Crítica:
La noticia es un esqueleto informativo que evita conectar los puntos entre la salida de Martínez y los registros. Demasiada deferencia hacia el comunicado oficial y poca curiosidad por el 'timing' de la dimisión.
Seis detenidos por los registros en el Ayuntamiento de Soria, del que fue alcalde casi 20 años el líder del...
Soria: Limpieza en el Área de Comercio
Otros artículos
Koldo: De mascarillas a millonarios públicos
La justicia ha decidido que 24 años de prisión son el precio justo para que José Luis Ábalos reflexione sobre su gestión del tiempo. El Tribunal Supremo no solo ha puesto el sello al 'caso Koldo', sino que ha dejado claro que el Ministerio de Transportes no era una oficina pública, sino la sede central de una organización criminal donde Víctor de Aldama se paseaba como si fuera el dueño del chiringuito. Mientras el ciudadano medio hace malabares para que la cuenta corriente no le diga 'adiós' a final de mes, algunos descubrieron la magia de la multiplicación rápida: Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL pasó de facturar cero euros en 2019 a embolsarse 53 millones gracias a la generosidad de Puertos del Estado y ADIF. Es el equivalente a que el vecino que no tiene ni para el pan acabe comprando un yate porque el Ayuntamiento le ha dado un contrato de emergencia. Pero el verdadero 'sablazo' maestro sigue en el limbo. Hablamos de los 263 millones de euros que Salvador Illa adelantó a FCS Select Products SL, una empresa de marketing para bebidas alcohólicas que no tenía ni un solo trabajador. Imaginen el surrealismo: contratar a alguien que hace etiquetas de botellas para gestionar la emergencia sanitaria. Lo más tierno es que la administradora de FCS ya tenía un currículum brillante: condenada en 2016 por estafa agravada. Ahora, mientras la Fiscalía Anticorrupción pide seis meses más al juez Ismael Moreno para seguir rascando, el expediente de Sanidad duerme la siesta en la Fiscalía Europea desde julio de 2022. Mientras tanto, la lista de invitados al banquete judicial crece con 14 imputados, incluyendo a Santos Cerdán y el presunto 'cupo vasco' de obras. El caso Koldo no es una noticia, es un catálogo de cómo vaciar las arcas públicas bajo el pretexto del pánico colectivo.
El rescate que salió carísimo: comisiones SEPI
Hay que tener valor para llamar 'rescate' a una operación donde el dinero público fluye como agua en canalización mal puesta. Tubos Reunidos, la joya alavesa que recibió una inyección de 112,8 millones de euros en 2021 para no hundirse, decidió que el agradecimiento no bastaba y prefirió pagar la factura de los 'amigos'. En total, 247.459 euros se fueron en comisiones para la trama de Leire Díez, una cifra que para el ciudadano medio es un sueño febril, pero que para estos señores era simplemente el coste de lubricar los engranajes del poder. La ingeniería fue de manual: primero, 114.959 euros pasaron por Mediaciones Martínez, esa sociedad instrumental que servía de buzón para que Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, se repartieran el botín. Luego, cuando el hambre de comisiones apremia, Vicente Fernández decidió saltarse al intermediario y cobrar 132.500 euros directamente en su cuenta personal. Un movimiento audaz, casi poético, que el juez Santiago Pedraz no ha visto con buenos ojos, imputando ya a tres altos cargos, incluido el expresidente ejecutivo Francisco Irazusta. Pero el guion tiene un giro fascinante en la calle Ferraz. El informe de la UCO sitúa a Santos Cerdán, ex secretario de Organización del PSOE, en una reunión de noviembre de 2024 que, mágicamente, cambió la actitud de la SEPI respecto a la amortización del rescate. Mientras el ciudadano lucha con la inflación, en las altas esferas se gestionan aplazamientos de deuda y desbloqueos del FASEE con llamadas y cenas. El grupo Hirurok no vendía tuberías, vendía accesos; y Tubos Reunidos pagó el pase VIP con el dinero que, irónicamente, ya era parte del rescate público.
