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España tiene un agujero de 900.000 viviendas que no se llena, y mientras el ciudadano medio ve cómo su salario se rinde ante el alquiler, los peces gordos se reunieron en los Cursos de Verano CEU-María Cristina para explicar que el problema es que 'todo es muy difícil'. Según Javier Fernández-Lasquetty y Luis Fernando Quintero, el diagnóstico es claro, pero la receta es un caos. Francisco Pérez Medina, de Culmia, soltó la bomba: la rentabilidad de las promotoras aquí es un triste 2,5% frente al 12,5% europeo. Básicamente, construir en España hoy es como intentar montar un negocio de limonada donde el ayuntamiento te cobra el vaso, la pajita y el aire que respiras. El sector está desangrado. Pasamos de 2,6 millones de trabajadores en 2007 a unos 1,4 millones ahora. El resultado es una plantilla con una edad media de 48 años; los jóvenes huyen de la obra como quien huye de una deuda del banco. Juan Van-Halen, de ARDAVANIA, lo resume con una ironía sangrienta: seguimos usando un modelo de suelo de 1956. Desarrollar una parcela es una carrera de fondo que tarda entre 15 y 30 años. Para colmo, Beatriz del Peso de Garrigues recuerda que un promotor necesita entre 36 y 45 permisos distintos. Es el triunfo de la burocracia sobre el ladrillo: cada licencia puede costar entre 15.000 y 40.000 euros y tardar 15 meses en llegar, mientras el 25% del precio de la casa se va directo al bolsillo de Hacienda en impuestos. Al final, entre el ecologista que llega a los veinte años para tumbar el plan y la ineficiencia administrativa, comprar una casa se ha convertido en un deporte de riesgo para los que no tienen un heredero con fortuna.
Hay quien viaja con una maleta vieja y un mapa impreso, y luego está el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no entiende de soledades ni de minimalismo; para sus escapadas a La Mareta, en Lanzarote, necesita un ejército de apoyo que haría palidecer a cualquier hotel de cinco estrellas. Según el Portal de Transparencia, el jefe del Ejecutivo se llevó consigo a siete asistentes de personal de servicio. Siete. Para que el lector medio lo entienda: es como si para ir a pasar el fin de semana a la playa te llevaras a un equipo entero de limpieza y logística para que no tengas que mover ni un dedo mientras el sol canario hace lo suyo. Pero el despliegue no acaba en las sábanas y las toallas. La comitiva incluía también a un asesor de la Secretaría General de la Presidencia y a cinco técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Porque claro, el Wi-Fi en el paraíso no puede fallar cuando hay que coordinar el Estado. Todo esto mientras la Moncloa juega al escondite con las cifras. El Gobierno admite que se gastaron 11.322 euros en alojamiento y 22.711 euros en manutención el año pasado, pero cuando se les pide el desglose real, la respuesta es un 'acceso parcial'. La joya de la corona es la seguridad. No quieren decir cuántos guardias hay porque sería 'comprometer la seguridad'. Una jugada maestra: el dinero es público, pero el número de escoltas es un secreto de Estado. Al final, nos venden que trasladar su domicilio a inmuebles del Estado es una necesidad institucional. Muy noble, pero resulta curioso que la 'actividad institucional' requiera que siete personas se encarguen del servicio mientras el país intenta cuadrar las cuentas de la compra mensual.
La higiene es la navaja suiza de la administración: sirve para todo, especialmente para echarte de un sitio cuando no te gusta el paisaje. En Burgos, tres mujeres han sido invitadas a abandonar las piscinas municipales de El Plantío y San Amaro por lucir burquini. El argumento es el clásico de manual: 'normativa de uso de instalaciones' y el pavor casi místico a la ropa de calle. Lo curioso es que, mientras en dos casos hablábamos de telas no aptas, hubo una mujer vistiendo un traje de materiales técnicos idénticos a los de cualquier bañador de marca. Pero claro, el tejido no importa tanto como la silueta. En España, el vacío legal es el deporte nacional. No hay ley estatal ni autonómica que diga si el burquini es pecado o virtud, así que la suerte de una bañista depende de si el operario de turno ha desayunado con ganas de aplicar el reglamento o de cerrar los ojos. Mientras tanto, en Castilla y León, el acuerdo entre PP y Vox (punto 10.10) prohíbe el burka y el nicab en edificios públicos apelando a la 'seguridad' y la 'dignidad'. Un detalle: el burquini deja cara, manos y pies al aire, pero parece que la aritmética de la convivencia no sabe sumar estas diferencias. El mapa de la región es un collage de incoherencias. En León, el equipo socialista dice que adelante si la tela es la correcta. En Salamanca, el verano pasado echaron a alguien por 'higiene', pero tuvieron que pedir perdón públicamente cuando se dieron cuenta de que el traje cumplía todos los requisitos técnicos. Al final, la higiene es un concepto elástico: se estira para prohibir y se encoge cuando el Ayuntamiento teme un problema legal.
