El texto es un despliegue de datos alarmistas que conecta geopolítica con el bolsillo, pero falla al no explicar por qué el Gobierno permitió que el plan anticrisis caducara justo ahora. Es un retrato preciso del caos, aunque huele a advertencia electoral anticipada.
El pasado 14 de enero, Pedro Sánchez lanzó un caramelo que sabía a gloria: 17.000 fincas para jóvenes agricultores a través de la 'Plataforma Tierra'. El anuncio cayó como anillo al dedo mientras los tractores asediaban las capitales por el lío del Mercosur y los recortes de la PAC. Parecía la solución mágica para un sector donde solo el 9% de los trabajadores tiene menos de 41 años. Pero, como ocurre con muchas promesas electorales, al abrir el capó el motor estaba gripado. Resulta que el Ministerio de Agricultura sigue en silencio, sin el Real Decreto prometido, mientras que un estudio de Cocampo y su fundador, Regino Coca, ha puesto los puntos sobre las íes. La realidad es que el Fisco tiene unas 15.510 parcelas cedibles, pero el tamaño medio es un chiste: 0,416 hectáreas. Para que nos entendamos, es como prometer un piso para una familia y entregarles un trastero con humedad. Mientras que la finca agrícola media en España mide 30,46 ha, el 76,4% de estas 'joyas' gubernamentales no llega ni a una hectárea. Es agricultura de maceta, no de negocio. La ingeniería financiera es fascinante. El Plan de Ventas del Estado 2023-2030 no es más que el hijo moderno de una estrategia de Rajoy iniciada en 2012 para llenar las arcas públicas. Entre 2012 y 2024, el Estado ha soltado parcelas por una media de 2.558 y 2.741 euros, cifras que parecen calderilla comparadas con los 14.000 o 30.000 euros que cuesta una hectárea de regadío. Al final, Sánchez ha vendido como un plan de relevo generacional lo que en realidad es una liquidación de saldos de terrenos minúsculos, concentrados sobre todo en Castilla y León (3.320), Comunidad Valenciana (5.358) y Aragón (1.725).
Parecía que habíamos superado el trauma, pero la factura de la luz ha decidido jugar al yo-yo y nos ha soltado un bofetón en toda la cara. Este septiembre, España ha vuelto a jugar a la ruleta rusa con el gas natural, quemando el combustible como no se hacía desde el verano de 2022. ¿El motivo? Un verano que no quiere irse y unas borrascas que se han quedado dormidas, dejando que los ciclos combinados se sienten en el trono del mix eléctrico, pisándole los talones a la solar y sosteniendo más del 23% de la producción. Mientras nosotros intentamos que la cuenta corriente no pase a números rojos, el precio del gas se ha triplicado este año hasta los 80 euros/MWh, impulsado por el caos en el Estrecho de Ormuz. Es la clásica ingeniería del desastre: dependemos en más de un 50% de Argelia y Estados Unidos, dos socios que ahora mismo se miran con el ceño fruncido. El resultado es un sablazo directo al bolsillo: el precio medio del MWh en septiembre ha escalado a los 150 euros, un 28% más que en agosto y el doble que hace un año. Hay horas, como las 22:00, donde el coste dispara los 225 euros/MWh, niveles que ya nos trajeron pesadillas en la crisis ucraniana. En medio de este incendio, el Gobierno ha tenido que hacer un giro de 180 grados con Almaraz, prorrogando la nuclear otros tres años porque, admitámoslo, sin ese 18% estable, estaríamos encendiendo la luz con velas o pagando el recibo con un riñón. Pero mientras Christine Lagarde advierte que la inflación seguirá tensa y que el coste de la cesta de la compra seguirá subiendo por culpa de esta energía, el plan anticrisis vence el 30 de septiembre. Básicamente, nos dejan solos en el frío, esperando que el sol salga más horas para no arruinarnos.
