El artículo se centra demasiado en la 'posibilidad' del encuentro, dejando en segundo plano el verdadero objetivo del gobierno: usar la visita papal como herramienta de propaganda. La Generalitat intenta minimizar la noticia, lo que sugiere que algo se está fraguando.
La abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, ha protagonizado un 'desfile de errores' digno de una comedia si no fuera por los 90.000 euros que, según su propia declaración, paseó por Ferraz. Primero se personó 'por error' en el 'caso Zapatero', un fallo garrafal que recuerda a cuando uno va a comprar pan y regresa con un televisor. Luego, intentó arreglarlo, dejando un reguero de escritos que hasta los burócratas más curtidos encontraron sospechosos. Mientras tanto, la UCO de la Guardia Civil desentrañaba una presunta oferta de 250.000 euros a Carmen Pano, un 'incentivo' para que su testimonio fuera más… flexible. ¿La condición? Dejar fuera de la ecuación a Santos Cerdán, el jefe de organización del PSOE. La cosa huele a chamusquina, y no precisamente a café recién hecho. La Fiscalía Anticorrupción ya ha puesto el foco en De la Hoz, que ahora deberá dar explicaciones ante el juez Pedraz el 14 de julio. El exministro Ábalos, por cierto, también anda con problemas de facturas impagadas y abogados rencorosos. En resumen, un auténtico culebrón judicial donde la coartada se prefabricaba con documentación 'retrospectiva' y el silencio se compraba a precio de escándalo. La estrategia parece clara: intentar salvar los muebles del PSOE a base de talonarios y 'errores' involuntarios. Un espectáculo, vamos.
La caja fuerte de Zapatero, antaño refugio de discursos y promesas, ha revelado un brillo inesperado: un millón de euros en joyas. Diamantes, rubíes, esmeraldas… un botín digno de un personaje de serie, pero con la diferencia de que el protagonista es un expresidente. La UDEF, detectives de la Agencia Tributaria, encontró el tesoro escondido en el despacho de Ferraz, justo al lado de la sede del PSOE. Ansorena, la casa de subastas, ya ha tasado el conjunto, y la cifra da para pensar en vacaciones en las Bahamas… si la Hacienda no te llama antes. Porque aquí la trampa está en la declaración. Si Zapatero no puede justificar el origen lícito de esas piedras preciosas –y eso es un lío, porque no es lo mismo un detalle de la suegra que un “regalo” de un empresario con negocios en Venezuela–, podría enfrentarse a una pena de prisión de entre dos y diez años. ¡Diez años! Más que algunas condenas por delitos económicos que vemos por la tele. Y la multa, ya ni hablar. Multiplica por tres el valor de las joyas, o sea, tres millones de euros, para empezar. El asunto, como suele pasar, no es tanto el robo en sí, sino el agujero contable. Un particular, Emilio Montilla, ya ha presentado una denuncia ante Hacienda, poniendo la lupa sobre el patrimonio oculto de Zapatero. Hacienda, ahora, tiene la última palabra. Puede iniciar una investigación formal o, simplemente, mirar para otro lado. Zapatero tiene una salida: declarar las joyas y pagar lo que corresponda. Pero el tiempo corre, y cada día que pasa el riesgo de blanqueo de capitales se cierne más sobre su cabeza. ¿Serán las joyas el principio del fin, o solo un sablazo inesperado en la factura de la vida política?
