Crítica:
Demasiado optimista con el 'reciclaje' de motores de Kawasaki. El texto ignora que lanzar una moto para 2027 en 2024 es básicamente pedirle al cliente que tenga una paciencia infinita.
Demasiado optimista con el 'reciclaje' de motores de Kawasaki. El texto ignora que lanzar una moto para 2027 en 2024 es básicamente pedirle al cliente que tenga una paciencia infinita.
Vender un contrato indefinido hoy en día es como comprar un coche 'seminuevo' que se te queda parado en el garaje a los seis meses porque no arranca. La reforma de Yolanda Díaz nos vendió el sueño de la estabilidad, pero los datos de Fedea revelan que hemos pasado de tener pocos contratos fijos a tener muchos contratos que duran lo que un caramelo en la puerta de un colegio. La temporalidad en el sector privado ha bajado del 25% de finales de 2019 al 12,3%, una cifra que en el PowerPoint ministerial luce como un trofeo, pero que en la calle es puro maquillaje. La trampa está en la supervivencia. Antes de la norma, el 52,5% de los fijos aguantaban el primer año; ahora, esa cifra cae al 48%. Básicamente, hemos disfrazado empleos precarios de 'indefinidos' para que la estadística no escupa la verdad. Peor aún: la rotación de estos contratos se ha duplicado, pasando del 0,3% al 0,6%, impulsada sobre todo por los fijos discontinuos, que ahora tienen una tasa de baja superior a la de los temporales. Es la ingeniería financiera del empleo: cambiar la etiqueta del producto sin mejorar la calidad del contenido. Mientras tanto, el Ministerio de Trabajo juega al escondite con la evaluación oficial. El informe previsto para enero de 2025 se movió a enero de 2026 y, a día de hoy, sigue guardado en un cajón hace ocho meses. Mientras el Gobierno calla, la realidad grita: los despidos en periodo de prueba se han multiplicado por 5 y los contratos de más de seis meses han caído un 44%. Al final, la estabilidad es un concepto elástico que solo sirve para que el diálogo social no tenga que admitir que el mercado laboral sigue siendo una ruleta rusa.
En este país, la ley es como un queso gruyère: cuantas más agujeros tenga, más fácil es que alguien meta la mano. Mientras el trabajador medio hace malabarismos con la hipoteca y mira la cesta de la compra como quien mira una película de terror, hay ingenierías sociales que convierten el Ingreso Mínimo Vital (IMV) en un sueldo de directivo junior sin mover un dedo. La receta es sencilla, casi artesanal: no te cases y juega al escondite con el padrón. El esquema, desgranado por Manuel Llamas, es una joya de la picardía administrativa. Imaginen a una pareja con cuatro hijos. Si fueran honestos y se empadronaran juntos, el Estado les daría 1.613,92 euros al mes en 2026. Pero, ¿para qué conformarse con el menú del día cuando puedes pedir el banquete completo? El truco consiste en dividir la familia en dos núcleos ficticios. La madre se empadrona en una dirección con tres niños y se embolsa unos 1.600 euros; el padre se apunta en otra dirección con el hijo restante y suma otros 1.100 euros. El resultado es un 'estirón' financiero que eleva la cifra a 2.670,30 euros mensuales en 2026. Lo más delirante es que el sistema no solo es ciego, sino que premia la mentira. Para 2027, con una subida proyectada del 14% para alcanzar el 75% del umbral de pobreza del INE (unos 836 euros para una persona sola), este montaje escalaría hasta los 3.043 euros al mes. Estamos hablando de cobrar un 65% más solo por mentir sobre dónde duermen los niños. Mientras tanto, la familia de Vitoria, que ya percibía 2.454 euros mensuales más ayudas del Banco de Alimentos, nos recuerda que el IMV ha dejado de ser un colchón para los vulnerables para convertirse, en algunos casos, en una renta vitalicia para los más espabilados.
