Crítica:
La noticia se centra demasiado en la 'cloaca' como entidad autónoma, olvidando que son personas las que la alimentan. El título, aunque llamativo, roza el sensacionalismo.
Zapatero recurrió a la cloaca del PSOE en 2024 porque estaba "nervioso" y quería blindarse
Zapatero: 'Nervioso' y en la cloaca
Otros artículos
Ayuso: Sánchez, amo y señor
Isabel Díaz Ayuso, con la contundencia de quien ve la lista de la compra inflándose cada semana, ha lanzado un nuevo ataque demoledor contra Pedro Sánchez y su equipo. No hablamos de debates parlamentarios, sino de una guerra de trincheras donde los cargos públicos, según Ayuso, son peones dispuestos a todo por mantener a quien los catapultó al poder. La Presidenta madrileña, en un evento con el exministro Jaime Mayor Oreja (un nombre que resuena con ecos de otra época), ha calificado la situación como un “deterioro” institucional, poniendo como ejemplo la condena del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Para Ayuso, el ascenso fulgurante de figuras como García Ortiz no se explica por méritos propios, sino por “alineamiento con el poder político”. La narrativa de Ayuso es simple: un gobierno “débil y sobornado” por sus socios, donde la corrupción se ha convertido en la norma. “¡Pobre España, cuánto nos va a costar la siguiente factura!”, exclama, dejando claro que la corrupción no es solo un problema ético, sino un agujero negro en las arcas públicas. La presidenta madrileña denuncia una cesión continua de competencias a comunidades nacionalistas, creando “naciones paralegales”, mientras alardea de la gestión del PP, que a su juicio, funciona como un “cajero automático” para el Estado. Un contraste, claro está, que pinta la gestión popular como la panacea y la ajena como el caos. El discurso de Ayuso, cargado de ironía y un toque de victimismo, también ha reservado palabras de agradecimiento a la Guardia Civil, la Policía y la prensa libre, a quienes considera “baluartes” frente a la “farsa” del gobierno. La presentación de los presupuestos, según la presidenta madrileña, es otra tomadura de pelo, una jugada maestra de Sánchez para ocultar la verdadera situación económica. Mayor Oreja, por su parte, ha elogiado la “valentía” de Ayuso, señalándola como una “verdad incómoda”. Una verdad, en definitiva, que resuena con el eco de la crispación política y la desconfianza ciudadana. Un sainete, vamos, con costes que ya estamos pagando todos.
El 'Enchufe' Familiar: 6 Años de Carcel
David Sánchez, hermano del presidente, se ha presentado en la Audiencia Provincial de Badajoz con la discreción de quien va a hacer la compra un domingo por la tarde, pero con una decena de pruebas directas que le complican la vida. La cita, que duró apenas diez minutos, ha dejado más interrogantes que respuestas, como el precio de la leche en el supermercado. Tras las declaraciones de 42 testigos y 11 acusados, la Fiscalía, viendo las cartas que le tocaban, ha duplicado la petición de cárcel: de dos a seis años. Un 'sablazo' judicial, vaya. El quid de la cuestión: una plaza de coordinador de conservatorios que, según las acusaciones, se creó a medida, sin concurso, para el hermano del presidente. Un puesto “de nueva creación”, aseguran, como los modelos de móvil cada año. Ángel Seco, funcionario de Cultura, contradice la versión inicial de Sánchez, quien decía que trabajaban “codo con codo”. Seco dice que la relación era “a demanda”, como pedir comida a domicilio. Cristina de Frutos, aspirante a la plaza, denunció falta de igualdad de condiciones: ni siquiera la entrevistaron, como si el resultado estuviera escrito en el menú. Para rematar, los responsables de los conservatorios aseguran que la plaza no era “prioritaria”, como comprarse un yate cuando tienes el coche en el taller. Pero, milagrosamente, resultó “útil”. Y la homologación del título de un conservatorio ruso se realizó en siete días, cuando lo normal son “meses o años”. La UCO de la Guardia Civil, con sus correos alusivos al “hermanísimo”, apunta a que todo estaba orquestado, como una película de espías de bajo presupuesto. Gallardo, el expresidente de la Diputación, lo achaca a una “novela de ficción”. Y Luis María Carrero, otro implicado, niega haber sido “enchufado”, como si la suerte no tuviera nada que ver con ello. Un circo, en definitiva, con la diferencia de que aquí se juega el dinero de todos.
