El texto original es una mina de datos, pero falla al no cuestionar más profundamente la viabilidad real de procesar millones de expedientes con refuerzos marginales. Es un ejercicio de 'contar papeles' que esconde la verdadera tensión política detrás del censo electoral.
Hay una ironía deliciosa, casi poética, en el despacho de Pedro Saura. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez se llena la boca defendiendo la sanidad pública como si fuera el Santo Grial, su empresa estatal, Correos, ha decidido montar un bazar de seguros privados en plena oficina de trámites. El escenario es el siguiente: personas en proceso de regularización, que aterrizan en las casi 400 oficinas habilitadas desde el 20 de abril, buscando desesperadamente un papel que les permita existir legalmente en España. Y ahí, entre el sello y el sobre, aparece el 'acompañamiento' corporativo. No es un acompañamiento fraternal, es un guion de ventas. Los empleados tienen instrucciones precisas: llevar al usuario a un 'espacio más tranquilo' para soltarle la frase mágica: «Aprovechando que estás regularizando tu situación, ahora es un buen momento». Básicamente, le venden la póliza de AXA mientras el ciudadano tiene el corazón en un puño esperando el visto bueno de su residencia. Es el equivalente a que te cobren el menú del día mientras te hacen la prueba de alcoholemia. Lo más descarado es la ingeniería financiera detrás del mostrador. Correos, que ha absorbido una subvención de 150 millones de euros este año y más de 400 millones en 2025 bajo el paraguas de los Servicios de Interés Económico General (SIEG), usa el dinero público para hacer de comercial de AXA. Todo esto ocurre mientras la empresa intenta tapar un agujero de pérdidas que, bajo el mandato de Juan Manuel Serrano, superó los 1.000 millones de euros. Es fascinante: el Estado paga el alquiler, la luz y el sueldo del empleado para que este le venda un producto privado a alguien vulnerable. Un negocio redondo, siempre que no seas el que paga los impuestos o el que compra el seguro.
Hay pasiones que despiertan tarde, y al parecer, el fervor geopolítico de Begoña Gómez por la OTAN ha florecido justo cuando el juez Juan Carlos Peinado le ha quitado el pasaporte. Resulta fascinante: de las siete citas internacionales de Pedro Sánchez desde 2018, la esposa del presidente solo se molestó en hacer las maletas para dos: Londres en diciembre de 2019 y Vilna en junio de 2023. Pasó olímpicamente de Bruselas en 2018 y 2021, de Washington en 2024 y de La Haya. Pero ahora, con el agua al cuello y procesada por cuatro delitos, Ankara se ha vuelto el destino más deseado del planeta. La jugada es maestra. La defensa, capitaneada por el exministro Antonio Camacho, le pide al juez que le devuelva el documento para asistir a la XXXVI Cumbre en Turquía del 7 al 10 de julio. El detalle es que, aunque para entrar en Turquía basta con el DNI —como quien va a comprar el pan—, para el siguiente paso sí hace falta el pasaporte. Porque la agenda incluye una escala en Reino Unido para la graduación de su hija mayor. Las acusaciones populares no han tragado el cuento: sugieren que la cumbre de la OTAN es solo el envoltorio brillante para llegar a la fiesta de fin de curso de la primogénita, que estudia Psicología. Mientras tanto, el juez Peinado, que el 20 de junio le prohibió salir de España y le obligó a comparecer dos veces al mes, sospecha que su escolta es más un servicio de extracción que de seguridad. El CGPG ya ha intentado darle un toque de atención al magistrado, pero la última palabra la tiene él. Es la danza clásica del poder: invitaciones oficiales de Emine Erdogan contra autos judiciales, todo mientras el ciudadano medio intenta que no le suban la luz.
