El texto original es un ejercicio de indignación con datos precisos, pero peca de una parcialidad evidente al omitir el propósito real de las ayudas. Es más un panfleto de denuncia que una noticia equilibrada, aunque su eficacia reside precisamente en ese hígado.
Hay quien dice que el lujo es relativo, pero para Pedro Sánchez el lujo es que el Estado le borre el rastro mientras se sumerge en las aguas de Lanzarote. No basta con que el presidente se tome sus vacaciones en la Residencia Real de La Mareta; necesita que la Guardia Civil juegue a los escondites. La Moncloa ha dado la orden de tapar el nombre de la zodiac del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) para que el jefe del Ejecutivo pueda bucear con una privacidad casi monacal, mientras el resto de los mortales lidiamos con el sablazo de la luz y la compra. La ingeniería logística es fascinante. Para que Sánchez se sienta cómodo con sus bombonas, han tenido que desplazar una de las tres únicas embarcaciones que tiene el GEAS en Las Palmas. Sí, han dejado la zona desguarnecida para que el presidente tenga su propio 'servicio de habitaciones' bajo el agua. Mientras el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se desesperaba el lunes reuniéndose con Ángel Víctor Torres para gestionar el caos de entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales, Sánchez estaba probablemente contando peces, escoltado por dos buzos del GEAS y una lancha alquilada para no levantar sospechas. El despliegue es digno de una cumbre de la OTAN en medio del Atlántico: 40 guardias civiles del Grupo de Reserva y Seguridad, cámaras antipaparazzi en trípodes y una zona de exclusión marítima de 732.202 m². Básicamente, han privatizado un kilómetro de mar para que nadie moleste la siesta acuática del líder socialista. Todo esto ocurre mientras la Benemérita arrastra un agujero de 17.000 plazas vacantes. Es la clásica gestión del poder: escasez de medios para el ciudadano, pero despliegue de élite para el que firma los decretos.
Hacer malabares con el presupuesto doméstico es el deporte nacional, pero el Gobierno de Pedro Sánchez ha descubierto una ingeniería demográfica fascinante. Mientras nosotros contamos los céntimos en la caja, el número de extranjeros no acompañados con residencia en vigor ha pegado un salto del 168% en cinco años. Pasamos de 7.878 personas en junio de 2021 a 21.104 actualmente. Una cifra que, según el Observatorio Permanente de la Inmigración, es solo la punta del iceberg, porque deja fuera a los menores de 16 y a los que aún no han logrado el sello mágico de la regularización. La jugada maestra ocurrió en octubre de 2021. Se reformó la Ley de Extranjería para que el permiso de residencia no caducara a los 18 años. Nos dijeron, con esa solemnidad institucional que ya conocemos, que no habría «efecto llamada». Spoiler: hubo llamada, y fue una videollamada en 4K. Los jóvenes de entre 18 y 23 años con residencia saltaron de 5.727 en junio de 2021 a 17.044 en marzo de 2026. Un crecimiento del 197,6% que deja cualquier fondo de inversión en ridículo. El mapa ha cambiado. Marruecos ya no es el monopolio (bajó del 76% al 48%, con 10.216 personas), dejando espacio a Gambia (14%), Argelia (12%) y Senegal (11%). Y mientras en África mandan los varones, desde Honduras (62%), Brasil (67%) y Colombia (61%) llegan mayoritariamente mujeres. Pero aquí viene el chiste: la inserción laboral es un mito. El 44% de los extutelados con permiso de trabajo no cotiza ni un duro a la Seguridad Social. Y en los de 16 a 17 años, la cosa es desoladora: de 4.060 autorizados, solo 446 (un 11%) trabajan. Básicamente, el sistema los mantiene en una sala de espera infinita. Ahora, el Ejecutivo quiere repartir 1.500 menas de Ceuta por las comunidades autónomas, ignorando que Marruecos, a través de Abdellatif Ouahbi, ya ha pedido que vuelvan a casa apelando al tratado de 2007. Una partida de ajedrez donde las piezas son personas y el tablero está saturado.
