El artículo se centra excesivamente en la correlación (PSOE gana en el extranjero) sin profundizar en las causas reales. La alusión a la 'ingeniería' es sugestiva pero carece de pruebas concretas. Se necesita más investigación para descartar sesgos demográficos.
Once minutos. Eso es todo el tiempo que necesitaba José Luis Rodríguez Zapatero para, presuntamente, ofrecer una 'ayudita' a Plus Ultra. Once minutos para sembrar la idea de un crédito ICO, avalado con su nombre, como quien pide un café con leche. Y mientras el ciudadano de a pie hacía equilibrios con la lista de la compra, esta aerolínea, con el sector aéreo en jaque por el Covid, aspiraba a un rescate de 53 millones de euros. Un 'sablazo' considerable que, según la UDEF, podría estar ligado a tráfico de influencias, organización criminal y falsedad documental. El modus operandi, según la investigación, era sencillo: Julio Martínez Sola, presidente de Plus Ultra, le expuso la papeleta a Zapatero en abril de 2020. La aerolínea pendía de un hilo, con vuelos suspendidos y trabajadores en ERTE. La solución, según el ex presidente, era una misiva al Banco Santander, firmada por los directivos de Plus Ultra, pero con el beneplácito de Zapatero. Una carta intervenida por la Policía Nacional que rezaba textualmente: “Siguiendo instrucciones del presidente, D. José Luis Rodríguez Zapatero...” Pero la cosa no acaba ahí. El 'amigo' de Zapatero, Julio Martínez Martínez, también se lucraba como asesor externo de la compañía, resolviendo 'problemillas operativos' en Venezuela y moviendo hilos en aeropuertos militares. Viajes a Caracas, fotos comprometedoras y, por supuesto, remuneración. Un entramado que culminó con el rescate en marzo de 2021, gestionado a través de la SEPI y su representante, José Ángel Partearroyo. En resumen, una historia donde los contactos valen más que las alas, y donde el ciudadano de a pie sigue pagando la cuenta.
Mónica García, ministra de Sanidad y portavoz de Más Madrid, ha lanzado una pulla que resuena más que un sablazo en la factura de la luz al PSOE. Mientras los ciudadanos andan contando céntimos, el partido se ve obligado a dar cuentas de las reuniones de su jefa de la Guardia Civil, Mercedes González, con Leire Díez. ¿El detonante? Un caso que, según García, amenaza con convertir al PSOE en un lastre para el conjunto del espacio progresista. La ministra exige "todas las explicaciones", porque, al parecer, la transparencia es un bien escaso en Ferraz. En paralelo, Sumar, con su habitual tono de “nada que ocultar”, presume de trabajar para “mejorar la vida de la gente”. Una afirmación que contrasta, irónicamente, con la necesidad de aclarar las sombras que planean sobre su socio de gobierno. García, con una metáfora digna de un taller mecánico, describe a Díez como una “fontanera chapucera”, pero advierte que el foco no debe desviarse: la amenaza real, según ella, es el avance de la ultraderecha y el acuerdo entre PP y Vox. Un giro estratégico para desviar la atención, o una genuina preocupación por el futuro del país, la pregunta sigue en el aire. La Cumbre de Primavera de Más Madrid sirve de escenario para estas acusaciones cruzadas. El PSOE, en tierra de nadie, intenta minimizar el impacto de la crisis, mientras que Mónica García aprieta las tuercas con una declaración contundente. El caso, que involucra presuntas reuniones secretas y posibles irregularidades, amenaza con desestabilizar aún más un panorama político ya de por sí convulso. La ciudadanía, mientras tanto, observa con escepticismo cómo la clase política se enfrasca en disputas internas, mientras los problemas reales siguen sin resolverse. El BOE, ese templo de la legalidad, parece lejano a los problemas cotidianos.
