Crítica:
La noticia es un despliegue de datos técnicos brillante, pero el título original es demasiado plano para la magnitud del escándalo. Le falta subrayar la desfachatez de inflar una factura 700.000 euros en tres días.
Pedraz imputa a la presidenta de la SEPI y a otras 24 personas en la causa que investiga las cloacas del PSOE
El club 'Hirurok': el sablazo del PSOE
Otros artículos
Sánchez legaliza mascotas de origen dudoso
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' es el camino para todo, incluso para el perro del vecino que viene de un criadero clandestino. Bajo el ala del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, liderado por Pablo Bustinduy, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'salvoconducto' administrativo. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se permitirá incluir animales con 'origen no acreditado' o de 'criadores no registrados'. Traducido al lenguaje de la calle: es como si te permitieran registrar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, convirtiendo la irregularidad en legalidad con un clic. Mientras el ciudadano medio se deja la piel para que no le claven un recargo en la factura de la luz, el Ejecutivo diseña un sistema donde el comercio ilegal de animales no se combate, sino que se invita a pasar la alfombra roja y se le asigna un número de expediente. La Unión Europea ya ha recibido las alertas sanitarias a través del trámite TRIS. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado la manta avisando a Bruselas de que esto dinamita la trazabilidad sanitaria. Si no sabes de dónde viene el animal, saber cómo se llama no sirve de nada; es como ponerle una etiqueta de marca a una camiseta falsificada. El riesgo es real: vicios ocultos, patologías congénitas y un vacío absoluto de responsabilidades. En lugar de actuar como garantes, el Gobierno prefiere legalizar el hecho irregular sin abrir un solo expediente de sanción. Una ingeniería administrativa que, en lugar de limpiar el mercado, le pone un sello oficial al chiringuito ilegal.
Boda y alquiler: el 'pack' silencio PSOE
Hay quien paga la boda de su hija con ahorros y quien, según Carmen Pano, esperaba que el PSOE se la financiara a cambio de un silencio estratégico. No hablamos de una propina, sino de un 'pack' de 250.000 euros que incluía el banquete nupcial de Leonor y el alquiler de su casa durante siete años. Un plan de pensiones improvisado por las cloacas del partido para borrar los rastros de dinero en efectivo que aterrizaron en la sede de Ferraz. Este lunes, Pano volvió ante el juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional para ratificar que la oferta llegó vía Leticia de la Hoz, la abogada de Koldo García. El guion era sencillo: cambiar la versión, cobrar el cheque y olvidarse de los sobres. Hasta el chófer, Álvaro Gallego, entró en la ecuación con una oferta de 15.000 euros; un detalle menor, casi un 'bonus' de Navidad, que al final decidieron no cobrar para terminar denunciando el asunto. Mientras tanto, la defensa de De la Hoz juega la carta del 'estafador': sostiene que Pano fue quien llamó en febrero de 2025 buscando asesoría para vender operadoras de hidrocarburos. Según la letrada, el negocio se torció no por la ética, sino por la contabilidad: la sociedad Gran Zufaira tenía un agujero de 470.000 euros de IVA y el registro REDEF retirado. Básicamente, que no se puede comprar el silencio de alguien que tiene el libro de cuentas más rojo que una bandera socialista en campaña. Entre el caso Koldo y las ramificaciones de Santos Cerdán, la justicia intenta descifrar si estamos ante una estructura organizada de obstrucción o ante un malentendido empresarial. Lo cierto es que intentar comprar un testimonio incluyendo la lista de invitados de una boda es, cuanto menos, una audacia narrativa digna de un manual de corrupción para principiantes.
