcenes sucios como vía segura
La DGT ha decidido que la mejor forma de 'proteger' a los motoristas es invitándolos a pasear por el arcén. Sí, exactamente ahí, donde el asfalto es más una sugerencia que una realidad. A partir del 1 de septiembre, el nuevo Reglamento de Circulación permite que las motos esquiven los atascos por el borde de la carretera, transformando una infracción grave de 200 euros en un derecho ciudadano. Es una genialidad administrativa: para salvarte del tráfico, te mandan a un terreno donde el mantenimiento es un mito urbano. La norma pide que no pasen de los 30 km/h. Claro, porque sabemos que el arcén está lleno de radares invisibles y agentes con cronómetro en mano. Es como pedirle a alguien que camine por la cuerda floja pero sin correr. Mientras tanto, la realidad es que el arcén es el vertedero oficial de la calzada. Un guardia civil, en un momento de honestidad brutal, ha confesado que este año las carreteras están más abandonadas que nunca y que las barredoras parecen haberse ido de vacaciones permanentes. Imaginen la escena: el motero, sintiéndose 'protegido' por la ley, navegando entre piedrecillas, restos de neumáticos y coches averiados en un espacio que, según la norma 3.1-IC de Trazado de Carreteras, debería medir entre 1 y 2,5 metros. En las nacionales, el margen de error es aún más estrecho, apenas un metro en algunos casos. Básicamente, la administración nos dice que, si hay retención, lo más seguro es jugar al Tetris con la vida propia sobre una franja de tierra y grava que nadie limpia. Una medida brillante para quienes disfrutan del riesgo extremo y de los agujeros contables en el presupuesto de mantenimiento vial.
Montero: Pedicura de lujo y discurso proletario
Hay una disciplina casi religiosa en el arte de posar para Instagram: el libro estratégicamente colocado, el café humeante y una pedicura que costaría más que la cesta básica de una familia promedio. Irene Montero, a sus 38 años, ha decidido regalarnos este sábado una postal de su 'asueto' de Semana Santa. El problema no es el descanso —que Dios nos libre de prohibirlo—, sino el cortocircuito mental que produce ver la estética de la burguesía más refinada disfrazada de discurso progresista. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la tarjeta para llegar al día 30, la exministra de Igualdad nos vende una 'dolce vita' desde una ubicación secreta, probablemente muy lejos del ruido de las protestas sociales. La red social se ha convertido en un campo de batalla. Sus 876.000 seguidores se dividen entre el aplauso automático y el sarcasmo punzante de quienes le recuerdan que el camino desde el comunismo de manual hasta el chalet de Galapagar, en la exclusiva urbanización de La Navata, es sorprendentemente corto y está muy bien asfaltado. La paradoja es deliciosa: defender la austeridad colectiva mientras se protege la 'familia' (con Leo, Manuel y Aitana) en una mansión que es el sueño de cualquier emprendedor capitalista. Para rematar el cuadro, Pablo Iglesias aparece en El Periódico confesando que ser vicepresidente hasta marzo de 2021 fue como estar en la cárcel. Una metáfora generosa, considerando que la celda tenía sueldo público y privilegios de Estado. Ahora, desde la comodidad de Canal Red, Iglesias se divierte más que ella. Al final, el equipo familiar funciona a la perfección: ella gestiona la imagen de eurodiputada en Bruselas y él el retiro dorado, mientras el resto del mundo sigue intentando entender cómo el 'nosotros' acabó convirtiéndose en un 'yo' con pedicura perfecta.
