La pieza es un despliegue magistral de nepotismo, aunque peca de optimista al sugerir que la dimisión sea la única salida en un sistema tan enquistado. El contraste entre la 'transparencia' declarada y el Registro Mercantil es el clavo final en el ataúd de la ética del funcionario.
Vender humo es gratis, pero alquilar un estudio en Madrid cuesta un riñón y medio. Pedro Sánchez ha bautizado este periodo como la 'legislatura de la vivienda', una etiqueta con más marketing que resultados, porque mientras el discurso oficial se llena la boca con soluciones, la realidad es que los jóvenes españoles han convertido el cuarto de sus padres en su residencia permanente. No es una elección generacional, es un bloqueo financiero. Los datos de Eurostat son el golpe de realidad que no cabe en un tuit oficial. En 2010, la diferencia entre España y la media europea era un suspiro, apenas un 2,8%. Hoy, esa brecha es un abismo: mientras la media de la Unión Europea se planta en el 49,8%, en España el 68,7% de los jóvenes de entre 18 y 34 años siguen anclados al hogar familiar o dependiendo de la cartera de los progenitores. Es el máximo histórico. Bajo el mandato de Sánchez, la cifra ha trepado del 62,8% al actual 68,7% en 2025. Básicamente, independizarse se ha vuelto un deporte de riesgo o una fantasía de ciencia ficción. Lo más doloroso es mirar al vecino. Mientras Alemania, Austria o Estonia han logrado que sus jóvenes cierren la maleta y se marchen de casa, España ha decidido nadar contracorriente. Solo Croacia, Eslovaquia e Italia nos llevan la delantera en este ranking del estancamiento. Mientras en Francia o Bélgica la subida ha sido un paseo moderado, aquí ha sido un cohete. Al final, la 'legislatura de la vivienda' ha resultado ser la legislatura de 'espera a que tus padres hereden algo', porque con los salarios actuales, intentar pagar un alquiler es como intentar comprar un yate con el cambio de un café.
Hay quienes confunden la gestión de una empresa pública con el presupuesto de su propia casa, o peor aún, con la hucha de un club de amigos. El caso de Correos y la trama Hirurok es el manual perfecto de cómo convertir el dinero de todos en un escudo protector personal. Juan Manuel Serrano, exjefe de Gabinete de Pedro Sánchez, no se limitó a colocar a Leire Díez en un puesto diseñado a medida —donde la propia Díez pudo retocar la oferta de empleo como quien edita un filtro de Instagram para salir mejor—, sino que convirtió esa plaza en el centro de operaciones de una ingeniería financiera bastante creativa. Mientras el ciudadano medio mira la factura de la luz con pavor, en los despachos de Correos se fraguaba un plan para 'proteger' al presidente. ¿La herramienta? Contratos menores que, en el lenguaje de la calle, son el agujero negro ideal para evitar controles. Desde febrero de 2022, Leire Díez coordinó con Juan Antonio Carrillo Donaire, del despacho SDEP, un encargo relacionado con la editorial Vicens Vives. Pero no se engañen: el informe jurídico era la fachada; la verdadera misión era blindar a Serrano. El cinismo alcanza su cénit cuando entran en juego las comisiones. Un contrato de 15.000 euros no es una fortuna para el Estado, pero para Vicente Fernández y Carrillo era la excusa perfecta para discutir el porcentaje de la 'mordida'. 'Lo que tú digas', se respondieron, repartiéndose el botín mientras aseguraban una cobertura jurídica para Juanma por al menos dos años. Todo esto quedó registrado en los móviles, esas cajas negras que ahora la Audiencia Nacional, en el Juzgado de Instrucción Número 5, se encarga de clonar. Al final, el 'perfil de Relaciones Institucionales' resultó ser, básicamente, un perfil de relaciones públicas para el beneficio del PSOE y sus allegados.
