Crítica:
La noticia presenta el préstamo como una solución técnica, omitiendo la insostenibilidad a largo plazo de este ciclo de deuda interna. Es un maquillaje presupuestario disfrazado de eficiencia administrativa.
La noticia presenta el préstamo como una solución técnica, omitiendo la insostenibilidad a largo plazo de este ciclo de deuda interna. Es un maquillaje presupuestario disfrazado de eficiencia administrativa.
Parece que en España hemos decidido que cultivar sandías es un deporte de riesgo o, quizá, simplemente un capricho que no podemos costear. Mientras el agricultor local pelea contra el clima y la burocracia, el Estado ha decidido que la mejor estrategia es abrir la cartera y mirar hacia el sur. En la campaña 2025/2026, nos hemos traído 52,68 millones de kilos de sandía desde Marruecos. Un despliegue logístico digno de una mudanza transatlántica que nos ha costado 44,23 millones de euros. Para que nos entendamos: estamos hablando de que casi la mitad de lo que importamos (el 48,26%) viene del vecino, dejando a Senegal y Mauritania cogiendo migajas. El precio medio se ha quedado en 0,84 euros por kilo, una cifra que suena a ganga en el papel de Hortoinfo y Estacom, pero que es el reflejo de una dependencia crónica. Lo curioso es el baile de las cifras. Venimos de un agujero profundo en 2023/2024, cuando solo trajimos 28,7 millones de kilos, el mínimo histórico de la última década. Pero el hambre de fruta extranjera ha vuelto: hemos subido un 6,3% respecto a la campaña anterior, sumando 3,11 millones de kilos adicionales. El resto del tablero es casi anecdótico. Senegal nos vendió 16,24 millones de kilos por 11,8 millones de euros (a 0,73 €/kg), mientras que Mauritania, con menos volumen (10,23 millones de kilos), nos clavó un precio medio de 1,33 euros por kilo, sumando 13,62 millones de euros. Y para rematar la ironía, hasta Alemania nos ha 'vendido' 6,87 millones de kilos, que probablemente no hayan visto una semilla alemana en su vida, sino que son simples reexportaciones. En total, hemos soltado 91,86 millones de euros por 109,15 millones de kilos de sandía extranjera. Un negocio redondo, siempre que no seas el que planta la semilla aquí.
Hay quien sigue esperando que la energía nuclear salve el mundo como si fuera el héroe de una película de los ochenta, pero la realidad es que se ha quedado colgada en la línea de salida. Mientras que la generación nuclear global ha estado más plana que una tortilla de patatas durante los últimos 26 años, la energía solar ha pegado un salto de 2.700 veces en el mismo periodo. No es una carrera; es una paliza técnica. Para finales de 2026, la fotovoltaica representará el 10% de la generación eléctrica mundial, superando oficialmente a la fisión nuclear. Jan Rosenow, profesor de la Universidad de Oxford, no se anda con rodeos: la solar es ya el motor de la transición. El truco está en que China ha inundado el mercado, bajando los costes de los paneles a niveles que hacen que montar una planta nuclear parezca un capricho de millonario. De hecho, en Estados Unidos, los proyectos nucleares han visto cómo sus costes se disparaban, rompiendo cualquier lógica de infraestructura donde, normalmente, producir más debería costar menos. Es como si comprar un coche fuera más caro cuanto más se fabricaran. Mientras algunas startups estadounidenses intentan resucitar la fisión nuclear con un optimismo casi religioso, el resto del mundo usa el sol como un salvavidas para dejar de depender del petróleo y sus dramas geopolíticos. La cuestión ya no es si el sol dará energía —porque el sol no manda facturas ni pide permisos— sino si nuestras instituciones y redes eléctricas, diseñadas en la era del carbón, son capaces de soportar este ritmo sin fundirse. El problema ya no es la fuente, sino el enchufe.
