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Hay quien confunde el teletrabajo con la teletransportación. Una empleada de limpieza, con una trayectoria que arrancó en febrero de 2008, decidió que el concepto de 'estar en el puesto' era una sugerencia opcional. Durante meses, la trabajadora montó un sistema de ingeniería creativa: 45 fichajes realizados desde lugares que no tenían nada que ver con sus centros de trabajo y otros 69 episodios donde la geolocalización del dispositivo simplemente 'desapareció'. Básicamente, jugaba al escondite con el GPS mientras la empresa pagaba la partida. La cosa se pone surrealista cuando analizamos el mapa. Hubo días de mayo y junio de 2025 en los que la señora fichaba cómodamente desde su sofá, mientras que en otras ocasiones el sistema la ubicaba en Canales y Cuadros. Para quien no conozca la zona, es como intentar cobrar el sueldo de una oficina en Madrid fichando desde una gasolinera de Cuenca. Y mientras ella hacía malabares con el reloj, los vecinos de las comunidades de propietarios empezaban a notar que el servicio era, digamos, 'minimalista': barrer era un concepto abstracto y cambiar el agua de los cubos parecía un lujo inalcanzable. El resultado era una limpieza hecha a carreras, un sablazo a la calidad que terminó en quejas formales. Cuando la empresa le puso los puntos sobre las íes el 7 de agosto, la trabajadora intentó jugar la carta de la salud, alegando que su baja por síndrome ansioso depresivo del 20 de junio de 2025 era el motivo real del despido. Incluso pidió 30.000 euros por daños morales, un premio que habría sido el negocio del siglo. Pero el Tribunal Superior de Justicia de Castilla la bajó a la tierra en una sentencia de julio de 2026: los engaños empezaron mucho antes de la baja. El juez fue claro: no eran errores aislados, sino una estrategia para eludir el control. Al final, la justicia confirmó que hacer trampas con el GPS no es una enfermedad, sino una transgresión grave de la buena fe.
Gestionar un país sin Presupuestos Generales es, en teoría, como intentar llevar la casa con una lista de la compra de hace tres años: se supone que deberías limitarte a lo básico para no acabar en la ruina. Pero Pedro Sánchez ha descubierto el truco del almendruco. Mientras el ciudadano medio ve cómo el ticket del supermercado se convierte en una película de terror, el Ejecutivo ha desplegado una ingeniería financiera que dejaría perplejo a cualquier contador de barrio. Según el estudio de Raymond Torres para Funcas, el Gobierno ha logrado que el gasto público se desborde hasta situarse 78.000 millones de euros por encima de lo previsto. No es un error de cálculo; es un sistema. Hemos pasado de unos 407.000 millones en las cuentas de referencia a un desembolso efectivo de 436.000 millones en 2024, escalando hasta los 458.000 millones en 2025. Y ojo, que para 2026 la previsión es alcanzar los 485.000 millones. Es como si dijeras que vas a gastar 100 euros en el cine y acabas comprando el cine entero con el dinero del alquiler. ¿Cómo lo hacen? Con 'tretas' legales: ampliaciones de crédito, créditos extraordinarios y transferencias que funcionan como el cajero automático de un primo rico. El desglose es un poema: 23.000 millones para la Seguridad Social, 18.000 millones para las comunidades autónomas y 14.000 millones para corporaciones locales. Lo más cínico es que este festín se financia con una recaudación que ha subido un 24%, impulsada por la inflación y el hecho de que el Gobierno no ha actualizado los tramos impositivos. Básicamente, el Estado gana más porque todo es más caro y el contribuyente paga más sin que nadie mueva un dedo. Un desorden institucional disfrazado de eficiencia que convierte la planificación parlamentaria en un mero trámite decorativo.