Hay una danza fascinante entre el discurso de la lucha de clases y el catálogo de inmobiliarias de lujo. Willy Toledo, con la honestidad del que no tiene miedo a soltar el golpe, puso el dedo en la llaga: ¿cómo encaja un chalé en Galapagar y la Taberna Garibaldi en el manual del buen revolucionario? Para Toledo, que el exvicepresidente del Gobierno gestione sus negocios como una empresa privada y no como una cooperativa es, básicamente, un chiste de mal gusto. Según el actor, Iglesias ha logrado que la militancia de Podemos confunda el apoyo político con el patrocinio de sus emprendimientos personales, creando una especie de 'lealtad tóxica' donde pagar la cuenta del bar se confunde con salvar la patria. La respuesta de Pablo Iglesias, publicada en Diario Red bajo el título 'James Chambers y los ricos de izquierdas', es una obra maestra de la esgrima dialéctica. En lugar de dar explicaciones sobre sus activos, lanza una posdata cargada de veneno: 'Ojalá me saliera el dinero por las orejas'. Un deseo optimista, considerando que mientras el ciudadano medio lucha con la hipoteca, él utiliza el caso de James Cox Chambers Jr. —un heredero millonario estadounidense que se enfrenta a 30 años de cárcel por apoyar a Hamás— para justificar que la cartera gorda no anula el carné rojo. Pero el giro irónico llega cuando Iglesias decide limpiar su espejo ensuciando el del vecino. En el mismo texto, lanza un dardo contra Ramón Espinar Gallego, recordándonos que el escándalo de las tarjetas black de Caja Madrid es el verdadero manual de 'ingeniería financiera' de la izquierda. Al final, la crónica es la de siempre: el debate no es si se puede ser rico y comunista, sino quién tiene la excusa más sofisticada para que el dinero no manche la ideología.
Hacienda es como ese vecino cotilla que sabe exactamente a qué hora llegas y cuánto gastas en el súper, pero que, de repente, decide hacerse el sueco con ciertos apellidos. Esaú Alarcón, socio de Gibernau, ha soltado una verdad que escuece: el sistema de la Agencia Tributaria es una máquina automatizada de detectar errores. Si tú te olvidas de declarar un alquiler, el sistema te caza antes de que termines el café porque el cruce de datos es implacable. Sin embargo, en el caso de Julio Martínez, la maquinaria se quedó dormida durante cuatro años enteros. Cuatro años sin presentar la declaración de la renta, un pecado capital que para cualquier ciudadano de a pie terminaría con una inspección que empieza mal y acaba peor, ya que el sistema tiene tatuado que el no declarante es, por definición, un defraudador. La exdirectora de la Agencia Tributaria lo llamó un "lamentable error" el pasado lunes, pero Alarcón no compra el cuento. Es muy curioso que la tecnología, capaz de rastrear hasta el último céntimo de un autónomo asustado, sufriera una amnesia selectiva con Martínez. Y mientras el sistema falla en lo obvio, se vuelve creativo en lo dudoso. El caso de David Sánchez, hermano del presidente, es la otra cara de la moneda: un informe sin membrete ni firma, donde unas cuantas noches de hotel en Portugal fueron el pase mágico para obtener una residencia fiscal que, según el experto, no se sostiene ni en Madrid ni en Lisboa. Estamos ante una ingeniería financiera donde el rigor se aplica según el código postal o la cercanía al poder, convirtiendo la praxis común en una sugerencia opcional.
