Crítica:
El texto original es un festín de detalles escabrosos, pero falla al no contrastar los costes exactos del 'mantenimiento' público. Es un ejercicio de relojería sobre el nepotismo disfrazado de 'acoso judicial'.
El texto original es un festín de detalles escabrosos, pero falla al no contrastar los costes exactos del 'mantenimiento' público. Es un ejercicio de relojería sobre el nepotismo disfrazado de 'acoso judicial'.
Hacer un examen es, normalmente, una lotería donde el premio es no repetir curso. Pero en la convocatoria de la PAU 2026 en el País Vasco, la lotería se ha convertido en un juego trucado. De los 13.620 alumnos que se lanzaron al ruedo, 168 se encontraron con un cero rotundo en Lengua Vasca y Literatura II. Un cero que no es una simple nota, sino un muro de hormigón que dinamita cualquier esperanza de entrar en la carrera deseada. Lo sospechoso no es el fracaso, sino la geografía del desastre. Los ceros no han caído como gotas de lluvia sobre todo el alumnado, sino que se han concentrado en dos tribunales específicos. El tribunal número 11 es el epicentro del caos: el corrector repartió unos 80 ceros, dejando vivo a un solo alumno. Es una carnicería estadística. Resulta fascinante que el 'sablazos' académico afecte precisamente a centros concertados de Bilbao del modelo A (solo castellano) y a un grupo sospechosamente ordenado por apellidos, entre la I y la S. Desde la Universidad, Angeriñe Elorriaga intenta vendernos que el sistema es tan 'garantista' que hasta podrías sacar un 'menos cero', aunque la plataforma no lo registre. Una gimnasia mental admirable. Mientras tanto, en el colegio Carmen Indautxu, Ana, profesora de euskera, se pregunta cómo es posible que una alumna con nivel B2 y un ocho en Biología en euskera sea liquidada con un 0,5 en la asignatura de lengua. Eloy Olabarri, director del colegio Ayalde, lo tiene claro: que los ceros sigan el abecedario no es casualidad, es una anomalía. Y para rematar la jugada, Íñigo Ibeas recuerda que el año pasado ya hubo avisos. Pero la respuesta institucional fue un portazo digital vía GAUR: las notas son definitivas. Solo ocho alumnos se salvaron del tribunal 11, pero nadie sabe quiénes son. Fantasmas que aprobaron donde todos los demás naufragaron.
Hay que tener valor. Mucho valor. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que la mejor forma de explicar los valores democráticos a la Generación Z no es a través de la educación o la cultura, sino mediante el 'merchandising' y el postureo de Instagram. Así nace DMOCRACIA, una marca de ropa creada por el Ejecutivo que, curiosamente, no se puede comprar, pero que puedes intentar ganar en un sorteo si interactúas con la cuenta oficial. El despliegue de ingenio es total: para que la influencer 'la Rivers' y Sara Fructuoso puedan posar en el balcón del Congreso de los Diputados y decir que 'vestirse es una forma de expresión', el Consejo de Ministros tuvo que mover una transferencia de crédito de 14,6 millones de euros. Sí, han leído bien. Casi quince millones de euros destinados al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, bajo la gestión de Ángel Víctor Torres, para financiar los gastos del Comisionado para la celebración de los '50 años de España en libertad'. Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pavor antes de pagar el alquiler, el Estado juega a ser una agencia de modelos. 'La Rivers' nos vende la idea de que puedes ser joven, vestir a la moda y que te importe el mundo, todo mientras el erario público financia el shooting fotográfico. Es la democratización del armario: el Gobierno diseña la ropa, paga la campaña con fondos públicos y tú, si tienes suerte en el algoritmo, te llevas una camiseta. Una estrategia brillante si lo que buscas es convertir la Memoria Democrática en un accesorio de temporada para ganar likes.
