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Hay una generación que confunde el activismo con el catálogo de suministros de una ferretería industrial. Mientras la mayoría de los adolescentes se pelean por el Wi-Fi o el último trend de TikTok, el grupo Blocus ha decidido que el próximo 31 de octubre, en lugar de disfrazarse de vampiros, lo ideal es ir de 'full black': pasamontañas, guantes y una actitud de quien quiere borrar la Plaza de Cataluña del mapa a las 19:30 horas. Es la evolución del vandalismo: pasar de las pintadas a los 'meteoritos' y cócteles Molotov con aceite y trapo, todo coordinado con la precisión de un grupo de WhatsApp para organizar una cena de empresa. La estrategia es de manual. Primero te venden la utopía de un 'instituto de calidad' o más recursos educativos —el anzuelo perfecto para el corazón sensible— y, en cuanto escaneas el código QR, aterrizas en el sótano digital donde la educación se sustituye por instrucciones sobre cómo fabricar bombas de humo por 20 euros para dejar ciegos a los agentes. Una ingeniería social brillante: entrar por la puerta de la educación y salir por la ventana del código penal. Los números no mienten, aunque los culpables sí. Tras el arresto de 130 personas el pasado 24 de octubre, la 'fiesta' no ha terminado. Según Golden Owl, vinculada a la Universidad de Alicante, Blocus tiene tentáculos en 11 comunidades autónomas y 18 localidades. Es una franquicia del caos. Los Mossos d'Esquadra buscan conexiones transnacionales, mirando hacia Francia e Italia, pero parece que el instinto de romper escaparates de grandes compañías es un lenguaje universal que no necesita pasaporte. Mientras la Policía Nacional ya ha fulminado a un administrador en Valencia, el resto sigue creyendo que Halloween es la excusa perfecta para que el vandalismo pase desapercibido entre máscaras de plástico y gasolina.
Vivir en el siglo XXI es una paradoja fascinante. Mientras que para pedir una pizza basta con un clic, para ejercer el derecho fundamental al voto el Estado parece jugar al escondite con la tecnología. El Gobierno, empeñado en que el DNI digital sea el protagonista el próximo 29 de noviembre, ha decidido que la solución a la desconfianza es convertir a Correos en el repartidor oficial de 'gadgets' electorales. La historia es un poema de burocracia y terquedad. Al principio, la Junta Electoral Central (JEC) era flexible: una foto del documento en el móvil servía. Pero el PP, con el olfato afinado para el ruido, decidió que eso era jugar a las cartas con baraja marcada. Exigieron un código QR único y verificación en tiempo real. Así, tras un baile de criterios que pasó por Extremadura, Aragón y Castilla y León, la JEC dio un volantazo y prohibió el DNI digital hasta que el Gobierno pusiera los aparatitos sobre la mesa. Y aquí llega el sablazo. Para que no haya dudas de que quien vota es quien dice ser, el Ministerio del Interior comprará lectores de QR y obligará a Correos a hacer la logística de entrega y recogida. ¿El coste de este capricho tecnológico? 28,06 euros por cada envío y recogida. Es una cifra curiosa: mientras el ciudadano medio hace malabarismos con la tarjeta para llegar a fin de mes, el Estado decide que pagar casi treinta euros por mover un lector de códigos es una inversión razonable para no admitir que la digitalización es, a veces, un castillo de naipes. Al final, el 29 de noviembre veremos si el QR es la vanguardia democrática o simplemente otra factura más que pagamos por la incapacidad de ponernos de acuerdo en lo más básico.
En España, ir al médico es, a veces, como intentar navegar por internet con un módem de los años 90 mientras el Gobierno presume de fibra óptica. La paradoja es deliciosa: tenemos planes de inversión que suenan a ciencia ficción, pero la realidad en las salas de rayos es más cercana al museo que a la vanguardia. El plan Inveat soltó 796 millones de euros de los fondos Next Generation EU, una cifra que en el papel parece un cheque en blanco para el futuro, pero que en la práctica ha dejado el parque tecnológico a medio gas. Los datos de Fenin son un bofetón de realidad. El 66% de los equipos de radiología ya pasaron la fecha de caducidad técnica (diez años). Pero lo más grave es el 'sablazo' a la prevención: el 53% de los mamógrafos están obsoletos. Es decir, más de la mitad de las máquinas para detectar cáncer de mama tienen más años que muchos de los residentes que las operan. Mientras tanto, la endoscopia languidece con un 46% de equipos viejos y los ecógrafos resisten con un 30% de obsolescencia. Pablo Crespo, secretario general de Fenin, lo ha dejado claro: estamos jugando al 'one shot'. Gastamos una fortuna de golpe y luego nos olvidamos de la máquina hasta que empieza a echar humo. La 'golden rule' europea (60-30-10) es un sueño lejano cuando el 33% del total tecnológico supera los diez años. Ahora nos venden el plan Amat-II para 2025 y 2026, pero la patronal pide un aumento anual del 7% en inversión. No quieren un parche, quieren un presupuesto que no dependa de si Bruselas se despierta generosa. Lo irónico es que cada euro invertido devuelve 1,27 euros a la economía, pero seguimos comprando lo más barato, condenando a nuestros fabricantes a exportar porque en su propia casa les ponen pegas por el precio.
