Crítica:
El texto original es una mina de datos, pero falla al no cuestionar la inacción judicial sobre los impagos a empresas privadas. Es un despliegue de cifras que deja al lector con la boca abierta y la cartera vacía.
España, entre «los principales sostenes del castrismo»: 5.000 millones a Cuba desde 2016
España: 5.000 millones en perdones a Cuba
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Moncloa apaga Huawei por miedo a espionaje
Imaginen que organizan una cena privada en casa y, para que el vecino cotilla no escuche los secretos de familia, deciden apagar el Wi-Fi y cerrar las persianas con candado. Pues eso, pero a escala geopolítica y con el presupuesto de un país pequeño. Durante la cumbre de la OTAN en Madrid, los días 29 y 30 de junio de 2022, la Moncloa decidió que el aire de IFEMA estaba demasiado 'contaminado' de tecnología china. La orden fue clara: apagar las antenas de Huawei. No fue un apagón general, sino un sablazo quirúrgico a la marca de Shenzhen para que los jefes de Estado pudieran hablar de secretos militares sin que Pekín anotara los apuntes en una libreta invisible. Mientras nosotros peleamos con el operador para que el 5G llegue al salón, Telefónica, Orange y Vodafone tuvieron que jugar al juego del escondite tecnológico. La OTAN, que no se fía ni de su sombra, desplegó su propio sistema de conectividad cifrado y satelital, dejando la red comercial en el cajón. Todo esto mientras el Ejecutivo español evaluaba, siguiendo el manual de la Comisión Europea, meter a Huawei en la lista de 'proveedores de alto riesgo'. Es la clásica danza de la hipocresía: usamos sus equipos para que el móvil no se corte en el ascensor, pero cuando llegan los americanos y llaman a China 'desafío sistémico', la tecnología asiática pasa de ser un avance prodigioso a ser un micrófono oculto en el jarrón. El veto, que empezó con Donald Trump y Joe Biden mantuvo, terminó por aterrizar en Madrid con la sutileza de un mazo, dejando claro que en la alta política, la seguridad no se negocia, se apaga con un interruptor.
Sillas musicales: Menos Guardia, más Nacional
En el tablero del Ministerio del Interior, mover fichas es un deporte nacional, aunque a veces parezca que juegan al Tetris con la vida de la gente. En Roquetas de Mar, la jugada es sencilla: fuera la Guardia Civil, hola Policía Nacional. El general Luis Ortega y el coronel José Antonio Carvajal han soltado la bomba el pasado miércoles: 180 guardias civiles y sus familias tienen que hacer las maletas para dejar paso a 210 efectivos de la Nacional. En el papel, parece una mejora; en la calle, suena a cambiar el color del uniforme sin que el ciudadano note más seguridad en el bolsillo. Lo absurdo de la maniobra es que no es un ajuste técnico, es un 'sablazo' organizativo. La AUGC recuerda que esta unidad es una máquina de picar piedra: más de 12.000 diligencias y 1.000 detenidos al año. Desmantelar eso no es optimizar, es borrar un mapa que ya funcionaba. Es como si en tu casa, teniendo un coche que arranca a la primera, decidieras venderlo para comprar otro idéntico pero de otro color, obligando a toda la familia a mudarse de barrio en el proceso. La hipocresía alcanza su punto máximo cuando recordamos que en El Ejido el modelo de competencias compartidas funciona sin incendios. ¿Por qué aquí no? Porque parece que la Dirección General de la Guardia Civil prefiere el 'todo o nada' antes que la convivencia. Mientras la Secretaría de Estado de Seguridad decía en febrero que nadie se iba, cinco meses después el 'destierro' es la única opción sobre la mesa. El lunes 13 de julio, los agentes se concentrarán en el cuartel para protestar contra este juego de sillas musicales donde el único que pierde es el agente que ve cómo su conciliación familiar se esfuma por una decisión tomada en un despacho de Madrid.