Hay que tener courage para llamar 'acoso' a un proceso judicial mientras te refugias en el búnker más caro de España. David Sánchez, el músico de la familia, ha vuelto a instalarse en La Moncloa desde el 23 de junio, buscando refugio en el 'apartamento de los padres de Sonsoles'. Mientras el ciudadano medio espera una cita en el juzgado con la ansiedad a tope, David gestiona sus nervios tocando un piano de cola de Patrimonio Nacional. Un detalle exquisito: el instrumento llegó con Sonsoles Espinosa y regresó cuando el apellido Sánchez tomó el mando. La escena es digna de una comedia de enredos con presupuesto público. El músico, que sigue siendo residente fiscal en Portugal (un truco contable clásico para evitar que Hacienda le quite el aire), se preocupa por si su coche tiene un GPS, mientras el Ministerio de la Presidencia ya le ha pagado hasta la autocaravana y las revisiones ginecológicas de su mujer, Kaori Matsumoto, en vehículos de la Guardia Civil. Es el 'all-inclusive' del Estado. Todo esto ocurre mientras espera que la Audiencia de Badajoz decida si sus contratos en la Diputación de Badajoz fueron fruto del talento o de una ingeniería de tráfico de influencias y prevaricación, según la instrucción de la magistrada Beatriz Biedma. Pedro Sánchez, en un despliegue de solidaridad fraternal, calificó estas investigaciones de 'acusaciones infundadas' desde el Congreso. Básicamente, el jefe del Ejecutivo ha convertido la residencia presidencial en una zona de seguridad para su hermano, donde renovar la documentación es tan fácil como bajar a la comisaría del complejo. Al final, el piano suena, pero la música la pagamos todos.
Mientras miles de pacientes esperan una terapia que no llega o pelean contra la burocracia sanitaria, en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) decidieron que la lucha contra el cáncer necesitaba un toque de vanguardia. Y por 'vanguardia' entendemos que alguien haya tenido la genialidad de pagar 7.500 euros por una escultura hecha con cuatro bidones de plástico, arena y acero. Básicamente, el presupuesto de un coche modesto invertido en convertir el hall de la cuarta planta en un vertedero artístico llamado 'El mundo de las cosas', obra de Susana Solano y Pedro Alonso. Pero el CNIO Arte no se quedó en el minimalismo del plástico. El programa, activo desde 2018 hasta diciembre de 2024, funcionaba como una tarjeta de crédito sin límite para el ocio conceptual. El premio al derroche se lo lleva el viaje al Ártico y Oslo, que costó 12.940,04 euros. Un billete al Polo Norte para que Dora García y David Nogués-Bravo charlaran sobre el cambio climático, pagado con fondos que, se supone, deberían estar buscando la cura de la enfermedad más temida. Para redondear el menú, sumamos escapadas a Washington (9.760,64 €), Mozambique (8.760,38 €) y dos viajes a Madrid (10.181,44 €). La ingeniería financiera alcanza su clímax con la Oficina de Imagen Institucional: 612.342,42 euros en sueldos para un responsable y un técnico cuya 'dedicación efectiva' al proyecto es un misterio absoluto. Todo esto es el aperitivo, porque la Fiscalía Anticorrupción ya huele algo más podrido: un presunto amaño de contratos que podría haber dinamitado hasta 25 millones de euros en 18 años. Cristina Navarro, la nueva directora-gerente, ya ha suspendido el programa, pero el daño está hecho. El arte, al final, ha sido la distracción perfecta para un agujero contable del tamaño de un estadio.
Hablemos de magia electoral, de esa que no se enseña en los manuales de civismo pero que funciona mejor que un reloj suizo. Retrocedamos a 2005, cuando Manuel Fraga creía que tenía la Xunta de Galicia cocinada a fuego lento con sus 37 escaños. Le faltaba un solo asiento para la mayoría absoluta, un detalle técnico que en política es la diferencia entre mandar y pedir permiso. El PP necesitaba una ventaja de 8.000 papeletas en el voto exterior de Pontevedra para cerrar la puerta. Fraga, ya saboreando la victoria, salió a la televisión a decir que llegar a los 38 diputados era «razonable y viable». Spoiler: no lo fue. Mientras el PP se relajaba, en el PSOE se estaba ejecutando una ingeniería de precisión. El voto exterior en Pontevedra saltó de unas modestas 4.559 a unas impactantes 13.518 papeletas. Un crecimiento que no ocurre por un repentino deseo de patriotismo, sino por una estrategia de nacionalización acelerada de los llamados 'nietos del exilio'. Básicamente, consulados organizando eventos masivos para dar pasaportes a familias enteras que no pisaban Galicia desde que el mundo era blanco y negro. ¿Y quiénes estaban moviendo los hilos de este despliegue? Aquí entra en escena un joven y ambicioso Pedro Sánchez, formando parte del núcleo duro de estrategia liderado por José Blanco. Junto a él, Antonio Hernando y Óscar López, la guardia pretoriana que hoy domina el Ejecutivo. El resultado fue un recuento de vértigo que permitió que Emilio Pérez Touriño, con sus 25 diputados y el apoyo de los 13 del BNG, le arrebatara el trono a Fraga. No fue una victoria de urnas tradicionales, fue un golpe de efecto administrativo. El PSOE no ganó más corazones; simplemente encontró más sobres donde meter la papeleta.