Hay quien confunde un rasguño con un calvario y un informe apresurado con una sentencia judicial. Daniel Canales, el enviado de Amnistía Internacional, aterrizó en Ceuta el 10 de septiembre y, en apenas cinco días —lo que tarda cualquiera en hacer el check-in de un hotel—, redactó un informe que lanza la palabra 'tortura' como quien lanza un dardo a ciegas. Todo esto mientras Juan Ramón Lucas, en RNE el 30 de septiembre, le daba las gracias por unas declaraciones que parecen escritas con tinta de conveniencia política. El contraste es un puñetazo en la cara. Mientras AI juega a los detectives con testimonios que suenan a cuento chino, la realidad en el terreno es otra. El 27 de agosto, entre 30 y 40 personas rodearon un vehículo del Ejército en Benzú para lanzarle piedras del tamaño de un ladrillo; a los dos días, otro militar caía herido. Tenemos guardias civiles agredidos, un militar con el peroné fracturado y hasta el sindicato JUPOL alertando sobre el uso de aguafuerte y explosivos caseros. Pero claro, en la escala de valores de algunos, un peroné roto es ruido blanco, mientras que un hematoma en la rodilla por caerse en un terraplén —como admite el testimonio de 'M.'— es, según Canales, 'brutalidad objetiva'. La ingeniería narrativa es fascinante: un vídeo llamado VIOLENCIA_v5 que mezcla imágenes de un porrazo con planos de un coche militar sin conexión real, como quien monta un TikTok cutre para ganar likes. El resultado fue el banquete perfecto para Verónica Barbero de Sumar y Enrique Santiago del PCE, que no tardaron en lanzarse a la yugular de la Legión y los Regulares. Al final, nos venden que caminar descalzo por el monte es tortura, pero ignoran que los militares son los que terminan en el hospital Gómez Ulla. Una gimnasia mental digna de medalla olímpica.
Francia ha decidido jugar a la ruleta rusa con sus cuentas públicas, y el casino parece estar amañado. Mientras el ciudadano medio ve cómo su nómina se encoge entre impuestos y una inflación que muerde, el Estado ha montado un buffet libre de subsidios que haría palidecer a cualquier gestoría. No es filantropía, es ingeniería financiera al servicio de un experimento social que ya ha empezado a prender fuego a las calles. Para quien no domine el lenguaje burocrático del Elíseo, hablemos en plata: un soltero con residencia legal puede embolsarse 651,69 euros al mes vía RSA, cifra que sube a 1.173,05 euros si tiene un hijo. A esto hay que sumarle el 'bonus' de las CAF, con cheques de 152,15 euros por cada hijo a partir del segundo y una prima de nacimiento de 1.074,56 euros que parece un premio de lotería. Y para que no tengan que preocuparse por el techo, el Estado suelta hasta 315 euros mensuales para el alquiler (APL). Es, básicamente, una tarjeta de crédito sin límite pagada por el que madruga para ir a trabajar. Pero la generosidad no termina ahí. Los solicitantes de asilo reciben la ADA, un subsidio diario de entre 6,80 y 31,80 euros, además de alojamiento en los CADA. Incluso los irregulares, los que técnicamente no deberían estar, tienen el AME para sanidad y alojamiento de urgencia. El resultado es un balance contable que asusta: una deuda pública que supera los 3,6 billones de euros (entre el 115% y 119% del PIB) y una presión fiscal del 44% que deja a Francia como el segundo país más 'extractivo' de la OCDE, solo superado por Dinamarca. Mientras la UE abre expedientes por un déficit excesivo superior al 5% del PIB, el gasto público se clava en un 57% del PIB. En resumen: Francia está pagando la fiesta con el dinero de quien no puede permitirse dejar de trabajar.
Hay una forma de arte muy específica en la administración pública española: el arte de hacer que el tiempo borre los pecados mientras el reloj de la burocracia avanza a paso de tortuga con reuma. El Tribunal de Cuentas, presidido por Enriqueta Chicano, acaba de darnos una masterclass de eficiencia inversa. Después de siete años de deliberaciones, silencios y papeleo, la causa contra Carles Puigdemont y otros treinta encausados por el desvío de fondos del 1 de octubre de 2017 se ha archivado. Sí, archivado. Sin sentencia. Como quien tira el ticket de la compra antes de darse cuenta de que le han cobrado el detergente dos veces. La indignación interna no es por la Ley de amnistía de Pedro Sánchez —que es el borrador final que limpia la pizarra—, sino por la gestión de la consejera Elena Hernáez. Resulta que Hernáez, designada en noviembre de 2021 gracias a un pacto entre el PP de Pablo Casado y el PSOE, decidió que en lugar de dictar sentencia, era más elegante enviar una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Un movimiento táctico que convirtió siete años de trabajo en un monumento al vacío. Es el mismo patrón que ya vimos con los ERE del PSOE en Andalucía: mucho ruido, mucha carpeta y, al final, un silencio administrativo que asusta. Lo más delirante es el contraste financiero. El Tribunal de Cuentas ya había admitido en abril de 2019 que se volaron 417 millones de euros en la llamada 'acción exterior' y embajadas catalanas. Pero, en un ejercicio de timidez contable digno de un niño escondiendo una nota mala, el tribunal solo llegó a reclamar 3,4 millones en un procedimiento unificado. Al final, la resolución es lapidaria: como no se probó que el dinero viniera de fondos de la Unión Europea y la amnistía ya está sobre la mesa, nos olvidamos de todo. Siete años de sueldos públicos para concluir que no hay que cobrar nada. Un negocio redondo.