Extremadura, tierra de buenas vistas y, al parecer, buenas manos. No para los agricultores, sino para una banda de 12 individuos que parecían tener un pacto con el cartero y una especial predilección por las elecciones de 2025. La Guardia Civil, en una operación bautizada como 'Botonero' (¿en referencia a los botones de las urnas, a los de la camisa, o a la facilidad con la que 'botaban' los bienes ajenos?), ha desmantelado esta organización criminal que no le hacía ascos a nada. Robos en Correos, bancos, joyerías, colegios… el menú era variado. Pero la guinda del pastel, el detalle que te hace cuestionar la solidez de nuestra democracia, fue la interceptación de votos por correo. Sí, lo leen bien. Votos. 37 delitos contra el patrimonio y un botín que supera los 340.000 euros, una cifra que, para algunos políticos, es menos que un café con leche en la cafetería del Congreso. Tres de los cabecillas ya están disfrutando de la hospitalidad penitenciaria, mientras que otros dos siguen investigados. El robo de dos vehículos de alta gama en Almoharín fue el principio del fin, aunque uno de los coches, curiosamente, fue recuperado al día siguiente. ¿Quizás lo usaron para ir a votar? Los ladrones, con un “elevado grado de especialización” (léase: sabían cómo abrir una caja fuerte y cómo distinguir un voto de un recibo de la luz), también se lucieron robando 8.000 euros destinados a una excursión escolar. El colmo. Un atraco a la infancia, literalmente. Hasta el camión de los regalos de Navidad sufrió sus fechorías. En fin, una trama digna de película, con la salvedad de que esto no es ficción. Y que, mientras ellos se lucraban, los ciudadanos honestos seguían haciendo cola en la oficina de Correos para enviar sus votos, sin saber que podían acabar en manos equivocadas.
El 'caso Leire' ha dejado de ser una sombra sobre el hermano de Pedro Sánchez para convertirse en un espejo roto que refleja la imagen del PSOE. David Sánchez, sentado en el banquillo de los acusados en Badajoz, observa cómo la fontanera del partido, Leire Díez, le devuelve el favor con unas agendas explosivas. ¿El plan? “Destruir el procedimiento”, apuntaba Díez el 2 de septiembre de 2024, con la juez Beatriz Biedma en la mira. La fontanera, investigada por la Audiencia Nacional, parece haber desplegado un arsenal de maniobras para proteger a David Sánchez, pero solo ha logrado darle más munición a la oposición. PP, Vox e Iustitia Europa se frotan las manos ante la evidencia: el PSOE, según la abogada de Vox Marta Castro, está intentando manipular hasta la Fiscalía, que, convenientemente, responde a las siglas “P.S.” (Pedro Sánchez). Santos Cerdán, entonces secretario de Organización, aparece como el hombre que puso a disposición de Díez toda la estructura del partido. Pero la cosa no acaba ahí. La declaración de guardias civiles revela intentos de frenar la investigación, orquestados desde la cúpula de la Guardia Civil. El juez Pedraz, instructor del caso Leire, ha confirmado que todo esto se financió con “fondos” del PSOE, en una operación para atacar a jueces y fiscales que se habían convertido en incordios. Mientras el ciudadano de a pie intenta llegar a fin de mes, el PSOE parece tener un presupuesto ilimitado para “ingeniería financiera” y boicotear investigaciones. La pregunta ya no es si David Sánchez es culpable, sino cuánto le ha costado al erario público el intento de blanquearlo. Y, claro, quién pagará la factura.
José Luis Rodríguez Zapatero, el hombre que prometió austeridad, se enfrenta a un panorama digno de novela, cortesía de la justicia. No se trata de una simple investigación, sino de un ajuste de cuentas donde sus joyas árabes y las facturas de sus hijas son el detonante. La UDEF desenterró en su despacho de Ferraz un ‘pequeño tesoro’: 103 piezas de joyería y relojería, valoradas entre 600.000 y un millón de euros (o, según el expresidente, “no son las joyas de Sissi Emperatriz”). Un detalle, una bolsa con el logo de la “Presidencia del Gobierno”, que aprieta las tuercas. Pero la cosa no acaba ahí. Sus hijas, Laura y Alba, administradoras de la empresa Whathefav, S.L. –descrita por el juez como una “estructura artificiosa”–, recibieron entre 2021 y 2025 un total de 447.095,31 euros (sí, casi medio millón) de empresas vinculadas al caso Plus Ultra. Un “acuerdo”, según el propio Zapatero, con su amigo Julio Martínez. El PP ya pide imputarlas por blanqueo, falsedad y organización criminal. El juez Calama, con lupa, rastrea también las visitas de Zapatero a Moncloa y los viajes internacionales de toda la familia, buscando conexiones con Venezuela y el origen de los fondos de Plus Ultra. ¿Tráfico de influencias? La acusación popular apunta alto, intentando demostrar que el rescate de la aerolínea estuvo teñido de corrupción. Mientras tanto, el expresidente se prepara para declarar, con la familia en el ojo del huracán. La ironía es que quien siempre mantuvo a su familia en un segundo plano, ahora la expone al escrutinio público. Un drama familiar con sabor a escándalo político y un patrimonio en juego.
