Crítica:
El texto original es una nota judicial estándar. Le falta profundidad sobre la procedencia de los fondos, limitándose a repetir la versión del investigado sin cuestionar la logística del 'regalo'.
Anticorrupción pide una nueva tasación de las joyas de Zapatero porque cree que valen más de 1,3 millones
Zapatero y sus joyas: ¿Regalos o contrabando?
Otros artículos
Ley de Infancia: Multas sin destinatario
El Gobierno ha vuelto a jugar al 'Tetris' con la legislación, pero se le han olvidado las piezas fundamentales. La nueva ley de protección a la infancia, impulsada por Sira Rego y Pedro Sánchez, pretende poner orden en el caos, pero ha resultado ser un colador. El CGPJ, en un informe de 86 páginas que parece una lista de errores de principiante, ha soltado la bomba: el nuevo régimen sancionador es un chiste. El artículo 55 quáter castiga el incumplimiento de los deberes básicos de los menores como infracción muy grave, pero se ha olvidado de un detalle nimio: no dice a quién hay que multar. Es como si el Ayuntamiento te pusiera una multa por aparcar en zona prohibida, pero en la papeleta no pusiera si la sanción es para el conductor, para el dueño del coche o para el que pasaba por allí mirando. Esta laguna jurídica es un agujero negro que choca frontalmente con el principio de tipicidad de la Constitución. Básicamente, el texto es tan ambiguo que cualquiera podría acabar en el banquillo, desde un progenitor hasta el vecino que saludó al niño, convirtiendo la justicia en una lotería administrativa. Y mientras el ciudadano común cuenta los céntimos para llegar a fin de mes, el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes nos entrega un borrador que entró en el Consejo el 29 de mayo de 2026 y que parece redactado con los ojos cerrados. Para rematar el cuadro, la ley es un laberinto de referencias genéricas a la 'legislación vigente' sin decir cuál, y se pelea con las autonomías en un tira y afloja de competencias que parece una discusión de comunidad de vecinos. Tras el precedente de la Ley Montero y el desastre de las pulseras antimaltrato, esta nueva chapuza legislativa es la confirmación de que, en este Gobierno, la prisa por legislar es la mejor receta para acabar en el Tribunal Constitucional.
Amigotes del poder: el blindaje de Zapatero
En el tablero del poder, los hilos se mueven con una naturalidad que asusta. Mientras el ciudadano medio se pelea con el banco por una comisión de tres euros, en las altas esferas se gestionan 'comisiones del 1%' sobre rescates millonarios de aerolíneas como Plus Ultra. El escenario es digno de una comedia de enredos: José Luis Rodríguez Zapatero, investigado por el juez José Luis Calama por un menú degustación de delitos que incluye organización criminal, blanqueo de capitales y contrabando, juega la carta de la victimización. Según su abogado, Víctor Moreno Catena, sus derechos fundamentales han sido pisoteados, quejándose en TVE de que sus agendas y mensajes se filtran como si fueran chismes de peluquería. Pero aquí llega el giro irónico. La estrategia de defensa parece diseñada para aterrizar en el Tribunal Constitucional, donde el timón lo lleva Cándido Conde-Pumpido. Para quien no recuerde el árbol genealógico del poder, Zapatero nombró a Conde-Pumpido como fiscal general del Estado. Una relación de 'estrecha amistad' que, según el artículo 219.9 de la LOPJ y el artículo 80 de la LOTC, obligaría al presidente del TC a abstenerse. Es la danza del 'yo te pongo y tú me quitas'. El Tribunal Constitucional, hoy configurado con 7 magistrados de corte izquierdista y 5 conservadores, se convierte en el posible refugio de un expresidente que, según Julio Martínez Julito, pactó beneficios personales a cambio de salvar a una empresa con dinero público. El despliegue de escritos denunciando vulneraciones de derechos parece más un ejercicio de ingeniería jurídica para anular la causa que una búsqueda de justicia. Al final, el sistema se muerde la cola: el amigo que nombró al juez es el mismo que ahora necesita que el juez mire hacia otro lado.
Díaz a la OIT: ¿Inglés de adorno?