Hay llamadas que duran once minutos y pesan como una tonelada de cemento. En el despacho de la juez María Tardón ha aterrizado el informe del CNI que disecciona una conversación telefónica a las 21:34 horas, justo antes de que Ceuta se convirtiera en el epicentro de un caos anunciado. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para pagar el alquiler, en las altas esferas se gestionaba una invasión con la soltura de quien pide una pizza. El agente del CNI ya había soltado la bomba a las 13:54 del 29 de julio: 180.000 personas estaban coordinadas digitalmente para el asalto. Una cifra que no es un dato estadístico, es una horda humana esperando el 'enter'. Entra en escena Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado de Gobierno. En esa llamada, Sanz juega la carta del 'acuerdo con Marruecos' para devolver inmigrantes, aunque cuando el agente le pregunta cómo piensan hacerlo exactamente, el señor Sanz se encoge de hombros telefónicamente; no sabía ni la forma, ni el lugar, ni la vía. Básicamente, vendían un seguro contra incendios sin tener agua en la manguera. El exdelegado, Miguel Ángel Pérez Triano, dice ahora que no sabe nada, aplicando la técnica milenaria del 'yo no he sido' mientras el Gobierno de Pedro Sánchez desclasifica mensajes que huelen a negligencia. Lo más delirante es el cálculo del CNI: con que el 10% de esos 180.000 seguidores se pusiera en marcha, ya superaban el récord de 2021. El CNI avisó a Interior y hasta a los servicios de inteligencia marroquíes, que estaban tan enterados de la fecha y la hora como quien conoce la cartelera del cine. Al final, la solución fue declarar el Nivel 3 de Contingencia, una medida que el propio Sanz admitió que era ineficaz, pero que era lo único que tenían a mano. Una gestión de crisis basada en el 'ya veremos qué pasa', mientras la frontera ardía.
En Lopera, el paisaje de olivos está empezando a parecer un tablero de Monopoly donde alguien ha decidido jugar con dados trucados. Este 20 de octubre, la calle Sevilla y el polígono Santa Quiteria se han llenado de tractores, no para labrar la tierra, sino para arañar la paciencia de un Ayuntamiento socialista que ha confundido la gestión pública con un club privado de secretos. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares no pide milagros, solo pide leer los papeles. Tres veces han solicitado los expedientes y tres veces han recibido el equivalente administrativo a un 'vete a paseo'. La ironía es exquisita: mientras la alcaldesa se toma su tiempo para convocar plenos municipales —que llevan un año en coma inducido—, para aprobar el plan especial del 9 de octubre ha tenido una agilidad envidiable, avisando a los afectados el día 16 mediante una carta, como quien envía una invitación a una boda a la que nadie quiere ir. Pero el verdadero 'sablazo' no está en el calendario, sino en la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, en un auto del 26 de enero de 2026 (Diligencias Previas 103/2025), ya puso el dedo en la llaga: hay indicios de fraude de ley. Al parecer, fragmentar proyectos fotovoltaicos en Marmolejo, Arjona y Lopera es la nueva moda para esquivar controles ambientales, olvidando convenientemente que el alzacola rojizo, una especie vulnerable, no entiende de ingeniería financiera ni de licencias rápidas. Entre la opacidad de los informes de la Diputación de Jaén y el cierre de la residencia de mayores que deja a 25 usuarios en el aire, el gobierno local parece aplicar la técnica del 'estira y encoge'. Para el agricultor expropiado, el progreso tiene el sabor amargo de un expediente cerrado con llave y un silencio administrativo que atrona.