El rescate de Air Europa, esa operación que costó 475 millones de euros –casi lo que cuesta mantener un barrio obrero un año–, se ha convertido en un culebrón judicial con sabor a podrido. El juez Escribano ha decidido que Bartolomé Lora, el entonces presidente de la SEPI, y el consejero delegado de Globalia, De la Rocha, expliquen sus movimientos. La cosa promete. Lora, que según las querellas actuó de intermediario para acelerar el proceso a petición de Ábalos, deberá dar cuentas el 3 de julio. Pero la citación a De la Rocha, cercano a Pedro Sánchez, es la puntilla. ¿Qué sabía el hombre fuerte de Moncloa? La trama se complica con las revelaciones del caso Mascarillas, donde Víctor de Aldama, empresario con lengua suelta, asegura que Begoña Gómez, esposa del presidente, ejerció presión para el rescate y que los Hidalgo patrocinaron sus “cosas”. Aldama incluso habla de 200.000 euros en un sobre, destinados a la esposa de Sánchez, según la declaración de Koldo García. Un detalle jugoso. Begoña, por cierto, ya había visitado dos veces las oficinas de Globalia en 2020, mientras Wakalua, filial de la familia Hidalgo, invertía casi un millón de euros en el IE Africa Center que ella dirigía. Un entramado de intereses que apesta a podrido. El juez no se anda con chiquitas y ha solicitado a la SEPI y al Fondo de Ayuda a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASSEE) toda la documentación posible: actas, correos electrónicos, informes, incluso las agendas del presidente del Consejo Gestor. Quiere saber quién votó a favor de la ayuda, quién la impulsó y, sobre todo, quién se benefició. Sara Aagesen, Ana de la Cueva, Pilar Paneque y Raül Blanco, todos con peso en el gobierno, aparecen en el acta de la aprobación “unánime”. Unánime… como si no hubiera alternativas. Mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue pagando la gasolina a precio de oro y preguntándose dónde fue a parar su dinero.
Once minutos. Eso es todo el tiempo que necesitaba José Luis Rodríguez Zapatero para, presuntamente, ofrecer una 'ayudita' a Plus Ultra. Once minutos para sembrar la idea de un crédito ICO, avalado con su nombre, como quien pide un café con leche. Y mientras el ciudadano de a pie hacía equilibrios con la lista de la compra, esta aerolínea, con el sector aéreo en jaque por el Covid, aspiraba a un rescate de 53 millones de euros. Un 'sablazo' considerable que, según la UDEF, podría estar ligado a tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El modus operandi, según la investigación, era sencillo: Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, le expuso la papeleta a Zapatero en abril de 2020. La aerolínea pendía de un hilo, con vuelos suspendidos y trabajadores en ERTE. La solución, según el ex presidente, era una misiva al Banco Santander, firmada por los directivos de Plus Ultra, pero con el beneplácito de Zapatero. Una carta intervenida por la Policía Nacional que rezaba textualmente: “Siguiendo instrucciones del presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero...” Pero la cosa no acaba ahí. El 'amigo' de Zapatero, Julio Martínez Martínez, también se lucraba como asesor externo de la compañía, resolviendo 'problemillas operativos' en Venezuela y moviendo hilos en aeropuertos militares. Viajes a Caracas, fotos comprometedoras y, por supuesto, remuneración. Un entramado que culminó con el rescate en marzo de 2021, gestionado a través de la SEPI y su representante, José Ángel Partearroyo. En resumen, una historia donde los contactos valen más que las alas, y donde el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta.
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