Crítica:
El texto es un festín de hipocresía institucional que deja demasiados vacíos sobre qué hizo exactamente el Gobierno español tras las alertas del CNI. Se centra en el escándalo belga para suavizar la vulnerabilidad del Ejecutivo en Madrid.
El CNI remitió también informes al Gobierno sobre la compra de políticos en la UE por parte de Marruecos
Maletas y Pegasus: El sablazo marroquí en Bruselas
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Laya y el móvil hackeado: ¡Vaya descuido!
Hay protocolos para todo: para pedir una cita en el médico, para pagar el IBI y, por supuesto, para cuando te hackean el móvil siendo la jefa de Exteriores. En abril de 2021, Arancha González Laya descubrió que su teléfono no era precisamente un búnker, sino una puerta abierta de par en par. Mientras el ciudadano medio se preocupa por si el banco le ha cobrado la comisión de mantenimiento, la entonces ministra gestionaba la crisis con Marruecos y el espinoso caso Gali con un dispositivo que probablemente enviaba sus secretos en tiempo real a quien quisiera escucharlos. La escena es digna de una comedia de enredos institucional. Laya, siguiendo el manual de instrucciones, se plantó en Palacio de la Moncloa para entregar el aparato infectado a Félix Bolaños. Un traspaso de testigo, o más bien, de malware. El problema es que este 'regalito' tecnológico llegó en el peor momento posible: en plena tensión diplomática con Rabat y con el Frente Polisario mirando desde la barrera. Es fascinante el contraste. Nos venden la seguridad nacional como un muro de hormigón, pero resulta que la llave de la casa estaba puesta por fuera. Que el personal del Ministerio confirmara la intrusión es el equivalente a que te digan que tienes una gotera justo cuando se ha inundado el salón. La entrega del móvil a Bolaños no fue un simple trámite administrativo, fue la confesión de que la alta cocina diplomática española se estaba cocinando con una ventana abierta y el viento soplando fuerte desde el Magreb. Al final, el protocolo se cumplió, pero la sensación de vulnerabilidad se quedó grabada en el disco duro de la historia reciente.
Sánchez: Generoso fuera, tacaño en casa
Hay una magia contable muy curiosa en Moncloa: la capacidad de encontrar billetes donde el ciudadano común solo ve el recibo de la luz subiendo. Mientras el español medio hace malabares con la cesta de la compra para que no le falte el aceite, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que el presupuesto nacional es, básicamente, una hucha abierta para el mundo. No hablamos de un detalle amable; hablamos de una ingeniería financiera que ha catapultado la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) hasta los 26.760 millones de dólares entre 2019 y 2025. Es un despliegue de generosidad que haría palidecer a cualquier ONG. Para ponerlo en lenguaje de calle: en 2019, el primer año completo del líder socialista, el gasto fue de 3.110 millones de dólares. Para 2025, la cifra ha escalado hasta los 4.650 millones. Un incremento del 49,5% que se siente como un sablazo en la factura del contribuyente, pero con la satisfacción moral de saber que el dinero vuela lejos. Y no se engañen con el cuento de los 'préstamos blandos' que algún optimista pueda vender en un foro. Olvídense de que ese dinero vuelva a casa para arreglar un bache en la carretera o poner un médico más en el centro de salud. Según la OCDE, en 2024 el 99,6% de estas ayudas fueron donaciones puras y duras. Dinero que se va sin dejar rastro ni recibo. Sánchez ha rescatado la nostalgia de los máximos históricos de José Luis Rodríguez Zapatero, demostrando que la prioridad es el prestigio internacional antes que el asfalto nacional. Sumando los 455 millones de 2024 y los 323 millones de 2025 destinados a instituciones extranjeras, el panorama es claro: España es el vecino generoso del barrio que paga las cenas de todos mientras tiene la nevera vacía y la gotera en el techo.