Hacer un trámite en la Seguridad Social ya es una odisea digna de un libro de aventuras, pero lo de Fernando Grande-Marlaska en Ceuta roza el surrealismo administrativo. Tras la entrada masiva de entre 70.000 y 80.000 personas el pasado 30 de julio, el Ministerio del Interior ha decidido que la solución para gestionar la devolución de los menores extranjeros es desplegar un ejército... de seis agentes. Sí, han leído bien. Seis policías para lidiar con una montaña de expedientes que, según fuentes vecinales y policiales, ronda los 5.000 casos. Es como intentar vaciar un estadio de fútbol con una cuchara de café mientras el dueño del estadio jura que solo hay tres personas dentro. La danza de las cifras es el deporte nacional en el Gobierno. Mientras el Ministerio decía que solo quedaban 1.500 inmigrantes, Juan Jesús Vivas hablaba de más de 10.000 y las asociaciones del barrio de El Príncipe cifraban los menores en más de 4.500. Pero la joya de la corona es la eficacia: en seis años, España ha devuelto a 41 menas de un total de 28.000 entradas, y casualmente, ninguno ha aterrizado en Marruecos. El 'refuerzo' llegó el 17 de agosto, pero no para sumar, sino para sustituir. Seis agentes nuevos para relevar a los seis anteriores, asegurando en un documento interno una 'adecuada capacidad de respuesta'. Mientras tanto, el garantismo farragoso de la norma española deja a niños y niñas en entornos donde las agresiones sexuales se disparan, alejándolos de unos padres que Marruecos dice reclamar, pero que la burocracia prefiere mantener en el limbo. Al final, lo único que parece gestionarse con rapidez es el 'exceso de alojamiento' en el régimen económico de los funcionarios.
Hay una aritmética del absurdo que solo se entiende desde los despachos climatizados de Madrid. Mientras en Ceuta la sanidad pública parece estar jugando una partida de póker con las cartas marcadas y los pacientes esperando que alguien haga un milagro, el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que es el momento ideal para hacer generosidad transfronteriza. Hablamos de un 'sablazo' total que supera los 3,1 millones de euros destinados a Marruecos, una cifra que, vista desde la cola de urgencias de una ciudad española, suena a chiste de mal gusto. El desglose es una obra maestra de la ingeniería financiera. Por un lado, tenemos la 'propina' de 488.930 euros repartidos desde 2024 en proyectos de organización sanitaria. Aquí entran 117.420 euros para el Observatorio de Salud del Mediterráneo con ISGlobal, 143.260 euros para el proyecto Averroès 2 y otros 228.250 euros vía Real Decreto 1037/2025 para seguir enseñando a los marroquíes cómo organizar su medicina familiar. Es como si en tu casa el techo se estuviera cayendo y decidieras pagarle un curso de albañilería al vecino de enfrente. Pero el plato fuerte es el Hospital Español de Tánger. A comienzos de 2025, el Consejo de Ministros soltó 2.689.588 euros para una 'intervención de emergencia' que incluía demoler el ala sur del edificio porque se caía a pedazos. Es comprensible que no quieran que el edificio se desplome, pero la paradoja es lacerante: Mónica García niega el colapso sanitario en casa mientras el Ejecutivo moviliza millones para que no colapse un hospital en Rabat. Al final, el dinero público fluye con una agilidad envidiable hacia el exterior, mientras que en Ceuta la gestión parece haberse quedado congelada en el tiempo.
Hay una ironía cruel en el hecho de que quienes visten el uniforme para proteger la frontera terminen derrotados por un ácaro de ocho patas. Mientras el Gobierno se pierde en el laberinto de los comunicados oficiales, una veintena de militares de la unidad de Regulares ha acabado aislada en el cuartel González Tablas. ¿El motivo? Un brote de sarna que ha convertido su piel en un campo de batalla de granos y ampollas. La gestión del Ministerio de Defensa parece haber seguido la lógica del 'ya se verá'. Estos soldados han estado desmontando chozas de cañas y cartones en la playa del Trampolín y alrededores del CETI sin guantes ni mascarillas. Básicamente, los mandos los enviaron a limpiar el desastre con las manos desnudas, como quien limpia el polvo de un mueble, ignorando que el Sarcoptes scabiei no entiende de rangos ni de patriotismo. La Asociación de Tropa y Marinería (ATME), con Marco Antonio Gómez al frente, ha puesto el dedo en la llaga: es inadmisible que el personal trabaje a destajo desde el 31 de julio en una crisis migratoria sin el equipo básico de protección. Mientras tanto, la ministra de Sanidad, Mónica García, aterrizó el domingo en Ceuta solo para coleccionar abucheos y negar un colapso sanitario que los médicos locales ya dan por hecho. El cuadro es dantesco. Entre el picor insoportable, los insultos de quienes consideran que el uniforme es una invitación al ataque y la presión psicológica de saber que sus familias en Villa Capona podrían acabar pared con pared con los asentamientos, el soldado español está al límite. Margarita Robles ya activó apoyo psicológico para los incendios de León y Zamora; parece que para el picor y el trauma de Ceuta, el Ministerio prefiere mirar hacia otro lado mientras el ácaro sigue cavando sus túneles.