Dos años después de que el agua decidiera rediseñar el mapa de Valencia el 29 de octubre de 2024, la realidad nos escupe una cifra que no cuadra en la libreta de nadie: la vivienda ha subido un 27%. Es la paradoja del desastre; mientras unos intentan secar los cimientos, el mercado inmobiliario ha aprovechado el agujero para inflar los precios. Según Equito y el INE, no es solo que falten casas, es que la tragedia ha servido de gasolina para un fuego que ya ardía. En los municipios más castigados, Global Analytics firma un incremento del 16,8% en los precios en solo un año, mientras la oferta se encoge un 22%. Básicamente, hay menos sitios donde vivir y cuestan más que un piso en la Castellana. En la calle, la historia es más amarga. La Cámara de Comercio de Valencia suelta la bomba: 2.000 de los 12.000 negocios urbanos siguen en la UCI económica. Abrir la persiana no es lo mismo que facturar. Especialmente si eres un pequeño autónomo; el 35% de los negocios de hasta cinco empleados sigue operando a medio gas. La hostelería es el paciente más grave, con un 53% que no ve la luz al final del túnel. El ciclo es cruel. Primero hubo el 'boom' de las compras desesperadas para sustituir el sofá que el lodo se llevó por delante, y ahora llega la resaca del ahorro y la prudencia. Mientras tanto, el Ministerio de Hacienda mueve 273,2 millones de euros del Fondo Europeo de Desarrollo Regional y la Generalitat lanza 3,3 millones en ayudas, con cheques de hasta 20.000 euros. Dinero que suena a mucho en el boletín oficial, pero que para el dueño de un bar que sigue viendo el suelo húmedo, es como intentar apagar un incendio forestal con un vaso de agua.
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien juega al 'teléfono escacharrado' con el juez de por medio. El teniente general Manuel Llamas, Director Adjunto Operativo (DAO), intentó venderle al juez Santiago Pedraz una historia de manual: que la UCO había desmentido oficialmente haber filtrado los WhatsApps entre Pedro Sánchez y José Luis Ábalos. Para darle color al relato, Llamas presentó un mensaje como prueba, asegurando que el general Alfonso López Melo era quien le confirmaba dicho desmentido. Un giro digno de serie B. La realidad, fría como un informe de la UCO, ha dinamitado el montaje. Resulta que el mensaje no fue una respuesta del general López Melo, sino que fue el propio Llamas quien lo envió el 13 de mayo a las 8:23h. Básicamente, el DAO se mandó el mensaje a sí mismo y luego intentó pasar el gato por liebre al juzgado, pretendiendo que el remitente fuera otro. Es como si alguien se envía un correo electrónico para luego decir que el jefe le ha dado el visto bueno a un gasto millonario. Mientras tanto, la trama de fondo es un festival de la hipocresía. Llamas abrió investigaciones internas contra sus propios agentes por sospechas de filtraciones —incluyendo el correo de Begoña Gómez—, solo para descubrir que la 'filtración' era en realidad el trabajo legítimo de la juez Beatriz Biedma. Sobre los mensajes de Sánchez y Ábalos, la UCO ha sido tajante: no hubo filtración interna porque los datos salieron de un pendrive escondido en la ropa interior de una mujer en casa de Ábalos. Un detalle tan surrealista que hace que la ingeniería financiera de los corruptos parezca aritmética básica. Al final, el DAO terminó imputado por prevaricación y obstrucción a la justicia, demostrando que, en la alta cúpula, a veces el zapato aprieta más que la propia ley.
