Crítica:
La crónica expone un hecho grave, pero se centra demasiado en el relato del chat, dejando en segundo plano la posible implicación de otros actores. El título, aunque llamativo, podría considerarse sensacionalista.
Leire Díez y el abogado de Cerdán planearon acusar sin pruebas a Repsol de financiar ilegalmente al PP
PSOE: Tejiendo querellas sin hilo
Otros artículos
El 'Traje a Medida' de Sánchez
El juicio al hermano del Presidente, David Sánchez, ha quedado visto para sentencia. El cargo, un “traje a medida” según la acusación, se cocinó a fuego lento entre correos electrónicos y reuniones secretas en la Diputación de Badajoz. Ángel Seco, técnico de Cultura, era el mensajero, redactando a toda prisa la descripción del puesto tras una reunión con el hermano del Presidente. Un mail del 21 de octubre de 2022, donde Seco detalla “pendientes” y justifica el puesto por “diversificación”, pinta un cuadro de ingeniería administrativa a la carta. La Diputación, curiosamente, manejó dos actas de valoración: una donde todos suspendían, otra donde de repente seis candidatos eran aptos, incluyendo a David Sánchez con unos generosos 95 puntos (aunque la suma inicial era de 90, un detalle menor, ¿no?). La Fiscalía, con una pasividad que levanta sospechas, solicitó la absolución, mientras que la acusación pide seis años de cárcel para David Sánchez y cuatro para Miguel Ángel Gallardo, ex presidente de la Diputación. Testimonios clave, como el del teniente coronel Antonio Balas, apuntan directamente a Gallardo como el cerebro de la operación. Y como guinda del pastel, correos revelan que Luis Carrero, asesor de La Moncloa, se preparaba para un traslado a la Diputación ¡23 días antes de que la plaza saliera a concurso! Un “soltó la liebre” en Moncloa que huele a chamusquina. Todo esto mientras las agendas de Leire Díez aludían a “órdenes de P.S.”, insinuando una mano firme desde arriba. En resumen, un embrollo de correos, actas manipuladas y favoritismos que pone en entredicho la integridad de la administración pública. Y mientras tanto, el ciudadano de a pie sigue lidiando con la lista de la compra y el sablazo en la factura de la luz. La justicia decidirá, pero la sensación es que aquí hay más gato en el calcetín de lo que parece.
Romero: El 'Plomo' en la Cloaca PSOE
Las libretas de Leire Díez, una suerte de agenda secreta escrita a mano, han destapado un aquelarre informativo donde el periodista José Manuel Romero, antes en ‘El País’ y ahora en ‘elDiario.es’, aparece como un contacto clave para la militante socialista. Un simple “Romero, en unos días”, garabateado entre notas sobre abogados y futuros libros, es suficiente para levantar la polvareda. ¿Coordinación? ¿Influencia? La pregunta flota en el aire mientras la UCO revisa cada coma de esos apuntes. En 2025, Romero juraba ante el Supremo conocer información clave antes que el mismísimo fiscal general, Álvaro García Ortiz, pero la sentencia lo desmintió. Ahora, la libreta de Leire Díez le devuelve al foco, sugiriendo una estrategia conjunta donde los movimientos legales y mediáticos danzaban al son de WhatsApp. “Hablé con Romero”, confirmaba Leire, mientras Teijelo, su abogado, aprobaba: “Vale. Yo he quedado con el de la SER”. El 7 de marzo de 2026, para ser exactos. La cosa se pone más turbia cuando vemos que Romero, de forma inusual en el gremio, acudió a un notario para defender al fiscal general. Un acto que levanta ampollas y huele a chamusquina. Mientras tanto, ‘elDiario.es’ publicaba artículos que, según los chats, ya se estaban “gestionando” con la SER. El 20 de enero de 2025, Leire Díez anunciaba que estaba “preparando una cosa con los medios”. ¿Qué cosa, exactamente? Las libretas no lo dicen, pero la sombra de la manipulación informativa se alarga sobre la escena. Todo esto, mientras el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, era acusado de difundir información falsa, según Romero, en un artículo publicado por ‘El País’ a las 22:38 del 13 de marzo de 2024.
PSOE arrasa… ¡pero a kilómetros!