Hay una forma muy sofisticada de decir 'me importa un bledo' y se llama 'reunión de coordinación por videoconferencia'. Mientras Ceuta se hunde en un caos que haría temblar a cualquiera, Pedro Sánchez ha descubierto que el fondo marino de Lanzarote es mucho más relajante que el desbordamiento de 80.000 inmigrantes ilegales. El lunes pasado, el guion fue digno de una comedia negra: a las 9:15 horas, el presidente gestionaba la crisis desde la comodidad de la Residencia Real de La Mareta; a las 10:45, ya estaba camuflado con neopreno en Puerto Calero, buscando peces en lugar de soluciones. Es fascinante el contraste. En Ceuta, Juan Jesús Vivas denuncia una pasividad gubernamental que roza lo surrealista, mientras la Guardia Civil contabiliza 15 violaciones y los sanitarios alertan sobre sarna y tuberculosis. Pero claro, coordinar un Estado desde el sofá de una residencia de Patrimonio Nacional es el nuevo estándar de eficiencia. Sánchez ha visitado la ciudad autónoma una sola vez, prefiriendo pasar sus días con Salvador Illa y Jesús Calleja, disfrutando de un despliegue de seguridad que incluye helicópteros y lanchas del GEAS para que su inmersión en Puerto del Carmen sea tan privada como su agenda política. La ingeniería del descanso es total: Begoña Gómez acompaña al presidente mientras aguarda su juicio por tráfico de influencias y malversación, y el Consejo de Ministros no se molesta en reunirse hasta el 25 de agosto. Mientras tanto, la ciudad autónoma espera respuestas que no llegan por Zoom. Al final, parece que la única 'invasión' que realmente preocupa en La Mareta es que algún periodista se cuele en el espigón antes de que el presidente pueda desembarcar.
En el PSOE, la libertad de expresión tiene el mismo valor que un billete de Monopoly si el mensaje no coincide con el guion de Moncloa. Mientras el ciudadano de a pie intenta cuadrar la cuenta del súper, en las oficinas del partido se gestiona una 'limpieza' de redes sociales que haría palidecer a cualquier régimen del siglo XX. La chispa fue la crisis de Ceuta, pero el incendio es estructural. Melchor León y Sebastián Guerrero, voces ceutíes que se atrevieron a llamar 'vergüenza' a la gestión de Pedro Sánchez, son solo la punta de un iceberg de miedo y WhatsApps intimidatorios. El sistema es tan predecible como un lunes por la mañana: publicas una crítica, recibes un mensaje de un superior invocando los Estatutos Federales y, acto seguido, la sugerencia velada de que tu carrera política podría terminar en un 'agujero contable' de relevancia. Es el clásico 'borra eso o te borramos nosotros'. Un concejal segoviano vivió el proceso en tiempo real: un tuit cuestionando la colaboración con Marruecos y, al instante, más de 20 llamadas para 'ponerle a parir'. Básicamente, el partido funciona ahora como un grupo de WhatsApp familiar tóxico, donde el patriarca no admite réplicas. La purga no entiende de geografías. En Galicia, el PSdG ya ha entrenado el músculo del silencio; el exsecretario de organización de las Juventudes de Orense fue fulminado por pedir la dimisión de Xosé Tomé tras denuncias de acoso sexual. Como bien confiesa un senador, la 'caza de brujas' es el nuevo estándar operativo desde Madrid hasta Valencia. El PSOE se ha convertido en una olla a presión donde los estatutos, que deberían proteger al militante, se usan como el garrote para mantener la fila india. En resumen: se predica democracia, pero se gestiona con el mando a distancia del miedo.
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