Títulos públicos: fábrica de emigrantes y BOE
España ha montado una fábrica de graduados que, en lugar de diseñar el futuro, se especializan en el arte de buscar una plaza en el BOE. Mientras en Estados Unidos el 75 % de los universitarios sueña con montar su propio chiringuito tecnológico, aquí el 75 % aspira a la gloria del sello y la nómina fija. Como bien soltó Antonio Banderas, con gente que solo quiere ser funcionario no se levanta un país, se mantiene un museo. El sistema es un colador de talento. El Banco de España y el INE nos cuentan que en 2022 el 60 % de los emigrantes eran universitarios. En 2023 se fueron 81.805 y en 2024 la cifra subió a 88.243. Traducido al lenguaje de la calle: estamos pagando la formación de élite de nuestros jóvenes para que otros países recojan los frutos, los impuestos y la productividad. Es como pagar el gimnasio más caro del barrio para que el vecino de enfrente se quede con los músculos. El esperpento alcanza su clímax con la Medicina. En 2025 se homologaron 30.303 títulos extranjeros mientras solo graduamos unos 6.700 médicos anuales. Tenemos una oferta de plazas MIR que roza las 10.000, pero el Gobierno prefiere pelearse con las universidades privadas que forman médicos 'gratis' para el Estado antes que admitir que la planificación es un caos. Incluso en el posgrado, la realidad dinamita la narrativa oficial. Las privadas, con solo 1.224 másteres frente a los 2.942 públicos, atraen a más alumnos (165.688 vs 147.501) y logran una empleabilidad superior: un 85,5 % a los cuatro años frente al 77,3 % de la pública. La universidad española produce el 82 % de la ciencia, pero ANECA y el sistema premian publicar artículos que nadie lee antes que crear patentes que den dinero. Hemos confundido el pensamiento crítico con el recelo al empresario.
Casales de verano: Ideología por 22 millones
Parece que el verano ya no es solo para quemarse la espalda al sol y pelearse por el último polo de limón. El gobierno de Illa ha decidido que las vacaciones son el momento idóneo para que los niños, desde los 3 hasta los 18 años, se sumerjan en la educación afectivo-sexual y las 'masculinidades igualitarias'. Porque claro, ¿qué mejor lugar para desmantelar estereotipos de género que un casal de verano mientras se juega al escondite? La consejera de Igualdad y Feminismo, Eva Menor, lidera este despliegue bajo la bandera de 'Cataluña, territorio coeducador'. El plan es ambicioso: que la coeducación no se quede encerrada en el aula, sino que persiga a los chavales hasta las piscinas municipales y los servicios de canguraje. Un proyecto piloto que ya ha aterrizado en una cincuentena de centros, aunque la red total de servicios financiados por el Plan Corresponsables supera los 390. En Lérida, por ejemplo, ya han montado más de 70 de estos recursos. Lo más fascinante no es el currículo pedagógico, sino la ingeniería financiera. Para que los monitores aprendan a gestionar la 'corresponsabilidad en los cuidados' y los niños descubran las aportaciones de las mujeres, el Departamento de Igualdad y Feminismo ha soltado más de 22 millones de euros a ayuntamientos y consejos comarcales entre 2025 y 2026. Es un sablazo presupuestario considerable que ahora, por primera vez, la Generalitat ha decidido costearse en un 25% directamente. Mientras las familias hacen malabares con la hipoteca y la factura de la luz, el Govern invierte millones para que el ocio infantil sea, básicamente, una extensión del programa político del Ministerio de Igualdad. El juego ya no es solo juego; ahora es una herramienta de construcción social financiada con el dinero de todos.
Ceuta: delinquir es la vía rápida
En Ceuta, la burocracia es un muro más alto que cualquier valla fronteriza. Llevamos casi un mes desde que más de 80.000 personas cruzaron la línea, y el Gobierno juega al bingo con las cifras. Mientras el ministro Ángel Víctor Torres insiste en que solo quedan 5.000 refugiados de aquellos 72.000 que entraron los días 30 y 31 de julio, los sindicatos policiales y la Guardia Civil miran el mapa y cuentan entre 8.000 y 12.000. Esa diferencia no es un error de cálculo; es el abismo entre el despacho climatizado y el barro de la calle. Aquí viene la joya de la corona: para que alguien se vaya, el sistema pide una paciencia casi zen. Jupol advierte que, al ritmo actual de filiaciones individuales —un papeleo que avanza a la velocidad de una tortuga con reuma—, los trámites podrían tardar más de un año. Es como intentar vaciar el océano con una cuchara de café. Sin embargo, hay un 'atajo' fascinante. Para que la maquinaria administrativa deje de bostezar y se ponga las pilas, hace falta un delito. Fernando Grande-Marlaska lo ha dejado claro en el Congreso: el camino rápido es el juicio rápido. Si cometes un delito con pena superior a un año, el Estado te regala un billete de ida. De hecho, ya hay más de 100 expulsiones bajo esta modalidad de 'delinque y te vas'. El ejemplo más reciente es el de los 11 detenidos por agredir a cuatro militares el jueves pasado; aceptaron dos años de cárcel canjeados por la expulsión y una prohibición de volver en cinco años. El duodécimo, que insiste en su inocencia, se ha quedado fuera del trato y, por ende, se queda en la cola del papeleo. Una paradoja exquisita: en Ceuta, la vía más rápida para salir es meter la pata.