Sepides: La UE huele el sablazo
España, señoras y señores, se ha convertido en el escaparate de la picaresca institucional. Mientras el ciudadano de a pie calcula si llegar a fin de mes es una misión imposible, la SEPI y su filial Sepides se han visto salpicadas por un 'ligero' desvío de fondos públicos, cortesía de la trama de Leire Díez y, según las indagaciones de la UCO, del ex presidente Vicente Fernández. ¿El aroma a corrupción? Tan intenso que ha llegado a las narices de la Oficina Europea contra el Fraude (OLAF) y el Tribunal de Cuentas Europeo (TCE). Sepides, con su código de conducta de 15 páginas (papel reciclado, seguro), se defiende con la vehemencia de quien no tiene nada que ocultar. Pero las advertencias del TCE sobre “deficiencias” y “riesgos de fraude” ya son un clásico. Y ahora, con los casos Plus Ultra y Tubos Reunidos como telón de fondo, la UE observa con creciente inquietud cómo España utiliza los fondos Next Generation casi como un cajón desordenado. Pensiones, subvenciones, rescates… Todo vale, siempre y cuando mantengamos el ‘look’ de economía en recuperación. El problema, señores, es que en Bruselas no se traga la excusa. Alemania y Austria, que cedieron en su momento a la mutualización de la deuda, empiezan a mostrar su descontento. Y no es solo por la imagen de descontrol, sino porque el dinero que destinaron a España podría estar financiando, quién sabe, el próximo yate de algún iluminado. Dolors Monserrat, del Partido Popular Europeo, ya está moviendo los hilos para que los comisarios europeos salgan a la luz y expliquen qué está pasando. El informe del Europarlamento, como era de esperar, ha puesto el foco en la independencia judicial y la percepción de la corrupción. En resumen, un panorama desolador que confirma lo que ya sabíamos: que en España, la corrupción es un deporte nacional con financiación europea. Entre tanto, la SEPI sigue concediendo subvenciones “con agilidad y eficacia”, y el ciudadano de a pie sigue preguntándose dónde está el dinero. El agujero, por cierto, parece no tener fondo.
81,6 Millones por un 'Cambio de Trabajo'
Ochenta y un millones, seisсот mil euros. Casi lo que cuesta un equipo de fútbol de segunda división. Pero no para fichajes, sino para… ¿reinsertar laboralmente a 697 profesionales del placer? El Plan Camino, la joya de la corona de Irene Montero, ha resultado ser un auténtico derroche. Unas matemáticas sencillas nos dejan una cifra escalofriante: 117.073 euros por trabajadora, un precio que haría sonrojar a cualquier gurú del coaching. Y no nos vengamos arriba con las críticas, que según el Ministerio de Igualdad, en 2022 se ‘asesoró legalmente’ a casi 3.000 mujeres. ¿Asesoramiento? ¿O un seguro por si acaso? La cosa mejora, o empeora, según se mire, en 2023, con 1.933 orientaciones, lo que deja una tasa de inserción laboral del 1,9%. Menos de dos de cada cien. Un dato que, visto así, suena a rifa fallida. Y ojo, que a eso hay que sumarle que más de la mitad de las atendidas eran inmigrantes en situación irregular, y que parte del dinero se fue a regularizar papeles. Un negocio redondo, vamos. Pero lo realmente escandaloso es la falta de transparencia. ¿Qué tipo de empleos encontraron? ¿Duraron lo suficiente para pagar el café? ¿Siguen trabajando? El Ministerio de Ana Redondo prefiere guardar silencio. Como si el silencio fuera un arma de destrucción masiva de la credibilidad. El Plan Camino, que aspiraba a ser un camino hacia la libertad, se ha convertido en un laberinto de cifras opacas y resultados decepcionantes. Un agujero contable con aroma a perfume caro y promesas incumplidas.
PSOE: Si no investigan, mejor
Gonzalo Miró, en una declaración que roza lo surrealista (y lo escuchamos en la televisión pública, ojo), sugiere que la mejor manera de combatir la corrupción que acecha al PSOE es… no investigarla. Como si darle la espalda al problema lo hiciera desaparecer. Recuerda a cuando intentas ignorar el sablazo en la factura de la luz, esperando que mágicamente se reduzca. El argumento, servido en bandeja de plata durante un debate en 'Malas Lenguas' de TVE, es que el pacto con el PP para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha abierto la veda a las investigaciones. Un pacto que, según Miró, es el origen de todos los males. Pero aquí viene el giro de guion digno de Hollywood: el CGPJ, señores, no es un arma para silenciar a los jueces, sino para garantizar su independencia. Un detalle que a Miró, o le pasa desapercibido, o le da igual. La cosa se pone más interesante cuando Pablo Iglesias, con un aplauso, apoya la tesis de Miró. ¿Intereses ocultos? ¿Ambiciones compartidas? La trama se complica. Mientras tanto, la UCO, que investiga los casos de corrupción, es tildada de sacar conclusiones "chuscas" basadas en "meras conjeturas". ¡Como si los hechos concretos fueran aburridos! Y cuando le preguntan por las posibles conexiones entre Santos Cerdán y Leire Díez, Miró se lava las manos: “No tengo ni idea de cómo funciona estas cosas”. El colmo: ante el panorama de corrupción generalizada, los socios de gobierno prefieren mantener a Pedro Sánchez en el poder antes que enfrentarse a las urnas. La legislatura, según Miró, se alargará hasta 2027, asegurando el festín. La Comisión Permanente del CGPJ ya ha expresado su “preocupación” por las declaraciones de “cualificados responsables de altas instituciones del Estado” que cuestionan la independencia judicial. En resumen, una película de corrupción, intereses y pactos oscuros, con Miró como el guionista más surrealista.
