La noticia es un despliegue de citas institucionales que oculta el verdadero conflicto: la incapacidad de los poderes del Estado para coexistir sin insultarse. Le falta profundidad en el análisis de los pactos reales que dieron pie al término 'lawfare'.
Hay consultoras que venden sabiduría y otras que venden el apellido. Análisis Relevante, la firma de Julio Martínez —el mítico 'Julito'—, resultó ser tan relevante como un cenicero en una pista de baile. Según la UDEF, la empresa no era más que una sociedad instrumental, un envoltorio vacío para que los flujos de dinero no hicieran ruido. Lo cómico es que la firma ni siquiera se molestaba en enviar los informes a los clientes. Imagínate pagar la factura de un fontanero y que el que te mande la foto del grifo arreglado sea el primo del dueño desde otra empresa. Surrealista, pero real. El tinglado funcionaba así: Sergio Sánchez redactaba los papeles, que luego aterrizaban en Whathefav SL, la sociedad de las hijas de Zapatero. Allí se hacían los 'maquetados' —palabra elegante para decir que les ponían un papel bonito— y desde esa oficina salían los correos a los clientes. ¿Por qué? Porque en el mercado de las influencias, el producto no es el análisis, es el acceso. El cliente no pagaba por un PDF, pagaba por el sello de aprobación de los Zapatero. La UDEF ha desguazado correos de octubre de 2022 donde se ve que Whathefav era la verdadera oficina de correos de este negocio. El toque maestro llegó el 6 de julio de 2021. José Luis Rodríguez Zapatero, actuando como el director de orquesta de este teatro, envió a Julito dos archivos de Excel: 'Lista AR Ok.xlsx' y 'Direcciones email JM xlsx'. No eran simples listas; eran la hoja de ruta de quién debía recibir la bendición y quién pagaba el peaje. Mientras el ciudadano medio pelea con la declaración de la renta, aquí se gestionaban 'herramientas logísticas' para que el dinero fluyera con la elegancia de quien sabe que el apellido es el activo más rentable del balance.
En el tablero del poder, donde las palabras se usan como proyectiles, Juan Manuel Fernández Martínez, presidente de la Audiencia Nacional, ha decidido dejar de hacer el papel de mueble institucional. Este lunes, desde el campus de Ciudad de La Laguna, el magistrado lanzó un dardo directo al corazón del Ejecutivo: en España no existe el 'lawfare'. Para los que no hablan 'politiqués', el lawfare es esa palabra sofisticada que usa el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios para decir que los jueces son unos vengadores ideológicos cada vez que una sentencia no les encaja en la agenda. Es la eterna historia del gato y el ratón. Por un lado, tenemos pactos de investidura con Junts donde el término 'lawfare' aparece escrito casi con letras de neón; por otro, jueces que intentan explicar que investigar la corrupción no es un deporte partidista, sino su trabajo. Es como si el dueño de un restaurante se quejara de que el inspector de sanidad es 'parcial' solo porque le ha encontrado comida caducada en la nevera. La tensión no es nueva, es un goteo constante. Desde el sismo de la ley del 'solo sí es sí', donde Irene Montero tildó de machistas a los jueces por aplicar la ley al pie de la letra (un movimiento maestro de culpar al árbitro por las reglas del juego), hasta los dardos de Teresa Ribera contra el juez Manuel García-Castellón en la causa de Tsunami Democràtic. Fernández Martínez ha sido tajante: los jueces no son árbitros de disputas políticas ni iluminados que actúan por inspiración divina, sino funcionarios que aplican el Código Penal. Mientras el Ejecutivo intenta pintar la justicia como una herramienta de persecución, la Audiencia Nacional recuerda que el control jurídico es lo único que evita que el poder se convierta en un cheque en blanco. Al final, la pelea es simple: unos quieren que la ley sea flexible como el chicle y otros insisten en que sea dura como el hormigón.