En el juego de las sillas musicales del poder, algunos bailan hasta que la música suena a juzgado. María Tersa Castillo ha sido la primera en soltar el mando en Isdefe, la joya del Ministerio de Defensa, justo cuando el juez Santiago Pedraz ha decidido que 25 personas tienen que empezar a dar explicaciones sobre la trama Leire Díez. Castillo, que aterrizó en su puesto en mayo de 2025 tras un periplo por Mercasa (donde la SEPI tiene el 51% del pastel), parece haber comprendido que el organigrama web es el primer lugar donde se borran las huellas cuando el viento sopla en contra. Mientras el ciudadano medio se pelea con la factura de la luz, en los despachos de la SEPI se manejaban cifras que marean. Hablamos de una estructura paralela —el grupo Hirurok, que en vasco significa 'nosotros tres'— compuesta por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso. Estos tres caballeros y una dama no se conformaron con el sueldo; se habrían embolsado 750.000 euros moviendo hilos en operaciones que suman 132,9 millones. Es una ingeniería financiera donde la 'influencia' se traduce en billetes. El plato fuerte es el rescate a Tubos Reunidos: 112,8 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros el 20 de julio de 2021. Para que ese grifo se abriera, la presunta 'fontanera' del PSOE y sus socios habrían recibido una propina de 247.459 euros. Todo coordinado con una precisión de relojero, con citas en Moncloa el 8 de julio y llamadas al PNV que hacen que cualquier gestión de administración local parezca un juego de niños. Entre imputados figuran pesos pesados como Belén Gualda, José Vicente Berlanga y Rosario Arévalo, demostrando que en la cima del poder, la solidaridad solo existe a la hora de repartirse el botín.
En el juego de las lealtades políticas, la fidelidad dura exactamente lo que tarda en llegar la primera citación judicial. Julio Martínez Martínez, el hombre que servía de pantalla para los negocios del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que es hora de dejar de ser el 'pararrayos' de la organización. El próximo 21 de julio, Martínez comparecerá ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, y no lo hará para leer poesías, sino para cantar bajo la presión de su familia y la estrategia de su nueva abogada, la exfiscal María Dolores Márquez de Prado. Estamos hablando de un esquema donde 53 millones de euros de fondos públicos terminaron rescatando a la aerolínea Plus Ultra, mientras la UDEF describe a Zapatero no como un asesor, sino como el 'líder de una organización criminal'. Para el ciudadano de a pie, que sufre el sablazo de la inflación en cada ticket del súper, que un exmandatario se disfrace de 'consultor internacional' mientras su mano derecha gestiona una veintena de sociedades desde una nave industrial en Petrer (Alicante) es una broma de mal gusto. Martínez intenta jugar la carta del 'lacayo' —así lo llaman en los mensajes— para reducir su responsabilidad, como quien dice que solo era el recadero que llevaba los cafés. Pero su familia, especialmente su hermano Manuel, ya le ha recordado que el barco se hunde y que es mejor saltar con un chaleco salvavidas que ahogarse por una lealtad que Zapatero ya ha empezado a borrar. El expresidente, que el 16 de julio negó cualquier influencia en el rescate de Plus Ultra, pasó de la fe ciega al pánico procesal desde que Martínez cambió de abogado en mayo. La ingeniería financiera ha chocado con la realidad judicial: el silencio tiene un precio, pero la libertad, cuando el agua te llega al cuello, no tiene valor.
Hay quien gestiona el dinero público y hay quien lo trata como si fuera el Monopoly de su primo. Belén Gualda, la presidenta de la SEPI, ha elevado la paranoia a categoría de arte: prohibir móviles en los consejos, delegar firmas para no mancharse las manos y contratarse un seguro de responsabilidad civil con Starr Europe Insurance Limited por 126.000 euros. Básicamente, se compró un paraguas de lujo antes de que empezara a llover imputaciones por la trama SEPI. La jugada maestra ocurrió en julio de 2021. Mientras el ciudadano medio pelea con la letra pequeña de la factura de la luz, Gualda y su equipo hacían magia financiera. El 9 de julio hubo una cita secreta en Moncloa; cuatro días después, el 13 de julio, el Consejo Gestor —con una Sara Aagesen que pasó de sus dudas ecológicas en un abrir y cerrar de ojos— aprobaba 112,8 millones de euros para Tubos Reunidos, S.A. Una cifra que el Consejo de Ministros ratificó el 20 de julio sin pestañear. Lo fascinante es la ingeniería del silencio. Gualda, nombrada el 30 de marzo de 2021 por María Jesús Montero, empezó su mandato dinamitando la unidad de control de fondos. ¿Para qué vigilar el dinero si puedes usar el programa CARLA del CNI para que nadie se entere de nada? Mientras tanto, el dinero volaba: 120 millones para Duro Felguera, compras de acciones de Talgo a 4,25 euros cuando cotizaban a 2,82 (un regalo generoso con el bolsillo ajeno) y la fantasía de gastar 6 millones de euros en remodelar el edificio de la calle Velázquez. Todo esto mientras Vicente Fernández Guerrero, el presidente en la sombra, movía los hilos con Antxón Alonso y el PNV, culminando en una supuesta 'comisión' de 114.959 euros para Servinabar. Un despliegue de generosidad pública que deja a cualquier ahorrador con la boca abierta y el bolsillo vacío.