Bruselas quiere prohibir tu casa de playa
Bruselas ha decidido que el culpable de que un joven no pueda emanciparse sin hipotecar hasta el alma es, convenientemente, el que quiere comprarse un piso en la playa para escaparse los fines de semana. Bajo el sofisticado nombre de 'Ley de Vivienda Asequible', la Comisión Europea ha lanzado un dardo que, aunque no prohíbe la compra de segundas residencias de golpe, deja la puerta abierta y el camino asfaltado para que ayuntamientos y regiones cierren el grifo. Es el clásico movimiento de 'yo no lo hago, pero te doy el permiso para que lo hagas tú'. La lógica es tan simple que asusta: menos casas para el ocio, más casas para vivir. Un razonamiento que suena muy bien en un despacho de cristal en Bélgica, pero que en la calle se siente como intentar arreglar una inundación tapando el grifo con un chicle. Teresa Ribera y Dan Jørgensen, los arquitectos de esta norma, junto a la bendición de Ursula von der Leyen, sugieren que restringir la propiedad si no es la residencia principal 'salvaguarda la asequibilidad'. Traducido al idioma mortal: si tienes dinero para dos casas, eres el enemigo público número uno. Mientras tanto, el eurodiputado Borja Giménez Larraz ya ha soltado la palabra mágica del momento, calificando la medida de 'corte bolivariano' y un 'desatino'. El argumento es el de siempre: el problema no es quién compra, sino que no hay casas. Es como intentar bajar el precio del pan prohibiendo que la gente compre dos barras; el panadero seguirá cobrando lo mismo y tú seguirás con hambre. Además, la norma pone el ojo en los alquileres turísticos y en las viviendas vacías, amenazando con un sablazo fiscal si el dueño no tiene una excusa convincente para mantener la llave en el cajón. Ahora solo falta que el Consejo y el Parlamento Europeo firmen el acta de defunción del libre mercado inmobiliario.
Yolanda Díaz: menos horas, más papeleo
Yolanda Díaz llega al último tramo de 2026 con el carrito de la compra lleno de promesas, pero con la tarjeta denegada en la caja. Su gran sueño, recortar la jornada a 37,5 horas semanales, ha terminado en el cementerio legislativo gracias al veto de Junts. Mientras los empresarios suspiran aliviados porque no les han subido el coste de la nómina sin bajar la producción, la ministra se ha tenido que tragar también el 'despido restaurativo'. Esa idea de pagar indemnizaciones 'a la carta' según la vulnerabilidad, edad o sexo del trabajador, suena muy bien en un mitin, pero en el mundo real es la receta perfecta para que nadie quiera contratar a los perfiles que dice proteger. Es como intentar salvar a alguien prohibiendo que le den trabajo. Pero como el espíritu burocrático no descansa, si no puede reducir las horas, al menos puede multiplicar los papeles. El Consejo de Ministros acaba de aprobar una nueva fiesta de la papelería: contratos laborales que parecen enciclopedias. Se acabó el práctico 'según convenio'; ahora el empresario deberá detallar horarios, sueldos, periodos de prueba y hasta los planes LGTBI y de igualdad. Lo más surrealista es la exigencia de incluir las 'reglas algorítmicas' que determinan las condiciones de trabajo. Básicamente, quieren que el jefe explique por escrito cómo piensa el ordenador. Todo esto mientras el registro horario digital, ese que permitiría a la Inspección de Trabajo espiar el fichaje en tiempo real, sigue en el limbo. Al final, la estrategia es clara: si no puedo darte menos horas de trabajo, te daré más horas de rellenar formularios. Una ingeniería administrativa que no crea empleo, pero que mantiene muy ocupados a los gestores.
ONGs e inmigración: el negocio del altruismo
Hay un negocio redondo donde el cliente no paga, sino que es el producto. En un extremo tenemos a las mafias, que operan con la precisión de una multinacional logística; en el otro, una maquinaria de ONG que ha convertido la solidaridad en un modelo de suscripción financiado con nuestros impuestos. Rubén Pulido lo deja claro: el inmigrante es la unidad de negocio que hace girar la rueda. El reparto del botín está tan aceitado que parece un acuerdo de caballeros. Cruz Roja, Accem y CEAR se han dividido el pastel de la primera acogida, los traslados y la asesoría legal sin pelearse por las migajas. Hablemos de números, que es donde la hipocresía se pone el traje de gala. Accem movió a más de 10.000 personas entre 2024 y finales de 2025, con un ticket de unos 300 euros por vuelo. Mientras tanto, Cruz Roja soltaba entre 15.000 y 20.000 euros diarios en comida en la playa del Trampolín durante la crisis de Ceuta, habiendo engullido ya 6,5 millones de euros. Es como gestionar un buffet libre donde el dueño cobra la cuenta al Ayuntamiento. Lo más cínico es la 'lógica de incentivos'. En este ecosistema, si no te gastas la subvención, el año que viene te recortan el presupuesto. Es la ley del 'gástalo o piérdelo', lo que convierte la eficiencia en un pecado mortal. Así, el tercer sector ha inflado su plantilla hasta los 500.000 empleados y compensados, alimentándose del flujo migratorio. Acoger a un menor no acompañado cuesta entre 4.000 y 4.500 euros al mes; una cifra que haría palidecer a cualquier alquiler en el centro de Madrid, aunque gran parte de ese dinero no llega al chaval, sino que sostiene los despachos, los sueldos de directores y la estructura de un sistema que no quiere que el problema se solucione, porque entonces se quedarían sin oficina.