Hay quien dice que el éxito es cuestión de esfuerzo, pero en los pasillos de la Audiencia Nacional parece que el éxito se mide en porcentajes. La historia es un clásico: una aerolínea con capital venezolano, Plus Ultra, al borde del abismo en plena pandemia, y un expresidente que, según los investigados, sabe exactamente qué hilos mover. No hablamos de una simple palmada en la espalda; hablamos de una presunta comisión de éxito del 1% sobre un rescate de 53 millones de euros gestionado a través de la SEPI. Para el ciudadano medio, 530.000 euros es una cifra astronómica, casi un sueño; para el 'Grupo Zapatero', según Roberto Roselli y Julio Martínez Sola, era simplemente el precio del trámite. Pero aquí viene el giro de guion que hace que la trama sea deliciosa. Resulta que el flujo de dinero no se detuvo en la primavera de 2021. Mientras nosotros peleábamos con la inflación en la compra del súper, la compañía siguió haciendo ingresos en las cuentas de Julio 'Julito' Martínez, el autodenominado «correveidile» de Zapatero. Si Martínez era el mensajero, la sospecha es que el jefe también quería su tajada de los negocios en Latinoamérica. Es la lógica del intermediario: si abres la puerta, quieres que te den una propina cada vez que alguien pase por ella. El cuadro se completa con un toque de glamour sospechoso: joyas por valor de 1,3 millones de euros aparecidas en un despacho, que la UDEF ha detectado y que no figuran en ninguna declaración a Hacienda. Mientras la defensa de Zapatero y su abogado Víctor Moreno Catena intentan blindar sus cuentas bancarias para evitar una «investigación prospectiva», el juez José Luis Calama y la fiscal Elena Lorente siguen el rastro de Análisis Relevante. Al final, lo que parece una consultoría global tiene más pinta de ser una ingeniería financiera para repartir el botín entre el expresidente y sus hijas.
Hay protocolos para todo: para pedir una cita en el médico, para pagar el IBI y, por supuesto, para cuando te hackean el móvil siendo la jefa de Exteriores. En abril de 2021, Arancha González Laya descubrió que su teléfono no era precisamente un búnker, sino una puerta abierta de par en par. Mientras el ciudadano medio se preocupa por si el banco le ha cobrado la comisión de mantenimiento, la entonces ministra gestionaba la crisis con Marruecos y el espinoso caso Gali con un dispositivo que probablemente enviaba sus secretos en tiempo real a quien quisiera escucharlos. La escena es digna de una comedia de enredos institucional. Laya, siguiendo el manual de instrucciones, se plantó en Palacio de la Moncloa para entregar el aparato infectado a Félix Bolaños. Un traspaso de testigo, o más bien, de malware. El problema es que este 'regalito' tecnológico llegó en el peor momento posible: en plena tensión diplomática con Rabat y con el Frente Polisario mirando desde la barrera. Es fascinante el contraste. Nos venden la seguridad nacional como un muro de hormigón, pero resulta que la llave de la casa estaba puesta por fuera. Que el personal del Ministerio confirmara la intrusión es el equivalente a que te digan que tienes una gotera justo cuando se ha inundado el salón. La entrega del móvil a Bolaños no fue un simple trámite administrativo, fue la confesión de que la alta cocina diplomática española se estaba cocinando con una ventana abierta y el viento soplando fuerte desde el Magreb. Al final, el protocolo se cumplió, pero la sensación de vulnerabilidad se quedó grabada en el disco duro de la historia reciente.
España ha decidido que la forma más eficiente de llenar la hucha pública es apretar el cuello de quien madruga. Según el último informe de la OCDE, ya somos el tercer país que más 'exprime' los ingresos derivados del IRPF y las cotizaciones sociales, situándonos en el podio del castigo al currante, solo por detrás de Estados Unidos y Alemania. En 2023, estos conceptos ya suponían el 60% de los recursos del Estado. Básicamente, el Gobierno ha convertido la nómina en un cajero automático donde él tiene la tarjeta y nosotros la clave. La ingeniería financiera es sutil pero implacable. Se nos vendió la reforma de pensiones como un escudo contra el 'baby boom', pero en la calle se siente como un sablazo mensual. El Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) es la punta del iceberg; este año ha subido al 0,9%, mientras que la cuota de solidaridad ya muerde a quienes superan los 5.100 euros mensuales en 2026. Para el ciudadano medio, esto es como intentar llenar un cubo con agujeros: suben las bases máximas de cotización (que en 2026 pasaron a 5.101,20 euros, un incremento de 191,70 euros al mes), pero el poder adquisitivo se queda en la puerta. Lo más cínico ocurre en el balance final. Mientras Hacienda recauda 325.000 millones y la Seguridad Social ingresa 176.918 millones en 2025, el peso del IRPF y las cuotas juntas llega al 63% de los recursos totales. Y ojo al dato: desde 2023, los costes de las cotizaciones crecen más rápido que los salarios. En el primer trimestre de 2026, los costes no salariales ya ascendían a 874 euros por trabajador al mes. En resumen, el Estado prefiere que el empresario pague más impuestos que más sueldos, convirtiendo el trabajo en un deporte de riesgo fiscal.
