Crítica:
La noticia se limita a reproducir el 'estira y encoge' de dos egos sin profundizar en la trazabilidad real de los fondos de la Taberna. Es un partido de tenis retórico donde prima la anécdota sobre la auditoría.
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Sánchez y su séquito real en Lanzarote
Hay quien viaja con una maleta vieja y un mapa impreso, y luego está el presidente del Gobierno. Pedro Sánchez no entiende de soledades ni de minimalismo; para sus escapadas a La Mareta, en Lanzarote, necesita un ejército de apoyo que haría palidecer a cualquier hotel de cinco estrellas. Según el Portal de Transparencia, el jefe del Ejecutivo se llevó consigo a siete asistentes de personal de servicio. Siete. Para que el lector medio lo entienda: es como si para ir a pasar el fin de semana a la playa te llevaras a un equipo entero de limpieza y logística para que no tengas que mover ni un dedo mientras el sol canario hace lo suyo. Pero el despliegue no acaba en las sábanas y las toallas. La comitiva incluía también a un asesor de la Secretaría General de la Presidencia y a cinco técnicos de la Unidad de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Porque claro, el Wi-Fi en el paraíso no puede fallar cuando hay que coordinar el Estado. Todo esto mientras la Moncloa juega al escondite con las cifras. El Gobierno admite que se gastaron 11.322 euros en alojamiento y 22.711 euros en manutención el año pasado, pero cuando se les pide el desglose real, la respuesta es un 'acceso parcial'. La joya de la corona es la seguridad. No quieren decir cuántos guardias hay porque sería 'comprometer la seguridad'. Una jugada maestra: el dinero es público, pero el número de escoltas es un secreto de Estado. Al final, nos venden que trasladar su domicilio a inmuebles del Estado es una necesidad institucional. Muy noble, pero resulta curioso que la 'actividad institucional' requiera que siete personas se encarguen del servicio mientras el país intenta cuadrar las cuentas de la compra mensual.
Hacienda: ¿Ciega con unos y cazadora con otros?
Hacienda es como ese vecino cotilla que sabe exactamente a qué hora llegas y cuánto gastas en el súper, pero que, de repente, decide hacerse el sueco con ciertos apellidos. Esaú Alarcón, socio de Gibernau, ha soltado una verdad que escuece: el sistema de la Agencia Tributaria es una máquina automatizada de detectar errores. Si tú te olvidas de declarar un alquiler, el sistema te caza antes de que termines el café porque el cruce de datos es implacable. Sin embargo, en el caso de Julio Martínez, la maquinaria se quedó dormida durante cuatro años enteros. Cuatro años sin presentar la declaración de la renta, un pecado capital que para cualquier ciudadano de a pie terminaría con una inspección que empieza mal y acaba peor, ya que el sistema tiene tatuado que el no declarante es, por definición, un defraudador. La exdirectora de la Agencia Tributaria lo llamó un "lamentable error" el pasado lunes, pero Alarcón no compra el cuento. Es muy curioso que la tecnología, capaz de rastrear hasta el último céntimo de un autónomo asustado, sufriera una amnesia selectiva con Martínez. Y mientras el sistema falla en lo obvio, se vuelve creativo en lo dudoso. El caso de David Sánchez, hermano del presidente, es la otra cara de la moneda: un informe sin membrete ni firma, donde unas cuantas noches de hotel en Portugal fueron el pase mágico para obtener una residencia fiscal que, según el experto, no se sostiene ni en Madrid ni en Lisboa. Estamos ante una ingeniería financiera donde el rigor se aplica según el código postal o la cercanía al poder, convirtiendo la praxis común en una sugerencia opcional.