Imaginen la escena: regresas de dos semanas de vacaciones con el bronceado todavía fresco y descubres que tu casa ya tiene nuevos inquilinos. No son invitados, son emprendedores del allanamiento. El propietario, al ver que sus llaves ya no servían para nada, decidió jugar a ser Spiderman y trepar por la fachada de su propia vivienda en Playa de Palma. ¿El giro surrealista? Los okupas, en un despliegue de cinismo que merece un Oscar, llamaron al 091 para denunciar al dueño por 'intentar entrar' en su nuevo hogar. La jefa de la operación, una mujer con una cara dura monumental, intentó colar que había 'comprado' la propiedad por 1.500 euros. Sí, porque hoy día una casa en zona costera cuesta lo mismo que un teléfono de gama media y un par de cenas fuera. Mientras la mujer alegaba miedo por los seis menores de edad que usaba como escudo humano, la Policía Nacional descubrió que la propiedad era un campo de batalla: verjas rotas, puertas forzadas y un sistema de alarma que habían dejado mudo. El martes a las 22:15, el Grupo de Motos llegó para presenciar el clímax de la hipocresía. Los intrusos no solo se habían mudado con muebles y enseres esa misma mañana, sino que habían procedido a una 'limpieza profunda' de la propiedad: ropa, libros y muebles del salón desaparecidos. Al final, la ingeniería financiera de los 1.500 euros se desplomó y cuatro personas —dos hombres y dos mujeres españoles— terminaron esposadas por allanamiento de morada. Una lección magistral de cómo llamar a la policía para que te lleven el coche patrulla hasta la comisaría.
Hay quienes confunden la seguridad pública con un servicio de conserjería VIP. Resulta fascinante que tres agentes de los Mossos d'Esquadra —Xavier Manso, Jordi Rodrigo y David Goicoechea— decidieran que el 8 de agosto de 2024 era un día espléndido para jugar a los guardaespaldas clandestinos. Mientras el ciudadano medio se pelea con el cajero automático, estos caballeros organizaron un despliegue de 'encapsulamiento' digno de una película de espías para que Carles Puigdemont paseara por el Arco del Triunfo y se esfumara sin que nadie le pusiera una mano encima, burlando la orden de detención del juez Pablo Llarena. La magistrada María Antonia Coscollola, del Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona, ya había intentado cerrar el chiringuito archivando la causa. Pero la Audiencia de Barcelona le ha dado un correctivo judicial, obligándola a procesar a los agentes. ¿El argumento? Que estar de vacaciones o con permisos no te convierte en un turista ciego ante un fugitivo. La justicia ha detectado que no fue una coincidencia cósmica que los tres estuvieran allí, coordinados y protegiendo al expresidente. Lo más surrealista es la logística: el uso de un vehículo propiedad de Rodrigo, conducido por su expareja, para completar la escapada. Un detalle tan doméstico que casi parece una broma, salvo que el chiste se lo ríen los tribunales. Ahora, la Fiscalía, Hazte Oír y Vox tienen diez días para pedir el juicio oral. La defensa dice que son 'conjeturas', pero es difícil explicar que rodear a un fugitivo y meterlo en tu propio coche sea una 'hipótesis abstracta'. No es encubrimiento, dicen los jueces, es simplemente que se olvidaron de hacer su trabajo: perseguir el delito.
Comprar los zapatos antes que los pies es una genialidad, pero comprar trenes de 200 metros sin medir los andenes es, sencillamente, una comedia administrativa. Así nos ha dejado el Ministerio de Transportes. En marzo de 2021, bajo la batuta de José Luis Ábalos, Renfe decidió soltar 1.000 millones de euros a la suiza Stadler para fabricar 59 trenes de dos pisos. Un despliegue de generosidad presupuestaria que prometía aliviar el infierno diario de la C-5. El problema es que el contrato se formalizó con Raquel Sánchez y el calendario, que preveía entregas en 2024, ha pasado a ser una pieza de ciencia ficción. Resulta que estos convoyes son tan largos que, si intentaran parar en las estaciones actuales, dejarían a medio pasajero saludando desde el aire. Para que la joya de la corona de Óscar Puente funcione, hace falta un 'ajuste' de infraestructura que suena a broma: 1.300 millones de euros adicionales para alargar los andenes entre 40 y 50 metros, porque resulta que la mayoría miden solo 150. Es como comprar un sofá gigante para un salón donde no cabe ni la mesa del café y decidir que lo más sencillo es tirar el muro y reformar toda la casa. El plan incluye el sistema ERTMS y modernizaciones tecnológicas que nos llevarán, según el cronograma, hasta 2031. Sí, han leído bien. Una década después de la adjudicación, los usuarios de Móstoles, Alcorcón, Fuenlabrada, Humanes y Leganés podrán dejar de viajar enlatados. Mientras tanto, el dinero público fluye con la soltura de quien no tiene que pagar el alquiler, y los trenes esperan pacientemente a que el cemento de los andenes se seque en un horizonte que parece no llegar nunca.