España ha descubierto el arte de estar empleado sin necesidad de trabajar. Mientras el ciudadano de a pie hace malabares con la hipoteca y mira la cuenta corriente con pavor, la Encuesta de Población Activa (EPA) del tercer trimestre de 2026 nos regala una comedia surrealista. El desempleo ha engordado en 95.900 personas en apenas un trimestre, pero no se asusten: el sector público, ese colchón infinito, ha absorbido a 89.900 nuevos ocupados, mientras que el sector privado, el que realmente paga la fiesta, ha soltado a 16.300 trabajadores. Es una aritmética creativa donde el Estado engorda mientras la calle adelgaza. Pero lo verdaderamente fascinante es el fenómeno de los 'ocupados fantasma'. 4,541 millones de personas figuran como empleadas pero no trabajaron ni una sola hora en la semana de referencia. Si comparamos este dato con los 3,005 millones del tercer trimestre de 2018, el absentismo ha escalado un 51,1% desde que Pedro Sánchez lleva el timón. No es que nos hayamos vuelto más vacacionistas; de hecho, las bajas por vacaciones han bajado entre 2025 y 2026. El truco está en la salud. La cifra es un sablazo: las bajas por enfermedad, accidente o incapacidad temporal han pasado de 962.400 en el tercer trimestre de 2025 a 1.087.200 en el mismo periodo de 2026. Un incremento de 124.800 personas que explica el 95% del aumento total del absentismo. Desde el inicio del gobierno socialista, este concepto se ha disparado un 128,4%. En resumen, tenemos un país donde el empleo público crece como la espuma y la salud laboral se hunde más rápido que una piedra en un pozo, convirtiendo la nómina en un subsidio encubierto para quien, por una razón u otra, no pisa la oficina.
Buscar piso en España ha dejado de ser un trámite para convertirse en un 'reality show' de supervivencia donde solo gana el que tiene la nómina más brillante o el dueño más permisivo. Desde el tercer trimestre de 2018 hasta el mismo periodo de 2026, la media de interesados por anuncio ha pasado de 8 a 43 contactos, según Idealista. Un incremento del 405% que encaja con la precisión de un reloj suizo con el tiempo que Pedro Sánchez lleva al timón del Gobierno. Si creías que tu barrio era difícil, echa un vistazo a la periferia. En Lérida la cosa es surrealista: han pasado de 3 a 105 contactos, un salto del 3.036% que hace que cualquier subida del súper parezca calderilla. Tarragona (1.899%), Guadalajara (1.629%) y Burgos (1.391%) siguen la estela, demostrando que el hambre de techo no entiende de mapas. Lo más irónico es el cuento de las 'zonas tensionadas'. El Gobierno decidió poner topes a los precios para 'ayudar', y el resultado ha sido como intentar apagar un incendio echándole gasolina. Ocho de las nueve capitales con control de precios han visto la competencia dispararse más del 500%. Barcelona es el ejemplo perfecto de esta ingeniería fallida: ha pasado de 11 a 92 contactos (un 714% más), mientras que Madrid, donde no hay control de precios, ha subido de 12 a 49 (un 318%). Al final, la cuenta es sencilla: mientras en Madrid la cola es larga, en Barcelona es una procesión. En provincias como Cuenca (1.299%) o Zamora (1.141%), la lucha por un alquiler se ha vuelto un deporte extremo. El resultado es el de siempre: menos oferta, más desesperados y un mercado que se ríe en la cara de los decretos oficiales.
Mientras en España seguimos esperando que la fábrica de VW en Sagunto deje de ser un solar con promesas, al otro lado del charco han decidido que el tiempo es oro. A tan solo 13 kilómetros de nuestra costa, Marruecos ha montado el tablero y ya está jugando. La empresa Gotion, con el 51% en manos de VW, ha puesto en marcha la planta de Kenitra en unos ridículos 13 meses. Comparado con los 22 meses que lleva Sagunto en obras sin una fecha de estreno clara, parece que en España construimos con la parsimonia de quien monta un mueble de IKEA sin instrucciones y sin prisa. El sablazo es conceptual y logístico. Traer un coche desde Tánger o Nador cuesta menos de 100 euros, una propina comparada con la inercia burocrática europea. Kenitra no viene a jugar: arranca con capacidad para 100.000 baterías anuales (40 GWh), con la posibilidad de subir a 60 GWh si el mercado pide más. En resumen, el doble de capacidad que la planta de Sagunto, que sigue en el limbo. ¿El truco? Una inversión de 6.000 millones de euros y 2.000 empleos locales que no han tenido que pelearse con los controles infinitos de Bruselas ni con normativas de emisiones que en Marruecos se toman con una flexibilidad envidiable. Mientras nosotros discutimos el color del papel del permiso, ellos ya tienen la materia prima para las celdas LFP y se han convertido en el proveedor obligado de las propias fábricas de VW en España. Al menos Stellantis en Figueruelas parece avanzar con más ritmo, pero la realidad es que nos han adelantado en el semáforo y nosotros seguimos buscando las llaves del coche.
