Moncloa apagó el ‘caso Negreira’ mientras se negociaba el gobierno de Cataluña

Moncloa y el Barça: silencio coordinado

politica Una ilustración conceptual estilo editorial periodístico. Una mesa de juntas gubernamental lujosa y oscura donde los asistentes tienen vendas en los ojos hechas de billetes de banco. En el centro de la mesa, un balón de fútbol antiguo se desinfla mientras cae un calendario con fechas de febrero de 2021. Fondo minimalista, sombras dramáticas, colores sobrios con acentos en rojo y azul.

Hay una coreografía en la política española que ya roza la maestría del ballet: el arte de mirar hacia otro lado mientras el incendio consume el salón. Mientras el país se peleaba por los resultados del 14 de febrero de 2021 en Cataluña, en los despachos de la Moncloa se practicaba el silencio selectivo.

Resulta fascinante que la Confad, ese organismo creado el 9 de julio de 2019 específicamente para cazar fraudes deportivos, decidiera que el caso Negreira era invisible. Es como contratar a un equipo de seguridad para cuidar la joya de la corona y que, mientras el ladrón se lleva el diamante, los guardias se reúnan para discutir el color de las cuerdas de los cordones. Los datos son un poema a la inacción.

El 16 de febrero de 2021, apenas 48 horas después de las urnas catalanas, la Confad se reunió para diseñar «canales seguros de denuncia». Muy oportuno. Dos días más tarde, el 18 de febrero, el FC Barcelona le confesaba a Hacienda que había soltado 7,3 millones de euros a la cúpula del CTA entre 2001 y 2018, admitiendo que ni siquiera sabían quién escribía los informes.

Un sablazo de dimensiones industriales que Óscar Grau firmó sin pestañear. Pero el 24 de febrero, cuando la Confad volvió a sentarse a la mesa, el acta parece haber sido escrita con tinta invisible: ni una palabra sobre el Barça. La hipocresía alcanza su cénit con el calendario.

Mientras la Fiscalía abría diligencias en mayo de 2022, la comisión nacional —donde se sientan la Policía, la Guardia Civil y la RFEF— entró en un coma administrativo. Solo cuatro reuniones en el Pleno y cuatro en el Comité Permanente en años. Para rematar el blindaje, la RFEF cambió el reglamento en junio de 2021, recortando los plazos de prescripción a tres años.

Un movimiento de relojería quirúrgica que dejó el caso deportivo muerto justo cuando el reloj marcaba la hora del último pago. No fue un error; fue una gestión de agenda.

Crítica:

La noticia es un despliegue de datos demoledor, aunque el título original peca de ser demasiado directo y poco malicioso. Falta que alguien explique quién dio la orden exacta de callar, pero el silencio administrativo es prueba suficiente.

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