La burbuja de la IA acaba de soltar un globo y el ruido ha sido ensordecedor. Character.AI, que hace nada se paseaba con una valoración de mil millones de dólares como quien luce un reloj de oro en un barrio obrero, ha aterrizado de cabeza en el Capítulo 11 de la ley de quiebras. El cuento es el de siempre: mucha tecnología 'disruptiva' pero una gestión financiera que haría llorar a un estudiante de primero de economía. El CEO Colin Adams lo admite sin anestesia: operar su 'impresionante tecnología' es carísimo. Y claro, mientras los usuarios se perdían en conversaciones infinitas con bots, la empresa quemaba billetes a un ritmo frenético. Entre enero y agosto de 2026, se fundieron 56,1 millones de dólares solo en costes de computación y otros 19,7 millones en salarios. Para que nos entendamos, es como intentar mantener un yate de lujo funcionando a base de vender limonada en la esquina. Los ingresos eran una broma pesada: pasaron de 2,8 millones en diciembre de 2025 a 5,3 millones en agosto, mientras el agujero operativo seguía tragándose entre 8 y 9 millones de dólares al mes. En un intento desesperado por no hundirse, aplicaron la técnica del 'enshittification': llenaron la app de anuncios, recortaron el uso y sustituyeron los modelos inteligentes por versiones 'lobotomizadas'. Pasaron de prometer una superinteligencia personalizada a parecerse a esos juegos móviles cutres que te piden pagar por cada respiro. Para rematar el cuadro, las demandas por daños a adolescentes y suicidios añadieron el toque dramático. OpenAI y Anthropic podrán seguir flotando gracias a inyecciones masivas de capital, pero Character.AI es el canario en la mina. Nos recuerda que tener millones de usuarios es un lujo carísimo si no sabes cobrar la entrada.
Hacer las cuentas con el Estado es como intentar llenar un cubo agujereado: parece que echas agua, pero el nivel nunca sube. El Gobierno nos vende una subida del 4,5 % para el año que viene como si fuera un premio de lotería, pero la realidad es que el funcionario medio lleva desde 2018 jugando al juego de la supervivencia. Entre diciembre de 2018 y septiembre de este año, el IPC ha pegado un salto del 27,7 %, mientras que los sueldos base solo han subido un 20,7 %. En lenguaje de calle: el carrito de la compra ha crecido más rápido que la nómina. Si miramos las tablas, el grupo A1 ha pasado de 15.216 a 18.359 euros para 2026. Suena a mejora, pero es un espejismo. Para que un A1 con nivel 26 no sintiera que le están desplumando, sus 30.586,30 euros previstos para 2026 deberían ser, en realidad, unos 32.371 euros. Hay un agujero de 1.785 euros anuales que se ha evaporado en el aire de la inflación. Lo verdaderamente surrealista ocurre cuando miramos la caja registradora del Estado. Mientras el funcionario se queja de que el café le sale más caro, la IGAE revela que el gasto en personal ha pasado de 127.668 millones en 2018 a 181.494 millones en 2025. Un sablazo de 53.826 millones de euros adicionales. ¿Dónde está el truco? No todo es sueldo; es que la maquinaria administrativa ha engordado plantillas sin freno. Para rematar la faena, el INE nos recuerda que, pese a los lamentos, el funcionario sigue viviendo en otra liga. El salario medio en la Administración pasó de 29.824 a 37.518 euros (2018-2024), mientras el trabajador medio del país apenas llegó a los 29.540 euros. Al final, la brecha se ha ensanchado en 2.163 euros. El funcionario pierde poder adquisitivo, sí, pero lo pierde desde un pedestal mucho más alto que el resto de los mortales.
Buscar un piso en España se ha convertido en una especie de 'Los Juegos del Hambre' versión inmobiliaria, donde el premio es un estudio sin luz y el castigo es pagar la mitad del sueldo. La matemática es cruel: desde que Pedro Sánchez tomó las riendas del Gobierno en 2018, la competencia por un alquiler se ha quintuplicado. No es una sensación térmica; es un sablazo estadístico. En 2018, un anuncio en Idealista recibía una media de ocho contactos; para 2026, la cifra ha saltado a 43. Pasar de ocho a 43 interesados es como pasar de una cena tranquila a una pelea campal por el último trozo de pizza en una fiesta de adolescentes. Lo más irónico, casi poético si no fuera trágico, es que el incendio arde con más fuerza donde intentaron apagarlo con agua fría. En las zonas donde se aplicó el límite de precios —Cataluña, País Vasco, Navarra y La Coruña— la desesperación es la norma. Vitoria lidera el desfile del absurdo con 131 interesados por inmueble, seguida de Tarragona con 125, Pamplona con 117 y Lérida con 105. Es la paradoja del control de precios: el piso es 'barato' sobre el papel, pero hay una cola que llega hasta la provincia vecina. Si miramos el mapa, hay ciudades que han sufrido un efecto dinamita. Lérida se ha disparado un 3.036 %, Tarragona un 1.899 % y Guadalajara un 1.629 %. Mientras tanto, capitales como Burgos (1.391 %), Zamora (1.377 %), Cuenca (1.079 %), Huelva (1.059 %) y Palencia (1.021 %) han visto cómo la demanda crecía más de un 1.000 %. Incluso en Oviedo (958 %), Soria (915 %), Castellón de la Plana (909 %), Valladolid (896 %), Orense (896 %) y Badajoz (885 %), la situación es delirante. Madrid, Sevilla o Valencia, aunque caras, registran incrementos inferiores al 500 %, demostrando que el problema no es solo el dinero, sino una oferta que ha decidido jugar al escondite.
