Crítica:
El texto original es un despliegue de indignación nacionalista que olvida analizar si la postura española era realista o un suicidio industrial. Mucho ruido sobre el 'ninguneo' y poca profundidad sobre la viabilidad técnica del 2035.
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Sánchez fuera: el pacto que salva el motor
Otros artículos
Ceuta: avisos ignorados y acuerdos fantasma
Hay llamadas que duran once minutos y pesan como una tonelada de cemento. En el despacho de la juez María Tardón ha aterrizado el informe del CNI que disecciona una conversación telefónica a las 21:34 horas, justo antes de que Ceuta se convirtiera en el epicentro de un caos anunciado. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para pagar el alquiler, en las altas esferas se gestionaba una invasión con la soltura de quien pide una pizza. El agente del CNI ya había soltado la bomba a las 13:54 del 29 de julio: 180.000 personas estaban coordinadas digitalmente para el asalto. Una cifra que no es un dato estadístico, es una horda humana esperando el 'enter'. Entra en escena Gonzalo Sanz, jefe de Gabinete del delegado de Gobierno. En esa llamada, Sanz juega la carta del 'acuerdo con Marruecos' para devolver inmigrantes, aunque cuando el agente le pregunta cómo piensan hacerlo exactamente, el señor Sanz se encoge de hombros telefónicamente; no sabía ni la forma, ni el lugar, ni la vía. Básicamente, vendían un seguro contra incendios sin tener agua en la manguera. El exdelegado, Miguel Ángel Pérez Triano, dice ahora que no sabe nada, aplicando la técnica milenaria del 'yo no he sido' mientras el Gobierno de Pedro Sánchez desclasifica mensajes que huelen a negligencia. Lo más delirante es el cálculo del CNI: con que el 10% de esos 180.000 seguidores se pusiera en marcha, ya superaban el récord de 2021. El CNI avisó a Interior y hasta a los servicios de inteligencia marroquíes, que estaban tan enterados de la fecha y la hora como quien conoce la cartelera del cine. Al final, la solución fue declarar el Nivel 3 de Contingencia, una medida que el propio Sanz admitió que era ineficaz, pero que era lo único que tenían a mano. Una gestión de crisis basada en el 'ya veremos qué pasa', mientras la frontera ardía.
Lopera: Soles, secretismo y tractores cabreados
En Lopera, el paisaje de olivos está empezando a parecer un tablero de Monopoly donde alguien ha decidido jugar con dados trucados. Este 20 de octubre, la calle Sevilla y el polígono Santa Quiteria se han llenado de tractores, no para labrar la tierra, sino para arañar la paciencia de un Ayuntamiento socialista que ha confundido la gestión pública con un club privado de secretos. La Plataforma Campiña Norte contra las Megaplantas Solares no pide milagros, solo pide leer los papeles. Tres veces han solicitado los expedientes y tres veces han recibido el equivalente administrativo a un 'vete a paseo'. La ironía es exquisita: mientras la alcaldesa se toma su tiempo para convocar plenos municipales —que llevan un año en coma inducido—, para aprobar el plan especial del 9 de octubre ha tenido una agilidad envidiable, avisando a los afectados el día 16 mediante una carta, como quien envía una invitación a una boda a la que nadie quiere ir. Pero el verdadero 'sablazo' no está en el calendario, sino en la ley. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Andújar, en un auto del 26 de enero de 2026 (Diligencias Previas 103/2025), ya puso el dedo en la llaga: hay indicios de fraude de ley. Al parecer, fragmentar proyectos fotovoltaicos en Marmolejo, Arjona y Lopera es la nueva moda para esquivar controles ambientales, olvidando convenientemente que el alzacola rojizo, una especie vulnerable, no entiende de ingeniería financiera ni de licencias rápidas. Entre la opacidad de los informes de la Diputación de Jaén y el cierre de la residencia de mayores que deja a 25 usuarios en el aire, el gobierno local parece aplicar la técnica del 'estira y encoge'. Para el agricultor expropiado, el progreso tiene el sabor amargo de un expediente cerrado con llave y un silencio administrativo que atrona.