El 'hermanísimo' y el sueldo regalado
Hay una danza muy curiosa en los pasillos del poder: mientras el ciudadano medio tiene que justificar hasta el último céntimo de una dieta en la oficina, en ciertos círculos el currículum es un accesorio opcional. El caso de David Sánchez es la cumbre de la 'ingeniería de favores'. No hablamos de un error administrativo, sino de un traje hecho a medida, cosido con hilos de fondos públicos y rematado con un sueldo de 60.000 euros anuales. La Audiencia Provincial de Badajoz ha dejado escrito en 377 folios que el puesto no era necesario ni urgente; era, sencillamente, un regalo envuelto en papel de Diputación. Lo más delirante es la narrativa del 'hermanísimo'. Mientras el Gobierno, con voces como las de Elma Saiz, Patxi López u Óscar Puente, intenta vender que la sentencia es un invento sin fundamentos, los correos electrónicos internos ya usaban ese término cariñoso para coordinar el enchufe. David Sánchez ni residía en Badajoz, ni sabía cómo funcionaban los conservatorios, ni se molestó en aparecer por su despacho. Dirigió la orquesta cinco veces —cinco, que no son muchas ni para un aficionado— y cuando el juzgado le pidió informes, entregó unos papeles manuscritos que no figuraban en ningún archivo oficial. Es el sueño de cualquier vago profesional: cobrar el sueldo completo mientras te dedicas a proyectos de ópera ajenos al cargo. El entramado es fascinante. Miguel Ángel Gallardo parece haber jugado al ajedrez político, intentando congraciarse con el futuro secretario general del PSOE justo un mes antes de su elección. Al final, la plaza terminó siendo un agujero contable donde la meritocracia fue sustituida por el apellido. Como bien dice la sentencia, esta práctica no es solo un chiste de mal gusto, sino un veneno que dinamita la salud democrática.
Sueldo público y enchufe: el sablazo millonario
En el tablero de la política extremeña, parece que el 'enchufe' tiene un manual de instrucciones muy preciso, pero la factura siempre llega tarde. David Sánchez Pérez-Castejón ha acabado con nueve años de inhabilitación por prevaricación administrativa, una sentencia de 377 páginas que, para el ciudadano de a pie, se lee como un 'está prohibido, pero ya te has cobrado el sueldo'. La joya de la corona es la cifra: 340.572 euros cobrados entre julio de 2017 y mayo de 2025. Para que nos entendamos, mientras el trabajador medio se pelea con el cajero automático el día 20, David ha disfrutado de un colchón público que ahora la Audiencia Provincial de Badajoz se niega a devolver por una cuestión de 'legitimación'. Básicamente, que el dinero se ha esfumado en un agujero contable donde la Fiscalía, que pidió el sobreseimiento, decidió mirar hacia otro lado. La trama no viene sola. Miguel Ángel Gallardo, expresidente de la Diputación de Badajoz, también ha recibido su dosis de realidad con 18 años de inhabilitación. El hombre, que hace tiempo trabajaba con tomates en Inpralsa, ahora verá cómo su carrera política se marchita. Mientras tanto, las acusaciones populares, con Manos Limpias al frente, intentan que el TSJ de Extremadura reconozca la malversación y el tráfico de influencias. No quieren que el caso sea la guía turística para futuros 'enchufados' que busquen cobrar sin trabajar. La justicia, sin embargo, avanza con la agilidad de un caracol con reuma; entre el Tribunal de Cuentas y los recursos, el desenlace final podría estirarse hasta 2028. Para entonces, el dinero ya habrá tenido tiempo de hacer intereses en alguna cuenta olvidada, mientras los testigos —una panda de cargos jerarquizados y familiares del PSOE— hacían malabares con la verdad en el estrado.
Memoria a la carta: Paracuellos no 'está a la altura'
Hay que tener un cinismo de manual para decir que 6.000 cadáveres no tienen 'relevancia histórica'. Así de simple, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que las fosas de Paracuellos del Jarama y Torrejón de Ardoz no pasan el filtro de la Ley 20/2022. Es como si en tu comunidad de vecinos decidieran que el incendio que arrasó medio bloque no es 'representativo' para entrar en el libro de actas. La excusa, redactada con la frialdad de un manual de instrucciones de lavadora por Almudena Cruz Yábar, sostiene que no basta con que haya habido 'privación de libertad' para entrar en el Inventario Estatal de Lugares de Memoria Democrática. Hay que valorar la 'dimensión del fenómeno'. Traduzcamos el lenguaje administrativo al castellano corriente: si te mataron bajo las órdenes de Santiago Carrillo en 1936, mientras el Frente Popular gestionaba el caos, pues mala suerte; tu tragedia no tiene el 'estatus' suficiente. El diputado del PP, Pedro Corral, ha puesto el dedo en la llaga preguntando por qué se ignora este matadero republicano mientras el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, prefiere mirar hacia otro lado. La ironía alcanza niveles estratosféricos al llegar al Palacio de la Moncloa. Resulta que la sede de la Presidencia fue escenario de ejecuciones sumarias en agosto y septiembre de 1936, coordinadas por la checa de Fomento y el socialista Ángel Galarza. Personajes como el guardia civil retirado Ezequiel Marcos Sanz o el duque de Hornachuelos terminaron allí como desecho humano. Pero claro, que el Gobierno actual viva y trabaje donde se levantaron cadáveres de estudiantes y oficinistas es un detalle irrelevante. Al final, la memoria democrática parece funcionar como un menú degustación: eligen los platos que les gustan y los que les saben amargos, simplemente los borran de la carta.