Hay quien dice que la diplomacia es el arte de decir 'buenos días' mientras revisas si la puerta del vecino tiene el cerrojo flojo. Abdellatif Ouahbi, el ministro de Justicia de Marruecos, acaba de recordarnos desde Estambul que Ceuta y Melilla no son un recuerdo olvidado, sino un plato que sigue sobre la mesa, calentándose a fuego lento. La jugada es maestra: dos semanas después de un asalto masivo a Ceuta, Rabat sale a decir que tiene 'paciencia', una palabra que en lenguaje político suele significar 'no tengo prisa porque sé que el tiempo juega a mi favor'. Es como aquel primo que te pide prestado el coche y te dice que 'eventualmente' te lo devolverá, pero mientras tanto, se siente el dueño del asiento del conductor. Ouahbi, en una entrevista con Asharq News, ha desplegado el manual completo del cinismo institucional. Por un lado, jura y perjura que no usa la inmigración como herramienta de presión —como quien niega que el mando de la tele esté escondido bajo el sofá mientras el otro lo busca desesperado—, pero acto seguido lanza un dardo envenenado a Madrid. Acusa a España de regalar permisos de residencia a los inmigrantes, convirtiendo la frontera en una especie de puerta giratoria donde Marruecos pone el muro y España, supuestamente, pone la alfombra roja. El contraste es delirante. Mientras Rabat se llena la boca hablando de 'diálogo' y 'valores islámicos' para exigir que los menores regresen a su tierra, admite que Europa vacía sus universidades de médicos e ingenieros mediante una 'selectividad' económica que les conviene. Básicamente, nos dicen que no quieren ser nuestra policía, pero que tampoco quieren que nos llevemos el talento que ellos pagan. Una negociación donde Marruecos pide las llaves de la casa, pero se queja de que no limpiamos el pasillo.
Hay quien dice que el lujo es un estado mental, pero para Pedro Sánchez es un despliegue logístico coordinado por La Moncloa. Mientras el presidente se sumerge en las aguas de Lanzarote para practicar su deporte favorito, el Estado juega al escondite. Resulta fascinante que, para garantizar la 'privacidad' del jefe del Ejecutivo, se haya ordenado tapar el nombre de la Guardia Civil en la zodiac del GEAS. Es la paradoja perfecta: usar el dinero público para que no parezca que se usa el dinero público. Para que el presidente pueda flotar tranquilo, el GEAS ha tenido que desplazar una de las tres embarcaciones que dispone en Las Palmas hacia Lanzarote. Mientras tanto, en el mundo real, la Benemérita arrastra un agujero de 17.000 plazas vacantes que hacen que cubrir misiones básicas sea un deporte de riesgo. Pero ojo, que el protocolo es sagrado: dos buzos del GEAS por inmersión, inspección previa de bombonas y trajes, y una coreografía de lanchas donde la oficial se mantiene a distancia de la alquilada para no romper la estética de 'vacaciones privadas'. El contraste es casi poético. El lunes, mientras Sánchez exploraba el fondo marino, el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, se reunía con el ministro Ángel Víctor Torres para gestionar el caos de entre 8.000 y 11.000 inmigrantes ilegales en su ciudad. Prioridades. Además, el blindaje no acaba en el agua. La Residencia Real de La Mareta se ha convertido en un búnker con 40 guardias del Grupo de Reserva y Seguridad, cámaras antipaparazzi y una zona de exclusión marítima de 732.202 m². Básicamente, un kilómetro de mar donde nadie puede navegar para que el presidente pueda relajarse sin que el ruido del mundo real —o de los contribuyentes— le moleste el buceo.
La diplomacia del 'ahora sí' ha vuelto a hacer acto de presencia. Resulta fascinante observar cómo el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi, ha pasado de sugerir que España 'quite las trabas burocráticas' a exigir, este lunes 10 de agosto de 2026, la repatriación inmediata de los menores no acompañados. Es la clásica maniobra de quien te invita a cenar pero, al ver que la cuenta es alta, te pide que te lleves los platos sucios a tu casa. El escenario es dantesco. Tras el cruce masivo del 30 de julio, donde más de 80.000 personas decidieron que el riesgo valía la pena, España se ha quedado con el marrón. Mientras nosotros intentamos cuadrar el presupuesto para que los chavales tengan un techo, Ouahbi le dice al portal Hespress que el 'entorno más adecuado' para el futuro de estos niños es su país de origen. Una frase con un romanticismo institucional que asusta, especialmente cuando se lanza desde la comodidad de un despacho en Rabat. En Madrid, Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, hace malabares con las cifras. Tenemos unos 1.400 menores filiados que ahora son la moneda de cambio en este tablero geopolítico. Para evitar que Ceuta colapse, ya han reubicado a más de 2.000 menores entre Canarias y Melilla, repartiendo el problema por el mapa como quien reparte folletos en un semáforo. Para contener la marea, el Gobierno ha soltado la cartera: refuerzos del 40% en la Guardia Civil y del 30% en la Policía Nacional, con el Ejército haciendo de soporte. Es una operación logística millonaria para gestionar un drama humano que, según Rabat, ahora es responsabilidad exclusiva de España. El guion es siempre el mismo: el cruce es un accidente, pero el retorno es una obligación legal.