La burocracia española ha vuelto a descubrir el arte de regalar el jardín mientras el vecino paga la valla. Resulta que Violeta Alonso, la mujer que preside el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE) y que básicamente le susurra al oído al Gobierno cómo gestionar la Ley de Nietos, no es precisamente una técnica aséptica. Mientras el ciudadano medio lucha contra el laberinto de la administración para renovar un pasaporte, Alonso se ha dedicado a dar clases magistrales en las escuelas de Izquierda Unida Exterior. Sí, esas donde las banderas republicanas cuelgan con más orgullo que un título universitario. Nombrada en agosto de 2022 por José Luis Escrivá, Alonso ha transformado su cargo en una suerte de altavoz militante. En mayo de 2025, en Berlín, no fue a hablar de gestión administrativa, sino a instruir a los cuadros de IU sobre cómo nacionalizar a todo el mundo, sin límite de generaciones. Para ella, que la Ley de Memoria Democrática de 2022 se quede en los 2,6 millones de solicitudes recibidas hasta octubre de 2025 es un pecado. Su propuesta es abrir el grifo del todo: que bisnietos y tataranietos entren en el reparto, eliminando plazos y barreras. Lo más delirante es su visión sobre la instrucción de Sofía Puente de octubre de 2022, que permitió nacionalizar a descendientes de emigrantes previos a julio de 1936. Alonso la definió como "muy generosa". Es la generosidad de quien reparte caramelos con la cartera de los demás. Mientras tanto, Feijóo intenta que alguien declare ilegal este despliegue de ingeniería demográfica, mientras el Gobierno usa fondos de la UE para aceitar la maquinaria. Al final, la nacionalidad española se ha convertido en una promoción de '2x1' donde el requisito no es el arraigo, sino el árbol genealógico y la simpatía ideológica de quien firma el decreto.
Hay quien dice que la política es el arte de lo posible, pero en Galicia, allá por 2005, parecía más bien el arte de la aritmética creativa. Mientras el ciudadano de a pie se pelea con la factura de la luz, el PSOE montó una maquinaria de precisión para quitarle la Xunta a Manuel Fraga. En el centro de la jugada, un joven Pedro Sánchez y Óscar López, actuando como asesores bajo el mando de José Blanco, aprendieron que el voto exterior es como un comodín en el póker: puede salvarte la partida cuando las cartas en casa no ayudan. La jugada fue maestra. Fraga se quedó a un suspiro de la mayoría absoluta con 37 escaños, mientras Touriño sumaba 25. El partido se decidió en Pontevedra, donde el PP sacó 15.361 votos (49,7%) frente a los 13.518 (43,7%) socialistas. ¿El truco? Un crecimiento espectacular del voto extranjero que permitió arañar ese último diputado clave. Fue un sablazo electoral basado en la movilización de emigrantes, especialmente desde Argentina, donde hoy el Gobierno sigue operando con la Ley de Memoria Democrática. Lo fascinante es el 'deja vú'. Si en 2005 ya sabían cómo mover el tablero, ahora lo hacen a escala industrial. A través de una instrucción de Sofía Puente, la ley de los 'nietos' se ha convertido en la ley de los 'tataranietos', permitiendo que cualquiera con un ancestro español del siglo XIX consiga el pasaporte. Con un millón de solicitudes en Argentina, el Gobierno no solo está reparando la historia, está fabricando un censo electoral a medida. El PSOE ha sido la fuerza más votada en el exterior en los últimos procesos de Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. No es filantropía; es ingeniería electoral pura y dura.
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