Crítica:
La noticia se centra demasiado en la cronología de los hechos, perdiendo la oportunidad de profundizar en la red de contactos y posibles conflictos de interés. El titular, aunque llamativo, esconde la complejidad del caso.
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Llamas, el DAO que te espía
Manuel Llamas, el DAO de la Guardia Civil que aconsejó a la UCO “disimular” con el hermano de Sánchez, ahora exige a sus agentes instalar una app de mensajería, IMBox Defense, en sus teléfonos personales. La ironía, como un sablazo en la factura, es que esta app no solo permite la comunicación oficial sino que también geolocaliza a los agentes y registra su información. ¿Un simple sistema de mensajería o el control remoto de la tropa? La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) huele la trampa, especialmente tras los escándalos de las “cloacas del PSOE” y las presiones para frenar investigaciones internas. Desde 2022, IMBox Defense sustituyó a WhatsApp, pero la obligación de instalarla en teléfonos personales (y la prohibición en ordenadores) levanta ampollas. La Dirección General insiste en que es por la comodidad de las comunicaciones, pero los agentes se preguntan si no será una forma de vigilar sus movimientos y conversaciones. La AEPD ya dio la razón a la AUGC en 2023, sancionando a la Guardia Civil por no cumplir con la normativa de protección de datos, pero la Benemérita ha hecho caso omiso. El asunto se complica aún más con la posibilidad de que la app acceda al micrófono del dispositivo y el reciente “consejo” de Llamas a la UCO. La AUGC denuncia que la aplicación podría usarse para espiar a los agentes y pide que se abra un expediente al DAO. La pregunta es simple: ¿qué necesitan de nuestros teléfonos? ¿El dato de la geolocalización? ¿La activación discreta de la grabación? El caso ha escalado hasta el punto de una nueva denuncia ante la AEPD, buscando paralizar el uso de la app y, esta vez, con la posibilidad de una sanción económica para el DAO, Manuel Llamas.
PSOE: Tres millones, ¿a dónde fueron?
La memoria del PSOE parece tener agujeros más grandes que el presupuesto de una película de Hollywood. Tres millones de euros que entraron con el Plan Luz Verde en 2020, en plena pandemia, y que en las cuentas del partido parecen haberse evaporado como calcetines en la lavadora. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que no se anda con chiquitas, está investigando si esos microcréditos eran, en realidad, una forma de financiar la maquinaria del partido con el dinero de los militantes, prometiendo una transformación ecológica que, a día de hoy, sigue siendo más un jardín botánico en la imaginación que en la sede de Ferraz. Lo curioso es que el PSOE sí que desglosa al milímetro los microcréditos electorales posteriores –7.439.800 euros en 2023, con la devolución certificada a fecha de mayo de 2024–, pero cuando se trata del Plan Luz Verde, silencio absoluto. Es como si hubieran tirado de la alfombra para esconder algo debajo. La partida de “Otros pasivos a largo plazo” se disparó de 24.752 euros en 2019 a 3.672.338 euros en 2020, un sablazo que el entonces director gerente, Mariano Moreno, firmó sin pestañear, pero que no explica en ningún detalle. Para colmo, la auditora externa ha decidido dejar al PSOE tirado a su suerte, alegando que solo fiscalizaban la formación política. ¿Casualidad? La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, señala que los informes del Tribunal de Cuentas se limitan a repetir lo que dice el partido. En resumen, un baile de sombras y un silencio que grita a los cuatro vientos. El PSOE prometió “pasar de las ideas a los hechos”, pero lo único que ha pasado es que la UCO ha encontrado el camino a la sede de Ferraz, solo que no para regar las plantas.
Voto a la carta: ¡Hasta el bisabuelo vale!