Mientras en España el PP celebra victorias con el sudor en la frente (y la papeleta en mano), el PSOE se pasea por el extranjero recogiendo votos como si fueran caramelos. Un giro inesperado, ¿o no tanto? La ‘ley de nietos’ y la flexibilización de los controles de Correos –esa empresa pública que parece tener más agujeros que un queso suizo– han abierto la puerta a un flujo de votos CERA (Censo de Electores Residentes Ausentes) que favorece a los socialistas en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura. Pero ojo, que no nos confundamos: estos votos, aunque pintan un cuadro diferente, no son suficientes para cambiar el resultado final. Correos, bajo el paraguas de la SEPI, modificó la trazabilidad de los votos, pasando de un control exhaustivo a un sistema de registro por rangos, lo que, según fuentes internas, podría haber comprometido la seguridad del 90% de las certificaciones. En 2023 se registraron 233.688 votos CERA, y aunque se temía una alteración significativa, solo un escaño cambió de manos en Madrid. En Andalucía, el PSOE ganó en el exterior con 6.703 votos frente a los 6.307 del PP, un contraste notable con las elecciones de 2022, donde el PP lideraba con 1.881 votos. Castilla y León sigue la misma tónica, con 4.303 votos para el PSOE y 3.281 para el PP. Aragón y Extremadura completan el cuadro, confirmando una tendencia que, aunque no decisiva, es innegable. ¿Casualidad? ¿Estrategia? ¿O simplemente el reflejo de una diáspora con otras prioridades? La pregunta sigue en el aire, mientras Correos guarda silencio.
EFE: El Sablazo a los Directivos
La Agencia EFE, faro de la información... o al menos eso se supone, se ha convertido en el perfecto ejemplo de cómo la hipocresía se disfraza de “retribución variable”. Mientras los directivos se abrochan el cinturón de seguridad con bonus de casi 700.000 euros, los periodistas, los que realmente hacen el trabajo, se preguntan si el próximo sueldo dará para llegar a fin de mes. El presidente, Miguel Ángel Oliver, engordó su cuenta corriente en 191.044,74 euros en 2025, de los cuales 53.025,66 fueron solo por “cumplir objetivos” (que nadie ha visto, por cierto). La deuda de la agencia se aproxima peligrosamente a los 20 millones de euros en 2025, una cifra que contrasta brutalmente con la alegría en las cuentas de los altos cargos. Javier Lizón, secretario general del Sindicato Independiente, lo resume a la perfección: un redactor apenas rasca los 27.000 euros anuales, mientras que Oliver necesita… ¡otra secretaria! (con un salario 15.000 euros superior). La cosa se pone más surrealista si recordamos la situación de los corresponsales en Oriente Próximo y Buenos Aires, que luchan por sueldos que no alcanzan los 1.000 o 400 euros mensuales, respectivamente. Pero no todo es dinero. La agencia se aventura en proyectos de “nuevas narrativas” como Gen F, que los sindicatos tildan de “chiringuitos para amiguetes” y que parecen alejarse cada vez más de la esencia de un servicio público. Y mientras tanto, la sede de Sevilla, abandonada desde hace tres años, sigue pagando alquiler. ¿Alguien entiende algo? La Agencia EFE, en resumen, parece estar navegando a la deriva, con una dirección más preocupada por engordar sus propios bolsillos que por mantener a flote el barco. La tasa de reposición, lejos de contratar periodistas, se dedica a fichar comerciales y secretarias. La lógica es implacable: cuanto peor, mejor.
Puente: Ocultando la avería del tren.