La lealtad en las altas esferas tiene la misma caducidad que un yogur olvidado en el coche en agosto. Julio Martínez Martínez, el hombre que según la UDEF era el 'lacayo' y presunto testaferro de José Luis Rodríguez Zapatero, ha decidido que el cariño familiar pesa más que el silencio pactado en El Pardo. El próximo 21 de julio, Martínez se sentará ante el juez José Luis Calama en la Audiencia Nacional, no para defender la honra del expresidente, sino para intentar salvar su propio pellejo mediante una colaboración con la Justicia. El escenario es fascinante. Mientras Zapatero se vende ahora como un inocente 'consultor internacional' (una etiqueta tan elástica que sirve para todo y para nada), la UDEF lo describe con un lenguaje mucho menos diplomático: el líder de una organización criminal. El agujero contable del caso Plus Ultra, donde se 'evaporaron' 53 millones de euros en un rescate público a una aerolínea hispanovenezolana, es solo la punta del iceberg de una trama de veintenas de sociedades gestionadas desde una modesta nave industrial en Petrer, Alicante. Sí, el imperio de la influencia se administraba en un polígono industrial, lo que demuestra que para mover millones solo hace falta un ordenador y alguien que firme los papeles. El giro dramático llegó en mayo, cuando Martínez mandó a paseo a su antiguo abogado, Bernardo del Rosal, por 'diferencias irreconciliables' —traducción: 'mi abogado no quiere que me hunda solo'— y fichó a María Dolores Márquez de Prado, una exfiscal que sabe exactamente dónde están enterrados los cadáveres procesales. Presionado por sus hermanos, incluido Manuel, Martínez ha comprendido que ser el 'lacayo' en los mensajes de WhatsApp es una excelente excusa para reducir la pena, pero una pésima estrategia de vida. Zapatero, que dormía tranquilo creyendo en una fidelidad inquebrantable, ahora descubre que el silencio tiene un precio y que su mano derecha ya ha empezado a escribir el guion de su propia liberación.
Parece que la solidaridad romántica de la 'Ley de Memoria Democrática' ha terminado siendo la alfombra roja perfecta para los personajes menos deseables del Caribe. Mientras el ciudadano medio pelea con la burocracia para renovar un carné, el Gobierno de Pedro Sánchez ha abierto un grifo que, según el Departamento de Estado de EEUU, no solo deja pasar a nietos de exiliados, sino a tipos con el currículum manchado de narcotráfico y crimen organizado. Washington no está para bromas. El Departamento de Estado ha detectado que el pasaporte español —ese trozo de papel que abre puertas en todo el mundo— podría convertirse en el 'pase VIP' para que operativos del castrismo más recalcitrante y colaboradores del régimen de Nicolás Maduro se infiltren en territorio estadounidense. Estamos hablando de más de trescientos mil cubanos solicitando la nacionalidad a través del Consulado General de España en La Habana, en un proceso donde el control lo tiene el régimen, básicamente decidiendo quién entra en la lista y quién se queda fuera, como quien reparte invitaciones para una fiesta privada. Pero el asunto tiene un aroma a complicidad que llega hasta La Moncloa. La Administración Trump, que ahora juega al ajedrez geopolítico en la zona, ha empezado a mover piezas que incomodan al PSOE. No es casualidad que el Departamento del Tesoro estuviera esperando al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero el pasado 19 de mayo en el aeropuerto de Las Américas, en Santo Domingo, para evitar que se largara a Caracas en un vuelo privado del Palacio de Miraflores mientras lo investigan por el rescate de una aerolínea venezolana. Y mientras tanto, el exministro José Bono ve cómo su nombre aparece en investigaciones sobre actividades 'opacas' en República Dominicana. Al final, la ley del abuelo ha servido para que algunos busquen raíces, pero otros, parece, busquen un refugio legal para sus negocios turbios.
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