El Gobierno ha encontrado una forma curiosa de inflar el censo electoral. No con los 'nietos' del exilio, que ya de por sí eran un estiramiento de la ley, sino con los tataranietos de aquellos que, en 1905, se fueron a Cuba a buscarse la vida. Sí, han leído bien. 1905. Antes de la Guerra Civil, antes de Franco, incluso antes de que se inventaran los teléfonos móviles. La Ley de Memoria Democrática, esa que supuestamente busca reparar a las víctimas del franquismo, se ha convertido en un agujero negro legal donde cabe cualquier historia, por inverosímil que sea. Testimonios como el de Mayra Erena Vázquez Ortiz, bisnieta de unos emigrantes gallegos que cruzaron el Atlántico en busca de “mejores oportunidades” cuando todavía no había ni radio, ahora dan derecho a votar en España. ¿Acaso sus abuelos fueron perseguidos políticos? No, simplemente buscaron una vida mejor, como muchos otros. Pero hey, ¡voto! El libro 'III Premio Memoria de la Emigración Española', editado a costa de los contribuyentes, es una colección de relatos que justifican esta ampliación del electorado. Historias de amor, de desarraigo, de búsqueda de fortuna… y de nacionalidades concedidas con documentación que se remonta a 1898. Luis Eduardo Torres Jiménez, otro beneficiario de esta generosidad, tuvo que excavar hasta encontrar el certificado de matrimonio de sus tatarabuelos en Santa Eulalia del Río (Ibiza) para acreditar su ascendencia española. Un trabajo de arqueología documental que, curiosamente, ha resultado en un voto más para el Gobierno de Pedro Sánchez. ¿Coincidencia? En resumen, mientras el ciudadano de a pie hace malabarismos para llegar a fin de mes, el Gobierno está regalando nacionalidades y votos a personas que no tienen más conexión con España que un certificado de nacimiento de hace más de un siglo. La memoria democrática, al parecer, es una excusa perfecta para hacer ingeniería electoral.
Valle de los Caídos: ¡Vaya timing!
El Gobierno ha decidido que el Valle de los Caídos necesitaba un 'lavado de cara'. Justo ahora. Con el Papa León XIV de visita, por supuesto. Como si no tuvieran suficiente con el sablazo de 30 millones de euros –4 millones para pensar en qué hacer y 26 para ejecutar–, ahora le meten maquinaria pesada al terreno mientras el Pontífice daba un discurso histórico. La 'gran grieta' que pretenden crear, una invitación al 'diálogo y pluralidad' (léase: una reforma faraónica para tapar otra), costará más que la lista de la compra de un barrio entero. Iñaqui Carnicero, secretario general de Agenda Urbana, lo vendió como una 'valentía' arquitectónica, rompiendo la 'axialidad' del monumento. Traducido: van a hacer un agujero. Y mientras tanto, el Valle de los Caídos, rebautizado como Valle de Cuelgamuros desde 2022, se ha convertido en un imán para turistas. Un aumento del 16,8% en ingresos, hasta 1.044.652 euros en 2024, gracias al 'año Franco' y a la curiosidad morbosa. Irónico, ¿verdad? Que el monumento a un dictador atraiga visitantes. Patrimonio Nacional, que gestiona el lugar, se frota las manos, pero ha cerrado la tienda de regalos. 'Razones de interés general', dicen. La misma 'generalidad' con la que justifican gastar una fortuna en una reforma que algunos ven como una provocación y otros como una necesidad. Así que, mientras el Papa bendice España, las excavadoras profanan la tierra. Y la hipocresía, como siempre, se vende al mejor postor. Los datos hablan por sí solos: en 2018, 379.000 visitantes, en 2025, 254.157. Una caída que se revirtió a partir de 2022, con un incremento del 40,95% en los asistentes a partir de la Ley de Memoria Democrática.
El 'Chávez Nacionalizado': Favores y Facturas
El sumario Leire sigue desgranando nombres y revelando un entramado de favores que parece sacado de una novela, pero con la diferencia de que aquí el guion lo escribe el dinero público. El juez Pedraz, con la paciencia de un pescador, ha enviado a la UCO a buscar el expediente de nacionalidad de Nervis Villalobos, ex viceministro de Chávez, mientras la justicia venezolana archivaba un presunto blanqueo de 3.375 millones de euros. ¿Casualidad? No lo parece. La historia se complica con la imputación de Leticia de la Hoz, abogada de Koldo García, y la citación de Cristina Narbona, presidenta del PSOE. Todo porque, al parecer, se intentó acelerar la nacionalidad de Villalobos a cambio de, ¿qué? ¿Una entrevista con Escrivá? ¿Regularizar cinco cuentas bancarias? Aparentemente, no era suficiente con que el viceministro consiguiera la nacionalidad gracias a la Ley de Memoria Democrática, avalada por sus abuelos de origen español. La trama se extiende como la hiedra, alcanzando a eurodiputadas como Hanna Jalloul, a altos cargos del PSOE como Cerdán y a empresarios con historiales cuestionables como Sandro Rosell y Javier Pérez Dolset, que se carteaban desde la cárcel de Soto del Real. El quid de la cuestión: 188.000 euros en facturas falsas y un intento de atacar al juez Peinado desde la comisión de investigación de la Operación Cataluña, a cambio de un informe favorable. En resumen, un circo de intereses donde la nacionalidad española se convierte en un artículo más de compraventa.