Mónica García, la ministra que parece dispuesta a hacer migas con el juramento hipocrático. Mientras los pacientes hacen cola para una resonancia, la ministra se dedica a un slalom político digno de esquí alpino, culpando a las autonomías de un Estatuto Marco de Sanidad que huele a gasolina y a estrategia de distracción. La aprobación, a marchas forzadas, de este marco legal, sin financiación adicional ni recursos humanos, es como intentar llenar un vaso roto con agua. Un ejercicio de ilusionismo barato. El Gobierno, acorralado por la corrupción (que, dicho sea de paso, parece el único proyecto de país que gestiona con eficacia), busca chivos expiatorios. Y los consejeros de Sanidad, víctimas de una planificación chapucera orquestada desde el Ministerio, son los elegidos. García pretende dejar su “legado”: una gestión calamitosa que indigna a médicos, servicios de salud y, sobre todo, a los pacientes que ya ven venir el temporal. La ministra, con una habilidad digna de estudio, intenta replicar la estrategia de la segunda ola de la pandemia, donde las responsabilidades se diluyeron entre comunidades autónomas como azúcar en agua caliente. Ahora, el objetivo es el mismo: desviar la atención de la debacle. Un pleno extraordinario del Consejo Interterritorial, convocado con la urgencia de quien intenta tapar una fuga de agua con un parche, es la prueba fehaciente de esta maniobra. La ministra, en su huida hacia adelante, parece olvidar que los médicos no son marionetas y que la paciencia de los pacientes tiene un límite... y ese límite se está agotando. El desplome en las encuestas, mientras tanto, es un síntoma más de la enfermedad.
El Sumo Pontífice aterrizó en Barajas, con todos los honores. Mientras León XIV estrechaba manos y repartía bendiciones, Pedro Sánchez ya tenía la calculadora afinada. Porque, señores, entre recibir al líder espiritual y lidiar con el sumario Díez (que, ojo, desentierra cadáveres en la cloaca socialista), el Presidente encontró tiempo para un 'finde' con Gorillaz. Sí, lo han leído bien. Del Palacio Real al Parc del Fòrum, directo a la zona VIP, con Begoña Gómez, la 'tetraimputada' (para que no se diga que no tienen agenda), como acompañante de lujo. La agenda oficial lo confirma: Sánchez, después de la foto de compromiso con el Papa, se escapa al Primavera Sound. La ironía, como un sablazo en la factura, es que la semana es crucial para el PSOE. El caso Leire Díez, con sus 'cloacas' y tramas para 'desbaratar' causas judiciales, amenaza con convertir la Moncloa en un avispero. Y mientras tanto, el 'one' –léase, el mismísimo Pedro Sánchez– prefiere bailar al ritmo de los Gorillaz. ¿Prioridades? Quizás. ¿Una señal de que la cosa está más que complicada? Probablemente. El festival, según fuentes extraoficiales, tiene un coste de entrada modesto, digamos, unos 120 euros. Una nimiedad comparada con los millones que, presuntamente, se intentaron desviar para 'limpiar' los expedientes del PSOE. Entre los artistas programados para este sábado, además de los mencionados Gorillaz, destacan The xx, My Bloody Valentine y Peggy Gou. Uno se pregunta si el Presidente le habrá pedido un autógrafo al Papa antes de coger el AVE a Barcelona. O quizás simplemente le dijo: “Perdone, Majestad, pero tengo un concierto”. La cosa, desde luego, huele a chamusquina. Y no precisamente a incienso.
El caso es tan rocambolesco que parece guion de serie turca: el suegro de Pedro Sánchez, Sabiniano Gómez, alquiló un local de Muface (organismo público, ojo) durante 42 años a precio de saldo. No un local cualquiera, sino uno que, según los documentos, debía albergar una tienda de muebles. La realidad, más jugosa: un prostíbulo de lujo, con saunas, películas pornográficas y clientes adictos al Poper. Mientras el presidente aboga por abolir la prostitución, su familia se lucra con ella. La UCO, en su informe, destapa cómo este negocio permitió la compra de al menos dos viviendas para Sánchez y Begoña Gómez, incluyendo una que ahora rinde hasta 1.750 euros al mes. El alquiler inicial, en 1980, era de irrisorios 3.588 pesetas anuales, ajustándose luego al IPC. Un sablazo a los contribuyentes que roza lo obsceno. La cosa no acaba ahí: Sabiniano, sin licencia, realizó obras en el local y, según la policía, allí ejercían la prostitución menores y se traficaba con drogas. El PSOE, para tapar el asunto, pagó 20.000 euros por audios comprometedores del comisario Villarejo. Y Muface, dirigida por Óscar López, miró a otro lado. Un espectáculo de hipocresía, corrupción y favores políticos que nos recuerda que, en este país, la moral es un bien escaso y la impunidad, una costumbre. El silencio cómplice de las instituciones y la persistente sombra de la corrupción son los verdaderos protagonistas de esta crónica.