Óscar Puente, el ministro de Transportes, ha decidido que algunas preguntas son demasiado incómodas. En lugar de facilitar el número de incidencias en la línea Barcelona-Girona entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, prefiere llevar el asunto a la Audiencia Nacional. ¿El motivo? Que, según ADIF, recopilar esa información es como buscar una aguja en un pajar de 14.345 circulaciones. ¡Un pajar con facturas! El Consejo de Transparencia, con una lógica que parece escaparse al Ministerio, ya había dictaminado que la petición era sencilla: el total de incidencias, nada más. No un desglose digno de Einstein. Pero esto no es nuevo. ADIF tiene un historial de rechazar solicitudes de información alegando que es como pedirles una auditoría completa. Que atender esas peticiones es un “despilfarro” de recursos, como si informar a los ciudadanos fuera un lujo que no nos podemos permitir. El caso de las Cercanías de Madrid en 2020-2024 es un ejemplo claro. Mientras tanto, el sistema ferroviario español sigue tambaleándose. Problemas de puntualidad, el accidente de Adamuz, limitaciones de velocidad en Madrid-Extremadura… y el Ministerio prefiriendo batallas legales a dar cuentas. ¿Acaso temen que la lista de incidencias sea más larga que la lista de la compra de un mes? La Audiencia Nacional decidirá si las limitaciones técnicas son una excusa válida para ocultar información o si la transparencia es un derecho fundamental, incluso cuando se trata de trenes que llegan tarde. La pregunta es: ¿qué están escondiendo realmente?
Air Europa: El rescate a la carta
La agenda de Leire Díez, esa fontanera del PSOE con más contactos que el servicio técnico oficial, lo confirma: el rescate de Air Europa, esos 475 millones de euros, se cocinó a fuego lento meses antes de que el Gobierno lo aprobara. Mientras tú y yo nos apretábamos el cinturón para pagar la gasolina, Globalia, la matriz de Air Europa, tenía una línea directa con el poder. ¿La prueba? Anotaciones en cuadernos, reuniones secretas, y un “permiso de Europa” que se solicitaba cuando la deuda superaba los 300 millones. Una auténtica ingeniería financiera disfrazada de rescate estratégico. El CEO de Air Europa, Javier Hidalgo, no era de los que esperan sentado. Presionó a asesores y altos cargos, porque claro, en tiempos de pandemia, el dinero público no crece en los árboles. Y mientras tanto, Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, seguía moviendo los hilos desde la sombra, con un despacho a su disposición y conversaciones semanales con su sucesor. Un “papel no visible pero oficial”, según la propia Leire, para seguir “interlocutando” en operaciones complejas. En resumen, una SEPI paralela, un club de amigos donde los favores se intercambian por villas en Marbella (9.500€ de alquiler pagados por la secretaria del ministro, qué detalle) y patrocinios a fundaciones afines (40.000€ anuales al Africa Center de Begoña Gómez). Pero la cosa no acaba ahí. La trama se extiende a contratos inflados, rescates sospechosos (como el de Tubo Reunidos, con comisiones millonarias para Fernández) y mensajes explícitos (“A ver cuándo reconoces que hay cosas que se hacen bien, imbécil”). La justicia investiga si todo esto fue una orquestación para desestabilizar cualquier investigación que afectara a los intereses del PSOE. Un agujero contable de 132,9 millones de euros, y una sensación generalizada de que, en este país, el rescate es para unos pocos, y la factura, para todos.
Aldesa: La ‘Empresa B’ de los contratos
La trama destapada con las notas de Leire Díez huele a podrido, y no a jazmín. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar los números de la lista de la compra, Aldesa, una constructora que ha visto pasar más ministerios que cambios de gobierno, se ha embolsado 176 millones en contratos públicos desde que Óscar Puente aterrizó en el Ministerio de Transportes. ¿Casualidad? La UCO, con lupa en mano, ha encontrado un laberinto de reuniones secretas entre Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán, y Alejandro Fernández, exCEO de Aldesa, muy amigo de José Luis Rodríguez Zapatero. El tema: montar una “empresa B”, una tapadera para, digamos, optimizar los beneficios. Los chinos, a través de China Railway Construction Corporation (CRCC), entraron en la ecuación, comprando Aldesa y dando luz verde a la operación. Y ahí está Julito, testaferro de Zapatero, cobrando 127.000 euros de Aldesa por “consultoría estratégica”. Un sablazo en toda regla. Leire Díez, la encargada de “desactivar causas judiciales”, lo apuntaba todo en sus libretas, como quien anota los gastos del mes. Un proyecto confidencial en Sevilla, con Tragsa y Acciona en el horizonte, completaba el cuadro. La trama se teje entre contratos, testaferros y una red de favores que parece no tener fin. Aldesa, con el beneplácito de ADIF y la Dirección General de Carreteras, ha recibido un flujo constante de dinero público. La pregunta es: ¿quién se beneficia de todo esto? Y, sobre todo, ¿a quién le cuesta la broma?
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