Bruselas avala el 'borrón' de Sánchez
En Luxemburgo no se hacen ilusiones con la ética, se hacen lecturas de actas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha decidido que la Ley de Amnistía es, básicamente, un trámite administrativo más, avalando el 'intercambio de cromos' que Pedro Sánchez utilizó para rascar los siete votos de Junts y sentarse en el sillón de Moncloa. Según el presidente de la institución, Koen Lenaerts, todo esto sirve para 'reducir tensiones' y 'facilitar la reconciliación'. Traducido al idioma de la calle: si el precio de la paz es borrar el historial de algunos, que así sea. El Tribunal ha pasado el trapo incluso sobre la malversación. El Tribunal de Cuentas preguntaba si vaciar las arcas públicas para financiar referéndums afectaba a Bruselas. La respuesta del TJUE fue un bostezo jurídico: dicen que un agujero contable en el presupuesto nacional no es problema de la Unión, aunque la cuota de España se resienta. Es como si te robaran la cartera en el metro y el ayuntamiento te dijera que, mientras no afecte al alumbrado público de la ciudad, no pasa nada. Pero el plato fuerte es el terrorismo. La Audiencia Nacional tenía dudas sobre los Comités de Defensa de la República (CDR), y el TJUE ha respondido que amnistiar estos delitos es compatible con el Derecho Europeo, siempre que no haya 'graves violaciones de derechos humanos'. Un matiz tan abstracto que parece redactado con tinta invisible. Ojo, que Carles Puigdemont no tiene el billete de vuelta ya emitido. Para que el líder de Junts pise suelo patrio, primero debe pasar por el filtro de Cándido Conde-Pumpido en el Tribunal Constitucional y que el Supremo firme la gracia. Tras un año de espera desde el juicio del 15 de julio de 2025 y la opinión del Abogado General Dean Spielmann en noviembre, la maquinaria europea ha dado el visto bueno al borrón y cuenta nueva.
TVE y el 'estilo Berlusconi' contra jueces
Parece que en el manual de supervivencia del poder, el capítulo 'Cómo aniquilar a un juez' es universal. Ya sea en la Italia de los años 2000 o en la España de hoy, la receta es la misma: si no puedes rebatir la ley, ensucia el juzgado. En 2009, Silvio Berlusconi convirtió al juez Raimondo Mesiano en el blanco de sus cámaras, pintándolo de excéntrico para distraer de una condena por corrupción en el caso Lodo Mondadori que le costó 750 millones de euros. Un sablazo monumental que Berlusconi intentó camuflar con ruido televisivo. Fast forward al pasado martes. El programa Mañaneros de TVE decidió que el juez Juan Carlos Peinado necesitaba un 'tour' turístico forzoso. Lo persiguieron por la calle el 14 de julio, lanzándole preguntas sobre el pasaporte de Begoña Gómez y su viaje a Londres con la sutileza de un martillo neumático. ¿El objetivo? Desacreditar la decisión de retirar el pasaporte a la mujer del presidente Pedro Sánchez por riesgo de fuga. Es la misma técnica de 'máquina del fango' que Umberto Eco ya denunciaba en Italia: contar una verdad irrelevante para sugerir una mentira conveniente. Lo más cómico —si nos gusta el humor negro— es que el propio Sánchez usó el término 'máquina del fango' en 2024 para defenderse de las imputaciones por tráfico de influencias y malversación que rodean a su esposa. Resulta que el Gobierno, mientras Patxi López y Óscar Puente hablan de 'acoso', parece haber montado su propia oficina de gestión de crisis. Desde la célula de Leire Díez hasta las investigaciones de la Audiencia Nacional sobre la 'fontanera' del PSOE, el guion es idéntico. Al final, el dinero público de TVE termina sirviendo para hacer el trabajo sucio que Berlusconi hacía con sus canales privados. Diferentes banderas, misma cloaca.
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