Cárceles sin psiquiatras: el parche de Marlaska
Gestionar la sanidad en las cárceles de Fernando Grande-Marlaska se ha convertido en el arte de poner tiritas en una fractura expuesta. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la cita previa, en las prisiones el sistema ha decidido que la salud mental es un lujo opcional. Tenemos a unos 3.000 internos con trastornos graves viviendo en un limbo asistencial, porque los psiquiatras de plantilla han hecho un truco de magia y han desaparecido de la mayoría de los centros. La Administración juega al despiste con una ley de 2003 que obligaba a integrar la sanidad penitenciaria en el Sistema Nacional de Salud en 18 meses. Han pasado 23 años. Dos décadas ignorando el calendario, como quien deja que la factura de la luz se acumule esperando un milagro. El resultado es un desierto profesional: José Joaquín Antón, presidente de la Sociedad Española de Sanidad Penitenciaria, suelta la cifra que debería hacer saltar todas las alarmas: hay oposiciones donde salen 80 plazas y se presentan siete valientes. Siete. Es como intentar llenar un estadio con una familia numerosa. ¿Quién quiere entrar ahí? Ganar menos que en el ambulatorio de barrio, cero carrera profesional y el romanticismo de ejercer la psiquiatría por videollamada. Sí, la telemedicina es el parche estrella para cubrir urgencias donde no hay ni un médico que pisara el suelo. Solo se salvan Cataluña y el País Vasco, que ya transferieron el servicio, y los hospitales de Alicante y Sevilla, que custodian a 500 internos con medidas de seguridad. El resto es una lotería: en Albolote, Granada, un psiquiatra del Servicio Andaluz de Salud asoma la cabeza una vez por semana. El resto del tiempo, el sistema sobrevive a base de parches y esperanza ciega.
Menas: 4.000 en el limbo por 'falta de medios'
Gestionar la frontera se ha convertido en el arte de mirar hacia otro lado mientras el papeleo se acumula como la ropa sucia de un estudiante universitario. La Fiscalía General del Estado acaba de soltar una bomba envuelta en lenguaje burocrático: a finales de 2025, había 3.904 presuntos menores extranjeros esperando a que alguien, algún día, decidiera si son niños o adultos. De los 7.999 expedientes abiertos, casi la mitad quedaron en el limbo. ¿La excusa? La eterna 'falta de medios'. Es fascinante cómo el Estado encuentra presupuesto para todo, menos para un escáner que diga si alguien tiene 15 o 25 años. Este cuello de botella no es casualidad. El 2025 fue el año del caos en Ceuta y las Islas Canarias, territorios que fueron declarados en 'situación de contingencia migratoria'. Para evitar que los centros estallaran, se aplicó la técnica del reparto equitativo entre comunidades, moviendo a la gente como si fueran piezas de un Tetris humano. El resultado es la amenaza de los 'macrocentros', esos almacenes de personas donde la integración es un concepto tan abstracto como la honestidad en una campaña electoral. Lo más delirante es la fotografía al 31 de diciembre de 2025, justo antes de que el 30 de julio de este año irrumpieran 80.000 personas por el espigón de El Tarajal. Mientras el Gobierno dice que solo quedan 5.000 personas de aquella entrada, Juan Jesús Vivas sostiene que son el doble. En medio de este juego de cifras, el Ministerio de Juventud planea repartir a 500 niñas por la península, mientras otros 1.200 menores filiados esperan que el sistema deje de fingir que tiene el control. Básicamente, estamos gestionando la demografía del país con una moneda al aire y un montón de expedientes sin resolver.
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