Renfe y el protocolo fantasma del aguacero
Gestionar la red ferroviaria en España es, a veces, como intentar tapar una gotera con un chicle mientras el techo se te cae encima. La última joya del surrealismo institucional nos llega desde el Levante, donde Renfe y sus maquinistas han decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la seguridad. El escenario: una alerta roja de la Aemet que convertiría cualquier vía en un tobogán. El conflicto: el sindicato Semaf acusa a la empresa de coacciones para que los conductores se lanzaran al aguacero, mientras Renfe sostiene que hay un protocolo desde marzo. Sí, desde marzo. Un documento que, curiosamente, los trabajadores descubrieron el domingo, justo cuando el cielo se caía a pedazos sobre Valencia. La hipocresía es el combustible de esta historia. Mientras el operador público presume de precisión técnica —con Adif informando cada 3 kilómetros—, la realidad en el andén es que cientos de pasajeros en las líneas C1 (Valencia-Gandía) y C2 (Valencia-Xàtiva-Moixent) se quedaron mirando el vacío el pasado domingo. La empresa dice que el plan existe; el sindicato sugiere que es una invención creativa de última hora o un olvido monumental. No es un caso aislado. A principios de octubre, en Barcelona, la cosa terminó en tragedia cómica: un tren contra un árbol y un talud en Vilanova i la Geltrú, con incendio y evacuación nocturna de cien personas. Aquel susto debería haber servido para cerrar el acuerdo del 9 de febrero con CCOO y UGT, pero parece que en Renfe prefieren gestionar la seguridad como quien gestiona la lista de la compra: improvisando sobre la marcha y esperando que no falte el pan. Al final, Adif solo admitió que había que parar los trenes a las 20:00 horas del domingo, cuando el caos ya era el paisaje habitual.
Tasan casas públicas los 'incapaces' del Gobierno
En el mundo real, si el mecánico de confianza te dice que el coche de tu vecino tiene el motor fundido, no se lo compras. Pero en el universo paralelo de la administración pública, el Gobierno ha decidido contratar a alguien que, según el Banco de España, no tiene ni idea de cómo funciona el mercado. Así de surrealista es la jugada de Casa 47: soltar más de 267.000 euros al Grupo ST (concretamente a Sociedad de Tasación, S.A.) para que pongan precio a las viviendas que el Estado quiere comprar. Lo gracioso es que, mientras nosotros miramos la cuenta corriente con pánico, el Ejecutivo ignora que en enero de 2025 el propio José Luis Escrivá, actual gobernador del Banco de España, le puso un correctivo a esta empresa. Una multa de 540.000 euros por una «infracción grave» debido a deficiencias técnicas y falta de control interno. Básicamente, el regulador dijo que no estaban capacitados para conocer la realidad del mercado inmobiliario. Pero claro, el Gobierno ha aplicado la lógica del 'está más barato', justificando la contratación porque fue la mejor oferta económica entre 12 licitadores. El despliegue de hipocresía es fascinante. Mientras el Banco de España multaba a la cúpula —con Juan Fernández-Aceytuno pagando 16.000 euros, Tomás Nicolau 12.000, Ignacio Morer 6.000 e Ignacio Estevas 4.500—, el Gobierno se deslumbra con que la empresa factura 48 millones en 2025. Es como contratar a un cirujano que ha sido multado por operar borracho, pero justificarlo porque tiene el consultorio más grande de la ciudad y factura millones. Desde el 18 de septiembre, el precio de las casas públicas depende de quien no sabe tasar, pero sabe cobrar.
Abogados gratis del PSOE: el 'kit' electoral
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero en este caso parece más el arte de 'arreglar el papeleo' sobre la marcha. Resulta que tenemos a más de 163.000 personas en un limbo jurídico, los llamados 'nietos del exilio', que el Tribunal Supremo ha dejado en el banquillo del voto para las elecciones del 29 de noviembre. El problema es que el Gobierno, en un alarde de eficiencia, admite que sacar a estos ciudadanos del censo es «complejo». Traducido al lenguaje de la calle: se han liado una parda con la Ley de Memoria Democrática y ahora no saben quién es quién en el censo. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren el IBI dos veces, el PSOE ha decidido montar su propio despacho de abogados gratuito. El partido de Pedro Sánchez, a través de su filial en Uruguay, ha lanzado un formulario de 'registro de interés'. Básicamente, te ofrecen el traje y la corbata jurídica gratis para ir a tocarle la puerta al Tribunal Constitucional de Cándido Conde Pumpido. Es una jugada maestra: el Estado no puede limpiar el censo a tiempo, pero el partido ofrece la asesoría para que el afectado recurra la decisión del Supremo. La trama tiene un giro delicioso: Sofía Puente, exdirectora general de Seguridad Jurídica, decidió que cualquiera que emigrara entre 1936 y 1955 era exiliado por defecto. Una presunción tan generosa que abrió la puerta a nacionalizaciones masivas, casi arqueológicas. Ahora, con el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, insistiendo en que el voto es indisoluble de la nacionalidad, la Oficina del Censo Electoral confirma que los 163.000 afectados siguen ahí, apuntados, aunque sea para hacer bulto. El resultado es un caos administrativo donde la Junta Electoral enviará papeletas a ciegas entre el 24 y 30 de octubre, rezando para que nadie impugne el resultado final.