Colocar a alguien en la cima de un organismo internacional es como intentar meter un elefante en un Seat Panda: requiere maniobras, mucha paciencia y, sobre todo, ignorar que el coche no está diseñado para eso. El Gobierno ha decidido que Yolanda Díaz es la pieza ideal para dirigir la Organización Internacional del Trabajo (OIT), según el comunicado oficial de Moncloa emitido este jueves. Pedro Sánchez, en un despliegue de entusiasmo digital, ya ha calificado la noticia en sus redes sociales como un «honor». Todo suena muy sofisticado hasta que aterrizamos en la realidad de los requisitos técnicos. Para mandar en la OIT no basta con tener buena voluntad o un discurso potente en castellano; hace falta dominar las lenguas oficiales. El inglés no es una sugerencia, es un requisito de alto nivel. Aquí es donde la ingeniería política choca con la gramática. Mientras el ciudadano medio lucha con la factura de la luz, el Gobierno parece luchar contra la evidencia de un vídeo de agosto de 2023. En aquella rueda de prensa, la ministra de Trabajo se enfrentó a una pregunta sobre el beso de Luis Rubiales a Jenni Hermoso. El resultado fue un silencio sepulcral y una mirada de desconcierto que gritaba «no entiendo ni el saludo». La escena fue casi surrealista: la periodista hablaba en inglés y Díaz procesaba el sonido como si fuera ruido blanco. Fue necesaria la intervención de un traductor para que la ministra pudiera responder, y lo hizo, por supuesto, en un castellano impecable. El contraste es brutal. Pretender que alguien lidere la diplomacia laboral global cuando necesita un puente lingüístico para entender una pregunta estándar es, sinceramente, un salto de fe digno de un místico. La ambición política ha decidido que el diccionario es un detalle prescindible.
Examen sorpresa en bable: ¡Vaya sablazo!
Imagínate ir a comprar pan y que el panadero te cobre en rupias sin avisarte. Pues eso es lo que han hecho en el Principado de Asturias con un grupo de filólogos. El pasado martes, 24 valientes se presentaron al primer ejercicio para una plaza de Titulado Superior (Filólogo), Grupo A, solo para descubrir que las 17 páginas del examen estaban escritas íntegramente en asturiano. La portada, el único trozo de castellano, era básicamente el 'manual de instrucciones' antes del salto al vacío. Lo más delirante es que la convocatoria del BOPA de agosto de 2025 no decía ni 'mu' sobre este requisito. No hubo aviso, ni guiño, ni letra pequeña. De repente, los aspirantes se encontraron con 90 preguntas tipo test donde se les pedía analizar la política lingüística y los Premios Andrés Solar. Para añadirle sal al potaje, una de las preguntas preguntaba por el autor de unas encuestas sociolingüísticas, y la respuesta correcta era Ramón d'Andrés... que casualmente es miembro del tribunal calificador. Es como si en un examen de cocina el profesor te preguntara cuál es la mejor receta de tortilla y la respuesta fuera 'la del profesor'. El tribunal, presidido por Juncal Mónica García Velasco y compuesto por figuras como Marta López Fernández, Liliana Díaz Gómez y José Ángel Díaz Fernández, parece haber confundido una oposición pública con un club privado de entusiastas. Mientras Vox, con Javier Jové a la cabeza, grita que esto es oficialidad 'por la puerta de atrás' y un atentado a la igualdad de oportunidades, el Gobierno de Adrián Barbón juega al ajedrez con el marco jurídico. Ahora los candidatos tienen tres días para alegar, aunque intentar convencer a un tribunal que se pregunta a sí mismo en el examen es como intentar pedirle permiso al toro para entrar en la plaza.
El 'Hermanísimo' y la factura del aire
Hay quienes trabajan para ganar la vida y quienes, simplemente, existen para cobrarla. El caso del «hermanísimo», David Sánchez Pérez-Castejón, ha pasado de la condena por prevaricación a un problema de cartera. Resulta que la asociación Iustitia Europa ha decidido que 340.000 euros de sueldo público son demasiados para alguien que, según la Audiencia Provincial de Badajoz, visitaba su puesto de trabajo con la frecuencia con la que algunos visitan al dentista: casi nunca. Para que nos entendamos, mientras el ciudadano medio se pelea con el precio del aceite, David cobró la cifra mencionada en la Diputación de Badajoz por unos contactos con conservatorios que fueron, cito textualmente, «prácticamente inexistentes». Es la ingeniería del vacío: cobrar el máximo haciendo el mínimo. Pero no estaba solo en este festín de la inacción. Su colega de aventuras, Luis María Carrero, exasesor de Moncloa, también tiene que mirar el saldo de su cuenta, pues le reclaman 86.988,76 euros percibidos entre enero de 2024 y junio de 2025. El total de la factura asciende a 427.561,12 euros. Una cantidad que haría palidecer a cualquier autónomo que intente deducirse un café. Y como si el sueldo no fuera suficiente, aparece el toque artístico: la obra teatral 'La Paz Perpetua'. Un despliegue de generosidad pública donde la Diputación de Badajoz soltó 128.000 euros para que la recaudación en taquilla fuera de unos modestos 2.000 euros. Un negocio redondo, si lo que buscabas era quemar dinero público con estilo. Ahora el Tribunal de Cuentas deberá decidir si este agujero contable se llena con el patrimonio de los implicados o si el arte de no trabajar sigue siendo gratuito.