Hay una forma muy elegante de decirte que no eres invitado a la fiesta: no avisarte de que la fiesta existe. Mientras Pedro Sánchez se imaginaba liderando la vanguardia verde, Emmanuel Macron y Friedrich Merz se han reunido el pasado viernes para cocinar un pacto que mantiene vivo el motor de combustión más allá de 2035. Básicamente, han dejado al Gobierno español en el banquillo, como si España no fuera el segundo fabricante de coches de Europa ni tuviera la capacidad de matricular más de un millón de vehículos. Es el equivalente político a que tus socios monten un grupo de WhatsApp para decidir el menú y a ti te enteres por una foto en Instagram. La paradoja es deliciosa. España es la única potencia automovilística que sigue insistiendo en que el 1 de enero de 2035 y el 1 de enero de 2050 sean fechas límite para enterrar el petróleo. Teresa Ribera, desde la Comisión Europea, y el propio Sánchez —que hasta le escribió una carta a Ursula von der Leyen para pedir el veto total— han jugado a ser los guardianes del planeta. Pero en Bruselas, las cartas de cortesía tienen el mismo valor que un ticket de parking caducado. La Comisión ha preferido escuchar el rugido de los motores alemanes, permitiendo una producción limitada que respete un margen del 10% de las emisiones de CO2 de 2021. Ahora, Francia y Alemania, con el guiño de Giorgia Meloni, han sacado la artillería pesada. Proponen una 'flexibilidad' que permite que los híbridos enchufables y los motores internos sigan facturando, maquillando el asunto con 'créditos verdes' y acero europeo. Todo esto ocurre mientras los fabricantes chinos aterrizan en Europa como quien llega a un buffet libre, aprovechando que la industria europea está al borde de la quiebra técnica. Al final, la ecología es un lujo que Berlín y París han decidido que no pueden permitirse si quieren evitar el cierre de sus fábricas.
Gestionar la red ferroviaria en España es, a veces, como intentar tapar una gotera con un chicle mientras el techo se te cae encima. La última joya del surrealismo institucional nos llega desde el Levante, donde Renfe y sus maquinistas han decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la seguridad. El escenario: una alerta roja de la Aemet que convertiría cualquier vía en un tobogán. El conflicto: el sindicato Semaf acusa a la empresa de coacciones para que los conductores se lanzaran al aguacero, mientras Renfe sostiene que hay un protocolo desde marzo. Sí, desde marzo. Un documento que, curiosamente, los trabajadores descubrieron el domingo, justo cuando el cielo se caía a pedazos sobre Valencia. La hipocresía es el combustible de esta historia. Mientras el operador público presume de precisión técnica —con Adif informando cada 3 kilómetros—, la realidad en el andén es que cientos de pasajeros en las líneas C1 (Valencia-Gandía) y C2 (Valencia-Xàtiva-Moixent) se quedaron mirando el vacío el pasado domingo. La empresa dice que el plan existe; el sindicato sugiere que es una invención creativa de última hora o un olvido monumental. No es un caso aislado. A principios de octubre, en Barcelona, la cosa terminó en tragedia cómica: un tren contra un árbol y un talud en Vilanova i la Geltrú, con incendio y evacuación nocturna de cien personas. Aquel susto debería haber servido para cerrar el acuerdo del 9 de febrero con CCOO y UGT, pero parece que en Renfe prefieren gestionar la seguridad como quien gestiona la lista de la compra: improvisando sobre la marcha y esperando que no falte el pan. Al final, Adif solo admitió que había que parar los trenes a las 20:00 horas del domingo, cuando el caos ya era el paisaje habitual.
En el mundo real, si el mecánico de confianza te dice que el coche de tu vecino tiene el motor fundido, no se lo compras. Pero en el universo paralelo de la administración pública, el Gobierno ha decidido contratar a alguien que, según el Banco de España, no tiene ni idea de cómo funciona el mercado. Así de surrealista es la jugada de Casa 47: soltar más de 267.000 euros al Grupo ST (concretamente a Sociedad de Tasación, S.A.) para que pongan precio a las viviendas que el Estado quiere comprar. Lo gracioso es que, mientras nosotros miramos la cuenta corriente con pánico, el Ejecutivo ignora que en enero de 2025 el propio José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, le puso un correctivo a esta empresa. Una multa de 540.000 euros por una «infracción grave» debido a deficiencias técnicas y falta de control interno. Básicamente, el regulador dijo que no estaban capacitados para conocer la realidad del mercado inmobiliario. Pero claro, el Gobierno ha aplicado la lógica del 'está más barato', justificando la contratación porque fue la mejor oferta económica entre 12 licitadores. El despliegue de hipocresía es fascinante. Mientras el Banco de España multaba a la cúpula —con Juan Fernández-Aceytuno pagando 16.000 euros, Tomás Nicolau 12.000, Ignacio Morer 6.000 e Ignacio Estevas 4.500—, el Gobierno se deslumbra con que la empresa factura 48 millones en 2025. Es como contratar a un cirujano que ha sido multado por operar borracho, pero justificarlo porque tiene el consultorio más grande de la ciudad y factura millones. Desde el 18 de septiembre, el precio de las casas públicas depende de quien no sabe tasar, pero sabe cobrar.
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Rosa Muñoz