La noticia se centra demasiado en los detalles procesales y poco en el impacto real de la corrupción. La falta de nombres específicos de los implicados diluye la responsabilidad individual y permite que el PSOE se escude en la 'investigación en curso'.
La trama destapada con las notas de Leire Díez huele a podrido, y no a jazmín. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra, Aldesa, una constructora que ha visto pasar más ministerios que cambios de gobierno, se ha embolsado 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente aterrizó en el Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? La UCO, con lupa en mano, ha encontrado un laberinto de reuniones secretas entre Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa, muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El tema: montar una “empresa B”, una tapadera para, digamos, optimizar los beneficios. Los chinos, a través de China Railway Construction Corporation (CRCC), entraron en la ecuación, comprando Aldesa y dando luz verde a la operación. Y ahí está Julito, testaferro de Zapatero, cobrando 127.000 euros de Aldesa por “consultoría estratégica”. Un sablazo en toda regla. Leire Díez, la encargada de “desactivar causas judiciales”, lo apuntaba todo en sus libretas, como quien anota los gastos del mes. Un proyecto confidencial en Sevilla, con Tragsa y Acciona en el horizonte, completaba el cuadro. La trama se teje entre contratos, testaferros y una red de favores que parece no tener fin. Aldesa, con el beneplácito de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ha recibido un flujo constante de dinero público. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Y, sobre todo, ¿a quién le cuesta la broma?
El PSOE, ese club de fans del “no sabía, no sabía”, se desmorona por dentro. Santos Cerdán, ex-número tres, intentó dinamitar la cúpula de Interior –Marlaska y González– porque la UCO, esa unidad que no perdona, le estaba respirando en la nuca. Pedía cabezas, sí, mientras la suya ya rodaba en la investigación sobre los contratos amañados. Un sainete de palacio que comenzó en noviembre de 2024, con la imputación de Ábalos, y que explotó en junio de 2025 con Cerdán tras las rejas. Sánchez, fiel a su estilo, hizo oídos sordos, como cuando calificó de “inventadas” las revelaciones que ahora le persiguen. Mercedes González, recuperada para “controlar” la Guardia Civil tras el cese de Marcos (supuestamente por “motivos personales”, claro), acabó en el ojo del huracán al denunciarse que alertó a Koldo García sobre la investigación del caso Koldo. Un chivatazo que, según la versión oficial, fue un malentendido. La UCO, mientras tanto, se negaba a poner el pie en el freno, pese a las instrucciones de Llamas, el DAO, que pedía “perfil bajo” en asuntos “con afectación política”. La trama se complica con testimonios como el de Carmen Pano, que asegura haber entregado 90.000 euros en efectivo, y las acusaciones de Víctor de Aldama sobre comisiones y amaños. Pero Sánchez, imperturbable, mantuvo a Cerdán y Montero en sus puestos hasta que la UCO destapó su participación en Servinabar. Ahora, las fuentes gubernamentales hablan de “víctimas” y de una “cloaca” orquestada por Cerdán, mientras el PSOE niega cualquier implicación. Todo un drama, servido en bandeja de plata, con un regusto a podrido que ya conocemos.
La UCO de la Guardia Civil ha desenterrado 52 facturas con más agujeros que un queso gruyer. Facturas del PSOE, ojo, no de tu abuela. Un auténtico festival de la ingeniería financiera para justificar pagos en efectivo entre 2017 y 2024, según THE OBJECTIVE. El juez Moreno, con cara de pocos amigos, ha declarado la investigación secreta, porque claro, no querrán que sepamos cómo se gasta el dinero público. El Tribunal de Cuentas ya olfateaba la carnaza desde septiembre de 2023, pidiendo cuentas a las empresas que habían facturado al PSOE. Querían saber si el dinero venía por transferencia, cheque o, mejor aún, en billetes apretados en una maleta. ¿Y qué encontraron? Pues que algunas facturas ya habían pasado por el mismo filtro. Vamos, que alguien estaba intentando venderle humo al Tribunal. La cosa se pone jugosa con el restaurante La Tragantía, un lugar de comidas y cenas frecuentes de la trama, donde el PSOE dejó un buen pellizco: 52 facturas en nueve meses. ¿Comida para todos los cómplices? ¿O facturas infladas para justificar comisiones de dudosa procedencia? La UCO sospecha que algunas facturas son puro teatro, creadas para lavar dinero de adjudicaciones públicas. En resumen, una película de pasta, poder y facturas falsas, cortesía del PSOE y sus colaboradores. El PSOE entregó un disco duro con la documentación, como si eso fuera una prueba de inocencia. Pero la UCO está revisando cada detalle, cada coma, cada euro, porque en este tipo de asuntos, el diablo está en los pequeños gastos. Y en las facturas, por supuesto.
La Fiscalía General del Estado está en un brete. No uno cualquiera, de esos que se resuelven con un café y un 'no pasó nada'. Esto huele a chamusquina, a 'quién movió el queso', a un agujero en la memoria institucional del tamaño de un camión. La Asociación de Fiscales (AF), que no es un club de fans precisamente, ha soltado un comunicado que retumba más que una olla en una boda: quieren saber quién dio luz verde a las reuniones de Diego Villafañe, mano derecha de Álvaro García Ortiz, con Leire Díez, la fontanera del PSOE, esa que parece sacada de una película de espías de serie B. Dos reuniones, en primavera de 2025, en la mismísima Fiscalía General, fuera de horario, con responsables de alto nivel involucrados. ¿Dos reuniones para hablar del tiempo? ¿Para intercambiar recetas de cocina? La AF no se lo traga. Exigen a Teresa Peramato, la máxima responsable, una explicación detallada, con nombres y apellidos, de quién autorizó ese aquelarre. La pregunta es simple: ¿si no era importante, por qué informar al fiscal general? ¿Y si lo era, por qué no se siguió el protocolo? La respuesta oficial hasta ahora, según la AF, es más sosa que una tostada sin sal. El caso es delicado. Leire Díez está vinculada a un grupo criminal que, según la Fiscalía, pretendía atacar instituciones y a fiscales. ¿Una simple visita de cortesía? Difícil de creer. La AF no se conforma con evasivas. Quieren saber si se facilitó el acceso, quién dio la orden, si hubo una cita previa... Preguntas incómodas que huelen a intento de encubrimiento. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie se pregunta si la justicia funciona para todos o solo para algunos. La transparencia, al parecer, es un bien escaso en este tinglado.