España ha perfeccionado el arte de cobrar el menú degustación para servirnos una ración de patatas frías. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez celebra una recaudación récord, el asfalto se deshace bajo nuestros neumáticos con una naturalidad pasmosa. Hagamos cuentas de barrio: el Estado le ha sacado casi 42.000 millones de euros a los conductores en 2025. Un sablazo que crece un 4% anual, mientras que la inversión en conservación es una migaja de 3.000 millones según el Instituto Juan de Mariana. Traducido al lenguaje de la calle: por cada euro que el Fisco invierte en que no se nos rompa el eje, el conductor pone 15. Es el negocio perfecto para Moncloa y una lotería perdedora para quien conduce. La hipocresía es tan espesa que se podría cortar con un cuchillo. Nos venden modernidad con los 80.000 millones de los fondos Next Generation, pero el Instituto Juan de Mariana nos suelta el bombazo: tenemos un déficit de inversión de 15.000 millones en carreteras. Estamos en la peor situación desde los años 80. Mientras tanto, el ministro Óscar Puente intenta maquillar la cifra bajándola a 5.000 millones, pero la realidad es que 34.000 kilómetros de carretera necesitan una reconstrucción urgente. No es solo una cuestión de comodidad o de que el coche baile en la curva; es una cuestión de supervivencia. En 2025, la DGT registró 1.775 víctimas mortales, una cifra que se ha quedado estancada como el mantenimiento de nuestras vías. Desde 2017, los impuestos del coche han subido un 46%, pulverizando la inflación del 31%. Pagamos más, tenemos carreteras más feas y el resultado es el mismo. Básicamente, estamos pagando una suscripción Premium para circular por un camino de cabras con señalización europea.
El mercado ferroviario español acaba de descubrir que el miedo es el mejor cupón de descuento. Tras el horror del accidente de Urda, donde un AVE y un Iryo se dieron un beso mortal en Toledo dejando más de 69 fallecidos, Renfe ha pasado de la arrogancia tarifaria al modo 'liquidación por cierre'. Es fascinante observar cómo la seguridad se vuelve un artículo de lujo que nadie quiere pagar. Para quien quiera jugar a la ruleta rusa sobre raíles, el trayecto Madrid-Valladolid se ha desplomado a 7 euros durante todo noviembre; una cifra que hace un mes parecía un chiste, considerando que lo más barato eran 15 euros comprando con antelación quirúrgica. En la línea Madrid-Barcelona, donde la CNMC situaba la media en 53 euros y los impacientes pagaban más de 100, ahora el billete cuesta 30 euros, incluso en pleno puente de Todos los Santos. Es el precio de viajar en un vagón que parece un pueblo abandonado. La sangría de precios sigue en Madrid-Lérida, que ha pasado de los 85 euros de la semana pasada a unos 26 euros. Prácticamente un 70% de descuento por el simple hecho de que el pasajero medio prefiere el asfalto. Madrid-Alicante se ha quedado en 15 euros, cuando lo normal es soltar entre 30 y 55. A Coruña y Zaragoza no pasan de los 25 euros, recortando la media habitual de 45. Mientras tanto, el corredor Madrid-Andalucía es un agujero negro sin servicio hasta el 13 de diciembre. La hipocresía del sistema es deliciosa: mientras Renfe vacía sus trenes, Socibus agotó sus 3.500 refuerzos en minutos y Iberia vendió plazas extra a 99 euros. En Sevilla, la ocupación hotelera se ha desplomado del 90% al 50%. Al final, el pasajero no busca el ahorro, busca sobrevivir al viaje.
Comentarios