Sánchez usa a Gabilondo como escudo electoral
En el tablero del poder, hay quien juega al ajedrez y quien simplemente mueve las piezas ajenas hasta que encajen en su tablero. Pedro Sánchez ha demostrado que, cuando el camino legal es un muro, siempre hay una puerta trasera si tienes la llave de la Abogacía del Estado. La historia es casi un chiste de mal gusto: el 12 de octubre, mientras España celebraba la Fiesta Nacional, Ángel Gabilondo se paseaba por la recepción asegurando a quien quisiera escucharlo que el Defensor del Pueblo no podía intervenir en el voto de los nacionalizados por la Ley de Nietos. ¿La razón? El asunto estaba 'sub iudice'. En cristiano: que mientras el Tribunal Supremo tuviera la palabra, Gabilondo no pensaba meter la mano en el fuego. Pero en Moncloa no gustan los 'no', especialmente cuando hay votos en juego. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, el Gobierno diseñó una ingeniería financiera de argumentos. El 16 de octubre, cuatro días después de que Gabilondo se marcara un 'no puedo' rotundo, la Oficina del Defensor del Pueblo presentaba un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional, presidido por Cándido Conde-Pumpido. El giro de guion fue quirúrgico: el Ejecutivo, que el mismo 12-O decía que no podía recurrir por 'cuestiones estratégicas' (traducción: no querían quedar como los malos de la película peleándose con el Supremo), decidió que Gabilondo fuera el escudo. Para lograr que el Defensor del Pueblo pasara del 'no' al 'sí, señor', la Abogacía del Estado cocinó un informe a medida, convenciendo a Gabilondo de que el trámite judicial ya había terminado. Así, el Gobierno mantuvo el perfil bajo, evitó el barro directo y utilizó una institución independiente como su brazo ejecutor. Un movimiento maestro de manual: el riesgo para el político es cero, pero la maquinaria electoral sigue girando.
Revolucionarios de WhatsApp: quemar Starbucks contra Ayuso
Hay una romantización del caos que solo se puede cultivar desde la comodidad de un sofá, con el Wi-Fi funcionando y un café en la mano. Resulta fascinante observar cómo el Sindicato de Estudiantes, específicamente en el grupo de WhatsApp 'Corredor del Henares', ha decidido que la pedagogía ya no es suficiente y que lo que Madrid necesita es un toque de 'estilo parisino'. No hablan de urbanismo, sino de incendios. La consigna es clara: imitar los disturbios de París, Lille o Marsella, porque aparentemente, si el Ayuntamiento de Limoges ardió, el de Madrid tiene que ser el siguiente en la lista de deseos. La ingeniería moral de estos jóvenes es digna de un premio: proponen no tocar el comercio local —porque el tendero del barrio es 'pueblo'—, pero sugieren que Apple y Starbucks pueden arder sin remordimientos. Es la lógica del 'vandalismo gourmet'. Mientras el ciudadano medio se pelea con la inflación y mira la cuenta bancaria como quien mira una película de terror, estos estrategists del teclado planean el 29 de noviembre, fecha de las elecciones generales convocadas por Pedro Sánchez, como el día ideal para 'espabilar y quemar las calles'. La tensión ha escalado hasta el punto de que Isabel Díaz Ayuso tuvo que ser evacuada tras pasar 40 minutos 'secuestrada' en un acto, un preludio incómodo de lo que la presidenta llama la 'izquierda antidemocrática'. Lo más irónico es que el único freno a esta 'revolución' no es la ética ni el miedo a la ley, sino el temor a quedar en ridículo. Algunos admiten que no están lo suficientemente unidos y que intentar importar el caos francés podría hacer que 'nos miren peor'. Al final, la gran tragedia de estos revolucionarios de WhatsApp no es la falta de gasolina, sino que se dan cuenta de que, fuera del chat, la calle no baila a su ritmo.
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