PSOE rebaja el listón para Junts
En el Congreso de los Diputados, las reglas del juego se cambian con la misma agilidad con la que uno cambia la contraseña del Wi-Fi cuando llega una visita molesta. El PSOE ha decidido que la Comisión de Reglamento debe aprobar este viernes una reforma impulsada por ERC, Junts y el Grupo Mixto. ¿El objetivo? Bajar el listón para formar grupo parlamentario. Es el clásico 'estirón de brazo' político: mientras el ciudadano medio pelea con la administración por un subsidio que tarda meses, aquí la vía de urgencia ha hecho que en menos de un mes la norma esté lista para el pleno del 14 o el 23 de julio. La ingeniería es fina. Quieren retocar el artículo 23 para que baste con 15 diputados o un 3% de los votos nacionales para tener grupo. Básicamente, están bajando el precio de la entrada al club VIP para que los nacionalistas no se queden fuera en la próxima legislatura si las urnas les pasan factura. Es como si el dueño de una discoteca bajara la exigencia del código vestimentario justo cuando sabe que sus clientes habituales ya no tienen dinero para la entrada. El PP, con José Antonio Bermúdez de Castro a la cabeza, ha gritado que esto es un 'chantaje' y una reforma de conveniencia. Y tienen razón en que huele a negocio. El Gobierno intenta comprar la voluntad de Junts para que firmen los Presupuestos, pero en el bando de Puigdemont no son tontos. Saben que aceptar el regalito es gratis, pero que abrazar al PSOE es, cito textualmente, 'un suicidio'. Al final, el PSOE ha movido ficha el 15 de junio rechazando enmiendas y acelerando plazos, pero se ha encontrado con que el cliente no quiere comprar el producto aunque el descuento sea agresivo.
Marruecos nos roba la final del Mundial
Mientras en España seguimos discutiendo si el presupuesto para el transporte público alcanza para llegar al estadio, en Rabat han montado una maquinaria de relojería que deja a nuestra Federación como un equipo de barrio jugando en césped artificial. El rey Mohamed VI no ha ido a pedir permiso, ha ido a comprar la partida. Con una estrategia que haría palidecer a cualquier lobo de Wall Street, Marruecos ha tejido una red de influencias donde el balón es lo de menos y el tablero de ajedrez lo es todo. La operación tiene nombre y apellidos: Youssef Amrani, el embajador en EEUU, y Fouzi Lekjaa, el cerebro que se mueve en los pasillos de la FIFA con la soltura de quien es dueño del edificio. Mientras nosotros confiamos en la 'diplomacia del buen rollo', Lekjaa ha blindado los siete votos de la CAF y ha puesto el ojo en la AFC, moviendo los hilos con el jeque Hamad Al Thani de Catar y Yasser Al Misehal de Arabia Saudí. Es un juego de espejos donde el príncipe Mohamed bin Salman y la Administración de Donald Trump actúan como los grandes padrinos, asegurando que la Concacaf —con su sede en Miami— se incline hacia el lado marroquí. ¿El precio de la traición? El pragmatismo más crudo. Gianni Infantino, el jefe de la FIFA, no es tonto: que le prometan 150 millones extra de recaudación gracias al estadio de Casablanca es como si te ofrecieran un bono de descuento en la compra del mes mientras tú solo hablas de 'tradición deportiva'. Con 20 votos prácticamente atados y la sospecha de que algunos países de la Conmebol podrían vendernos por debajo de la mesa, el Santiago Bernabéu y el Camp Nou empiezan a parecerse a un sueño lejano. España esperaba el apoyo de la UEFA, pero en el mercado de influencias actual, la lealtad tiene la caducidad de un yogur barato.
Fiscalía fulmina a Peinado por Begoña Gómez
En el tablero judicial madrileño, el juez Juan Carlos Peinado ha intentado jugar una partida de ajedrez con piezas que no encajan. La Fiscalía acaba de soltarle un jarro de agua fría al magistrado, calificando sus sospechas de 'carentes de lógica y racionalidad'. El nudo del asunto es casi cómico: Peinado decidió quitarle el pasaporte a Begoña Gómez y a su asesora, Cristina Álvarez, basándose en un riesgo de fuga que parece sacado de una película de espías de serie B. Lo más surrealista es la teoría del juez sobre la policía. Sugerir que las fuerzas de seguridad podrían ayudar a una fuga es, según el Ministerio Público, lanzar una 'sombra de sospecha infundada' sobre las instituciones. Es como si el juez creyera que la Policía Nacional tiene un plan secreto de extracción para la mujer del presidente. Mientras tanto, la Fiscalía pide la absolución total de Gómez, Álvarez y el empresario Juan Carlos Barrabés. ¿El motivo? No hay delito. No hay rastro de dinero. De hecho, el fiscal recuerda que Gómez estuvo en la Universidad Complutense codirigiendo una cátedra por la que percibió exactamente 0 euros. Cero. Nada. Ni un café pagado. La Fiscalía desmonta el drama del pasaporte subrayando el arraigo nacional de las implicadas y se ríe, con elegancia procesal, de los bulos sobre una nacionalidad de República Dominicana que algunos medios propagaron como si fuera el Santo Grial. Pedir que Gómez se presente cada 15 días en el juzgado es, para el fiscal, un trámite absurdo cuando las pesquisas patrimoniales no han encontrado ni un céntimo sospechoso. Al final, el castillo de naipes de Peinado se tambalea ante la realidad de que no hubo retribución, ni presiones, ni agujeros contables en la UCM.