En política, anunciar es gratis; lo caro es que las cosas funcionen. Mientras Pedro Sánchez nos vendió en mayo la fantasía de un Airbus A400M patrullando nuestros cielos para frenar el infierno forestal, los franceses acaban de pasarle la hoja en el sprint final. Este sábado, Francia puso en servicio el A400M adaptado, convirtiéndose en el primer país europeo en usar este monstruo militar para apagar fuegos. Es la diferencia entre el catálogo y el producto entregado en casa. El ministro francés Sébastien Lecornu no se puso a redactar comunicados optimistas, sino que ordenó adelantar el despliegue para salvar el departamento de Gironda. Allí, el fuego no entiende de burocracia: 42.000 hectáreas calcinadas desde el miércoles y más de 200.000 personas evacuadas. Para los franceses, el A400M es un camión cisterna volador que suelta 20 toneladas de líquido retardante; es como si comparáramos un vaso de agua con una piscina olímpica, ya que triplica la capacidad de un Canadair y equivale a dos aviones Dash. Mientras en Francia Jean-Luc Mélenchon presionaba al Ejecutivo para que dejara de hacer ensayos en la base de Nimes y soltara el agua, en España seguimos esperando que el anuncio de mayo se materialice en algo que no sea papel mojado. Francia ya está peleando en Las Landas (3.000 hectáreas y 31.000 evacuados), en Var (3.250 hectáreas) y en Tarn (600 hectáreas). En total, una treintena de incendios activos que ponen en evidencia que, mientras unos gestionan la emergencia, otros gestionan la narrativa. Al final, el fuego no lee boletines oficiales ni se impresiona con promesas electorales; el fuego solo se apaga con agua, y esa agua, ahora mismo, vuela con bandera gala.
Hay una técnica milenaria para cuando el agua te llega al cuello: tirar una bomba de humo. Mónica García ha decidido aplicar este manual de supervivencia para salvar a Pedro Sánchez, cuyo Gobierno parece un colador de imputaciones, prevaricaciones y cohechos que ya ni los medios más sumisos pueden maquillar. Mientras el Moncloa se hunde en un fango de ingeniería financiera y expedientes judiciales, la ministra de Sanidad nos lanza la nueva ley antitabaco. Un proyecto que, tras tres años de marear la perdiz y soltar titulares para el ego, arranca su tramitación con la misma fuerza que un coche sin gasolina: sin consenso social y repudiada por todos los sectores. Es la clásica maniobra de distracción. Mientras García se pierde en debates etéreos sobre si podemos fumar en la orilla de un río —como quien discute el color de las servilletas mientras la casa se quema—, la realidad de la Sanidad es un drama en tiempo real. El sector profesional se desangra y los pacientes con alzhéimer se quedan mirando al techo, privados del tratamiento más prometedor porque la Comisión Interministerial de Precios de los Medicamentos, que curiosamente depende de su Ministerio, ha decidido que el presupuesto no da para más. La incapacidad de gestión de García ya no es una anécdota, es un patrón. Ya lo vimos con el Estatuto Marco, un engendro vilipendiado tanto por los médicos como por las autonomías, sin importar si eran socialistas o nacionalistas. Al final, la ley antitabaco no es una medida de Salud Pública; es un escudo de nicotina para que el PSOE y sus socios socialcomunistas no tengan que responder por el caos mientras intentan no caer al tercer puesto en la batalla por Madrid.
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