Sepides oculta contratos del IE por 'secretos'
Hay un mantra en la administración pública que suena a música celestial: 'transparencia'. Pero cuando la música llega al complejo Campos Velázquez en Madrid, la partitura cambia. La Sepides, el brazo inmobiliario de la SEPI, ha decidido que jugar al escondite con los contratos de alquiler del Instituto de Empresa (IE) es la mejor estrategia comercial. Según ellos, soltar los papeles podría dejarlos en desventaja frente a otros promotores, como si alquilar oficinas fuera una partida de póker de alta tensión donde revelar la mano es un pecado mortal. Lo curioso es que el IE no es cualquier inquilino; es el lugar donde Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, dejó su huella profesional. Mientras el ciudadano medio pelea con la factura de la luz o ajusta el presupuesto del súper, la Sepides gestiona tres contratos (firmados en 2010, 2013 y 2017) que suman una superficie ridícula de 20.320,57 metros cuadrados. Sí, más de veinte mil metros de moqueta y aire acondicionado que, según la resolución, se pagan a 'precios de mercado'. Pero el plato fuerte no es el alquiler, sino el 'empujoncito' financiero de 2020. En plena pandemia, cuando el mundo se caía a pedazos, la Sepides le soltó al IE un préstamo de cinco millones de euros. Un movimiento que dejó perplejo incluso a José Ángel Partearroyo, exdirector de Participadas de la SEPI, quien admitió que le 'sorprendió' tal generosidad. La entidad dice que el dinero volvió en seis meses con sus intereses (Euríbor + 2%) y penalizaciones, como quien devuelve un libro a la biblioteca antes de que la multa sea prohibitiva. Todo bajo la bendición de la Intervención General de la Administración del Estado para los ejercicios 2023 y 2024. Eficiencia pura, dicen ellos; opacidad selectiva, dice la calle.
Placas solares: el 'talo' al bosque europeo
La transición ecológica es un concepto fascinante, especialmente cuando se explica desde el despacho de un funcionario que no ha pisado el barro en su vida. En Jalance, la Comunidad Valenciana, acabamos de presenciar una obra maestra del surrealismo administrativo. Resulta que en el año 2000, la Unión Europea decidió que era buena idea soltar fondos para reforestar tierras agrícolas. Plantaron miles de encinas, las cuidaron durante 25 años y dejaron que superaran los tres metros de altura. Un proyecto sólido, verde y, sobre todo, pagado con el dinero de todos. Pero claro, el viento cambió y ahora lo 'verde' es el silicio. Entra en escena Promonrg Solar Fotovoltaica I SL. La empresa quiere montar un mar de placas solares y, para ello, ha decidido que treinta hectáreas de encinar en el Campichuelo del Campo estorbaban. Lo más cómico es el baile burocrático: el 30 de noviembre de 2023, la Dirección General de Medio Natural y Animal advirtió que se perdería un bosque ya instaurado y pidió salvar las parcelas 13, 14 y 17 del polígono 4. Fue un aviso claro, como quien te dice que no metas el televisor en la bañera. Sin embargo, tras unos cuantos escritos y reuniones donde seguramente se ajustaron las corbatas, la administración cambió de opinión en mayo de 2025. De repente, arrasar con el bosque era 'compatible'. La Asociación Naturalista de Ayora y Valle (ANAV) ha tenido que acudir a la Guardia Civil porque, mientras nosotros nos peleamos por reciclar el yogur, en Jalance trituraban árboles en plena época de nidificación. Han convertido un escudo contra la desertificación y una Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) en un parking de espejos. Es la lógica del siglo XXI: gastamos dinero público en plantar un bosque para luego cobrar subvenciones por quitarlo. Eficiencia pura.
Zapatero y el chiringuito de sus hijas
Hay negocios que no venden servicios, venden apellidos. Whathefav, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, es el ejemplo perfecto de cómo montar un chiringuito de marketing donde el 'know-how' es, básicamente, tener un padre con contactos. La empresa cobró al menos 239.000 euros de firmas vinculadas al caso Plus Ultra, una cifra que en el mundo real equivaldría a cobrarle a alguien el precio de un coche deportivo por decirle que 'se ponga guapo' en Instagram, y todo esto sin que se pueda acreditar qué demonios hicieron para ganar ese dinero o con unos honorarios que rozan la fantasía. El castillo de naipes se derrumbó el 19 de mayo. Mientras el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero veía cómo la UDEF registraba su casa en Las Rozas, siete agentes aterrizaban a las 10:00 en la calle San Germán para asaltar la oficina de las hijas. Desde entonces, la plantilla —que ya era un grupo reducido de cinco o seis personas— ha saltado por la ventana. El pánico es tal que algunos ex empleados han borrado la agencia de sus currículos como quien borra un mensaje comprometido antes de que lo lea su pareja. Hoy, Laura y Alba son las únicas que quedan al volante de un barco que ya no navega. Lo más tierno es el instinto paternal: Zapatero, viendo que el grifo de los clientes se cerraba y que marcas como Huawei ya no querían que su logo apareciera en la web de Whathefav, se puso el traje de comercial. El hombre no solo presionó a Julio Martínez (dueño de Análisis Relevante) para que contratara a sus hijas, sino que en abril intentó torear a Movistar Plus+ para conseguirles cuentas. Todo esto mientras la agencia presumía de un beneficio neto de 125.640 euros en el último ejercicio. Ahora, el juez José Luis Calama y la Fiscalía Anticorrupción les esperan en la Audiencia Nacional para explicar cómo funciona exactamente ese 'marketing' de influencias.