España ha logrado una hazaña digna de un manual de surrealismo: hacer que el dinero desaparezca mientras el PIB sube como la espuma. Según el think tank Funcas, hemos escalado del puesto 15 al 5 en el ranking de pobreza severa de la UE entre 2015 y 2025. Es un ascenso meteórico, pero hacia el abismo. Mientras la media europea bajaba del 9,7% al 6,3%, nosotros, con una arrogancia envidiable, subíamos del 7,4% al 8,1%. La economía ha crecido un 21,9% en términos reales y el paro ha caído del 20,9% al 9,93%. Sobre el papel, somos un cohete. En la calle, la realidad es que hay hogares que no pueden permitirse el lujo de comer con un amigo una vez al mes o sustituir unos zapatos rotos sin que eso suponga una tragedia financiera. Es la paradoja del 'crecimiento para pocos'. Lo más delirante es la pobreza laboral. España ostenta la segunda tasa más alta de Europa, solo superada por Bulgaria. Un 11% de los trabajadores son pobres en 2025, cifra que se dispara al 15,49% —tres millones de personas— si metemos en la ecuación el sablazo mensual del alquiler, según Oxfam y Fedea. Básicamente, trabajar ya no garantiza no ser pobre; solo garantiza que tienes un sitio donde cansarte antes de volver a casa. El reparto del miseria tiene su propia lógica: los jubilados (mayores de 65) se salvan con una tasa del 4,7%, mientras que los niños menores de 16 años cargan con el peso más muerto, un 10,7%. Hemos construido un sistema donde el crecimiento económico es como una tarta gigante que se comen los de arriba, mientras que abajo seguimos peleándonos por las migas de una conexión a internet.
El Gobierno nos quiere vender el mercado laboral como un jardín floreciente, pero basta con mirar la letra pequeña de la EPA para darse cuenta de que el jardín está seco y lo único que crece es la maleza del gasto público. Nos dicen que los ocupados suben en 73.600 personas, una cifra que suena bien en un teleprompter, pero que en la calle es un chiste: es el peor tercer trimestre en siete años y un 37,84% peor que el año pasado. Es como si te dijeran que tu cuenta bancaria ha subido, pero luego descubres que es porque te han dado un anticipo de una deuda que no puedes pagar. La magia contable es sencilla: mientras el sector privado se desangra con una pérdida de 16.300 personas, el Estado saca la tarjeta de crédito y contrata a 89.900 funcionarios más, inflando el empleo público hasta los 3,7 millones. Es un maquillaje agresivo para tapar que la agricultura (-58.300), la industria (-54.400) y la construcción (-49.300) están en cuidados intensivos. Solo los servicios, con 235.600 nuevos puestos, mantienen el barco a flote, aunque sea con contratos que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio. De hecho, los temporales subieron 68.000 frente a los 22.100 indefinidos, dejando claro que la 'estabilidad' es un mito urbano. Mientras tanto, el paro sube en 95.900 personas, el peor dato trimestral en siete años. Los autónomos, esos equilibristas del impuesto, han caído en 15.500. Lo más triste ocurre en el salón de casa: hay 21.800 hogares más donde nadie tiene sueldo, mientras que los hogares donde todos trabajaban han caído en 47.600. En resumen, estamos sustituyendo la riqueza real por una nómina pública que el país no sabe de dónde va a sacar.
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