En el Consulado de España en Buenos Aires, la burocracia parece haber sido diseñada con la misma rigurosidad que un juego de mesa en un bar de barrio. Mientras que para pedir un visado te piden hasta el grupo sanguíneo y te hacen firmar consentimientos que parecen contratos de hipoteca, para la 'ley de nietos' se han tomado unas vacaciones permanentes de la legalidad. Guillermo Rocafort ha soltado la bomba ante la AEPD: el sistema de gestión de nacionalizaciones es, básicamente, un agujero negro informático. Resulta que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene un sistema basado en un IDU que es un colador. No figura en el Registro de Actividades de Tratamiento (RAT), no hay plan de seguridad y, lo más delirante, no se garantiza quién es el que pulsa el botón. Es como dejar la llave de la caja fuerte puesta en la puerta y esperar que nadie entre. Hablamos de más de 645.000 solicitudes acumuladas hasta octubre de 2025, una cifra que hace que la lista de la compra de una familia numerosa parezca un ticket de parking. La ironía es exquisita: en la misma oficina, los visados están blindados, pero las nacionalizaciones masivas —esas que según Rocafort responden a un interés electoralista de Pedro Sánchez— fluyen sin control. Para rematar el cuadro, el Tribunal Supremo ya puso el ojo en 18.000 expedientes y, ¡sorpresa!, ninguno aportaba pruebas de exilio político. Se regalaba el pasaporte como quien reparte folletos en un semáforo. Ahora la AEPD tendrá que decidir si este caos es una simple torpeza administrativa o una ingeniería financiera de votos donde la privacidad de miles de personas fue el precio a pagar por un pucherazo legalizado.
España ha montado un tablero de Monopoly con fondos europeos y ADIF se ha quedado con casi todas las avenidas. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz como quien mira una película de terror, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y su primo, ADIF Alta Velocidad, se han repartido un festín de 5.825 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation. Para ser exactos, ADIF tiene en el bolsillo 2.926,40 millones y ADIF Alta Velocidad otros 2.898,65 millones. Solo los italianos de Ferrovie dello Stato, con sus 14.216 millones, saben lo que es manejar un presupuesto que haga palidecer a cualquier mortal. La ironía es tan espesa que se puede cortar con un boleto de Renfe. Por un lado, presumimos de ser el segundo mayor receptor de fondos de la UE para modernizar la red, desplegar 5G y jugar a la sostenibilidad. Por otro, la realidad nos golpea en la cara con los accidentes de Adamuz y Urda. En este último, una colisión entre trenes de Renfe e Iryo dejó 69 víctimas mortales, poniendo el foco en un sistema de señalización LZB que parece haber envejecido peor que una manzana olvidada en un cajón. Aquí es donde la ingeniería financiera se vuelve surrealista. Mientras Alberto Núñez Feijóo pide cuentas de cada céntimo, descubrimos que ADIF y ADIF Alta Velocidad dejaron sobre la mesa 130,9 millones de euros destinados a mantenimiento en 2024. De un presupuesto de 1.193 millones para conservar las vías, solo se ejecutaron 1.062 millones. Es decir, que mientras el programa de inversiones 2022-2026 presume de 24.100 millones de euros, hay un 11% de fondos de mantenimiento que se quedaron durmiendo la siesta. Mucho 5G y mucha intermodalidad, pero parece que mantener la vía en condiciones no entra en el catálogo de prioridades.
En el mundo real, si dejamos que el fontanero gestione la cartera y que el contador arregle la caldera, acabamos con la casa inundada. En ADIF, la lógica es similar, pero con trenes y vidas humanas. Resulta que la Seguridad en la Circulación —esa pieza maestra que evita que los vagones se den un beso metálico o terminen en el campo— depende orgánicamente de Salvador Almenar. ¿Su especialidad? El periodismo. Sí, un graduado de la Universidad Rey Juan Carlos que hasta 2020 se dedicaba a redactar noticias y que luego saltó a la Comunicación de Emergencias de la Generalitat Valenciana bajo el mando de Ximo Puig. Mientras el ingeniero David Gómez-Rey es quien realmente sabe dónde están las palancas, el organigrama dice que debe rendir cuentas a Almenar, el actual director de Gabinete de Presidencia, Comunicación y Relaciones Institucionales. Es una ingeniería financiera del talento donde la técnica se rinde ante la comunicación. La Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ya ha soltado eltoque: esta anomalía es un riesgo que incluso la Unión Europea mira con lupa. El desastre de Adamuz, con 46 muertos, y el accidente de Urda deberían haber sido el despertador, pero en la cúpula prefieren seguir durmiendo la siesta. Luis Pedro Marco de la Peña y Concepción Casillas han jugado al Tetris con los puestos: primero desmantelaron la Dirección General de Seguridad de Procesos y Sistemas Corporativos a principios de 2025 y luego movieron la seguridad al gabinete de presidencia, primero con Rosabel Montero y ahora con Almenar. En el Congreso, Pedro Sánchez llamó 'bulo' a esta realidad denunciada por Alberto Núñez Feijóo, pero los datos no mienten: la seguridad ferroviaria hoy tiene el rango de una nota de prensa.
