La noticia es un festín de contradicciones ministeriales que deja el vacío informativo sobre la eficacia real de la inteligencia. El texto se pierde en la disputa Robles-Marlaska sin profundizar en quién permitió que el plan del apagón llegara tan lejos.
Hay gestos que son como limpiar la casa antes de que lleguen las visitas: quedan muy bien en la foto, pero el polvo sigue ahí, escondido bajo la alfombra. El Rey Mohamed VI ha decidido que el Eid Al Mawlid Annabawi es el momento perfecto para jugar al tablero de la clemencia. En un movimiento de alta costura política, ha soltado la correa a 15 condenados por terrorismo y extremismo. ¿La condición? Haber firmado un papel donde prometen que ya no quieren dinamitar el sistema y que ahora aman los 'valores sagrados de la Nación'. Básicamente, un 'lo siento, ya he aprendido la lección' que abre las puertas de la celda. La aritmética del perdón es curiosa. De esos 15, 9 se libran del resto de su condena y 6 disfrutan de una remisión total. Pero no nos engañemos, estos son solo el aperitivo. El banquete real incluye a 619 beneficiarios en total. Si miramos el centro penitenciario número 462, la cosa se pone interesante: 13 presos salen por la puerta grande y otros 449 ven cómo sus penas se evaporan. Es como si el Estado decidiera hacer un borrón y cuenta nueva en la factura del castigo. Luego están los que ya estaban fuera pero tenían la espada de Damocles sobre la cabeza. 157 personas han recibido el visto bueno real: 28 se libran de la cárcel, 13 mantienen la multa pero evitan el calabozo, y 112 simplemente ven cómo la multa desaparece, como si fuera un error de cobro en el banco. Para rematar, 4 afortunados se libran de todo: ni cárcel ni multa. Un combo completo de generosidad monárquica que convierte la justicia en una cuestión de calendario festivo.
En el tablero de la alta política, cuando dos ministros se desmienten en público, no es un error de comunicación; es un incendio forestal en mitad del salón. Mientras el ciudadano medio se pelea con la máquina del café, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska han decidido jugar al 'teléfono escacharrado' con la seguridad nacional. El escenario: Ceuta. El detonante: el asalto masivo del 30 de julio. Robles, con la seguridad de quien tiene los papeles en regla, soltó en el Congreso que el CNI hizo su trabajo. Según ella, los 25 agentes que operan en Ceuta (un dato que, irónicamente, es secreto pero que ella decidió ventilar) ya habían avisado el 29 de julio de que la Fiesta del Trono en Marruecos sería el caldo de cultivo ideal para el salto. Incluso recordó que el 27 de julio Juan Jesús Vivas ya se había reunido con el delegado del Gobierno porque entraban mil personas al día, un goteo que ya olía a colapso. Pero entonces entra en escena Grande-Marlaska. Con la naturalidad de quien niega haber visto el ticket del supermercado, afirmó que no existía «ningún informe» que previera la magnitud del caos. Ni el CNI, ni los servicios extranjeros, ni nadie. Básicamente, el asalto fue un acto de magia. Mientras en Madrid se tiran los trastos, en Rabat el tono ha dejado de ser diplomático para volverse agresivo. Ahmed Toufiq, el ministro de Asuntos Islámicos, habló de «liberar las ciudades ocupadas» delante del rey Mohamed VI, mientras que Abdellatif Ouahbi, el de Justicia, presume de «derecho histórico y geográfico». Es la clásica jugada: mientras los porteros de la casa se pelean por quién dejó la puerta abierta, el vecino de al lado ya está midiendo el salón para poner su sofá.