Sánchez legaliza mascotas 'sin papeles' y Europa avisa
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la 'regularización' no sea solo para personas, sino que ahora llegue al salón de casa. Bajo la batuta de Pablo Bustinduy y el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, se cocina un reglamento para la ley de bienestar animal que es, básicamente, un 'borrón y cuenta nueva' para los criadores clandestinos. La jugada es sencilla: crear un registro obligatorio de mascotas donde se pueda marcar la casilla de «animal procedente de criador no registrado». Traducido al lenguaje de la calle: es como si el Estado te permitiera legalizar un coche robado simplemente diciendo que el vendedor no tenía papeles, sin hacerle ni una pregunta al dueño anterior. La Unión Europea, que suele mirar estas cosas con lupa, ya ha recibido las alertas. El problema no es la bondad del corazón, sino la trazabilidad sanitaria. ASCELCRE, la asociación de profesionales del sector, ha saltado el tablero enviando un informe a Bruselas denunciando que esto no combate la cría ilegal, sino que le pone la alfombra roja y la sella con un sello oficial. Mientras que en la ganadería no puedes registrar una vaca sin que haya un operador autorizado (porque el riesgo de que una epidemia te vacíe el bolsillo es real), aquí el Gobierno propone una identificación individual que ignora el origen. Es la hipocresía de manual: se vende como una medida de protección y lucha contra el abandono, pero en la práctica es un regalo para los circuitos negros. Al permitir inscripciones sin origen acreditado, el consumidor queda totalmente desprotegido. Si el perro resulta tener una patología congénita o un vicio oculto, no hay a quién reclamar; el responsable ha desaparecido en el limbo de la 'regularización administrativa'. Un trámite TRIS que, en lugar de limpiar el sistema, parece querer blanquear la informalidad con un clic.
Hacienda pierde el rastro de 20 millones
Hacer una donación al Estado es como tirar una moneda en una fuente pública: te quedas con la esperanza de que el deseo se cumpla, pero rara vez ves dónde acaba el metal. El Ministerio de Hacienda ha jugado al escondite con el dinero de la gente. De los 30.059.766,60 euros que los ciudadanos depositaron con el corazón en la mano tras la dana del 29 de octubre de 2024, solo han sabido explicar qué pasó con un tercio. Diez millones han salido del saco, repartidos en dosis quirúrgicas de 126.583 euros para municipios como Valencia, Paiporta, Chiva o Torrent. Un reparto tan equitativo que parece diseñado con regla y cartón, ignorando que el barro no golpea a todos por igual. Pero aquí viene el truco de magia. Los otros 20,06 millones de euros han entrado en la cuenta operativa del Tesoro Público y, desde entonces, han desarrollado la capacidad de invisibilidad. Hacienda se lava las manos con una pirueta burocrática: dicen que ellos solo 'reciben y trasladan', y que la Intervención General de la Administración del Estado es quien lleva la libreta de cuentas. Es el clásico 'no me mires a mí, pregúntale al de al lado' mientras el dinero público flota en un limbo administrativo sin calendario, sin remanentes claros y sin un ápice de transparencia. Mientras tanto, Bruselas juega en otra liga. Ursula von der Leyen ha desplegado la artillería pesada con 846 millones del Fondo de Solidaridad Europeo, que se suman a los 100 millones anticipados en marzo de 2025. En total, 945 millones para reconstruir puentes y limpiar el desastre que dejó 230 muertos. El contraste es obsceno: mientras la UE mueve montañas de capital con precisión europea, el Tesoro español parece haber perdido la factura de 20 millones de euros de los donantes.
El 'milagro' de los 23 millones: Gauzón gana
En la administración pública existe un arte místico llamado 'insistencia'. No es terquedad, es una disciplina olímpica donde el objetivo es darle el dinero a quien quieres, aunque el camino esté lleno de señales de 'prohibido el paso'. El caso es digno de una comedia de errores con presupuesto de blockbuster. Rafael Ruiz, el exsecretario de Estado de Seguridad y mano derecha de Marlaska, decidió que Gauzón Ibérica era la pareja ideal para gestionar los buques oceánicos de la Guardia Civil. El problema es que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales ya les había puesto un veto en un contrato previo de 20 millones por saltarse el principio de igualdad. ¿La solución? Un despliegue de ingeniería administrativa fascinante. Primero, dejaron el procedimiento desierto. Ni el que ganó el recurso, ni nadie. Luego, para que los barcos Río Segura, Río Miño y Río Tajo no se convirtieran en museos flotantes mientras esperaban que alguien los manejara, recurrieron a la vieja fiabilidad de las 'emergencias'. Siete veces. Siete parches rápidos para evitar que el sistema colapsara mientras, en paralelo, cocinaban la jugada final. El resultado fue un contrato de 23.179.333 euros firmado en marzo de 2025, donde Gauzón Ibérica volvió a ganar la lotería administrativa. Lo más surrealista es que ni siquiera la Abogacía del Estado ni la Intervención estaban convencidos. El 7 de enero de 2025, los técnicos advirtieron que la empresa no acreditaba la solvencia técnica exigida. En el lenguaje de la calle, es como intentar contratar a un capitán de barco que no presenta el título de navegación, pero el jefe decide que 'está bien así' tras una votación de tres contra dos. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración por una ayuda de 100 euros, aquí se han movido 23 millones con la naturalidad de quien pide un café, ignorando los avisos de los abogados para que el dinero termine en el mismo bolsillo de siempre.