Marlaska: de la prepotencia al SOS europeo
Hay una especie de deporte nacional en los despachos de Madrid que consiste en decir que todo va sobre ruedas mientras el coche se desintegra en plena autopista. Fernando Grande-Marlaska es el capitán de este equipo. El 1 de agosto, con una sonrisa de quien tiene la lista de la compra bajo control, presumió de que nuestras fronteras eran las segundas más seguras de la UE y que la normalidad en Ceuta ya estaba 'alcanzada'. Básicamente, nos vendió que el muro era impenetrable y que la gestión era un reloj suizo, apoyándose en una supuesta reducción del 40% de las salidas irregulares gracias a pactos con Marruecos, Mauritania, Senegal, Níger y Gambia. Pero la realidad tiene una forma muy puñetera de pasarte la factura. Un mes después, el relato se ha desinflado como un globo pinchado. Tras rechazar dos veces la mano tendida del comisario europeo Magnus Brunner —llegando al descaro de sugerirle que, si tanto querían ayudar, se fueran a África—, el ministro ha tenido que doblar las rodillas. El resultado: una carta urgente a Beate Gminder pidiendo que Frontex, Europol y la EUAA vengan corriendo a salvar los muebles. Resulta fascinante que, mientras en Canarias el 2024 fue un caos de cayucos que no hizo pestañear el orgullo ministerial, los 80.000 inmigrantes en Ceuta hayan logrado lo imposible: que Marlaska admita que está desbordado. Ahora pide ayuda para el triaje, la tramitación de expedientes y que el barco Duque de Ahumada no se mueva del Estrecho hasta 2027. Pasamos de la prepotencia del 'estamos bajo control' al 'por favor, ayudadnos' en treinta días. No es gestión, es un giro de guion digno de una comedia de errores donde el ciudadano es el único que paga la entrada.
Vox contra Palencia: ¿Convivencia o pesca electoral?
Hay quien confunde la agenda municipal con un manual de estrategia geopolítica. Miriam Andrés, la alcaldesa de Palencia, cometió el 'pecado' de asistir el pasado 25 de agosto al Mawlid al-Nabi, la celebración del nacimiento de Mahoma, en la parroquia de San José. Para algunos, fue un gesto de convivencia; para David Hierro, portavoz de Vox en las Cortes de Castilla y León, fue básicamente abrir las puertas del castillo al enemigo mientras Ceuta, según su narrativa, sufre una 'invasión islámica' con más de 70.000 personas ocupando hasta el último banco del polideportivo. La cosa es que Hierro, que presume de su licenciatura en Historia, no se tragó el argumento del 'Al-Ándalus histórico' que la regidora soltó para justificar su presencia en el evento. Para Vox, esto no es cultura, es marketing electoral barato: un intento del Partido Socialista de pescar votos en un estanque que consideran ajeno. La ironía es deliciosa. Mientras la alcaldesa se pone la medalla de la multiculturalidad y denuncia los 'discursos de odio' que florecen en X como malas hierbas, Hierro le sugiere que cambie el calendario y se acuerde de Fernando III el Santo en Autillo de Campos. Es el eterno baile de la política actual: uno vende convivencia y el otro vende miedo, mientras el ciudadano medio mira la escena pensando que, independientemente de quién gane la batalla cultural, el precio del alquiler en Palencia sigue subiendo y los baches de las calles no se tapan con citas históricas ni con rezos. Al final, el acto religioso ha pasado a ser un tablero de ajedrez donde el premio es un puñado de votos y el castigo es una lluvia de tuits incendiarios.
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