Hay coincidencias que rozan el milagro y otras que huelen a fragancia de despacho ministerial. El Gobierno de Pedro Sánchez ha desembolsado 45.150.000 euros para la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) entre 2018 y agosto de 2026. Sobre el papel, es cooperación internacional; en la práctica, es un flujo constante de fondos hacia una agencia cuya misión española ha sido el feudo de María Jesús Herrera Ceballos durante quince años. Sí, la misma que comparte manta y almohada con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Si miramos la factura, las cuotas ordinarias son el ruido blanco: empezaron en 1.200.000 euros anuales (2018-2020), subieron a 1.400.000 euros (2021-2023) y ahora se han acomodado en los 1.450.000 euros anuales desde 2024. Sumando esos 'gastos de mantenimiento', llegamos a 12.150.000 euros. Pero aquí viene el truco de magia financiera, el verdadero sablazo que haría palidecer a cualquier administrador de comunidad de vecinos: los 33.000.000 euros destinados a 'programas y proyectos adicionales'. Es fascinante. Mientras el ciudadano medio hace malabares con la cesta de la compra, el Ejecutivo ha decidido que la OIM es una prioridad absoluta, situándola solo por detrás de ONU Mujeres y la UNRWA en el ranking de generosidad adicional. Casi tres cuartas partes del dinero total se han movido por la vía de los proyectos extra, justo donde la discrecionalidad es la reina. Ahora que María Jesús Herrera Ceballos se retira, el relevo lo toma Fernando Medina Donoso, un abogado que ya conoce el terreno tras dirigir la misión en Colombia. El ciclo se cierra, el dinero ha fluido y la ética, como siempre, se ha quedado esperando en la cola del paro.
Hay premios que, vistos con el retrovisor, parecen una broma de mal gusto o un error de cálculo monumental. En noviembre de 2025, Fernando Grande-Marlaska decidió que era el momento ideal para entregar la Gran Cruz de la Orden del Mérito de la Guardia Civil a Abdellatif Hammouchi. No fue un detalle menor; hablamos de la máxima categoría, el 'estrellato' de las medallas, entregado en un acto privado en la sede de la Dirección General de la Guardia Civil con la presencia de Mercedes González. El motivo: una cooperación ejemplar en seguridad. El problema es que, mientras nosotros seguimos intentando que la factura de la luz no nos deje en la calle, la 'cooperación' parece haber tenido una letra pequeña muy peligrosa. El grupo de hackers Jabaroot ha dinamitado la narrativa oficial filtrando datos de 70.000 agentes de la DGSN y la DGST marroquí. Según Jabaroot, el mismo Hammouchi que luce la medalla española sería el cerebro detrás de la avalancha migratoria en Ceuta hace un mes. Es el clásico caso de darle las llaves de casa al que luego te organiza el asalto al salón. Hammouchi no es un funcionario cualquiera; es el hombre que controla la policía y el espionaje interior del Reino, asesor del rey Mohamed VI y un experto en coleccionar honores, como la Orden Nacional del Mérito que le dio Francia en 2015. Eso sí, su currículum tiene manchas que no salen con lejía, como aquella citación judicial en París en 2014 por supuestas torturas. Ahora, junto a Fouad Ali el Himma, el hombre de confianza del Palacio, Hammouchi aparece como el arquitecto de una operación para poner a España contra las cuerdas. Al final, la Gran Cruz parece haber sido un anticipo muy generoso para alguien que, según los datos filtrados, prefiere coordinar crisis que evitarlas.
En el tablero de la geopolítica, hay quien juega al ajedrez y hay quien prefiere tirar la mesa. El colectivo Jabaroot ha decidido que es el momento de hacer limpieza de armario en Marruecos y lo ha hecho con un despliegue que dejaría pequeño cualquier hackeo de barrio. Primero, el 20 de agosto, soltaron un aperitivo de veinte nombres de la inteligencia marroquí. Pero como el hambre de caos es insaciable, cuatro días después pasaron al plato principal: una base de datos con 70.000 registros de la DGST y la DGSN. Nombres, fechas de nacimiento y DNIs expuestos como quien cuelga la lista de la compra en el portal de la comunidad. Pero aquí viene el giro de guion que hace que en Moncloa se pongan nerviosos. Jabaroot ha soltado la bomba: dicen tener los archivos originales del espionaje con Pegasus al teléfono de Pedro Sánchez y de Margarita Robles. Aquello que en 2022 se quedó en un 'nos han hackeado, pero no sabemos quién ha sido' —una respuesta tan vaga que parece redactada por un adolescente que ha roto un jarrón— podría tener ahora nombre y apellidos. Mientras Rabat y Madrid mantienen esa tensión pasivo-agresiva típica de cuñados en Navidad, los hackers presumen de tener órdenes de misión de agentes en Fnideq y detalles sobre la crisis de Ceuta. No es solo una filtración; es un 'regalo para Europa' envuelto en sarcasmo digital. Ahora mismo, los archivos de Pegasus son como esa promesa de 'te lo cuento mañana': están ahí, flotando en la red, esperando que Jabaroot decida si pulsa el botón de publicar o si prefiere seguir disfrutando del sudor frío de los servicios de seguridad marroquíes. El juego es sencillo: quien tiene la llave del servidor, tiene la sartén por el mango.