Imagínense que alguien entra en su casa, le lee los mensajes de WhatsApp y, acto seguido, le ofrece una maleta llena de billetes para que deje de quejarse de que le han robado la bici. Pues bien, a escala geopolítica, eso es el Moroccogate. En 2021, el software Pegasus convirtió los móviles de Pedro Sánchez, Fernando Grande-Marlaska, Luis Planas y Margarita Robles en ventanas abiertas para Rabat. No es que el Reino de Mohamed VI tuviera curiosidad periodística; es que tenían el control de las llaves de Presidencia, Interior, Defensa y Agricultura, justo donde se cocinan las exportaciones y los secretos de Estado. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la hipoteca, en Bruselas se manejaba una ingeniería financiera de película. La ONG Fight Impunity, capitaneada por Pier Antonio Panzeri, funcionaba como una lavandería de lujo para canalizar sobornos. La Fiscalía Federal belga, a finales de 2022, encontró más de 1,5 millones de euros en efectivo metidos en bolsas de viaje. Sí, maletas llenas de billetes, como si estuviéramos en una película de mafiosos de los años 70, pero con el sello de la DGED, el servicio de inteligencia marroquí. El diplomático Abderrahim Atmoun hacía de mensajero VIP entre los espías y la red de Panzeri, Francesco Giorgi y Eva Kaili. ¿El objetivo? Que la UE cerrara los ojos ante la falta de libertad de prensa, los derechos humanos y, sobre todo, que el Sáhara Occidental siguiera siendo un cheque en blanco para Rabat. Al final, eurodiputados del grupo S&D como Andrea Cozzolino y Marc Tarabella terminaron imputados. El Parlamento Europeo, en un raro ataque de lucidez, prohibió la entrada a los delegados marroquíes, admitiendo que su hospitalidad costaba demasiado cara.
Hay una magia contable muy curiosa en Moncloa: la capacidad de encontrar billetes donde el ciudadano común solo ve el recibo de la luz subiendo. Mientras el español medio hace malabares con la cesta de la compra para que no le falte el aceite, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el presupuesto nacional es, básicamente, una hucha abierta para el mundo. No hablamos de un detalle amable; hablamos de una ingeniería financiera que ha catapultado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta los 26.760 millones de dólares entre 2019 y 2025. Es un despliegue de generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. Para ponerlo en lenguaje de calle: en 2019, el primer año completo del líder socialista, el gasto fue de 3.110 millones de dólares. Para 2025, la cifra ha escalado hasta los 4.650 millones. Un incremento del 49,5% que se siente como un sablazo en la factura del contribuyente, pero con la satisfacción moral de saber que el dinero vuela lejos. Y no se engañen con el cuento de los 'préstamos blandos' que algún optimista pueda vender en un foro. Olvídense de que ese dinero vuelva a casa para arreglar un bache en la carretera o poner un médico más en el centro de salud. Según la OCDE, en 2024 el 99,6% de estas ayudas fueron donaciones puras y duras. Dinero que se va sin dejar rastro ni recibo. Sánchez ha rescatado la nostalgia de los máximos históricos de José Luis Rodríguez Zapatero, demostrando que la prioridad es el prestigio internacional antes que el asfalto nacional. Sumando los 455 millones de 2024 y los 323 millones de 2025 destinados a instituciones extranjeras, el panorama es claro: España es el vecino generoso del barrio que paga las cenas de todos mientras tiene la nevera vacía y la gotera en el techo.
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