En RTVE, la luz se fue… y con ella, la cabeza de José Ángel Calero, jefe de la Unidad de Instalaciones Eléctricas. Un despido que, según los de dentro, es como ponerle un parche a una tubería reventada con cinta aislante. El problema, señalan con sorna, no es un técnico, sino que la cadena pública lleva años funcionando con sistemas más viejos que el cazo de la abuela. La fusión de TVE y RNE en 2021, lejos de ser una sinergia, resultó en un laberinto burocrático donde nadie sabía quién tenía que cambiar una bombilla, literalmente. Y mientras tanto, la factura de la luz sigue subiendo. El sablazo viene por la falta de inversión: 2024 y 2025 pasaron sin cumplir los presupuestos, dejando a los sistemas obsoletos y sin un plan B. El resultado: apagones en directo, como el del 15 de mayo que dejó a La 1 y Canal 24 en negro durante 20 minutos. Y aquí viene lo bueno: el programa 'La hora de la 1', conducido por Silvia Intxaurrondo, ¡mantuvo su liderazgo en audiencias con la pantalla en negro! Kantar Media (ahora Fifty5Blue) no da explicaciones, pero la cosa huele a chamusquina. Sergio Romero, el nuevo jefe de luminotecnia, tendrá la tarea de modernizar todo, pero ¿con qué presupuesto y con qué personal? La pregunta es retórica, claro. Todo esto, mientras los altos cargos se preguntan por qué bajan las audiencias…
La Policía, con el aliento de un Gobierno que parece disfrutar del caos organizado, se prepara para una avalancha de papeleo digna de la gestoría de un faraón. Tras recibir 549.546 solicitudes de regularización –casi medio millón de personas buscando un respiro burocrático–, el plan es simple: más horas extra. Sí, como cuando te dicen que te van a pagar el sabado para que hagas doble turno. El Ministerio de Migraciones, con Elma Saiz al frente, tramita y resuelve, mientras que la Policía revisa historiales, buscando fantasmas en el armario. Y claro, si el sistema informático falla (que ya está fallando, según CSIF), la cosa se pone más divertida. Pero la verdadera joya del plan es la compensación: 25 euros por hora extra, hasta un máximo de 45 horas al mes. El doble de lo habitual, dicen, lo que ha levantado ampollas entre los agentes, que se sienten más como bomberos apaga fuegos que como funcionarios públicos. Jupol, el sindicato, ya ha alzado la voz: “¿Refuerzo estructural? No, gracias. Mejor que los policías se sacrifiquen un poco más”. La resolución policial, con su lenguaje eufemístico, habla de “ampliar la capacidad operativa”. En cristiano, significa que los agentes de Documentación, ya sobrecargados, trabajarán tardes y sábados para expedir las 91.000 TIE (Tarjetas de Identificación de Extranjeros) que ya han sido admitidas a trámite. Un plan de choque que, según los sindicatos, confirma que el Gobierno sabía que esto iba a pasar, pero prefirió improvisar. Y mientras tanto, Correos también se ahoga en papeleo, con empleados que denuncian la falta de personal y la congelación de contrataciones. En resumen, una fiesta burocrática pagada con el sudor (y los 25 euros por hora) de los funcionarios.
El juez Calama, con la paciencia de quien busca la aguja en un pajar (o, en este caso, el eslabón perdido en una trama de corrupción), ha pedido auxilio a EEUU. ¿Por qué? Para que certifiquen las pruebas contra Zapatero. La cosa es seria: estamos hablando del primer expresidente imputado por corrupción en democracia. Un hito, si no fuera por lo que implica. La madeja empieza a desenredarse con Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un rescate de 53 millones de euros -más que algunos presupuestos autonómicos-. Reyes, según conversaciones interceptadas por la Homeland Security Investigations (HSI), sugirió “tocar puertas” y, de paso, “pedir ayuda a Zapatero”. La frase que da la vuelta al mundo: “Si bro. Nuestro pana Zapatero detrás”. Un mensaje de WhatsApp que vale más que mil informes policiales. La UDEF ha estado rastreando cuentas offshore, fideicomisos y empresas pantalla (Dinosaur Bank, Panacorp, Capital Bank… suenan a villanos de James Bond). El juez Calama estima que el entorno de Zapatero se habría embolsado entre dos y cuatro millones de euros en comisiones. Dinero que, al parecer, se movió con la agilidad de un liniero en hora punta. El rescate de Plus Ultra, aprobado en marzo de 2021, parece ser el punto clave. Y el nombre de Zapatero, el presunto líder de una “estructura estable y jerarquizada de tráfico de influencias”. El caso, que ha llevado a registrar el despacho de Zapatero en Ferraz y la sede de la empresa de sus hijas, Whathefav, se complica con la necesidad de validar las pruebas en EEUU. Porque, al parecer, la defensa del expresidente tiene la vista puesta en anularlas. Calama, mientras tanto, prepara la declaración de Zapatero, fijada para el 17 y 18 de junio. Un enfrentamiento que promete más sorpresas que una rifa de Navidad.
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