Hay una coreografía política que ya es rutina: el drama, el anuncio solemne y la huida inmediata al spa. Pedro Sánchez ha presidido este martes el Consejo de Seguridad Nacional en el Complejo de la Moncloa, un acto que, sobre el papel, destila urgencia y gravedad. Pero la realidad tiene un ritmo distinto, más parecido al de quien deja la cafetera encendida y sale corriendo hacia la puerta. Apenas unas horas después de jugar al estratega jefe, el presidente ya tiene el equipaje listo para volver a Andorra. Mientras en Ceuta la situación es un incendio que no se apaga y el Ministerio de Defensa ha tenido que enviar a más de un centenar de militares desde Canarias para intentar poner orden desde el 30 de julio, el jefe del Ejecutivo planea su estancia del jueves al domingo. No es un viaje de trabajo; es el regreso al hotel de lujo con spa, cicloturismo y senderismo junto a Begoña Gómez. Es el contraste obsceno: mientras el país debate si el presidente debe comparecer en el Congreso por la crisis de Ceuta, él prefiere el aire puro de los Pirineos. La logística es envidiable. El dispositivo de seguridad ya se ha adelantado al país vecino, asegurando que el colchón esté mullido antes de que llegue el dueño. Agustín Pery y Manuel Marín lo han dejado claro: convocar el Consejo 25 días después de que el asunto estuviera supuestamente zanjado no es gestión, es una maniobra de distracción. Es dar manotazos de ahogado para justificar la ausencia. Mientras Fernando Grande-Marlaska, Óscar Puente y Margarita Robles intentan sostener el relato en el Parlamento, el capitán del barco decide que el mejor lugar para reflexionar sobre la crisis es una piscina climatizada. Una gestión ejemplar, si lo que se busca es el arte de desaparecer justo cuando el ruido se vuelve insoportable.
Parece que la luna de miel con las autopistas gratuitas ha durado lo que un caramelo en la puerta de un colegio. Salvador Illa, presidente de la Generalitat, ha decidido que el aire puro de la gratuidad en la AP-7 ya ha pasado factura y ahora quiere que el conductor vuelva a abrir la cartera. El argumento es el de siempre: la carretera está hecha polvo por el flujo incesante de camiones que van y vienen de la Junquera, y los Mossos no dan abasto con las mafias que han convertido el asfalto en su zona de recreo. Pero claro, cobrar solo en Cataluña sería como poner el impuesto del aire solo en Barcelona; el ruido político sería ensordecedor. Por eso, el consejero de Movilidad ha tenido la brillante idea de extender el 'sablazo' a todo el territorio español, invitando a Pedro Sánchez a montar un plan conjunto. La ingeniería financiera es sencilla: para los turismos, el tajo iría de los 3 a los 8 céntimos por kilómetro. Traducido al lenguaje de la calle, es soltar entre 15 y 40 euros cada 500 kilómetros. Un gasto que, comparado con el precio actual de la cesta de la compra, parece una broma, pero que pica en el bolsillo del que viaja por necesidad. Para los camiones, la broma es más pesada: 20 céntimos por kilómetro, lo que se traduce en un billete de 100 euros cada 500 kilómetros. Illa mira con nostalgia el modelo de la A-636 vasca, donde los turismos ya pagan 0,16 euros por kilómetro (unos 2,5 euros por tramos cortos de 15 kilómetros) mediante un sistema dinámico sin cabinas. Básicamente, te registras en una web, das tus datos y esperas que el cargo llegue a tu cuenta mientras disfrutas del paisaje. Un sistema moderno para un problema antiguo: querer que el usuario pague el mantenimiento que el Estado no puede costear.
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