Begoña Gómez: ¿Más ruido que el Papa?
Hay quien dice que el teatro es un arte, pero lo de Antonio Camacho en el Juzgado Número 41 de Madrid es, sencillamente, una obra maestra del surrealismo jurídico. Imaginen la escena: el abogado de Begoña Gómez mirando al juez Juan Carlos Peinado y soltando, sin pestañear, que este asunto tiene cuatro veces más impacto mediático que la muerte del Papa Francisco. Sí, cuatro veces. Básicamente, que el fin del pontífice es un trámite administrativo comparado con el ruido que genera la esposa de Pedro Sánchez en los pasillos de Plaza de Castilla. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, aquí se juega la partida del pasaporte. El magistrado no se ha dejado llevar por la lírica y ha decidido enviarla a juicio oral y quitarle el pasaporte. Un sablazo procesal que deja a la señora en tierra. El núcleo del conflicto es un software de la Universidad Complutense de Madrid que, según la defensa, fue un 'ofrecimiento generoso' de Begoña ponerlo a su nombre. Traducción para los que hablamos idioma calle: intentar registrar a tu nombre algo que es de la universidad y luego decir que era un favor cuando el juez ya te está pidiendo cuentas. Una jugada de esas que en el barrio llamaríamos 'querer colar el gol después de que el árbitro haya pitado falta'. La tensión alcanzó el clímax cuando Camacho decidió jugar al interrogatorio rápido con el abogado de la Complutense, olvidando que en el Juzgado Número 41 el que pone las reglas del juego es Peinado. El juez, con la paciencia de quien sabe que tiene el mazo en la mano, le recordó que él dirige la orquesta. Al final, nos queda la imagen de una lucha de egos donde la malversación y la apropiación indebida son el telón de fondo de una batalla por quién grita más fuerte en la televisión.
Begoña Gómez: ¿Escolta o servicio de fuga?
Que el juez Peinado haya retirado el pasaporte a Begoña Gómez por riesgo de fuga no es un capricho judicial, es sentido común para quien conoce el patio deنا casa. Mientras el ciudadano medio suda la gota gorda para que no le suban la cuota de la hipoteca, aquí hablamos de una señora acusada de cuatro delitos y bajo investigación por otros dos, sospechosa de usar la Presidencia del Gobierno como una oficina de gestoría privada para sus negocios. El entramado es digno de una serie de Netflix: fondos públicos moviéndose sin permiso, la complicidad de Cristina Álvarez —funcionaria de la Moncloa que parece haber confundido el servicio público con un club de favores— y el amigo Barrabés aceitando la cátedra. Lo verdaderamente delirante es la sorpresa de algunos ante la posibilidad de que la policía, en lugar de ponerle las esposas, le abra la puerta del garaje para que desaparezca. Pero es que en este país tenemos una tradición ancestral en 'ayudas logísticas' para los amigos. No hemos aprendido nada del Caso Zapatero, donde el idealismo de fachada escondía una caja fuerte llena de joyones y una fortuna amasada sirviendo al régimen de Caracas. Si ya tuvimos la comedia de Puigdemont escapando en el maletero de un coche con la bendición de los cuerpos de seguridad, ¿quién puede asegurar que la escolta de Gómez no reciba una llamada de 'órdenes superiores' para mirar hacia otro lado? Desde las cloacas de Rubalcaba hasta los brindis de la marisquería Rianxo, el sistema parece venir corrompido de fábrica. El juez Peinado no es un cínico; es un observador que recuerda que, entre detenciones ilegales como la de Nacho Cano y despliegues militares en la Plaza de Castilla para proteger la entrada de la esposa del Presidente, la ley a veces es solo una sugerencia dependiendo de quién firme el cheque o el decreto.
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