Javier Ruiz se baja del barco de TVE dejando una estela de rosas socialistas y un rastro de datos que, sinceramente, hacían malabarismos para encajar en la realidad. Desde su aterrizaje en Mañaneros 360 en abril de 2025, el presentador logró que la audiencia pasara de unos modestos 200.000 espectadores (un 8 % de share) a unos 450.000 (16 %). Doblar la taquilla es un mérito, claro, pero el problema es que el menú que servía estaba cocinado con una ideología tan espesa que asfixiaba la objetividad. Mientras el ciudadano medio ve cómo la lista de la compra se convierte en un deporte de riesgo, Ruiz usaba la televisión pública como el patio de recreo de sus amigos, especialmente de José Luis Rodríguez Zapatero. Su gestión de la verdad fue, cuanto menos, creativa. Intentó convencernos de que los '10k' de la trama Plus Ultra eran kilómetros de una carrera y no billetes de mil, una gimnasia mental que ni en el Cirque du Soleil. Y luego estaba el episodio con Villarejo: Ruiz negó conocer al comisario con la vehemencia de quien jura que no ha comido el pastel, hasta que un audio en OkDiario le recordó que, en 2017, sí que se llevaban lo suficientemente bien como para intercambiar confidencias. La FAPE ya le puso la cruz por inventarse que 9 de cada 10 violaciones eran cometidas por españoles para atacar a Vox, y su análisis económico fue un auténtico sablazo a la inteligencia: comparó el precio del petróleo en EE. UU. (4 dólares el galón, unos 4 litros) con el precio por litro en España, haciendo que la gasolina pareciera un regalo. Para rematar, presentó a una cocinera liberada de la UGT como sanitaria del Hospital Virgen del Rocío. Ahora se muda a La Séptima en noviembre, donde podrá seguir predicando sin el estorbo de la deontología.
Mientras el ciudadano medio hace malabares con la tarjeta para que el aceite de oliva no sea un artículo de lujo en la cesta de la compra, el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha decidido que la verdadera 'convivencia' se cocina en el comedor escolar. El 30 de junio, bajo la batuta de Milagros Tolón, se adjudicó un contrato en Ceuta donde la carne será estrictamente Halal y el cerdo ha sido desterrado del menú. No es un detalle menor; es una declaración de intenciones servida en bandeja. El despliegue comienza en centros como el CEIP Santiago Ramón y Cajal, el CEIP Federico García Lorca y el CEE San Antonio, que ahora se unen al club de los 'menús especiales' donde ya militaban el CEIP Pablo Picasso, Ortega y Gasset, Andrés Manjón, Príncipe Felipe, Reina Sofía y Maestro José Acosta para el curso 2025-2026. Lo curioso es que, mientras se prohíben la panga y la perca por cuestiones técnicas, se abre la puerta a una ingeniería social alimentaria. Pero esto es solo el aperitivo. El Gobierno está cocinando un Real Decreto para que esta 'flexibilidad' —que es el eufemismo favorito de Moncloa para decir 'imposición'— llegue a todos los hospitales y colegios de España. El plan es sencillo: menús veganos, sin gluten y halal, todo sin sobrecoste para el usuario. Claro, el 'sin coste' es un truco de magia contable, porque el sobrecoste lo absorberá el Estado, es decir, el bolsillo de todos. Nos venden la diversidad como estrategia de convivencia, pero lo que realmente están haciendo es reformular los Pliegos de Prescripciones Técnicas para que el menú del Estado sea tan diverso como el calendario de festivos del Gobierno: diseñado a medida para contentar a quien haga falta.
Comentarios