La coherencia tiene un precio, y parece que el ex-presidente Zapatero la tasó en toneladas de petcoke y euros sin justificar. El hombre que nos vendía la sostenibilidad a base de discursos ahora se ve salpicado por una trama internacional de 'alto valor económico', cortesía de una sociedad fantasma en Dubai llamada Idella Consulenza Strategica SL. ¿La flor del negocio? El petcoke, ese residuo tóxico de la refinería que contamina más que un atasco en la M-30 y que, irónicamente, era el enemigo público número uno del propio Zapatero. El juez Calama apunta a que Idella, con Julio Martínez Martínez al frente, era el escondite perfecto para los 530.000 euros que le entraban de la aerolínea Plus Ultra. Pero, claro, eso era solo la punta del iceberg. La estructura, meticulosamente orquestada con correos electrónicos, facturas falsas y administradores de paja, sirvió para canalizar fondos a cuentas en el extranjero, evitando así el sablazo de Hacienda. Y, en medio del embrollo, aparece el petcoke, el oro negro contaminante, las acciones, las divisas, todo un 'kit de supervivencia' para un ecologista reconvertido en empresario. El petcoke, para los que no lo sepan, es lo que queda después de exprimir el petróleo hasta la última gota. Es casi carbono puro, y al quemarse, lanza a la atmósfera más CO2 que una central térmica del siglo XIX. Un regalo envenenado para el planeta, y una oportunidad de negocio para quien sabe dónde esconder el dinero. En fin, la vida da muchas vueltas, y a veces te toca vender el alma… al diablo contaminante. La operación, digna de una serie de espías, involucró la creación de documentación ficticia, la coordinación digital constante y la ocultación deliberada de la contabilidad. Todo bajo la supervisión directa del ex-presidente.
Fuenlabrada, ciudad dormitorio de antaño, se está convirtiendo en un vertedero a cielo abierto. No, no es un nuevo proyecto de arte conceptual. Son 10 de los 13 camiones recolectores echados a perder, con una edad media que ronda los 20 años. La alcaldía, en manos del PSOE desde tiempos inmemoriales, parece haber olvidado que gobernar es también mantener las cosas en marcha. Mientras la compra semanal se complica, el Ayuntamiento ve cómo la recogida de residuos, vital para 190.000 vecinos, funciona a un mísero 23% de su capacidad. Diez rutas de recogida que antes se cubrían tres veces al día ahora son un espejismo. La cosa empeora: cuatro camiones alquilados a URBASER yacen inoperativos, víctimas de la misma negligencia. Las empresas subcontratadas, URBASER y Valoriza, miran a otro lado, dejando que los trabajadores municipales recojan la basura que les corresponde a otros. Y estos, para colmo, andan sin uniforme, comprándose los guantes con su propio sueldo y recibiendo amenazas por trabajar en camiones sin aire acondicionado a 40 grados. La solución, anunciada para octubre, es contratar a parados de larga duración... un parche que llega demasiado tarde para aliviar el hedor de la situación. A estas alturas, el único olor que se percibe en Fuenlabrada es el de la hipocresía y la dejadez. La ciudad, que lleva décadas bajo el mandato socialista, se ahoga en sus propios residuos, mientras los contenedores se desbordan y la paciencia de los vecinos se agota. Todo un ejemplo de gestión municipal que da para reflexionar... o para taparse la nariz.
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