Hacienda vende joya: ¿Comisión para el primo?
Vender la 'joya de la corona' de Hacienda no es como vender un piso en el barrio de Usera; aquí hablamos de María de Molina, 50, un trozo de la milla de oro de Madrid que cualquier empresario miraría con los ojos que pone un niño al ver el escaparate de chuches. El 29 de septiembre de 2023, la subasta se convirtió en un auténtico carnaval de hipocresía administrativa. Seis empresas se peleaban por el inmueble, pero el aire olía a chamusco desde el principio. El pliego era claro: el pago total debía completarse en diez años. Yolanda Contreras Hernanz, la presidenta de la mesa, hasta se tomó la molestia de explicar que el esquema era '1+9'. Un 25% al principio y el resto en nueve años. Matemáticas de primaria, ¿verdad? Pues apareció Barnaby Investments SL (Grupo Lar) con una oferta de 204,7 millones de euros, pero con un detalle: querían pagar en 11 años. Un año más de vacaciones financieras que, en cualquier oficina normal, supondría el descarte inmediato. Sin embargo, en el mundo de los elegidos, las reglas son elásticas. Mientras los otros licitadores, como el Grupo Whiteni, gritaban que eso era un amaño, la secretaria de la mesa se puso nerviosa y decidió que el error estaba 'subsanado' mediante una interpretación verbal que, curiosamente, no quedó escrita en el acta. Magia pura. Pero el plato fuerte es el aroma a nepotismo. Según testigos, para llevarse este caramelo de 37.106,70 metros cuadrados de oficina y 370 plazas de garaje, se ventiló la petición de una comisión del 3% para un supuesto 'primo' de la ministra María Jesús Montero. Al final, la decisión recayó en la propia Montero, quien firmó el visto bueno a una operación donde el rigor contable fue sustituido por la ingeniería del amiguismo.
Fondos contra violencia: del refugio al perreo
Resulta fascinante cómo el dinero público tiene la capacidad de mutar. Unos fondos diseñados para salvar vidas y proteger a víctimas de la violencia de género se han transformado, por arte de magia administrativa, en catas de productos, talleres de punto y hasta carreras de tacones. Hablamos de una ingeniería financiera donde el 30% de los recursos se esfumó en actividades que tienen la misma relación con la violencia machista que un torneo de tiro con arco tiene con la cirugía cerebral. Entre julio de 2024 y julio de 2025, 12 de los 40 millones de euros destinados a los ayuntamientos se fueron por el sumidero de la banalidad. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la lista de la compra, algunos consistorios decidieron que los fondos del Pacto de Estado eran la hucha ideal para financiar bailes con vermú y pasos de peatones arcoíris. Es el clásico 'sablazo' institucional disfrazado de agenda progresista. El Ministerio de Igualdad, bajo la batuta de Ana Redondo, ha tenido que admitir el desastre tras el empujón de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que detectó 250 casos de fondos malgastados. El balance es desolador: 2.666 ayuntamientos no han sabido explicar en qué se gastaron la pasta. Ahora, la solución es un recorte en seco a partir del 1 de julio, una medida que llega tarde pero necesaria. Lo más irónico es que, a pesar de que el Pacto de Estado mueve unos 280 millones anuales —más 160 millones acordados en abril en la Conferencia Sectorial—, la realidad en la calle es gélida. El 37,5% de las 24 mujeres asesinadas este año ya habían denunciado. Al final, el dinero fluye hacia los festivales de perreo, pero no llega a tiempo para salvar a quien ya pidió ayuda.
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