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder: mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo de una dieta en la oficina, en ciertos círculos el currículum es un accesorio opcional. El caso de David Sánchez es la cumbre de la 'ingeniería de favores'. No hablamos de un error administrativo, sino de un traje hecho a medida, cosido con hilos de fondos públicos y rematado con un sueldo de 60.000 euros anuales. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado escrito en 377 folios que el puesto no era necesario ni urgente; era, sencillamente, un regalo envuelto en papel de Diputación. Lo más delirante es la narrativa del 'hermanísimo'. Mientras el Gobierno, con voces como las de Elma Saiz, Patxi López u Óscar Puente, intenta vender que la sentencia es un invento sin fundamentos, los correos electrónicos internos ya usaban ese término cariñoso para coordinar el enchufe. David Sánchez ni residía en Badajoz, ni sabía cómo funcionaban los conservatorios, ni se molestó en aparecer por su despacho. Dirigió la orquesta cinco veces —cinco, que no son muchas ni para un aficionado— y cuando el juzgado le pidió informes, entregó unos papeles manuscritos que no figuraban en ningún archivo oficial. Es el sueño de cualquier vago profesional: cobrar el sueldo completo mientras te dedicas a proyectos de ópera ajenos al cargo. El entramado es fascinante. Miguel Ángel Gallardo parece haber jugado al ajedrez político, intentando congraciarse con el futuro secretario general del PSOE justo un mes antes de su elección. Al final, la plaza terminó siendo un agujero contable donde la meritocracia fue sustituida por el apellido. Como bien dice la sentencia, esta práctica no es solo un chiste de mal gusto, sino un veneno que dinamita la salud democrática.
Pedro Sánchez ha perfeccionado el arte de dejar la mesa puesta, pero con la cuenta del restaurante ya inflada y el camarero exigiendo el pago inmediato. La jugada es maestra: mientras el Ejecutivo se deslumbra con un techo de gasto de 226.032 millones de euros —una cifra que hace parecer el límite de 119.834 millones que heredó del señor Rajoy un presupuesto de bolsillo para ir a por el pan—, el reloj de arena de la AIReF empieza a agotarse. Sánchez ha inflado el gasto un 88% (106.198 millones más) durante su mandato, básicamente tirando de la tarjeta de crédito pública sin mirar el extracto. Ahora, el regalo envenenado llega para Alberto Núñez Feijóo. Si el líder popular gana las elecciones, no encontrará una alfombra roja, sino una tijera oxidada y urgente. La AIReF, bajo el mando de Inés Olóndriz, ya ha soltado la bomba: para no saltar por los aires la regla de gasto nacional, hace falta un ajuste del 0,6% del PIB en el segundo semestre. Traducido al lenguaje de la calle, son unos 10.100 millones de euros que habrá que rascar de algún lado mientras el ciudadano intenta que la compra del mes no sea un deporte de riesgo. La hipocresía es deliciosa. El Gobierno sabe que no habrá austeridad antes de los comicios de 2027; prefieren dejar la factura para que otro la pague. Feijóo se encontrará con un escenario tétrico: la obligación de cumplir el marco fiscal europeo en 2027 y 2028, una recaudación tributaria que empezará a bajar porque el PP quiere deflactar el IRPF (devolverle el aire al contribuyente) y la eterna ausencia de Presupuestos Generales del Estado, que se han convertido en un mito urbano. En resumen, Sánchez deja el jardín regado, pero con la tubería rota y la factura del agua pendiente de pago.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha convertido la compra de un coche eléctrico en una partida de Monopoly donde el tablero está roto y el banquero se ha ido de vacaciones. Mientras el ciudadano medio intenta cuadrar la cuenta bancaria para que no le llegue el aviso de saldo insuficiente, el Ejecutivo lleva siete meses —desde enero, para los que no lleven el calendario al día— jugando al escondite con las bases del Plan Auto+. Es la clásica gestión de 'ya verás que bonita la ayuda', pero cuando llegues a la ventanilla, el cajero te dirá que no queda ni un céntimo. José López-Tafall, director general de Anfac, ha tenido que soltar la bomba: el dinero se agotará casi al 100% para septiembre. Es decir, que para cuando el Gobierno decida publicar las bases (si es que lo hace antes de que termine julio, como prometen), el presupuesto será un espejismo. Estamos hablando de un fondo de 400 millones de euros que, repartido entre los 150.000 coches previstos para 2026, dejaría una ayuda media de 2.600 euros. Pero claro, como el Gobierno quiere hacer el paripé con ayudas de hasta 4.500 euros, la matemática no cuadra. El resultado es un agujero donde entre 50.000 y 80.000 personas se quedarán mirando el catálogo del concesionario sin un duro en el bolsillo. ¿El motivo del retraso? La burocracia creativa. Se han liado con el 'made in Europe', diseñando un sistema de puntos digno de una oposición de funcionario donde regalan 675 euros si el coche es europeo y otros 450 si la batería también se cocinó en el Viejo Continente. Mucha bandera y mucha industria, pero el cliente final se queda con la factura completa y una promesa electoral que tiene la fecha de caducidad de un yogur olvidado al sol.