Zapatero y el 'rescate' exprés de Plus Ultra
Hay quien gestiona la cosa pública y hay quien la usa como si fuera el cajero automático de su mejor amigo. El juez Calama ha empezado a limpiar el polvo de los archivos y lo que ha encontrado no es un error administrativo, es una coreografía de influencias. Resulta que Plus Ultra, una aerolínea que necesitaba un oxígeno urgente, no buscaba un análisis técnico serio —de esos que te dicen que no eres viable—, sino un '100% de seguridad' en el cobro de un rescate de 53 millones de euros. Básicamente, querían que el dinero llegara sin que ningún técnico se pusiera la gafa de auditor y empezara a hacer preguntas incómodas. Para ello, el 'pana' Zapatero habría operado desde la sombra, coordinando la jugada con su secretaria, Gertrudis, y el presunto testaferro Julio Martínez, alias 'Julito'. Mientras el ciudadano medio pelea con la administración para que no le cobren la tasa de basuras, aquí se hablaba de mover 53 millones de euros de todos los españoles mediante una 'finance boutique' diseñada para camuflar los pagos. La UDEF lo tiene claro: una estructura donde Manuel Aarón Fajardo y Julito hacían de lugartenientes, mientras se intentaba primero un préstamo del ICO vía Banco Santander y, al fallar, se saltaron al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (Fasee) gestionado por la SEPI. Incluso intentaron tocar la puerta de José Luis Ábalos a través de Koldo García Izaguirre. Zapatero ya acumula seis imputaciones judiciales: desde tráfico de influencias hasta blanqueo de capitales. Se ha presentado ante la Audiencia Nacional con las manos vacías, dejando que los chats y los correos electrónicos hablen por él. Al final, el 'respaldo estratégico' resultó ser un puente demasiado corto para evitar la justicia.
Red.es: Tres ofertas leídas y un 4000% de beneficio
Imagínate que vas a comprar un coche y, entre 21 concesionarios, solo te molestas en abrir los folletos de tres porque un 'amigo' te ha dicho que uno es el bueno. Pues eso es, a escala industrial, lo que ha montado Luis Prieto en Red.es. Mientras el ciudadano medio se pelea con la aplicación del banco para que no le cobren una comisión por respirar, Prieto decidió que leer 18 ofertas era un esfuerzo excesivo para su agenda. Simplemente pidió que le enviaran por correo los papeles de la UTE The Valley-Barrabés, Everis y Santillana, ignorando el enlace con el resto de candidatos como quien ignora los términos y condiciones de un software. La UCO ha destapado un mecanismo de relojería donde la meritocracia fue sustituida por el 'estilo Barrabés'. Según el informe, la consigna era clara: «Barrabés es la buena. Las otras hay que bajar sí o sí». Un ejercicio de honestidad brutal que haría palidecer a cualquier auditor. Para que nos entendamos, es como si en un examen el profesor decidiera que tú tienes el 9,5 asegurado y que a los demás, aunque hayan estudiado, hay que bajarles la nota para que no te alcancen. Así, Datamaox Training SLU vio cómo su 9,8 se evaporaba hasta un 8,5, mientras que CICE SA sufrió un sablazo de 2 puntos enteros. Lo más delirante es que Prieto firmó solo, aunque nueve personas de Economía Digital estaban en el ajo. Todo este despliegue de 'ingeniería de valoración' ocurre mientras el máster de Begoña Gómez disparaba los contratos públicos de las empresas de Juan Carlos Barrabés en un asombroso 4000 %. No es que el viento soplara a favor; es que habían instalado un turborreactor en el presupuesto público el 16 de marzo de 2021, fecha en que Pepa Gallego confirmó que el jefe solo había leído las tres ofertas elegidas. Una gestión impecable, si lo que buscas es que el dinero público llegue siempre al mismo destino.
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