El Gobierno gasta 2 millones en las horas extras de los funcionarios que se encargan de la regularización m...

Sablazo de 2 millones por fallar cálculos

politica Una ilustración conceptual y satírica que muestra una montaña gigante de formularios oficiales de papel desbordando un escritorio pequeño y antiguo. Al lado, una calculadora rota y un fajo de billetes de euros volando hacia un reloj de arena que se agota. Estilo editorial de periódico, colores sobrios con contrastes fuertes, atmósfera de caos burocrático.

Hacer presupuestos en este Gobierno es como intentar llenar un cubo agujereado con un colador: al final, siempre falta agua y alguien tiene que pagar la fiesta. La última genialidad administrativa consiste en soltar 2.220.750 euros para pagar las horas extra de los funcionarios que tuvieron que lidiar con la avalancha de la regularización extraordinaria de extranjeros.

Mientras el ciudadano medio mira la cuenta corriente con pánico cada fin de mes, el Ejecutivo ha recurrido a la magia de la 'transferencia de crédito' —que en lenguaje castizo significa quitarle la merienda a un ministerio para dársela a otro— para cubrir el agujero contable. La hipocresía tiene un aroma particular cuando Elma Saiz, titular de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, salió a la plaza pública a cantar que esperaban unas 500.000 solicitudes, basándose en los cálculos de una ILP de 2023.

Pero claro, la realidad es una bromista pesada. Al final llegaron 1.174.978 solicitudes; más del doble de lo previsto. Ni la AIReF ni Funcas, que ya avisaban de que la cifra rozaría los 800.000, vieron venir semejante tsunami burocrático. Para que el sistema no colapsara antes del límite del 30 de junio, se montó un despliegue digno de una campaña electoral: 550 profesionales repartidos en 448 oficinas (incluyendo 371 de Correos y 60 de la Seguridad Social).

El resultado es un éxito operativo, sí, pero un desastre de planificación. Resulta curioso que el Ministerio de Hacienda, con Arcadi España al mando, tuviera que rescatar la operación con más de dos millones de euros solo porque alguien decidió que 500.000 era un número razonable cuando los datos gritaban lo contrario.

Al final, el 83,2% de las solicitudes (977.876) fueron telemáticas, pero el coste de la improvisación se paga con la tarjeta del contribuyente.

Crítica:

El texto original es una sucesión de datos sin alma que intenta disfrazar una negligencia de planificación como un 'operativo dimensionado'. Le sobra lenguaje institucional y le falta admitir que el Gobierno no sabe sumar.

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