En el tablero de la política extremeña, parece que el 'enchufe' tiene un manual de instrucciones muy preciso, pero la factura siempre llega tarde. David Sánchez Pérez-Castejón ha acabado con nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, una sentencia de 377 páginas que, para el ciudadano de a pie, se lee como un 'está prohibido, pero ya te has cobrado el sueldo'. La joya de la corona es la cifra: 340.572 euros cobrados entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, mientras el trabajador medio se pelea con el cajero automático el día 20, David ha disfrutado de un colchón público que ahora la Audiencia Provincial de Badajoz se niega a devolver por una cuestión de 'legitimación'. Básicamente, que el dinero se ha esfumado en un agujero contable donde la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento, decidió mirar hacia otro lado. La trama no viene sola. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, también ha recibido su dosis de realidad con 18 años de inhabilitación. El hombre, que hace tiempo trabajaba con tomates en Inpralsa, ahora verá cómo su carrera política se marchita. Mientras tanto, las acusaciones populares, con Manos Limpias al frente, intentan que el TSJ de Extremadura reconozca la malversación y el tráfico de influencias. No quieren que el caso sea la guía turística para futuros 'enchufados' que busquen cobrar sin trabajar. La justicia, sin embargo, avanza con la agilidad de un caracol con reuma; entre el Tribunal de Cuentas y los recursos, el desenlace final podría estirarse hasta 2028. Para entonces, el dinero ya habrá tenido tiempo de hacer intereses en alguna cuenta olvidada, mientras los testigos —una panda de cargos jerarquizados y familiares del PSOE— hacían malabares con la verdad en el estrado.
Hay que tener un cinismo de manual para decir que 6.000 cadáveres no tienen 'relevancia histórica'. Así de simple, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que las fosas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz no pasan el filtro de la Ley 20/2022. Es como si en tu comunidad de vecinos decidieran que el incendio que arrasó medio bloque no es 'representativo' para entrar en el libro de actas. La excusa, redactada con la frialdad de un manual de instrucciones de lavadora por Almudena Cruz Yábar, sostiene que no basta con que haya habido 'privación de libertad' para entrar en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática. Hay que valorar la 'dimensión del fenómeno'. Traduzcamos el lenguaje administrativo al castellano corriente: si te mataron bajo las órdenes de Santiago Carrillo en 1936, mientras el Frente Popular gestionaba el caos, pues mala suerte; tu tragedia no tiene el 'estatus' suficiente. El diputado del PP, Pedro Corral, ha puesto el dedo en la llaga preguntando por qué se ignora este matadero republicano mientras el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, prefiere mirar hacia otro lado. La ironía alcanza niveles estratosféricos al llegar al Palacio de la Moncloa. Resulta que la sede de la Presidencia fue escenario de ejecuciones sumarias en agosto y septiembre de 1936, coordinadas por la checa de Fomento y el socialista Ángel Galarza. Personajes como el guardia civil retirado Ezequiel Marcos Sanz o el duque de Hornachuelos terminaron allí como desecho humano. Pero claro, que el Gobierno actual viva y trabaje donde se levantaron cadáveres de estudiantes y oficinistas es un detalle irrelevante. Al final, la memoria democrática parece funcionar como un menú degustación: eligen los platos que les gustan y los que les saben amargos, simplemente los borran de la carta.
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Adolfo Sáez