Joyas 'de cortesía' y 53 millones rescatados
Hay quien recibe una tarjeta de felicitación por su cumpleaños y quien recibe un tesoro nacional en una caja fuerte. José Luis Rodríguez Zapatero ha decidido que el mejor momento para explicar que sus joyas son un «regalo de cortesía personal» es justo cuando el viento sopla en contra. No es casualidad. El calendario es quirúrgico: mientras el expresidente intenta convencer a Javier Ruiz en el programa Mañaneros 360 de TVE de que no hay aroma a fraude, su amigo y socio, Julio Martínez Martínez, le ha dejado el camino pavimentado de espinas. Martínez no ha sido precisamente delicado. Ha soltado la bomba sobre un presunto tráfico de influencias para que la aerolínea Plus Ultra se embolsara un rescate de 53 millones de euros en 2021, bajo el mandato de Pedro Sánchez. Para el ciudadano medio, 53 millones es una cifra que requiere un Excel y una calculadora científica; para la ingeniería financiera de los despachos, parece ser el precio de un favor bien colocado. El contraste es delicioso. Por un lado, la modestia del «error» de aceptar joyas que ahora resultan ser un lastre judicial; por otro, la magnitud de un rescate público que hace que la lista de la compra de cualquier hogar parezca un chiste. Zapatero, acorralado entre el registro de su domicilio y la traición de su socio, ha aplicado la técnica del 'silencio selectivo'. Cuando le preguntan quién le regaló el brillo o de dónde vienen, la respuesta es la clásica: «Solo ante el juez». Es la danza habitual del poder: el regalo es 'personal' cuando es un lujo, pero la responsabilidad es 'judicial' cuando es un problema.
Cerdán: la hucha familiar bajo lupa
Parece que en la alta política el concepto de 'ahorro familiar' ha evolucionado hacia una ingeniería financiera creativa. El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido que mirar solo el bolsillo de Santos Cerdán era quedarse corto, como quien intenta contar el presupuesto de una boda mirando solo el coste de las flores. El magistrado ha ordenado rastrear las cuentas de su mujer, Paqui Muñoz, su hermana Belén Cerdán (exteniente de alcalde de Milagro) y su cuñado Antonio Muñoz. ¿El motivo? La sospecha de que la familia funcionaba como una suerte de hucha colectiva para ingresos que no aparecen en ninguna declaración de la renta. La trama, encastrada en elCaso Koldo, huele a lo de siempre: influencias, contratos amañados y comisiones que fluyen con la naturalidad de un río. En el centro del tablero está Servinabar, una empresa que más que prestar servicios parece haber servido para cobrar 'mordidas'. Según los datos, el 87,04% de los ingresos de esta mercantil provenían de Acciona o sus proyectos, mientras que un 2,48% venía de otras investigadas y un 0,66% de Antxon Alonso. Es una distribución tan precisa que parece diseñada con regla y compás. Lo más llamativo es el uso de una tarjeta de Servinabar para ahorrar gastos personales, como si el dinero público fuera un cupón de descuento del supermercado. A esto se suman 18.000 euros de origen desconocido y la sombra de Koldo García y su esposa, Patricia Úriz, moviendo efectivo. El juez no habla de 'sospechas', sino de 'indicios objetivados' de organización criminal, cohecho y malversación. Al final, el círculo se cierra: BBVA, CaixaBank, Santander, Cajasur y Caja Rural de Navarra tendrán que abrir sus libros para ver cuánto del pastel de las obras públicas terminó en la cuenta de la cuñada.
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