Sánchez: 'Yo no soy el One'
Montenegro. La cumbre de la UE y los Balcanes, un escenario idílico para que Pedro Sánchez intente apagar el incendio. Porque, señores, el humo sale por todas partes. El sumario, un ladrillo de esos que te dejan el brazo agarrotado, le acusa de ser el “one”, la marioneta principal, el titiritero de una trama para “proteger los intereses” del Gobierno. Intereses, léase, que probablemente no coincidan con los de la señora que hace la compra. Sánchez, con cara de pocos amigos –algo habitual, la verdad– niega ser el susodicho “one”. Evita “valoraciones”, es decir, no quiere mojarse hasta ver qué le sale gratis. Dice que no avaló, no supo, no toleró. Un mantra que ya conocemos bien. Las “andanzas” de Leire Díez, la mano derecha de todo esto, quedan retratadas como una simple excursión. Indignación, dice, está indignado. Como si la indignación fuera un salvavidas en medio de un huracán. “Dejemos trabajar a la justicia”, sentencia, mientras su partido, con “rigor y solvencia” –léase, un ejército de abogados caros– analiza la documentación. ¿Qué harán? Defender la “honorabilidad y limpieza del PSOE”. La misma limpieza que un felpudo. “Mi gobierno es limpio, mi partido es íntegro”, insiste. Como si los casos anteriores fueran cosa del pasado. “Las corruptelas de unos pocos no van a enmarañar la enorme tarea”. La tarea, claro, de seguir haciendo de las suyas mientras el ciudadano de a pie aprieta el cinturón. Mientras tanto, el sumario engorda y la credibilidad se evapora. El asunto, en resumen, huele a podrido. Y a excusas baratas.
PSOE: El Intento Fallido de 'Limpieza'
La política, señores, es como la lista de la compra: siempre hay alguien que intenta colarte un producto caducado. Y en esta ocasión, el producto tiene nombre y apellidos: 'Operación PSOE'. Una testigo, con la valentía de quien se enfrenta a un avispero, ha declarado ante la Guardia Civil (Madrid, 28 de mayo de 2026, a las 19:17 horas, que no es una hora para estar declarando, sino cenando) que un medio digital, Crónica Libre, se convirtió en el centro neurálgico de una campaña de desprestigio orquestada contra jueces, fiscales y periodistas. Todo regado con los 160 euros de Leire Díez (¡más que un café en la Gran Vía!) y financiado, según la declaración, con 18.125,50 euros de la campaña europea de Teresa Ribera, un pequeño detalle que, a efectos prácticos, es como tirar de la tarjeta de crédito sin mirar el saldo. El plan, digno de una serie de espías, consistía en recopilar información sensible y almacenarla en carpetas de Google Drive. Patricia López y Javier Pérez Dolset, los encargados de gestionar ese 'drive', parecían tener un acceso privilegiado, mientras la fundadora original, relegada a emitir facturas (como la que cobra el fontanero), observaba cómo la operación tomaba forma. ¿El objetivo? Desacreditar a figuras clave en la lucha contra la corrupción, como el fiscal Luzón o el juez Peinado. El grupo de WhatsApp 'Azahar' -un nombre que evoca jardines florecientes, cuando en realidad parece un campo de minas- completaba el cuadro. El contraste es brutal: mientras los ciudadanos aprietan el cinturón, se destinan fondos públicos (o para-públicos) a operaciones de dudosa legalidad. Y lo más inquietante no es el dinero en sí, sino la impunidad con la que se mueve este tipo de entramados. La declaración de la testigo, aunque 'voluntaria', es un síntoma más de la podredumbre que corroe las instituciones. Un agujero contable disfrazado de estrategia mediática. Un sablazo a la transparencia.
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