Parece que el turismo de compras en España ha dado un giro inquietante. Ya no vienen por el sol o las tapas, sino con ganas de llevarse el escaparate entero. Los Mossos d’Esquadra están mirando la frontera con Francia con el mismo recelo con el que uno mira la cuenta bancaria después de las vacaciones, sospechando que los 'especialistas' en pillaje galos quieren exportar su modelo de negocio a Barcelona. El grupo Blocus, que tiene la sutileza de un martillo neumático, ha dejado claro que lo pacífico es para los ingenuos y que la violencia es su nueva moneda de cambio. La logística es de manual: más de 70 cuentas de TikTok convocando el caos en Madrid y otras 11 ciudades. Mientras Telegram cerraba los canales de Blocus BCN tras el aviso a la UNECI, la fiesta se mudó a WhatsApp. El código de vestimenta es sencillo: negro total, guantes para no dejar rastro y líquidos inflamables. La estrategia es tan brillante como primitiva: prender fuego a la calle para que la policía juegue a los bomberos mientras ellos hacen un 'shopping' gratuito en Apple, JD o Nike Store. Básicamente, quieren vaciar las cajas fuertes de las multinacionales mientras el barrio arde. La memoria es corta, pero los datos no. El sábado pasado Barcelona fue un campo de juegos donde se asaltaron 23 comercios porque la policía se quedó mirando el paisaje. Hubo 132 detenidos, de los cuales un 64% eran españoles y el resto extranjeros, muchos de ellos menores que no sabían ni dónde estaban sentados. Ahora, Madrid intenta no repetir el error y despliega 200 agentes de la Policía Nacional para evitar que el 31 de octubre se convierta en un Halloween de saqueos reales. El plan de Blocus es volver 'más fuertes y organizados'. O sea, que vienen con el carrito lleno de ganas de romper.
Hay una diferencia abismal entre lo que se cuenta en los despachos de Bruselas y lo que ocurre cuando el tren no frena en Urda. Mientras el Gobierno hace malabares contables para que la Comisión Europea no le corte el grifo, la realidad se mide en tragedias: 115 muertos en 2026, sumando los dramas de Adamuz, Gélida y el último desastre en Toledo. Es la eterna historia del maquillaje: Óscar Puente intenta que miremos al maquinista (el fallo humano), mientras ignora que la infraestructura tiene un aspecto lamentable, con una inversión por pasajero que ha caído un 30% en la última década. La ingeniería financiera ha sido brillante, pero no para poner raíles, sino para salvar el presupuesto. El Ejecutivo se comprometió en 2023 a invertir 2.400 millones de euros en ferrocarril (repartidos en los hitos 85 y 88), pero como no sabían cómo gastarlos sin que se notara el caos, aplicaron un truco de magia. En lugar de demostrar que habían modernizado la red —como el sistema ERTMS que debería haber sustituido al anticuado LZB que falló en Urda—, cambiaron las reglas del juego. Transformaron la obligación de invertir dinero real en la simple tarea de firmar papeles. Pasaron de ejecutar obras a adjudicar 144 y 188 contratos. Es como decirle al banco que vas a reformar la casa y, al final, presentar solo los presupuestos del albañil para que te den el préstamo. El resultado es un desplome de la calidad del servicio y un gasto en conservación que es la mitad de la media comunitaria. Mientras Adif y Adif-Alta Velocidad se repartían un pastel de casi 6.000 millones de euros del Plan de Recuperación, el calendario se retrasaba. Los 10.000 millones de la primera adenda, previstos para inicios de 2023, llegaron con un año de retraso, en julio de 2024, porque el Gobierno presentaba planes que, según el economista Santiago Sánchez, estaban totalmente fuera de la realidad.
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Rosa Muñoz