Hernando: El 'Fontanero' del PSOE al Descubierto
Antonio Hernando, el actual secretario de Estado de Telecomunicaciones, parece que no solo estaba en la foto de la reunión de Ferraz con Sánchez, sino que, según fuentes socialistas, orquestó una ‘gestapillo’ para controlar las causas judiciales del PSOE desde 2021. ¿La ironía? Todo esto mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar las cuentas al final de mes. Hernando, pupilo aventajado de Rubalcaba y Blanco, aprovechó su regreso a Moncloa tras la crisis de 2021 que fulminó a Ábalos, Redondo y Calvo para montar este ‘equipo de fontaneros’. La cosa se puso interesante cuando, en octubre de 2021, Hernando le pidió a Leire Díez que llamara a Elena Valenciano para contactar con Gaspar Zarrías, un histórico del PSOE andaluz, por el tema de los ERE. Leire acudió a la cita con “un archivador gordísimo” lleno de dossiers. Hernando se excusó con una “reunión de última hora”, como si el control de posibles escándalos fuera menos importante que una reunión en Moncloa. Esta gestapillo, inicialmente centrada en los casos del PP y los ERE, se preparó para lo que vendría: el caso Koldo. Cuando en mayo de 2024 Sánchez ‘castigó’ a sus colaboradores por no defender a Begoña Gómez, Hernando se puso al frente del operativo, eligiendo a su “amigo íntimo” Antonio Camacho como abogado de la esposa del presidente. Desde entonces, Hernando se convirtió en el “enlace” entre Moncloa y Ferraz, el cerebro detrás de todo, según fuentes internas. Aparentemente, apenas dejó rastro, salvo algunas anotaciones en la libreta de Leire Díez. Se habla de que incluso coordinó a un grupo de trabajadores de la FEMP para apoyar a Sánchez cuando Susana Díaz intentaba frustrar su ascenso. En resumen, una red tejida con hilos de poder, lealtades y, probablemente, algo de ingeniería financiera.
Maestros en pie: El valenciano lo complica
La huelga de profesores en la Comunidad Valenciana se ha convertido en un culebrón digno de ver en Netflix, pero con menos drama y más papeleo. Llevan cinco semanas en pie de guerra, y la cosa no parece que vaya a mejorar. El lunes, tras 12 horas de negociación, llegaron a acuerdos sobre burocracia (¡qué emoción!), ratios y algunas mejoras en infraestructuras. Pero el verdadero nudo de la cuestión, como suele pasar, está en el idioma y el dinero. El seguimiento de la huelga, según la Conselleria, es del 4,34% de media, con picos del 5,80% en Castellón y un discreto 2,87% en Alicante. Es decir, menos gente en la calle que en la cola del súper un sábado por la tarde. La administración presume de avances, mientras los sindicatos STEPV, CCOO y UGT claman por el valenciano, exigiendo que se respete la elección de las familias y se fortalezca su presencia en las aulas. Quieren que el currículo de Bachillerato tenga autores catalanes y baleares, porque, claro, la cultura también es importante... aunque a veces parezca que no. El otro foco de conflicto es la subida salarial de 200 euros mensuales para 2028. ANPE y CSIF lo ven como un avance, pero STEPV lo califica de “nulo”, alegando que la actualización vinculada al IPC es una incógnita. ¿Afectará a los 200 euros o solo a una parte? El misterio continúa. Además, los sindicatos reclaman más concreción sobre las 5.000 nuevas plazas docentes prometidas, porque, al parecer, la Conselleria tiene una forma peculiar de definir “concreción”. La reunión del jueves se antoja decisiva, pero con la política por medio, nunca se sabe qué puede pasar. Al final, todo se resume en que la comunidad educativa está harta de promesas vacías y de ver cómo los problemas se enquistan sin solución.
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